La manifestación pública de Armando Guadiana Tijerina para contender por la Presidencia Municipal de Saltillo en 2021, abanderado por Morena, traerá por consecuencia que deje su escaño en el Senado y, en estricto sentido legal, ocupe su lugar el suplente: Reyes Flores Hurtado, actualmente delegado de la Secretaría de Bienestar en Coahuila.

En tanto eso sucede -de llegar a ocurrir- cabría preguntarse qué ha hecho el funcionario número uno del Gobierno federal en la entidad, a propósito de la coyuntura electoral.

No mucho, en realidad. Su trabajo hasta el momento ha sido el mismo que haría una máquina que asigna turnos de forma automatizada. Esta última, no obstante, con menor margen de error. Aparece cuando hay pago de becas y pensiones, declara cualquier cosa a los medios de comunicación, y vuelve al bajo perfil hasta el siguiente bimestre. Enjuague y repita.

Sin embargo, existe un fenómeno peculiar, por llamarlo de alguna manera, que se manifiesta en la delegación.

En 2020, para contextualizar, aparece un reporte sistemático de gastos en su información pública, curiosamente por la misma cantidad, independientemente del concepto que se trate: 207 mil 759 pesos, sin IVA.

Contrario al resto de los mortales, quienes nos basamos en la ley de la oferta y la demanda, para la Delegación todo vale lo mismo, o todo se lo venden al mismo precio. Así, por ejemplo, pagó una idéntica cantidad por “arrendamiento de mobiliario para los operativos de los Programas para el Desarrollo”, “producto alimenticio para el personal dentro de las oficinas”, “adquisición de material, útiles y equipos menores”, “servicio de impresión de material informativo” y “material de limpieza”. Siempre 207 mil 759 pesos, sin IVA.

Poco probable que se trate de una coincidencia múltiple, particularmente cuando el plazo de las contrataciones varía, en algunos casos de enero a diciembre de 2020, en otros de abril hasta finalizar el año, y unos más de septiembre a diciembre del ejercicio fiscal pasado.

Se trata de 12 supuestos contratos reducidos a “datos relevantes”, identificados con los folios AA/BIEN/SA/COAH/025/2020; AA/BIEN/SA/COAH/016/2020; AA/BIEN/SA/COAH/015/2020; AA/BIEN/SA/COAH/014/2020; AA/BIEN/SA/COAH/018/2020; AA/BIEN/SA/COAH/017/2020; AA/BIEN/SA/COAH/020/2020; AA/BIEN/SA/COAH/012/2020; AA/BIEN/SA/COAH/013/2020; AA/BIEN/SA/COAH/008/2020; AA/BIEN/SA/COAH/007/2020 y AA/BIEN/SA/COAH/002/2020, acompañados de un respectivo anexo explicativo cada uno, que no es otra cosa más que un oficio de tres párrafos donde se justifican las razones para optar por adjudicación directa en lugar de licitación. Básicamente un machote genérico que textualmente dice: “podrá realizarse dicho procedimiento cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor”.

Y agrega: “al respecto se debe recordar que actualmente existe una contingencia sanitaria derivada del Covid-19”.

Dicho lo anterior, no se trata de un error de dedo, pues los documentos comprobantes fueron anexados, cada uno por separado, a la plataforma de transparencia, como si hubiesen sido elaborados en serie.

Cabe señalar que no hay una sola rúbrica, ni mayores datos acerca de las personas físicas beneficiadas como proveedores, en este caso Carlos Alfonso Durán Alcocer, Mariano Flores Jiménez, Patricia Lizzeth López Rodríguez, Francisco Eduardo García Esteves, Melisa Carrillo Núñez y Jesús Artemio Montoya Pérez, además de las personas morales Grupo Empresarial Rosei y Xpress Impresores.

Y si bien la cifra total: 2 millones 892 mil pesos, puede no ser relevante, su importancia radica en el manejo sui generis de los recursos públicos.

Una de dos: o la delegación a cargo de Reyes Flores lleva una administración meticulosa, tan exacta que coinciden todos los rubros hasta en los centavos, o se firman contratos al vapor, sobre las rodillas, con tal de justificar el uso discrecional del dinero, sin ningún tipo de control ni auditoría.


Cortita y al pie
Ahí es donde se puede gestar una relación peligrosa: ni nosotros tenemos por qué informar, ni ustedes tienen por qué saber. Un vínculo (gobernante-gobernado) basado en la confianza y la buena fe, además de la popularidad y aceptación del Presidente. Pero no en la transparencia y rendición de cuentas, lo verdaderamente importante.


La última y nos vamos
Es fácil: si no publicas lo que gastas en realidad, la austeridad está garantizada. El universo de los “otros datos”, o la alquimia financiera.

Ramos Arizpe para trabajar, Saltillo para vivir, y Arteaga para descansar en la naturaleza. Esa trinidad que los habitantes de la Región Sureste de Coahuila reconocen y conciben como ideal, en riesgo está de modificarse y perder el equilibrio gracias a una laxa gestión del uso de suelo en el Ayuntamiento que alberga a la “Suiza de México”.

Una sierra representada por sus paisajes de coníferas, cañones, manzanas, vegetación nevada en invierno y cabañas, de a poco y en silencio se va convirtiendo en el lugar propicio para el ecocidio.

¿Exageraciones? Tan solo el segundo semestre de 2020, es decir, de julio a diciembre y en plena emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, el Municipio aprobó la instalación de bodegas para el almacenamiento de residuos, diésel, químicos (sin especificar cuáles), solventes y gases, cementeras, gaseras, terminales de autotransporte pesado, naves industriales de manufactura, gasolineras, talleres, chatarreras, antenas de telefonía celular, extracción pétrea, tratamiento de plásticos, reciclaje de materiales peligrosos y de manejo especial, entre otros asuntos cuyas constancias fueron verificadas por quien esto escribe.

Para nadie es un secreto que el desarrollo genera efectos adversos al ecosistema como la contaminación. Y algunos de ellos, así sea por accidente, deben asumirse como un mal necesario a cambio de satisfactores. Sus apologistas argumentan incluso que levantarse de la cama para desayunar también daña el medio ambiente. Y es verdad, sin embargo no es lo mismo.

Especialmente cuando la dirección de Catastro y Desarrollo Urbano validó los casos enunciados líneas arriba en grandes extensiones con el modus operandi que ya hemos detallado en otras ocasiones en este mismo espacio: por la vía rápida, en plazos que humanamente no permitirían una verificación efectiva de Protección Civil y Ecología como instancias responsables. Algunos de los documentos inclusive fueron expedidos “a solicitud del interesado para los fines legales que al mismo convenga”, lo cual en términos prácticos significa un comodín; manga ancha; un cheque en blanco; carta abierta.

Aquí se ha publicado con anterioridad el cambio de uso de suelo en sectores estratégicos, pasando de inmuebles agrícolas a fraccionamientos exclusivos, y detonando la plusvalía de los terrenos a favor de sus nuevos propietarios (que, en efecto, son socios de Alfonso Treviño Medrano, el director de Catastro y Desarrollo Urbano que firma los oficios, como consta en actas constitutivas de sociedades mercantiles).

Pues ahora la otra cara de la moneda es la explotación abusiva de permisos, concesiones y autorizaciones a mansalva que, dicho sea de paso, no se traduce en más fuentes de empleo ni mejor infraestructura urbana o rural en Arteaga. No existe tampoco un ingreso extraordinario reportado en el Ayuntamiento producto de tales expedientes que, en el papel, facilitan la inversión y por ende los negocios. ¿Para qué sirven entonces?

Al respecto deberíamos partir de un cuestionamiento básico: ¿Ingresan a caja realmente los recursos? ¿Quién gana con la permisividad?

Treviño Medrano, cabe señalar, acumula siete años en el cargo durante la Administración de los hermanos Durán (Jesús, de 2014 a 2017, y Everardo, de 2018 a 2021). Y ahí viene, en línea de sucesión directa, Ramiro Durán García, hijo del exalcalde y sobrino del actual Edil, quien se registró ayer como aspirante a precandidato por el PRI para gobernar el municipio.



Cortita y al pie

Si le resulta exagerada la comparación con Chernóbil (a otros, en cambio, igualarse con Suiza les parece excesivo), ciudad en lo que hoy es Ucrania y en su día fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en otras ocasiones he expresado que nuestro semidesértico estado tiene vocación de basurero: somos la única entidad del país con dos Cimari para confinamiento de residuos tóxicos (uno en General Cepeda y otro en Ramos Arizpe), fracking que arruina la vida en el suelo y el subsuelo (en el municipio de Hidalgo, en el enclave con Tamaulipas y Nuevo León), y fosas clandestinas diseminadas a lo ancho y largo del territorio.



La última y nos vamos

Por lo demás, por un lado las dependencias oficiales cuidan supuestamente la sierra Zapalinamé de los depredadores que causan incendios forestales, y existen a su vez iniciativas particulares para reforestar el cañón de San Lorenzo; pero, y de quienes extienden licencias para la depredación de la sierra de Arteaga bajo el amparo de un cargo público, ¿alguien se ocupa?

En su conferencia matutina del pasado viernes, esas en las que inserta un tema polémico en la agenda y deja premeditadamente la víbora chillando el fin de semana para medir sus reacciones en la opinión pública, el Presidente de la República planteó por segunda vez en la semana la posibilidad de modificar el régimen jurídico del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), de autónomo a dependiente de la Secretaría de la Función Pública, cuestión que, adelantó, será analizada mañana lunes en reunión de Gabinete federal con miras a una reforma administrativa en febrero.

Naturalmente, la iniciativa deberá ser aprobada por el Poder Legislativo antes de las trascendentales elecciones de junio, donde una nueva composición en la Cámara de Diputados podría gestarse, o no, y entorpecer su plan, o no. En las condiciones actuales, en cambio, consumarse no representa ningún problema por cuestiones de mayoría partidista.

Ahora bien, dicha modificación –justificada en medidas populares de austeridad y redistribución del gasto, sin sopesar otros aspectos técnicos más relevantes como el control político de la información pública– traería por consecuencia, y en efecto dominó, cambios a los organismos estatales en la materia. En el caso que nos ocupa, al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI).

Y llegados a ese punto cabe plantearse una pregunta: ¿alguien lo extrañaría en la entidad si se modificase su funcionamiento? Inexplicablemente, el ICAI acumula dos años y medio sin un comisionado de cinco que deberían integrar por ley su Consejo General. Y a nadie parece importarle llenar esa vacante.

Otro ejemplo de su actuación: en el último año resolvió recursos de revisión a favor de los ciudadanos solicitantes, como es costumbre. Sin embargo, so pretexto de la pandemia y dificultades en la comunicación para notificar, no verificó que los sujetos obligados entregasen la información solicitada pese a que su intervención –y existencia, en general– se trata precisamente de eso: de hacer cumplir a los entes públicos. Así concluyó en blanco decenas de solicitudes presentadas. Inclusive su informe 2020 ni siquiera ha sido presentado al día de hoy.

Y de 2019 a 2020, para dimensionar, hay una disminución del 56% en los recursos de revisión recibidos. La cifra más baja de los últimos cinco años. Dicho de otra forma: en lugar de incentivar, desalienta la participación ciudadana. ¿Entonces para qué sirven los 38 millones 801 mil pesos que absorberá en 2021?

Pero el culmen de la inutilidad lo representa otro “autónomo”: el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, de quien no encontrará ni una sola intervención relevante durante sus 40 meses de existencia, de septiembre de 2017 a la fecha. Y no resulta barato.

En 2021, para ejemplificar, recibirá 52 millones 581 mil pesos de presupuesto, de los cuales 42 millones 152 mil irán al renglón de servicios personales, es decir, la nómina. Ocho de cada 10 pesos. El 80 por ciento.

Como se publicó en este mismo espacio el 22 de marzo, con motivo de la emergencia sanitaria el Tribunal bajó la cortina y disminuyó a cero su actividad pública. Los cinco magistrados que integran su órgano de Gobierno (Sandra Luz Rodríguez Wong, Sandra Luz Miranda Chuey, Alfonso García Salinas, María Yolanda Cortés Flores y Marco Antonio Martínez Valero) acordaron suspender labores generales del 18 de marzo al 19 de abril; jurisdiccionales y administrativas. Todas.

