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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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20 Octubre 2019 04:04:00
Culiacán, la síntesis del fracaso
El jueves anterior, poco después del mediodía, se desató en Culiacán una verdadera hecatombe, que puso las cosas de cabeza ahí, y a todo el país en grave riesgo.

David Lunhow, editor de la sección de Latinoamérica del Wall Street Journal, que ha cubierto la escena del “narco mexicano”, como él lo llama, desde 1995, dijo en Twitter: “nunca pensé que vería escenas como las de ayer en Culiacán, donde los traficantes lanzaron una pelea total, y ganaron”.

Dijo eso, en medio de tanto desatino, porque después de cumplir su cometido la operación con la captura pretendida, se dejó en libertad al detenido. Después de una confusa versión oficial, desmentida por el presidente AMLO al día siguiente, quedó en claro que el operativo se debió a la ejecución de una orden de aprehensión, con fines de extradición, de un presunto delincuente, que fue expedida en septiembre de 2018 por un juez federal. El objetivo del operativo no era otro que capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del mismísimo “Chapo” Guzmán.

Eso no solo explica la virulenta reacción, sino que pone en evidencia algunos hechos muy graves: se procedió irresponsablemente, sin que se hubiera planeado, preparado y respaldado el operativo como hubiera debido hacerse; denota negligencia al ejecutar la orden del juez, lo que resulta imperdonable en quienes deberían saber que no hay operativo fácil, especialmente cuando el objetivo involucraba al personaje mencionado; es una falta de respeto a la población pretender engañarla con tan ingenua explicación como la que inicialmente se produjo.

Quedó en evidencia, además, la incapacidad institucional para enfrentar a un adversario que era superior en número, pero también en organización y entrenamiento táctico. Por eso consiguió doblegar al Gobierno y su fuerza pública, consiguiendo su propósito de rescatar al detenido, que fue dejado en libertad, según el propio Presidente explicó, porque se tornó muy difícil la situación y entonces se decidió suspender la operación porque, dijo, “es preferible salvar vidas que la captura de un delincuente”. Añadió, y esto es muy importante, “no debe haber masacres, eso ya se terminó; ya lo he dicho antes: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

Destaco la última frase porque, si de verdad se quieren evitar las masacres, no hay que estimularlas con incentivos como es permitir su éxito; si se quiere obrar conforme a la razón, hay que ordenar el pensamiento y desterrar las falacias; si se aspira a actuar conforme al derecho, hay que respetarlo y aplicarlo, no evadirlo.

Permitir que los verdaderos adversarios, no solo del Presidente, sino de México entero se salgan con la suya por medio de la violencia y se restrinjan las capacidades de la fuerza legítima para evitarlo y proteger a la población, la violencia se hará señora de la situación e imperará sobre cualquier estructura civilizada.

Acudir a la retórica vacía y pretender transferir responsabilidades, crear distracciones, falsos dilemas y otras falacias, no conduce a conclusiones correctas en el diseño, ejecución y evaluación de acciones y políticas públicas. Tampoco la opacidad y la imprecisión en la información.

El derecho impone la obligación de enfrentar a la delincuencia, no consentirla; el deber de velar porque se cumpla con los propósitos de esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, según dice el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Que los acontecimientos son de tal naturaleza graves que en circunstancias ordinarias no pueden ser enfrentados? La propia constitución precisa, en su Artículo 29, los casos y condiciones necesarios para hacerle frente “rápida y fácilmente” a la situación.

Cumplir con eso y garantizar la seguridad es obrar conforme a la razón y el derecho; eludir las responsabilidades bajo el pretexto de respetar las vidas de quienes están poniendo en peligro las de los demás y la viabilidad del país, es precisamente lo contrario.
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