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Javier Villarreal Lozano
Javier Villarreal Lozano
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20 Octubre 2019 04:09:00
Después de Culiacán
El presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentó el jueves anterior la más terrible disyuntiva desde que tomó posesión del cargo, y quizá de todo lo que resta de su mandato. Las circunstancias le colocaron en posición de elegir, no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo malo y lo peor o, quizá, lo menos peor.

En el norte, a mil 200 kilómetros de distancia de su oficina, en Culiacán, capital de un estado de la Federación con alrededor de 700 mil habitantes se encontraba prácticamente en manos de la delincuencia organizada, que colocaba retenes a su antojo, se apoderaba del aeropuerto, quemaba vehículos, secuestraba a miembros del Ejército, propiciaba la fuga de reos de la cárcel y recorría las calles disparando ráfagas con sus armas.

Todo ello con una ausencia total de autoridad de los tres órdenes de Gobierno, mientras personas y familias enteras se atrincheraban en sus hogares o se protegían detrás de los vehículos para salvar sus vidas. Y no se trataba de un pueblo perdido en la sierra, como Aguililla, ni de una propiedad rural: es una ciudad –la vigésima en la lista de las más pobladas del país– paralizada por el miedo a lo largo de más de seis horas.

No había más que dos caminos para el Presidente: convertir a Culiacán en zona de guerra o acceder a las exigencias de los temporalmente dueños de Culiacán, dejando en libertad a un delincuente detenido poco antes. Optó por lo segundo, previendo que la noticia daría la vuelta al mundo, como ocurrió, y que de inmediato se desataría una tormenta de críticas.

La decisión presidencial polarizó a la opinión del país. Unos la aprobaron y otros la condenaron, argumentando lo nefasto del sometimiento del Estado frente a organizaciones fuera de la ley, lo cual, aseguran, podría ser el primer paso hacia la aceleración de la espiral de violencia y la admisión de una flagrante impunidad propiciada –oficializada– por el mismo Gobierno.

El viernes, en una declaración ante la prensa, López Obrador reconoció haber avalado la decisión del Gabinete de Seguridad, argumentando que “valen más las vidas que la captura de un capo”. Por su parte, el Gabinete de Seguridad negó haber pactado un arreglo con los delincuentes, pero admitió haber caído en la improvisación.

Ya se esté de acuerdo con la decisión presidencial o en contra de ella, lo cierto es que lo ocurrido el jueves 17 de octubre de 2019 en Culiacán marcará como hito histórico el sexenio de López Obrador, y habrá de ser un dato para juzgarlo.

Lo deseable después de la tormenta es un examen serio, autocrítico, de las autoridades federales sobre las causas que condujeron a lo ocurrido, preguntándose cuáles fueron las fallas –no inmediatas sino de raíz desembocadas en una situación de ese calibre– pues resulta evidente que la estrategia de “abrazos no balazos”, “fuchi, guácala” y la amenaza de hablar con las madres de los delincuentes proclamadas en el discurso presidencial, es un rotundo fracaso. Tampoco es válido enarbolar una imaginaria bandera de la paz en tanto que quienes viven al margen de la ley ya declararon la guerra.

Después del trago amarguísimo del 17 de octubre de 2019, López Obrador y su equipo de seguridad, ya sea el mismo o uno nuevo, reestructurado, están obligados a diseñar una estrategia capaz de impedir la repetición de lo sucedido en la capital del estado de Sinaloa. Ya nadie quiere discursos: urgen acciones concretas y efectivas capaces de devolver un poco de esperanza a los mexicanos.
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