Tampoco hubo guardias en oficinas y no corrieron plazos en ese tiempo para efectos legales. Básicamente desapareció de la faz de la tierra durante un mes. Con goce de sueldo para sus empleados, eso sí. Y sabe qué, nadie los extrañó. Ninguno se percató de su ausencia.

Luego el Tribunal dejó de hibernar y entregó su informe anual de labores al Congreso del Estado en la oscuridad, sin reflectores. En dicho documento, denominado Memoria Anual 2020, amén de las numeralias que nada dicen, un párrafo sintetiza sus actividades dentro del Sistema Estatal Anticorrupción: “conocer los avances en la implementación del estándar de competencias para la observancia y cumplimiento de la normativa en materia de responsabilidades administrativas, y para programar la realización de una prueba piloto, con objeto de verificar la eficacia del instrumento de evaluación que se aplicaría en este caso”.

¿Qué dijo? La nada, pues. No hay sustancia, solo formulismos, protocolos, paja. Existen, pero no funcionan. Simulan, más bien. Hay un organigrama, aparentes atribuciones, pero nulos resultados.

Con excepción del Instituto Electoral y el Tribunal Electoral de Coahuila, cuya presencia es necesaria mientras el INE y el Poder Judicial de la Federación no absorban previa reforma electoral sus funciones (algunas veces duplicadas), y otros indispensables en el ejercicio del poder como un mal necesario, como la Fiscalía General de Justicia y su contraparte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, podríamos prescindir de “autónomos” como el ICAI y el Tribunal de Justicia Administrativa, ya que no habría cambios significativos considerando el estado actual en que se hallan.

Cito uno más: la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, encabezada por Jesús Homero Flores Mier, quien a tres años y medio de su integración solo sirve para suministrar calambres a exfuncionarios de jerarquía menor, como si fuese una “máquina de toques”. En 2021 recibirá 28 millones 222 mil pesos. Así, entre los tres mencionados, ahorraríamos alrededor de 120 millones de pesos.

Cortita y al pie

El 4 de enero, durante su primer “mañanera” del año, López Obrador soltó a los medios de comunicación un globo sonda: “Todavía se sigue gastando mucho en cuestiones que no son fundamentales (…) Todavía hay organismos supuestamente autónomos (…) El mismo instituto de la transparencia, mil millones de pesos. ¿Qué?, ¿no puede la Secretaría de la Función Pública hacerse cargo de eso? (…) Todos estos aparatos administrativos los crearon para simular que se combatía a la corrupción, para simular que había transparencia, para simular que no había impunidad. Todo fue una farsa, y al mismo tiempo era para darle trabajo a los allegados de los funcionarios públicos”.

La última y nos vamos

Bajo esa premisa, ¿qué mantiene vivos a los organismos de Coahuila mencionados líneas arriba? ¿Alguien podría ofrecer argumentos a su favor con los antecedentes que arrastran?

Nadie podría oponerse, en su sano juicio, a tener más seguridad pública y por consecuencia más seguridad en su esfera individual. Y si eso depende, según se afirma, de tener más bases militares diseminadas en un determinado territorio, pues se debe asumir el costo de la militarización acelerada en los últimos años al precio que sea. Repito: según se afirma de manera oficial (y se ejecuta, en los hechos).

Bajo esa premisa popularmente aceptada, aunque basada en dogmas de fe más que en resultados verificables a la luz de los derechos civiles, el Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, acaba de cerrar una transacción que nadie con dos dedos de frente podría cuestionar, sin embargo mueve a suspicacia.

A través del acuerdo 339/047/2020, ventilado por “encimita” durante la sesión de Cabildo celebrada el pasado 25 de septiembre, aprobó “la adquisición mediante compra-venta de una hectárea de terreno en la localidad San Antonio de las Alazanas para la construcción de una base militar”. Y así, sin dar mayores detalles, despachó el negocio con un simple “notifíquese” a quien corresponda.

El 9 de octubre se formalizó el contrato de compra-venta, acreditándose la propiedad de dicho inmueble a favor del Municipio de Arteaga de acuerdo con la presunta escritura pública 339, ante la fe del notario 25 de Saltillo, Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, quien facturó 206 mil 405 pesos por la prestación del servicio.

Por su parte, el Congreso del Estado, autorizó el 16 de diciembre al Ayuntamiento de Arteaga desincorporar del dominio público municipal el predio rústico recién adquirido, el cual consta de 10 mil metros cuadrados de superficie, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional

(Sedena).

Cabe señalar que, como consta en el informe de correspondencia y documentación, la Secretaría del Ayuntamiento de Arteaga envió al Poder Legislativo el oficio pidiendo la “desincorporación del dominio público municipal” el mismo 16 de diciembre, es decir, se votó por vía rápida, sin que los diputados locales tuviesen un solo día de plazo para verificar o estudiar lo que votaron. En el trámite, no obstante, quedó asentado que fue “turnado a la Comisión de Finanzas”.

De acuerdo con información publicada el 18 de diciembre en el Periódico Oficial, el inmueble se identifica como fracción de terreno “A”: un cuadrado perfecto de 100 metros por cada lado, ubicado en un sitio descrito como El Ojacenal, en la región serrana, y fue transferido a la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal dependiente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Insabi).

Aunque, dicho sea de paso, el Insabi aún no lo incluye dentro de su patrimonio en su reporte correspondiente a diciembre 2020.

Y si bien las coordenadas para ubicar el predio fueron publicadas en el Periódico Oficial, estas no coinciden con el rumbo y conducen a ninguna parte cuando se intentan geolocalizar en la carta topográfica del Inegi con los números divulgados.

Pese a ello se consumó con recursos públicos la operación en solo 82 días, con un candado: si en 24 meses la Sedena no cumple con la construcción “de una base de operaciones militares”, o dé al inmueble un uso distinto al estipulado, se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al municipio. Para entonces, 2023, estarán fuera del Ayuntamiento los hermanos Durán Flores (Jesús, exalcalde de 2014 a 2017, y Everardo, Presidente Municipal de 2018 a la fecha), cuyo círculo de influencia se centra curiosamente en San Antonio de las Alazanas, donde mantienen su residencia.

Y también habrá concluido su responsabilidad el director de Desarrollo Urbano y Catastro, Alfonso Treviño Medrano, quien ha ocupado ese cargo los últimos ocho años y ha sido señalado en este mismo espacio con anterioridad por autorizar a sus socios licencias de uso de suelo y construcción en zonas privilegiadas de la sierra por mil 895 hectáreas en total, quienes posteriormente fraccionan y desarrollan millonarios negocios inmobiliarios en ellas.

Quedan, no obstante, algunas preguntas al respecto.

¿Por qué eligieron esa superficie en particular, si el municipio dispone de una reserva territorial propia que no necesita comprar a terceros? ¿A quién se la compraron, y en cuánto? Ahora bien, si desea usted seguir la pista del caso, ¿sabe cuándo van a transparentar la información al respecto? Nunca. O si tiene suerte dentro de nueve años y ahora explico por qué: porque la primera solicitud que ingrese con ese motivo a cualquiera de las partes involucradas, que a su vez son sujetos obligados, servirá de coartada para clasificar como reservada la información por un máximo del término referido, argumentando que se trata de un asunto de “seguridad”.



Cortita y al pie

En otro tema, ¿es normal que la mayoría de obra pública en Arteaga, escasa en 2020, se la haya llevado un solo contratista por adjudicación directa?

Alrededor de 10 millones de pesos fueron contratados a Mario Navarro García mediante las razones sociales DAVNAV, S.A. de C.V., Construcciones y Edificaciones SALCOAH, S.A. de C.V. y NADAHI COMER, S.A. de C.V. (creadas en 2016, 2017 y 2018 respectivamente, donde él figura como socio).



La última y nos vamos

Por lo demás, como se puede apreciar, no todo es positivo con la “Cuarta Militarización” del país.

El último año del PAN en el Gobierno municipal de Torreón, 2021, no será muy distinto a los anteriores. Si no sucede nada extraordinario, el trato millonario que comenzó en 2019 será revalidado para los últimos 12 meses del trienio (cuatrienio, si se suma la reelección de Jorge Zermeño Infante) independientemente que haya todavía una pandemia en el ambiente o crisis en las finanzas.

Se trata, una vez más, de la recolección de escombro: actividad no esencial y difícil de auditar, por no decir imposible. Pero negocio redondo en la práctica.

Así, envuelta de legalidad como licitación CE-805035999-E38-2020, el Ayuntamiento asignará 170 mil 800 metros cúbicos a recoger del próximo 1 de enero al 31 de diciembre. El Año de Hidalgo. La cifra proyectada, no obstante, no hace sentido en las circunstancias actuales, pues por la emergencia sanitaria está paralizada la industria de la construcción, la obra pública y entre particulares. Dicho de otra manera, si no existe la necesidad ni el problema, ¿cómo justifica entonces el desembolso de recursos públicos y la prioridad del gasto para tal fin?

Lo interesante del asunto es que ahora permitirá incluso la subcontratación. O el intermediarismo, al que también se puede llamar coyotaje, hasta llegar incluso a la simulación de operaciones.

Como se recordará, el caso ya fue tratado con anterioridad en este mismo espacio los días 3 y 10 de mayo e involucra la sociedad mercantil Vértice de la Laguna, S.A. de C.V., misma que fue constituida dos meses después de que Zermeño tomara posesión de la Alcaldía, en febrero de 2018, y se registró como proveedora del Ayuntamiento al inicio de su segundo periodo, en enero de 2019. Por solo dos contratos adjudicados a su favor, uno en agosto de 2019 y otro en marzo de 2020, acumuló 35 millones 132 mil 836 pesos facturados al Municipio gracias a una actividad impensada para volverse millonario: traslado de escombro.

Y aquí viene lo interesante. Uno de los dos socios que figuran en Vértice de la Laguna, Vicente Valles Villarreal, es yerno del director de Servicios Públicos del Municipio, Eduardo Sáenz Herrera. Es decir, del funcionario responsable de operar el programa privatizado a terceros, lo cual genera un claro conflicto de interés a la luz de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila, y la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos Estatales y Municipales.

Ahora bien, ¿la Presidencia Municipal no tenía capacidad suficiente para realizar esa labor por sus propios medios o ampliando el servicio de limpia pública que ya tiene convenido con Promotora Ambiental de La Laguna?, ¿tantos metros cúbicos de escombro se generan en cuestión de meses?, ¿pues qué están demoliendo en la ciudad, la Muralla China?

Pese a esos antecedentes, el Gobierno municipal publicó el pasado 3 de diciembre la convocatoria para dar continuidad al negocio y aunque se fijó el fallo en “junta pública” para el día 23 del presente mes, las bases lo facultan para “optar por notificar por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días naturales siguientes”. A más tardar mañana 28, pues. Y en silencio.

Como era previsible, Vértice de la Laguna presentó el 16 de diciembre una propuesta por 32 millones 374 mil 115 pesos, y concurrieron además la persona física Ignacio Corrales Estrada y Mabo Constructora de Torreón, S.A. de C.V., quien ofreció un costo menor.


Cortita y al pie

Cabe señalar que la coartada del negocio: el escombro, no se tritura ni se dispone de forma especial o ecológica, simplemente se acarrea en viajes desde los ocho centros de transferencia en la zona urbana de Torreón hacia su destino final, en el Cañón del Indio, “evitando su dispersión en áreas no autorizadas como vialidades, plazas públicas y lotes baldíos particulares”.

Para dimensionar: la cantidad que se pagó a Vértice de la Laguna durante 2019 y 2020 significa que la empresa recogió un estimado de 50 mil 920 metros cúbicos a razón de los 428 pesos que cobra por la recolección, carga y traslado de cada unidad, de acuerdo con sus propios documentos exhibidos. Y esas toneladas de desecho, a su vez, equivalen a 3 mil 637 camiones llenos; un promedio de 13 acarreos diarios de lunes a domingo, sin parar, durante los 275 días que duró el contrato. Algo improbable, por no decir imposible, ya que la mayor demolición en la historia contemporánea de Torreón, el Distribuidor Vial Revolución (ocurrida en 2008), representó 14 mil metros cúbicos de cascajo.

Y si lo anterior es poco probable, ¿de dónde van a sacar los 170 mil 800 metros cúbicos proyectados para 2021? Y lo más importante: ¿por qué se pagaría otra vez prácticamente lo mismo si supuestamente se recogerá tres veces más cantidad?



La última y nos vamos

“Vamos a continuar con esta empresa (Vértice de la Laguna) que ha dado buenos resultados”, afirmó Zermeño a finales de 2019 (Meganoticias Torreón, 09/12/19). Y cómo no, si ahí está el negocio.

Y la Contraloría Municipal, ¿para qué sirve?

Y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de Participación Ciudadana y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, ¿todavía existen?

La pretensión de reelegirse como Alcalde por segunda vez para un tercer mandato consecutivo, cuya coartada y cara pública es Julio Iván Long Hernández, Presidente Municipal de San Juan de Sabinas, tuvo el pasado martes una segunda instancia legal en el Tribunal Electoral de Coahuila (TEC), donde se resolvió que –por única ocasión– sí es válido para él (y para dos decenas de ediles en funciones, quienes aprovecharían el juicio emprendido por el panista para invocar a su favor el mismo caso) presentarse a competir en 2021 por un periodo adicional para el trienio 2022-2024, circunstancia que de concretarse supondría 7 años ininterrumpidos en el cargo vía una tercera elección al hilo. Algo inédito en la vida política contemporánea.

Previamente, cabe señalar, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) había determinado el 25 de octubre, a través del acuerdo IEC/CG/140/2020, que no es procedente la elección consecutiva de aquellas personas electas para ocupar el mismo cargo en los Ayuntamientos durante los procesos electorales 2016-2017 (por 1 año) y 2017-2018 (por 3 años).

Sin embargo el TEC revocó el asunto con justificaciones rabonas, más que argumentos jurídicos. Como si los magistrados Elena Treviño Ramírez y Sergio Díaz Rendón no hubiesen tenido tiempo para preparar los alegatos, o no tuviesen mejores elementos para fundar y motivar su decisión, si bien tuvieron más de 45 días naturales para resolver y además recibieron por escrito la opinión de terceros que curiosamente metieron su cuchara en el tema pese a su lejanía (difícilmente en Siena, Italia, interesaría lo que suceda en la Presidencia Municipal de Monclova, por ejemplo) a fin de facilitarles el trabajo jurisdiccional e inducir una postura.

Así, con todo y “apoyo internacional” –por llamarle de alguna manera–, la resolución votada por ambos (no hubo un tercer magistrado que participara en ella pues la transición –nada transparente, por cierto– entre Ramón Guridi y Karla Félix lo impidió) raya en lo absurdo. De principio a fin.

Para mayor comprensión y no aburrir, a continuación sintetizaré textualmente los conceptos más relevantes de la sentencia, acompañados de su respectiva crítica.

“El periodo de un año debe considerarse como excepcional y atípico”, es el concepto clave del expediente TECZ-JE-131/2020 y nueve más acumulados (Juicios Electorales y Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía). Y continúa: “Derivado del cumplimiento del mandato constitucional que obligó a los estados a empatar las elecciones locales con las federales”.

Pero atípico es, pues lo “típico” hasta 2014 (año de la elección inmediata anterior a la de 2017) era votar por un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección. Dicho de otra manera: atípico sería de todas formas.

Lo cierto es que no se han convocado elecciones extraordinarias en la entidad, por tanto no representa un periodo extraordinario. En 2017 se convocó a elecciones ordinarias; como consecuencia, se considera ordinario el periodo para el cual fueron elegidos los presidentes municipales. Tan sencillo como eso.

Dicha reforma constitucional se origina en noviembre de 2007 y se materializa en febrero de 2014. En su exposición de motivos habla de homologación de calendarios (locales con federales) para evitar la “proliferación” de procesos electorales todos los años, “situación que ha provocado el alejamiento ciudadano de las urnas, y la erogación innecesaria de recursos públicos”.

En ningún momento califica las elecciones concurrentes como extraordinarias, ni a los gobiernos emanados de ellas como transitorios, independientemente del periodo de ejercicio para el que sean electos. Por lo que hace a Coahuila, el 22 de septiembre de 2015 se anexó a la Constitución estatal una disposición transitoria que mencionaba los ayuntamientos elegidos el primer domingo de junio de 2017 durarían en su encargo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Ese carácter transitorio, justo es decirlo, de ninguna manera significa extraordinario.

Y aquí viene otro “razonamiento” interesante del Tribunal. “Durante ese corto periodo de mandato, los servidores públicos no estuvieron en posibilidad de dar continuidad a sus programas de Gobierno, ni la ciudadanía pudo evaluar de manera informada su gestión”.
¡Qué preocupados me salieron los magistrados electorales! Al respecto cabría preguntar cómo miden dichas afirmaciones en términos de Administración Pública, y cuál es el criterio gubernamental para afirmar que no hubo continuidad ni evaluación informada. Y aunque lo hicieran, dicha atribución no forma parte de sus responsabilidades como órgano electoral, pues la fiscalización de los municipios corresponde al Poder Legislativo, no al Judicial.

Interpretado en sentido contrario, su argumento afirma tácitamente que aquél año de Gobierno (2018) fue un desorden sin transparencia informativa debido al “corto periodo de mandato”. ¿Entonces porqué, en lugar de presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción o el Tribunal de Justicia Administrativa, avalan un tercer mandato consecutivo a fin de que los alcaldes se reivindiquen de su mal actuar el primer año de gestión?

Por su parte, el magistrado Sergio Díaz Rendón argumentó mediante un “voto explicativo” individual que los órganos jurisdiccionales están obligados a “adoptar la interpretación que beneficie en mayor medida a las personas”.

“En mi convicción siempre es preferible ampliar en beneficio de la ciudadanía sus derechos político-electorales, lo cual en el presente caso implica que el periodo de reelección pudiera ser de siete años y no restringirlos de manera innecesaria (el subrayado es mío) a cuatro años”. ¿Por qué cuatro años son “innecesarios” y en cambio siete años sí son necesarios?

Continúo la cita textual: “pues ello afectaría la naturaleza de la figura de la reelección, que es precisamente que el funcionariado esté el tiempo suficiente en el cargo para poder realizar su gestión con mayor efectividad”. En este apartado invoca un juicio de valor que es, además, una falsa premisa: “a mayor tiempo en el cargo, mayor efectividad”. ¿Quién asegura eso?

Prosigue: “y la ciudadanía, como premio o castigo, vote o no por un periodo adicional; lo que no podría llevarse a cabo si limitamos a las y los alcaldes en reelección a únicamente cuatro años”.

¿En qué momento la democracia se redujo a un juego de premios y castigos?, por principio de cuentas. Si así fuera, por lo demás, quienes se ubican en el supuesto jurídico ya fueron reelectos por una ocasión, motivo suficiente para concluir que ya fueron “premiados” con anterioridad (usando sus propios términos). Jaque mate.


Cortita y al pie

No debe perderse de vista que no se trata de simples personas que acuden per se (es decir, por voz propia, como el significado etimológico de la palabra lo indica) a pedir justicia, sino de actores políticos en ejercicio de funciones, con atribuciones legales, poder y presupuesto a su disposición.

A diferencia de la materia laboral, donde los órganos jurisdiccionales sí están obligados a inclinar la balanza de la justicia hacia el lado del trabajador, para poder así equilibrar su relación de desventaja contra el patrón, en el ámbito electoral no son sujetos desprotegidos.

Por el contrario, estos parten en una condición de ventaja electoral en el hipotético caso de presentarse nuevamente como candidatos, pues la acción de inconstitucionalidad 50/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les permite continuar en el cargo y hacer campaña electoral a la vez, como se resolvió en agosto de 2017 a propósito de Yucatán.

No se les desprotege, pues, se les sobreprotege. En una interpretación armónica, sistemática, progresista y teleológica, como presume haberla hecho el Tribunal, esto se debió considerar también y ni siquiera se menciona.

Y si bien señala que no debe realizarse una interpretación literal de la ley, nunca menciona el contexto: que Julio Long (y las dos decenas de alcaldes escondidos tras él) no necesita separarse del cargo en 2021, por tanto hay una desventaja.

Sostener el despropósito de la doble reelección en un presunto “principio pro persona” y una supuesta protección de los derechos humanos no solo es aberrante, sino también mañoso.


La última y nos vamos

Para validar la pretensión de Long y los alcaldes de Coahuila, en su proyecto de sentencia Elena Treviño trajo a cuenta un antecedente de Nayarit, en donde se permitió la reelección de ayuntamientos hasta por siete años consecutivos de mandato.

No obstante allá se trató de dos periodos, no tres. Siete años, sí, aunque no vía tres elecciones. “Es una situación no igual, pero bastante similar”, admitió el magistrado Sergio Díaz durante la sesión del 15 de diciembre. O sea no es lo mismo. Y lo saben.

Así de absurdo es lo que acaba de suceder esta semana. Y a falta de que diga la última palabra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ese

nivel estamos.

Luego de un año prácticamente desierto, el último mes de 2020 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) repartirá en Coahuila un botín de mil 952 kilómetros carreteros de longitud entre las mismas empresas beneficiadas de siempre: constructoras que trascienden sexenios y partidos políticos en el poder pues en ese rubro, con Morena o el PRIAN en el poder federal, nada cambia en el estado. Aquí las inercias mandan.

Por “invitación a cuando menos tres personas” como medio de asignación de contratos, actualmente la SCT licita 12 obras de “conservación rutinaria de tramos” en la entidad que serán adjudicadas del 14 al 16 de diciembre, si no hay cambios en el proceso. De entrada, todos los oficios de invitación fueron girados el 27 de noviembre pasado, y las juntas de aclaraciones se desarrollaron presuntamente los días 8 y 9 de diciembre; plazo que se antoja apresurado por tratarse de asuntos técnicos.

Ahora bien, existe un desfase. Si bien el presupuesto a utilizar corresponde al ejercicio fiscal 2020, será en 2021 cuando tentativamente inicien los trabajos, mismos que pueden alargarse durante todo el próximo ciclo anual. Ahí es cuando habrá que poner lupa a los recursos de 2021 (el año electoral más importante de la historia contemporánea), particularmente a la forma en que serán dispersados a fin de evitar el desaseo o la corrupción.

El año anterior esos mismos 12 contratos representaron un gasto de 72 millones 299 mil 993 pesos. Y los ganadores de 2019 fueron invitados nuevamente, en 2020, a participar en el concurso.

Se trata de Constructora del Norte Torresa, Ovza, Constructora Morawa, Pavimentos Laguna, Verifica del Norte, Sergio Sánchez Sepúlveda, Mantenimiento Vial e Industrial, Jesús Daniel Luna García, Lojimsa Construcciones, Servicios Willarz, Cuauhtémoc Sariñana Torres, Construcciones Aros, Reyes Ruiz Silva, Maquinaria y Desarrollos Urbanos, Perpilleira Construcciones, Construcciones Diversificadas del Norte, Obras y Terraplenes, VMJ Construcciones, Construcciones y Ventas Saltillo, EKA Constructores y Maquinaria y Desarrollos Urbanos.

Entre ellos, y nadie más, se repartirá el pastel. Apuestan al continuismo.

Caso especial es el de Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V., sociedad mercantil que fue convocada para las contrataciones identificadas con los folios E26, E36 y E37 de 2020, y que pertenece a una mujer de 46 años, recién alfabetizada por el INEA y habitante de un sector con alta marginación de Torreón, como se publicó en este mismo espacio el 9 de febrero de 2020.

En 2019, cabe recordar, Sacro se agenció cinco asignaciones de obra con el Centro SCT Coahuila por una suma de 22 millones 78 mil 395 pesos. Durante 2017 ,sumó 57 millones 933 mil 500 gracias a seis contratos con la misma dependencia, y cinco más con Capufe. Es decir, son clientes habituales.

Según su acta constitutiva, Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V., se compone por dos accionistas, al 50% cada una, y un capital social de solo 50 mil pesos. Esmeralda Isabel Soto Rodríguez es la primera, quien a su vez funge como administrador único y representante legal; tiene 46 años y manifestó ante la notaría 51 de Torreón habitar en el fraccionamiento Los Sauces de la misma ciudad, una zona de alta marginación urbana; aunque la dirección proporcionada no corresponde con Catastro Municipal. Consta, en cambio, que figura en el padrón anual de beneficiarios en Coahuila del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) durante 2016 y 2017. En un programa de alfabetización.
La otra socia, Cinthya Mayté Limas García, de 31 años, declaró estar de paso en Torreón al momento de constituir la sociedad y dio una ubicación inexistente, en avenida Constitución, de Monterrey. El domicilio fiscal de la empresa, por si fuera poco, es una vivienda de la avenida Arista, en el centro de Torreón, que ninguna relación tiene con la presunta constructora.

Cortita y al pie

Para contextualizar: Fidencio Elpidio Valdez Torres, titular del Centro SCT Coahuila desde diciembre de 2018, trabajó en él cuando Jesús de León Tello, hoy presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, era su director general (de abril 2010 a diciembre 2012, el último tercio del sexenio encabezado por Felipe Calderón). Entonces fungió como responsable, entre otros negocios, de tres asignaciones con Asfaltos Asfacer, S.A. de C.V., de San Luis Potosí (propiedad de los hermanos Cervantes Solís: Fausto Álvaro, Laura Elena y Andrea con los mismos apellidos, como consta en el acta constitutiva en poder de quien esto escribe), por un total de 142 millones 228 mil 664 pesos vía tres contratos identificados con los folios N77-2011, N82-2011 y N43-2012.

En las actas de fallo correspondientes, justo es decirlo, la firma de Jesús de León Tello nunca aparece pese a que se le señala por su nombre, en un renglón de los documentos, como responsable de aprobarlos. En general, el espacio para su rúbrica siempre va en blanco sistemáticamente.

Y aquí viene un dato interesante. Merced a una filtración telefónica que fue colgada en YouTube (“Ventanean a Chuy de León: el panista pedía moches en especie como delegado de SCT”), se escucha en el audio cómo De León pedía como favor le prestasen “el tremendo Piper”, una aeronave de seis asientos para viajar a Puerto Vallarta con su familia, desde Torreón. “Sería solo el aventón de ida”, menciona en la llamada con su interlocutor, una voz que identifica como “Fausto chico” (Cervantes Solís). El dueño de Asfaltos Asfacer.



La última y nos vamos

Por lo demás, ¿por qué a dos años del Gobierno de la cuarta transformación la SCT Coahuila sigue siendo abiertamente del PRIAN?

El 6 de junio de 2021 elegiremos los 38 Ayuntamientos de la entidad en medio de las votaciones más caras de la historia: 499 millones 104 mil 515 pesos costará el ejercicio, cerca del 3% más caro que el de 2018, el último de características similares.

Todavía en emergencia sanitaria y con una crisis que se acentuará el primer trimestre del próximo año, debido a la contracción económica, si no hay modificaciones al proyecto entregado por el Instituto Electoral de Coahuila al Ejecutivo, y este al Congreso del Estado para su aprobación, casi 500 millones de pesos se distribuirán a partir del 1 de enero entre servicios personales, materiales y suministros, servicios generales (47.3 millones prácticamente a discreción), prerrogativas a partidos políticos, y bienes (así, a secas).

¿Es absolutamente necesario e indispensable gastar esos recursos? ¿No se pueden organizar con menos dispendio centros de votación encabezados por ciudadanos? ¿Tanto depende la presunta democracia de las carretadas de dinero público?

Cabe señalar que la renovación periódica del poder (el motivo de convocar a un proceso electoral a partir del 1 de enero) si bien es sana, actualmente se halla en asedio por la intención malsana y antidemocrática de forzar una segunda reelección de alcaldes para un tercer periodo consecutivo. Algo que la ley no contempla, se interprete como se interprete (de hecho la prohibición es tan clara que ni siquiera necesita interpretación).

Dicho de otra forma: se busca que quienes fueron electos en 2017 por un año, y en 2018 para el trienio 2019-2021, puedan presidir las comunas por tres años más, hasta 2024. Siete años durarían en el cargo de ganar en las urnas; más que un Gobernador o un Presidente de la República, para dimensionar. Y dicha circunstancia no se antoja tan difícil pues parten con ventaja contra sus eventuales competidores, ya que pueden continuar en el cargo, es decir, al mando del millonario presupuesto anual, mientras hacen campaña.

Una aberración desde cualquier punto de vista que no se sostiene ni con argumentaciones jurídicas, aunque la decisión final dependerá básicamente de las componendas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano más político que de justicia, y ejemplos de su actuación sobran.

Por lo demás, es irónico que mientras la denominada Alianza Federalista, integrada por 10 gobernadores, demanda un incremento de participaciones federales sin ser correspondida, tierra adentro el IEC es el organismo autónomo más beneficiado presupuestalmente. Asentado en un edificio faraónico recién estrenado que al final costó más de 80 millones de pesos con las adendas presupuestales. Inmutable ante las coyunturas políticas e impugnaciones a su actuar. Inescrutable pese a la evidencia del derroche y sobreprecios, demostrada en este mismo espacio el 15 de marzo, 7 de junio y 25 de octubre, con sus compras realizadas durante 2020 (en marzo, antes de que se decretara la suspensión del proceso electoral debido a la pandemia, pagó 39 millones de pesos por los mismos paquetes –urnas, mamparas, lápices y cajas– que, un año atrás, para la elección de 2018, le habían costado la mitad.

El mismo mes adquirió a una sociedad mercantil, con características de facturera, equipo de cómputo para el PREP en 2 millones 372 mil pesos, inflando la operación al doble de su valor en el mercado. En septiembre adjudicó en 9 millones 545 mil 640 pesos, 100% adicional a su valor en el mercado al menudeo, los kits anticovid que fueron utilizados durante la jornada electoral a una sociedad civil encabezada por el ciudadano canadiense Ethen Emmanuel Laing, sin experiencia en el negocio y representado por exfuncionarios panistas del Municipio de Saltillo en el cuatrienio 2014-2017.

Cortita y a pie

Un dato a tomar en cuenta: se trata de la última elección en que participan los consejeros que conforman la alineación original del IEC: la presidenta, Gabriela María de León Farías, se va en 2022, y Gustavo Alberto Espinosa Padrón, Alejandro González Estrada y Karla Verónica Félix Neira en 2021, pues otro roster guiará y calificará los próximos comicios locales de 2023. Mientras tanto ejercerán 124 millones 268 mil 766 pesos más que en el proceso electoral de 2018. ¿Año de Hidalgo?

La última y nos vamos

Como si no hicieran falta para asuntos más importantes como la salud pública. Por ello no hay una palabra que defina de mejor forma lo que significa una bolsa de casi 500 millones de pesos a la basura para el ejercicio fiscal 2021 en las condiciones actuales: insultante.

Veinticuatro años de administraciones en Coahuila (de 1993 a 2017) fueron rememorados en diversos hechos acontecidos en noviembre, directamente desde el púlpito presidencial o indirectamente desde apéndices que conforman la cuarta transformación.

El segundo año presidencial ha devenido en cacería de brujas. Las conferencias matutinas de lunes a viernes son una máquina de arrojar pelotas a máxima velocidad en una caja de bateo. Para cuando bateas una ya tienes otras tantas encima y lo único que queda es replegarse para no ser alcanzado por una bola. Lo mismo se lee una publicación de Facebook a media “mañanera” para denostar un medio de comunicación utilizando recursos públicos, que se siembran preguntas a modo de “rolitas” para batearlas en contra de un objetivo particular.

Cada día un tema nuevo. Distinto al anterior. El seguimiento informativo y la verificación de datos es una tarea compleja para el periodismo en esas circunstancias. Cómo llegar al fondo del asunto cuando al día siguiente un aluvión de temas insertados en la agenda pública de forma natural o artificial (por tanto más frescos y vigentes) barre con los presentados el día anterior y captura la atención de la opinión pública. Los medios de comunicación, partidos políticos y grupos de poder que pretenden ser críticos de la Administración federal y eventualmente presentar su oposición al proyecto de nación vigente, no han sabido descifrar hasta el momento las señales del Presidente. Tampoco es tan difícil, pero los ciega su pejefobia.

Naturalmente a mayor es el encargo mayor es la responsabilidad. No se acusará por lo mismo, ni pesará lo mismo, a un regidor que a un gobernador. Por ello la importancia de los señalados.

El 17 de noviembre, a propósito de Agro Nitrogenados, la empresa que tiene a Alonso Ancira, el todavía dueño de Altos Hornos de México –sujeto a proceso penal– Andrés Manuel involucró a Rogelio Montemayor, exgobernador de Coahuila en el periodo 1993-1999: “Salinas privatiza, así como entrega los bancos y otras empresas, privatiza también Fertimex, y estas plantas las van entregando a particulares, por ejemplo esa planta de Agro Nitrogenados, se la entrega a una persona cercana a él que fue Gobernador de Coahuila, que incluso fue miembro de su Gabinete, que estuvo en Pemex después, (Rogelio Montemayor)”.

“Luego Rogelio Montemayor se la entrega a Ancira, esa planta (Agro Nitrogenados). Pasa el tiempo y consideraba que no era negocio, y la para, la detiene, y está parada la planta 15, 16 años, y se decide en el Gobierno pasado comprarla, porque así son, cuando les conviene son privatizadores, y también cuando les conviene son estatistas, la verdad que todo es el dinero”.

Posteriormente, en la conferencia del 23 de noviembre y a propósito de una publicación del mismo día en Reforma sobre Rubén Moreira, exmandatario coahuilense de 2011 a 2017 (Indaga FGR Gestión de Rubén Moreira), que si bien no proporcionó mayores datos y asideros (como número de folio o expediente) puso sobre él reflectores nacionales así sea por una cuantía menor (400 millones de pesos de recursos federales desviados, en un universo de miles de millones ejercidos durante su gestión).

“Si hay una investigación abierta, se le debe dar curso y la Fiscalía debe de actuar y no permitir por nada la corrupción y quienes son responsables de actos de corrupción, no solo deben ser castigados sino que se debe procurar que devuelvan lo robado, que incluso es lo que más debe de importar, porque es dinero del pueblo”, dijo López Obrador sobre la presunta indagatoria. “Que la Fiscalía investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias”.

Pero en la Fiscalía General de la República también hizo aire.

Enrique Martínez y Martínez, Gobernador de Coahuila de 1999 a 2005, como se recordará fue secretario de Sagarpa del 1 de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015.

Y dicha responsabilidad viene a cuento pues el 15 de noviembre trascendió su cargo en la declaración ministerial de Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol con Rosario Robles, al mismo tiempo que Martínez y Martínez se desempeñó en el Gobierno federal, y hoy testigo protegido ante la FGR por el caso conocido como Estafa Maestra: “Sedesol y otra docena de dependencias (por sus siglas Sagarpa, Economía, SCT, ISSSTE, Pemex, entre otras) provistas de recursos extraordinarios por la Secretaría de Hacienda, proveyeron de recursos permanentemente durante el sexenio para la promoción publicitaria, político-electoral del Presidente, su Gobierno y su partido político, sin que existieran previamente programas formalmente presupuestados para ello. También permitió desviar recursos públicos para el financiamiento de campañas políticas.

“En otras palabras, se podían destinar recursos extras proporcionados por la Secretaría de Hacienda, para que las dependencias llevaran a cabo activismo político contratando empresas en muchos casos a conveniencia, para que proveyeran los servicios correspondientes”.

Por su parte, el aspirante a Gobernador en 2005 y candidato en 2017, Javier Guerrero García, también es mencionado en la trama de la Estafa Maestra, en la declaración ministerial de su excompañero de oficina en Sedesol de 2012 a 2015, Emilio Zebadúa: “La secretaria Robles me indicó que por instrucciones del doctor Videgaray debía, alguna de las subsecretarías de la Sedesol, en particular aquella a cargo de Javier Guerrero García, contratar a una o varias empresas para poder cumplir un compromiso de campaña de cerca de mil millones de pesos, que se les adeudaba a los dueños de dichas empresas”.



Cortita y al pie

Hasta aquí solo falta Humberto Moreira. Sin embargo, ¿hay algo más qué decir de él? ¿hace falta?

El 23 de abril de 2017, en Torreón, López Obrador vinculó su causa con el no ejercicio de la acción penal que a su favor resolvió la entonces Procuraduría General de la República: “Además de corrupto, Calderón es como un sepulcro blanqueado. Dice el hipócrita que no exoneró a Moreira (Humberto). ¡Estoy buscando al que se lo crea!”.



La última y nos vamos

Por lo demás, ¿se deben tomar en serio los señalamientos? ¿Obedecen a un momento determinado por una coyuntura política-electoral? ¿Golpes para aflojar la resistencia y llegar a los últimos rounds con oponentes desmadejados?

Como sea, se trata de los capitanes de los últimos 24 años en Coahuila. Exhibidos como nunca antes, en el plazo de un mes, no es cualquier cosa.

A un mes de celebrada la jornada electoral de diputados locales en Coahuila, y cuando parecería un tema superado en todas sus aristas, es interesante hacer un ejercicio de fiscalización a los recursos públicos recibidos por los partidos políticos para sus actividades ordinarias, permanentes y específicas, y la campaña de 2020.

Especialmente porque 2021 también es año electoral y una nueva partida presupuestal se dispersará entre los emblemas que conservaron el registro al superar el 3% de la votación valida emitida. La ruleta sigue girando y ya nos acostumbramos a normalizar el dispendio.

Hay que recordar que experimentamos un proceso atípico interrumpido gracias a la pandemia. Pese a ello, el PAN recibió religiosamente 3 millones 47 mil 100 pesos mensuales y Morena 1 millón 488 mil 972. Así, para dimensionar, de marzo a agosto (semestre de emergencia sanitaria y suspensión de actividades) el PAN obtuvo en total 18 millones 282 mil 600 pesos y Morena otros 8 millones 933 mil 832 de financiamiento público.

La pregunta es: ¿Qué les hicieron? ¿Dónde quedaron? Naturalmente se destina un tanto al mantenimiento de comités directivos, y las pautas publicitarias en radio y televisión, si usted se lo pregunta, son tiempos asignados por el árbitro electoral, por tanto no tienen costo adicional al uso del espectro radioeléctrico que regula el estado mexicano.

En las campañas, justo es decirlo, tampoco utilizaron al máximo las prerrogativas disponibles. Oficialmente fueron reportados 11 millones 83 mil 482 pesos por el PAN, distribuidos entre 16 candidatos correspondientes, a igual número de distritos electorales que aspiraban representar. Tomando en cuenta que de enero a octubre recibió 40 millones 996 mil 647 pesos, incluido el extra para la campaña electoral, hay 29 millones 913 mil 165 pesos que no fueron destinados directamente al propósito principal: la competencia política por la renovación periódica del poder.

De acuerdo con los resultados de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) el candidato que recibió más transferencias de recursos locales del partido fue Gerardo Aguado Gómez, por el Distrito 8 de Torreón, quien reportó al INE 864 mil 502 pesos. El que menos fue Sergio Hernández Sainz, en el Distrito 16 de Saltillo, con 579 mil 207 pesos. El resto del gasto, cabe señalar, se constituye por aportaciones de militantes, simpatizantes, y del propio candidato.

Una circunstancia inédita: pese a que logró el presupuesto más alto de su historia, merced a la votación de 2017 donde consiguió la cifra de nueve curules, la cantidad de votos obtenidos por el PAN fue ínfima; la más baja de los últimos 30 años: solo 86 mil 612, equivalentes al 9.89% del total. Dicho de otra forma: no hubo inversión.

En el caso de Morena, hubo equidad, pero también austeridad. O un “austericidio”, más bien. Los 16 candidatos de mayoría relativa recibieron del partido la misma cantidad: 101 mil 491 pesos, para un total de un millón 623 mil 856 pesos gastados. Es decir, haciendo el mismo ejercicio de líneas arriba, pues de enero a octubre recibió el partido 20 millones 43 mil 841 pesos, quedaron sin utilizarse 18 millones 419 mil 985 pesos para el objetivo general: lograr posiciones legislativas.

Ni siquiera utilizaron todo lo que legalmente tenían permitido, pese a que el tope de gastos era de solo 1 millón 375 mil 115 pesos. ¿Acaso por excesiva prudencia y para evitar una eventual anulación en caso de una diferencia de votos cerrada?

Ahora bien, ¿usted vio a panistas y morenistas promocionando el voto el resto del año? En Coahuila solo aparecen cuando inician las campañas, como si eso fuese suficiente para tener posibilidades reales de ganar una competencia política. Los factores de poder a los que cualquier partido de “oposición” se enfrenta en el estado requieren mucho más presencia y principalmente otra estrategia. Dejar de simular, por ejemplo, sería solo el inicio. Por lo demás, si no es para ganar elecciones y promocionar la participación, ¿para qué sirve entonces el dinero que reciben?

Lógicamente existen responsables. Por principio de cuentas Jesús de León Tello, como representante de la nomenclatura del PAN, y el tándem compuesto por las hermanas Miroslava y Hortensia Sánchez Galván, en Morena, aunque no exclusivamente.



Cortita y al pie

Hasta aquí alguien podría advertir que no se menciona al PRI. Sin embargo, considerando que ganó las 16 curules de mayoría relativa, obtuvo un rendimiento electoral del 100% con los 54 millones 132 mil pesos que le corresponden para 2020. Y si bien UDC y PRD también recibieron una partida importante, su margen de maniobra es mucho menor en comparativa con PAN y Morena.



La última y nos vamos

Al finalizar 2020, el PAN habrá recibido 47 millones 219 mil 328 pesos y Morena, por su parte, un financiamiento de 23 millones 86 mil pesos. Mes a mes, transferidos a sus cuentas por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral de Coahuila.

En pocas palabras: el redituable negocio de perder y no meter siquiera las manos en las elecciones artificialmente huérfanas desde 2008. Una tradición en la entidad.

En las sombras, aprovechando que las sesiones virtuales generan todavía menos expectativa de la que generaban en su día las sesiones presenciales antes de la pandemia, la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado ha presentado tres iniciativas en el último mes que mueven a la reflexión.

Se trata, a grosso modo, de hacer una separación y por lo mismo una discriminación entre matrimonio igualitario y matrimonio heterosexual en Coahuila, asimismo de tapar lagunas legales que pudieran existir en la legislación vigente, a fin de impedir y criminalizar el aborto en cualquier circunstancia (bajo una supuesta “protección a la maternidad”), y finalmente permitir a los ciudadanos la portación de armas de fuego en sentido amplio, sin restricciones.

Lo anterior constituye un combo para negar derechos adquiridos y bloquear demandas populares, a contracorriente del concierto mundial y nacional. En pocas palabras: un despropósito. Lo curioso es que los panistas no han cacareado los temas en medios de comunicación a su alcance, quizá previendo una reacción de la opinión pública adversa a sus intereses.

Las propuestas en conjunto, sin embargo, representan una declaración de principios y un mensaje grupal: “esto somos”, así pasen desapercibidas entre asuntos generales y rutinarios, casi sin reflectores (contrario al lucimiento personal que sus protagonistas habitualmente persiguen en época electoral).

Y en el fondo es un asunto de cálculo político. O de pérdida de brújula, según se vea. Radicalizarse o desaparecer; dejar de perder, o tratar de recuperar en un momento dado, al votante cautivo que antes simpatizaba con el PAN y al no encontrar eco de sus inquietudes en la cúpula del partido –en la esfera estatal y nacional– migró al proyecto fallido de México Libre y específicamente con la organización Frenaaa.

Por el contrario, los simpatizantes y militantes panistas que migraron hacia Morena y el PRI son causa perdida para el partido. No van a ir por ellos. Los consideran pérfidos, desleales, ingratos, oportunistas.

En resumen, es un giro hacia el extremo derecho del tradicional espectro ideológico (pese a que “izquierda” y “derecha” ya no son posiciones que representen fielmente una ideología; aunque como escribiera el politólogo Giovanni Sartori: “en el nivel de la política de masas siguen vivas porque son como una brújula: nos orientan, y también constituyen una identificación que nos ancla a algo”).

Al realizar ese viraje, no obstante, el PAN presenta su cara más confesional, dogmática y fundamentalista, y evidencia un pensamiento sectario, elitista en la toma de decisiones, cerrado a otras formas de convivencia. Tratando de imponer las suyas a la mayoría, o negar la existencia de las minorías.

Ni en Guanajuato, la cuna del panismo más conservador, se discuten ahora mismo estos temas. Ya ni la Iglesia Católica en voz de su líder, el papa Francisco, niega derechos a los homosexuales, como declaró el pasado 22 de octubre.

Si bien es positivo tener ideas propias y personalidad para no dejarse influenciar por las mayorías, particularmente cuando estas podrían incluso estar equivocadas, en este caso ni siquiera cabe un debate sobre diversidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido desde 2015, por ejemplo, una tesis jurisprudencial (43/2015, Primera Sala) que declara inconstitucionales los códigos civiles de aquellos estados donde el matrimonio es entendido como la unión entre hombre y mujer, pues tiene como finalidad la procreación.

Así que mi opinión, la suya o la de Marcelo Torres Cofiño, el creador de esta iniciativa, salen sobrando en términos legales.

El colofón ha llegado el mismo miércoles 11 de noviembre cuando Juan Carlos Guerra, panista que representa el Distrito 14 de Saltillo, propuso que cualquier ciudadano pueda poseer un arma de fuego para protección personal, sin valoración previa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, simplemente bastaría con argumentar “la necesidad” de portarla, lo cual en términos de seguridad pública significa pretender apagar el fuego con gasolina.


Cortita y al pie

Justo es decirlo: es previsible que a escasos 45 días de concluir la Legislatura LXI las referidas iniciativas queden guardadas en la congeladora legislativa, pues el tiempo apremia y en el horizonte hay discusiones trascendentales como el Presupuesto de Egresos para 2021, o actividades obligadas como los informes anuales.

Por si fuera poco los 25 nuevos diputados no suelen retomar asuntos previamente tratados por sus antecesores y guardados en la cartera, al no ser de urgente resolución.

Por el contrario, cada uno, particularmente al principio de su representación popular, intenta mostrar un estilo personal de legislar, generalmente activo y novedoso, y posteriormente se vuelve un legislador más, autómata, amodorrado en su curul, centrado en cuestiones de coyuntura e intereses de grupo. Es el ciclo vital del diputado local, independientemente del partido político que lo haya postulado.

Entonces, en la oscuridad, ¿pretenden los panistas construir una agenda legislativa cuando solo quedan siete semanas de trabajo? ¿Con el respaldo de quiénes?



La última y nos vamos

No hay secretos en su actuación: en Coahuila el PAN es un partido que no gana ni ganando y que solo busca incomodar al poder para acomodarse con el poder.

Pero sus últimas iniciativas en el Poder Legislativo llaman la atención ya que dibujan una sociedad retardataria, armada y negacionista, como si se tratase de rancheros republicanos de Texas.

Esas características, cabe señalar, no están en la idiosincrasia natural del coahuilense, por tanto no es necesario forjárselas de manera artificial a través de proposiciones ociosas y lo peor de todo: peligrosas.

Particularmente cuando sus autores, Marcelo Torres Cofiño y Juan Carlos Guerra, aspiran a las candidaturas para las alcaldías de Torreón y Saltillo,

respectivamente, en 2021.

El pasado jueves por la tardenoche fue alojada en la red una charla reveladora de 38 minutos de duración entre Carlos Loret de Mola y Alonso Ancira Elizondo, realizada en Palma de Mallorca, durante los últimos días en libertad condicional de este antes de reingresar a la cárcel en España, si bien se desconoce la fecha exacta en que la entrevista fue grabada.

Se interpreta, por ejemplo, que sucedió en fecha posterior a la jornada electoral del 18 de octubre, pues Ancira se congratuló del “carro completo” del PRI en Coahuila, situación que calificó como “un rechazo a la forma de gobernar” del Presidente de la República: “un rechazo a la política gubernamental; a la forma en que maneja la economía, la pandemia… la seguridad”.

“No había ni candidatos (del PRI)”. “Se suponía que iban a perder”, dijo maravillado el empresario afincado en Monclova (quien se autodefinió “desde siempre priista, en cierta medida”), detenido el 28 de mayo de 2019 en las Islas Baleares, a petición del Gobierno de México.

A la pregunta, ¿es usted un perseguido político? “Definitivamente”, fue su respuesta. Asimismo se dolió de una “persecución injusta” y se autocalificó como “chivo expiatorio”.

En términos generales el encuentro con el comunicador mexicano le sirvió como caja de resonancia, pues entre la plática dejó entrever su estrategia jurídica en el corto plazo para liberarse de responsabilidades: la negociación directa con Andrés Manuel López Obrador, condicionada al desistimiento de la acción penal en su contra de la Fiscalía General de la República: “una disculpa amplísima, y entonces sí podríamos hablar de una devolución (de los 200 millones de dólares que públicamente le ha exigido devolver el Mandatario, cantidad que estima de sobreprecio y daño al erario en detrimento de Petróleos Mexicanos por la compraventa de su planta de fertilizantes Agronitrogenados, en 2013)”.

“Estoy dispuesto a negociar; yo ya lo que quiero es disfrutar, y limpiar mi nombre”, ha dicho el otrora hombre más poderoso de la Región Centro de Coahuila (con una fortuna estimada en 170 millones de dólares, según sus palabras). “Yo estoy dispuesto a pagárselos, nomás que me diga dónde”.

Pero luego matizó su comentario en un par de ocasiones: “yo no los voy a pagar, esa es una cuestión de Altos Hornos de México”. Posteriormente volvió a replantear el ofrecimiento: “Que Julio Villarreal (el hipotético nuevo dueño de AHMSA) se los pague. Vaya y se arregle con él”.

En otro pasaje de la conversación, vinculado con lo anterior, se dirigió a Villarreal Guajardo para mandarle un mensaje que resulta relevante para la economía de Coahuila en estos momentos: “te doy el control (del Consejo de Administración), pero me mandas los desistimientos de la demanda penal”. “Que las consiga del Gobierno federal”, explicó. “Vamos avanzando. Debemos tener algo para mediados del próximo mes. Que asuma AHMSA, Grupo Villacero”.

Sin embargo, Ancira no solo es el industrial del acero puesto en la picota por Agronitrogenados de México, negocio que hoy lo tiene sujeto a proceso penal. Además de Grupo Acerero del Norte, S.A. de C.V. y Servicios Corporativos AHMSA, S.A. de C.V., tiene participación en las empresas Promotora de Vivienda México, S.A. de C.V., Inmobiliaria Sabinas, S.A. de C.V., Carboeléctrica Sabinas, S.R.L. de C.V., Promotora Deportiva GAN, S.A. de C.V., Servicios Corporativos Terras, S.A. de C.V., Eléctrica La Rumorosa, S.A. de C.V., Inmobiliaria Dos Carlos, S.A. de C.V., APM, S.A. de C.V. y Grupo

Agromex, S.A. de C.V.

Todas con epicentro en Monclova y la Región Carbonífera. Ahí su importancia para el estado. Aunque Ancira expresa que Emilio Lozoya no lo menciona personalmente en su escrito de comparecencia, fechado el 11 de agosto de 2020, este sí señala un juicio de valor interesante en la denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito, acogiéndose al “criterio de oportunidad”: “lo que sí me parece claro es que, mediante esta operación, Alonso Ancira se pudo deshacer de una planta de fertilizantes que no le generaba ingresos y que llevaba años sin funcionar”.

E involucra, de paso, a otro exgobernador de Coahuila: “Amén del seguimiento puntual del presidente Peña Nieto y Luis Videgaray Caso al proceso de adquisición de la planta, amén de los impulsos institucionales que hacían para agilizar la operación, esta adquisición representaba un interés importante para el entonces secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez (ya que le era rentable
políticamente)”.


Cortita y al pie

“En el PRI estaba una persona muy allegada a nosotros (Peña Nieto y Ancira) indirectamente: Humberto Moreira”. “Ayudé a la campaña del PRI, ayudé a Humberto Moreira”, reveló Ancira. “No estoy avergonzado de nada”, ha dicho.


La última y nos vamos

Por lo demás, un día la denuncia de Lozoya son las sagradas escrituras, y al día siguiente son papeles emborronados sin valor. Un día Ancira es el enemigo público número uno del país, y al día siguiente puede salir de prisión con una disculpa pública de por medio.

No hay certezas ni posturas fijas. Lo que es peor: ni legalidad. Todo se resuelve sobre la marcha. El sexenio vigente es un enigma encerrado en una incógnita y depende, en mayor o menor medida, de hacia dónde sopla el aire.

El tema de la semana que hoy concluye y de las posteriores, de seguir al alza la curva epidémica de contagios, son las camas hospitalarias para atender el Covid-19. O mejor dicho: su insuficiencia. En Coahuila están por saturarse las existentes, particularmente las que corresponden a las regiones Laguna, Centro y Sureste, por ello el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprovechó la circunstancia del repunte de casos para renovar su mobiliario en la entidad.

Hasta aquí no habría mayor inconveniente; al contrario: se trataría de una acción responsable de acuerdo con los tiempos que se viven, de no ser porque la Dirección de Administración, dependiente directamente de la Dirección General del IMSS, no de la Delegación en el estado, adquirió el pasado 20 de octubre un total de 494 camas hospitalarias, entre pediátricas, para paciente adulto y medicina interna, en 32 millones 577 mil 150 pesos.

Lo anterior significa un costo individual de 65 mil 945 pesos. Ojo. Y no se justifica la operación pues el valor en el mercado de los bienes comprados –incluyendo colchón– no sobrepasa los 25 mil al menudeo, con las mismas características. Incluso más modernos y funcionales.

Es decir, existe por consecuencia un sobreprecio importante en los insumos, de por lo menos 20 millones de pesos. Dicho en otras palabras: alguien hizo un negocio millonario a costa de los derechohabientes de Coahuila. O usándolos de coartada.

Como es costumbre durante la pandemia, la compra se realizó por adjudicación directa, sin mediar licitación pública, justificada solo en oficios de liberación de inversión “mediante una implementación rápida”.


Y las empresas beneficiadas –en el papel– fueron Gestum Consultores, S.A. de C.V. y Waltem, S.A. de C.V. (quien se identifica también como “grupo consultor”). La primera de ellas con 23 millones 900 mil 640 pesos y la segunda con 8 millones 676 mil 510 vía los contratos 20BI0153_GESTUM CONSULTORES_E54_2020 y 20BI0154_WALTEM_E54_2020, con vigencia a partir del próximo 6 de noviembre.

Llama la atención que ambas sociedades mercantiles, domiciliadas en Monterrey y Ciudad de México respectivamente, tienen un objeto social en común, muy distinto a la proveeduría de suministros médicos: la prestación de servicios profesionales en asesoría financiera.

Waltem, S.A. de C.V., por ejemplo, ofrece en su página web “soluciones a la medida de empresas y emprendedores para incursionar en nuevas líneas de negocio”, y apoyo a entes públicos “en la planeación y evaluación de sus programas y proyectos de inversión”. Entre 2019 y 2020 ha facturado 126 millones de pesos a la Administración Pública Federal y José de Jesús Carrillo González es el representante, Carlos Sergio Peláez de la Huerta y Paloma Saldaña Sánchez sus socios.

En Gestum Consultores, S.A. de C.V., por su parte, figuran como propietarios José Guadalupe Villarreal Gutiérrez, Antonio Flores Martínez, Mario Alberto Almodóvar Uranga y Fernando Elías Melendrez, de acuerdo con el acta constitutiva en poder de quien esto escribe.

Cabe señalar que no se trata de ampliación de camas hospitalarias, sino renovación. La Operación Administrativa Desconcentrada Estatal del IMSS tampoco especifica si serán desechadas las actuales en uso, o cuál será su destino final. Simplemente menciona que las nuevas serán “distribuidas en los ocho hospitales de reconversión Covid-19”. Particularmente a Torreón, San Pedro de las Colonias, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nueva Rosita, Monclova y Saltillo, según la guía de distribución que consta en el procedimiento de contratación AA-050GYR040-E58-2020.


Cortita y al pie

En un boletín de prensa difundido vía Facebook el 29 de octubre desde su cuenta oficial, sin informar su precio ni mayores datos relevantes, la Delegación del IMSS mencionó que Coahuila es “el único estado del país que obtuvo el beneficio” de las camas hospitalarias, a fin de que “coadyuven en la atención de pacientes que desarrollen complicaciones de insuficiencia respiratoria aguda derivadas de Covid-19”.

Lo curioso es que los agradecimientos a la publicación se centran en la gestión de Javier Guerrero García, secretario general del Instituto y excandidato a la gubernatura de la entidad en 2017.

¿Entonces a él hay que adjudicar también el sobreprecio?



La última y nos vamos

Irónicamente la medida para la reactivación económica –y prácticamente todas las actividades al día de hoy– son las camas hospitalarias disponibles. Pero los negocios con cargo al erario, a ocho meses de iniciada la emergencia sanitaria, gozan de cabal salud. Así se trate, precisamente, de camas hospitalarias. ¿Por qué habría de ser diferente la historia?

Luego de que 875 mil 947 ciudadanos de Coahuila salieron de sus casas a votar el 18 de octubre, y su participación significó una movilización de personas mucho mayor en cantidad, era previsible, por consecuencia, un alza en el número de casos positivos de coronavirus los días posteriores a la jornada electoral.

Y así sucedió. Del lunes 19 de octubre al sábado 24, la Secretaría de Salud reportó mil 414 nuevos contagios de Covid-19 en el estado y 105 muertes a causa de la enfermedad; cifra superior a las últimas semanas de septiembre, para dimensionar. No solo eso, la entidad a punto se ubica de regresar al semáforo rojo de riesgo epidémico nacional, y en Torreón hay 242 hospitalizados: el número más alto en lo que va de la epidemia.

Ahora bien, ¿el fenómeno es achacable a las votaciones o hay más factores que intervienen? Por lo que directamente corresponde al asunto electoral: ¿quién es el responsable? ¿El INE que reactivó en plena emergencia sanitaria el proceso previamente suspendido? ¿O el IEC que organizó y ejecutó las etapas decisivas?

A continuación algunas luces para entender el contexto sanitario de la “fiesta democrática”.

Por adjudicación directa y pagando un evidente sobreprecio, el Instituto Electoral de Coahuila, compró en 9 millones 545 mil 640 pesos los kits antiCovid que fueron utilizados durante la jornada electoral a Laing International Business Solutions, sociedad civil encabezada por el ciudadano canadiense Ethen Emmanuel Laing, sin experiencia en el negocio y representado por exfuncionarios panistas del municipio de Saltillo en el cuatrienio 2014-2017.

El 5 de septiembre, fecha en que oficialmente inició la campaña electoral, el IEC formalizó el contrato identificado con el folio AD-SG-020-2020, sin una licitación pública o invitación a cuando menos tres personas como señala la Ley de Adquisiciones y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila. La entrega de los productos se pactó para el 26 de septiembre.

Se trató de 3 mil 900 paquetes, uno por cada casilla electoral y un sobrante para reposición, considerando una proyección de tres mil 828 centros de votación. Eso significa que cada kit, compuesto por elementos genéricos a granel como 1 litro de gel antibacterial, un paquete de 200 cubrebocas desechables, cuatro caretas protectoras, dos paquetes de toallitas, un bote de aerosol y dos litros de líquido desinfectante, tuvo un costo de dos mil 448 pesos, lo cual representa un sobreprecio de por lo menos el 100%: el doble de su valor en el mercado al menudeo, ya no se diga una mejor oferta al mayoreo.

Con solo 3 mil pesos de capital social, de acuerdo con la escritura pública 193 pasada ante la fe del Notario 10 en Saltillo, Guillermo H. González González, la persona moral beneficiada, Laing International Business Solutions, fue constituida el 8 de agosto de 2013; un mes después de que Isidro López ganó la elección de Ayuntamiento (más adelante sabrá por qué es importante este dato).

La empresa fue creada con el objeto social de brindar asesoría contable y financiera, y principalmente suministrar maquinaria y equipos a la industria. No tiene, entre sus atribuciones, relación alguna con productos de limpieza, higiene y protección personal. Un porcentaje de 3.34% pertenece a Dora Alicia Martínez Garza, de 31 años al momento de su constitución, y el 96.66% restante a Ethen Emmanuel Laing, con domicilio en la colonia San José de los Cerritos, de Saltillo.

Laing, a su vez, es dueño al 90% de la sociedad mercantil Laing Manufacturing International, S.A. de C.V., creada el 21 de enero de 2009 con el objeto social de fabricar y reparar piezas y materiales para equipos y maquinaria industrial, enfocado a la zona de Ramos Arizpe.

En la compañía, Adrián Ortiz Gámez, quien fue Tesorero Municipal durante la Administración de Isidro López Villarreal, funge como comisario del órgano de vigilancia; María Alicia García Narro, exsecretaria del mismo Ayuntamiento, es apoderada legal, y Sofía López Naranjo, hija del exalcalde de Saltillo y Lourdes Naranjo, expresidenta del DIF, es su apoderada general desde el 18 de mayo de 2010.


Cortita y al pie

No es la primera ocasión, en el transcurso del proceso electoral que concluirá cuando se resuelvan las últimas impugnaciones, en que el IEC adquiere insumos con sobreprecio.

En marzo, antes de que se decretara la suspensión debido a la pandemia, pagó 39 millones de pesos por los mismos paquetes electorales (urnas, mamparas, lápices y cajas) que, un año atrás, para la elección de 2018, le habían costado la mitad (como se publicó en este mismo espacio el 15 de marzo).

El mismo mes adquirió a una sociedad mercantil con características de facturera, equipo de cómputo para el PREP en 2 millones 372 mil pesos, inflando la operación al doble de su valor en el mercado (y aquí se dio cuenta del tema el 7 de junio).


La última y nos vamos

Si bien establecer una correlación entre las compras del IEC, sus protocolos de seguridad sanitaria y Covid-19, es difícil aún para los epidemiólogos debido a lo complejo del comportamiento humano y del propio virus, hacer negocio con los recursos públicos tiene un costo indirecto, peligroso en las circunstancias actuales: la corrupción mata.

Nos encontramos ante un hecho inédito: votaciones en medio de una pandemia. Renovación periódica del poder, Legislativo en este caso, aun con emergencia sanitaria.

Coahuila –e Hidalgo– servirá entonces de laboratorio en tiempo real. Especialmente hoy, durante la jornada electoral diferida 127 días desde su fecha original, será observado el comportamiento ciudadano, la participación, protocolos de actuación, los errores en el proceso y especialmente las consecuencias. Experiencias a usarse, y no repetirse de ser posible, en la megaelección de 2021 (donde –en mayor o menor medida– el coronavirus seguirá presente).

Fueron 40 días de campaña. Y no fueron creativas ni virtuales como se había prometido dadas las circunstancias. Por el contrario, vimos lo mismo de siempre: candidatos tratando de mimetizarse con un pueblo que no entienden ni conocen a profundidad, a fin de que este se proyecte en ellos y les vote.

Un disfraz.

Poco que destacar dentro de sus promesas: lugares comunes, temas que no son de su competencia, legislación que ya existe y ofrecimientos irrisorios como medicamentos que curen la Covid-19 (los cuales no han sido inventados al momento de redactar esta columna, por lo demás).

De hecho cualquier propuesta de cualquier candidato se queda corta si lo comparamos con Érick Rodrigo Valdez Rangel: un ciudadano sin cargo público ni motivaciones o intereses de grupo que acumula en la presente Legislatura alrededor de 100 iniciativas presentadas en el Congreso del Estado, algunas de las cuales han completado satisfactoriamente el proceso legislativo convertidas en ley. Cualesquiera de los que están, y cualesquiera de los que llegarán, se quedan cortos en producción legislativa.
No hay quien supere a Erick Rodrigo, de 26 años. Su irrupción de la nada vino a demostrar con guante blanco lo inútil que resulta el trabajo de un legislador.

Lo inútil, sin embargo, no quita lo necesario. Fundamental, más bien. Representado en 25 curules: 16 por mayoría en igual número de distritos electorales, y nueve por representación proporcional, de acuerdo con el porcentaje global de votación obtenido.

No obstante los partidos políticos de “oposición” no parecieran tomárselo en serio. Repiten los mismos errores elección tras elección, año tras año. Tropiezan con la misma piedra, topan con la misma pared. El PRI, en cambio, mantiene un modelo estructural quirúrgico, inalterable aún en la era digital de las redes sociales y contra una aplanadora en la Presidencia de la República circulando en sentido contrario. Su maquinaria funciona especialmente para ganar diputados locales utilizando estadística y comportamiento electoral aplicado a su máxima expresión. El margen de error es mínimo.

Competir contra ellos y posteriormente culpar por los resultados obtenidos a los propios electores, a los medios de comunicación o al dinero público es muy fácil. Descargar en otros la responsabilidad y no asumir la propia es pueril y malintencionado. No todo se reduce a un asunto de voluntades y apatía. Autocrítica es lo que falta. Y honestidad intelectual, sobre todo.

Cabría preguntarse, por ejemplo, por qué siempre los barren en las elecciones denominadas intermedias. O por qué a pesar de los resultados negativos continúan haciendo lo mismo. Por qué depender de circunstancias externas al azar y no generarlas con trabajo diario. Por qué aparecen solo cuando hay campañas, como si eso fuera suficiente para ganar, y ya cuando llevan una desventaja considerable, pese a que reciben prerrogativas conocidas como recursos para actividades ordinarias permanentes a fin de promover el voto todo el año. Por qué no atreverse a romper el círculo vicioso. Por qué aferrarse a las migajas y los moches, y no competir en tiempo y forma.

Dice mucho de un partido político, supuesto agente ideológico de un sector de la población, que no pueda completar y acreditar representantes electorales en 3 mil 828 casillas. Dicho de otra forma: si entre una lista nominal de 2 millones 220 mil ciudadanos no pueden convencer a 3 mil 828 de que les representen un día, entonces qué hacen; para qué sirven.

No es un tema menor: implica en el fondo no tener ojos en los centros de votación; el lugar más importante del proceso electoral. Así su presencia se vuelve meramente testimonial.

Los presuntos “opositores” legitiman el juego político en la entidad con su participación, ya sea por candidez o con malicia; para figurar personalmente, crear un precedente que sirva como currículum vitae, ganarse unos pesos no invertidos en campaña, o con la profunda convicción de que solo con colocar su fotografía en una publicidad, y distribuirla aleatoriamente por una determinada circunscripción electoral, una mano invisible hará que ganen una elección. Nada más alejado de la realidad. No es una fiesta democrática ni hay espacio para los milagros.

Hoy ocurrirá una votación atomizada entre 11 diferentes emblemas, sin alianzas ni coaliciones entre sí. No había terreno legal para suspenderla hasta 2021, considerando que los legisladores están obligados a tomar protesta el 1 de enero. Morena y PAN, por su parte, apostaban a que no habría elección en 2020 sin considerar que la del próximo año, y particularmente su árbitro electoral, necesitaba un conejillo de indias. Error de cálculo.

Cortita y al pie

Las elecciones de 2020 fueron lo mismo de siempre pero con cubrebocas. Hubo eventos masivos, se rompió la sana distancia, entre otros vicios mayores y consuetudinarios. La única diferencia es que antes los candidatos se lavaban las manos con alcohol después de saludar a la gente, y ahora lo hacen y es socialmente aceptado.

La última y nos vamos

Hay covifiestas y covidiotas. También covielecciones. Históricas por las circunstancias, aunque de rutina por los resultados. Al tiempo.

El pasado 16 de agosto se publicó en este mismo espacio que al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés le fue autorizada, en solo 72 horas de plazo, una licencia de uso de suelo para fraccionar un predio de 23 mil 253 metros cuadrados en el centro de Arteaga, y convertirlo en un proyecto habitacional con densidad media baja, como consta en el oficio 06A/211/18U de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro del Municipio, tramitado por la sociedad mercantil de su propiedad: Negocios Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio, S.A. de C.V.

Sin embargo, ahí no acabó el asunto y, en sentido contrario a la crisis económica y la contracción del gasto debido a la emergencia sanitaria, el negocio va. Así, entre julio y agosto, meses con la mayor cifra de contagios y muertes por Covid-19 hasta el momento en Coahuila, le fueron concedidas fast track por Alfonso Treviño Medrano, director de Desarrollo Urbano y Catastro, el mismo día de su presentación, 16 licencias de construcción para edificar el mismo número de casas en los desarrollos conocidos como Residencial San Joaquín y Residencial Villalba del Pueblo Mágico.

Se trata de 15 viviendas de 154.76 metros cuadrados y una más de 212.72, valuadas en un millón 775 mil pesos y 2 millones 324 mil a la venta, respectivamente, y cuya preventa comenzó en marzo de 2020, de acuerdo con su información promocional de Facebook; las obras, dicho sea de paso, deberán ser concluidas en un plazo máximo de 180 días contados a partir del 16 de julio. Es decir, a más tardar el 12 de enero de 2021.

Ahora bien, considerando que un mismo perito responsable identificado como “Arq. Sergio G. Samaniego Ortegón”, según documentos en poder de quien esto escribe, efectuó la verificación de los predios, es administrativamente imposible que esta haya sido gestionada, tramitada y liberada en menos de 8 horas laborales. Tema de praxis, aunque no deja de ser importante.

Cabe señalar una vez más que la persona moral Negocios, Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio, S.A. de C.V. fue constituida en Saltillo por Marco Aurelio Morales Muller y Samuel Rodríguez Martínez por partes iguales el 5 de octubre de 2007, con el objeto social de diseñar encuestas y vender publicidad, entre otros. Posteriormente fue cedida el 3 de octubre de 2012 al exmandatario estatal y su hijo, Rubén Humberto Moreira Guerrero, actual presidente y representante del partido político local Unidos, quienes poseen 90 y 10% de las acciones, respectivamente.

Además fue modificado el objeto de la sociedad el 17 de julio de 2018 para dedicarse al servicio al público de bebidas alcohólicas, venta de banquetes y organización de todo tipo de eventos sociales. A su vez, inmerso entre un abanico de 54 diferentes actividades tentativas a realizar sin relación entre sí, tales como adquirir derechos sobre señales de televisión que se generen en el extranjero, destaca “proyectar, construir, urbanizar, lotificar y desarrollar por cuenta propia o de terceros, previa la obtención de las licencias y autorizaciones legales correspondientes, toda clase de fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios en inmuebles de su propiedad, destinándolos a su comercialización o arrendamiento”. Justo a lo que ahora se dedican Moreira Valdés y Moreira Guerrero.

Este último, sin acusar a nadie en particular aunque con un mensaje político a propósito de las campañas electorales en curso, se quejó en días pasados mediante una publicación de Twitter: “En Arteaga hemos recibido amenazas, están quitando lonas y atacando a los compañeros. Nosotros seguimos con propuestas y sembrando esperanzas”.

Y principalmente con las inversiones, le faltó decir.

Como se recordará, el exfuncionario estatal Desiderio Nájera Zamarrón figura en Negocios, Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio, S.A. de C.V. como apoderado legal, y en el partido político Unidos que participará el 18 de octubre en su primera elección, en cambio, funge como “responsable del órgano interno de administración”.


Cortita y al pie

Por si fuera poco, aún hay más inmuebles en la cartera. En la sierra de Arteaga, a 3 kilómetros de San Antonio de las Alazanas, saliendo rumbo a Bosques de Monterreal, el exchofer y excoordinador de giras de Humberto Moreira, Nicolás “Nico” Gallegos Morón, administra un complejo de cabañas denominado “Campestre Dos Encinos” o “Campestre Los Encinos”, el cual se compone de construcciones rústicas valuadas en 5 millones de pesos, de acuerdo con la Dirección de Fomento Económico y Turismo del Municipio encabezada por Gabriel Urzúa Martínez, construidas apenas en 2019, las cuales se rentan a particulares hasta por 5 mil 600 pesos la noche.



La última y nos vamos

Algo sucedió que a partir de 2018, ya sin Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República ni Rubén Moreira Valdez en la gubernatura de Coahuila, Humberto comenzó a sacar el guardadito del colchón luego de seis años sin actividades económicas a cielo abierto, e invertirlo en desarrollos inmobiliarios como se ha dado cuenta reiteradas ocasiones en este espacio.

Actualmente los expresidentes están en la picota gracias al escarnio público avivado por el Gobierno de la cuarta transformación, pero, ¿y los exgobernadores? ¿Alguien se ocupa de ellos?

Poco que destacar en 30 días transcurridos de las actuales campañas electorales en Coahuila. Sin embargo no hay que perder de vista que más de un Moreira participa en el proceso, con las implicaciones políticas que dicha circunstancia significa.

Uno de ellos, Rubén Humberto Moreira Guerrero, presidente del partido político local UNIDOS –de reciente creación en 2019– ha expresado la que hasta ahora se antoja más extravagante y poco asequible promesa, entre el marasmo de ofrecimientos erróneos o reiterativos en los 16 distritos en disputa: “internet y tablets gratis para todos”.

Y si bien UNIDOS ha dicho el qué y el por qué, no ha explicado el cómo ni el cuándo, mucho menos a quién, las preguntas verdaderamente importantes de la que pretende convertirse en iniciativa. Tampoco es un tema nuevo.

Cuando el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, subarrendó el extinto emblema del Partido Joven –desaparecido luego de las elecciones de 2017– para postularse como candidato a diputado plurinominal, su principal propuesta legislativa había sido precisamente esa, aunque limitada al magisterio: “computadoras personales con acceso a internet para maestros, y tablets para alumnos”, ambas asignadas gratuitamente mediante una ley aprobada en el Congreso del Estado.

En su defensa se puede argumentar que se trata de una necesidad no resuelta y por tanto es necesario insistir; no necesariamente representa reciclar propaganda en 2020. Pero también hay evidencia que mueve a la suspicacia.

El 5 de noviembre de 2019 fue constituida en Saltillo la sociedad mercantil Nuni Coahuila TV Internet, S.A. de C.V. en la notaría 74 de Luis Ramos Escalante. Mismo notario público que, con cuatro meses de diferencia, creó la persona moral Coahoxe, S.A. de C.V., la cual pertenece al 99% (como se ha escrito antes en este mismo espacio) a Humberto Moreira.

La empresa Nuni Coahuila TV Internet, S.A. de C.V. registra como sus dueños por partes iguales a los dos empleados más fieles de Moreira Valdés: su exchofer y excoordinador de giras durante la efímera etapa en el PRI nacional, Nicolás “Nico” Gallegos Morón, y el exfuncionario estatal Desiderio Nájera Zamarrón, al 50% de las acciones cada uno. Este último funge además como administrador único, y a su vez figura en el órgano de vigilancia en la mencionada Coahoxe, S.A. de C.V.

Al mismo tiempo Nájera Zamarrón es representante de Unipolares y Espectaculares del Norte, S.A. de C.V., y apoderado legal de Negocios, Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio, S.A. de C.V., ambas razones sociales propiedad de Humberto Moreira Valdés y su hijo Rubén Humberto Moreira Guerrero, como también se ha señalado aquí en el pasado.

Por si fuera poco, Desiderio es “responsable del órgano interno de administración” del partido UNIDOS. Es decir, existe una innegable relación empresarial –por llamarla de alguna manera– con la familia Moreira.

Y aquí viene lo interesante. Entre otros propósitos, tales como “explotación de estaciones de radio y televisión” o “la compraventa de toda clase de bienes susceptibles de comercio” (tablets, por ejemplo), Nuni Coahuila TV Internet, S.A. de C.V. tiene por objeto social “proporcionar el servicio de conducción de señales de telecomunicaciones al público en general, tales como televisión, telefonía e internet”. Sí, leyó usted bien: internet.

Ahí es donde se cierra la pinza. Por un lado plantean la necesidad y por el otro “resuelven” el problema. Con recursos públicos, lógico.

Cortita y al pie

Naturalmente proveer la conexión a particulares requiere –además de una inversión considerable en tecnología, lo cual genera cuestionamientos acerca del origen del dinero en este caso– una concesión previa del Instituto Federal de Telecomunicaciones, algo que no se obtiene de la noche a la mañana.

Y dicho proyecto empata con “internet para todos”; uno de los compromisos presidenciales de López Obrador que, si no sucede nada extraordinario, estima cumplir progresivamente hasta 2024.

Ambas circunstancias dificultan que llegue a buen puerto la iniciativa de UNIDOS, suponiendo sin conceder que logre representación en la próxima Legislatura, o conserve su registro como partido político, pues requiere por lo menos el 3% de la votación válida emitida para mantenerlo (alrededor de 20 mil votos, cifra muy accesible proyectando una participación electoral inferior al 30 por ciento).

La última y nos vamos

Ahora bien: ¿se podría dar un trasvase de votos el 18 de octubre de un partido a otro? Dicho de otra manera: ¿alguien le podría dar un “empujoncito” a UNIDOS para que sobrevivan? Nadie en su sano juicio lo promovería y mucho menos lo ejecutaría, particularmente con la incertidumbre que genera el comportamiento en la histórica jornada electoral dentro de una pandemia.

No hay certezas; ninguno de los 11 partidos regalará nada. Ahí está el detalle. Pese a ello las directrices del plan ya fueron trazadas: “internet y tablets gratis para todos”. Negocio redondo.

La Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila adjudicó 7 millones 792 mil 500 pesos por concepto de “box lunch” para beneficio de una infraestructura hospitalaria temporal en Ciudad Acuña, a una razón social de Saltillo de reciente creación, constituida exclusivamente para el “comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo”, y que pertenece –en el papel– a un promotor deportivo de box.

Si lo anterior es extravagante, la justificación de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS para contratar a ella directamente, sin licitación pública de por medio, ni siquiera invitación a cuando menos tres personas como señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es absurda: “evitar que se alteren los servicios de salud derivados de la propagación del virus SARS-CoV2 (Covid-19) ante el creciente número de ciudadanos diagnosticado”.

Cabe señalar que la cantidad estimada en 7 millones 792 mil 500 pesos como monto máximo fue adjudicada el 11 de agosto, según el documento identificado con el folio AA-050GYR026-E243-2020, y ahí mismo se proyectó la firma del contrato “aproximadamente para el 21 de agosto” como un “mecanismo de respuesta ante la presencia de una emergencia sanitaria, ya que no se cuenta con la infraestructura necesaria para la elaboración de alimentos dentro de la unidad médica”.

El proveedor favorecido, “Barba Producción y Promoción”, es una sociedad mercantil simplificada, constituida el 2 de octubre de 2018 en Saltillo, con domicilio fiscal en la colonia Villa Olímpica de la capital, cuyo objeto social es el “comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo” y su accionista único es Rodrigo Barba Velázquez, con 20 títulos que suman 10 mil pesos de capital.

Aunque el IMSS dictaminó que “cuenta con capacidad suficiente para la prestación del servicio de alimentos subrogados en el municipio de Acuña”, lo cual presupone tres entregas de comida diarias de lunes a domingo “para pacientes y personal médico, conforme a las necesidades del Hospital General de Zona 92” en el periodo comprendido entre la segunda quincena de agosto y diciembre de 2020, su nula experiencia en el sector y el acta constitutiva de la persona moral dicen lo contrario.

Barba Velázquez, como antecedente más próximo, participó como promotor en eventos auspiciados en 2018 y 2019 por el Ayuntamiento de Saltillo a través del Instituto Municipal del Deporte, que dirige Antonio Cepeda Licón, como una función de lucha libre AAA y otra de “sábados de box”, ambas transmitidas por Televisa con el patrocinio del Municipio.

Por otro lado, en un comunicado del IMSS publicado el 15 de agosto donde informa que activó el área Covid-19 del Hospital General de Zona 92, con una disponibilidad de 50 camas para atender a pacientes con dicha enfermedad, afirma que posteriormente llegarán “al funcionamiento total de los servicios para los que fue construido”, situación que permitirá “ponerlo en marcha e inaugurarlo próximamente”, sin comprometerse a fijar una fecha, pues desde 2017 es edificado por las empresas Sacyr Construcción y Alvarga Construcciones.

Es decir, su capacidad actual no rebasa el número de 50 atenciones en el peor de los escenarios: durante un momento de saturación, que a la fecha no se ha presentado en ningún momento.

Y si bien Ciudad Acuña tuvo un crecimiento exponencial de contagios detectados en julio, mismo que motivó a tomar acciones emergentes, como agilizar los trabajos en la infraestructura del IMSS inconclusos para ser utilizada, en los últimos dos meses disminuyó considerablemente la prevalencia, al grado de tener solo siete hospitalizados al día de ayer, seis antier y solo cinco el pasado 24 de septiembre.

Es importante destacar que no necesariamente se trata de casos adscritos al Seguro Social, pues existen otras 92 camas en el municipio que no corresponden a este.

En todo septiembre, para dimensionar, Acuña no ha superado los 18 hospitalizados (específicamente los días 4 y 5 de septiembre).

Cortita y al pie

Naturalmente hay que prevenir, pero resulta escandalosa la cifra de casi 2 millones de pesos al mes que se destinó a “box lunch”; alrededor de 65 mil pesos diarios, considerando un precio unitario pactado en 125 pesos por “platillo” (como unidad de medición oficial). Lo anterior equivale a 520 raciones al día para 173 inexistentes personas al día de hoy.


La última y nos vamos

Por lo demás, ¿cómo se justifica entonces el dispendio en el gasto público?, por llamarle de alguna manera.

No es un asunto de grilla política, cálculo electoral o inminente corrupción. Hay que decirlo con claridad más allá de filias y fobias: Coahuila sí requiere un presupuesto de egresos 2021 que corresponda con sus necesidades actuales. Asequible, no extravagancias ni excesos, mucho menos derroche. Pero sí lo justo.

Si bien es un tema técnico y de números que deberá ser aprobado en la Cámara de Diputados antes del 15 de noviembre, de fórmulas matemáticas ininteligibles para la mayoría, como producción de la riqueza, participación voluntaria de nuestra entidad en el concierto federal y devolución de recursos, también es un asunto de equivalencia.

A veces se olvida que seguimos en un punto sin certezas en medio de una pandemia. No hemos salido de la primera oleada y ya se anticipa un rebrote de contagios de Covid-19, con el Producto Interno Bruto nacional disminuido 18.9% a raíz de una crisis económica sostenida debido a la parálisis financiera que produjo la emergencia sanitaria y el confinamiento. Es obvio que habrá menor recaudación el próximo año, y endeudarse a largo plazo para Coahuila está vedado. Aquí es donde cambia la historia.

En dicho escenario, el Gobierno del Estado requiere transferencias de la Federación, pues hoy más que nunca es necesario. No sirve achicarlo ni reducirlo a su mínima expresión, como irónicamente se haría en el modelo neoliberal que hoy, en palabras del Presidente, ha sido desterrado pero en los hechos está más vivo que nunca.

Se puede ser empático con el sur del país, particularmente con su pobre desarrollo económico y sus innumerables necesidades históricas, y se puede estar de acuerdo, o no, con las inversiones multianuales y multimillonarias que allá se realizan con presupuesto federal desde 2019. Pero también se puede exigir equilibrio y responsabilidad con Coahuila ya que una cosa no condiciona la otra. Estirar la cobija para cubrir algunos sectores termina por descobijar a otros.

Hay rubros del presupuesto que no se pueden recortar y mucho menos desaparecer, como salud, seguridad o educación. El ramo educativo, para dimensionar, absorbe alrededor del 40% del gasto total y ya está comprometido de antemano (piense usted, por ejemplo, en las pensiones del magisterio logradas luego de tres décadas de trabajo). Parece obvio señalarlo, pero se trata del funcionamiento básico y mantenimiento de obligaciones; una rectoría en ciertas áreas y continuidad en otras que no es necesariamente negativa. No todo se tiene que reinventar o transformar cada sexenio. Mucho menos cada ciclo anual. Es algo que va más allá incluso del administrador actual, representado por la Secretaría de Finanzas. Empobrecer servicios públicos puede ser un asunto de vida o muerte, en las circunstancias actuales. No tener acceso a fondos etiquetados para infraestructura social como anteriormente se tenía, por ejemplo, disminuye la calidad de vida de sus habitantes y por tanto de la comunidad, nuestro entorno más próximo.

Es un hecho: la vía del diálogo institucional y los canales de comunicación utilizados para lograr el cometido no ha dado frutos. La Alianza Federalista constituida por los 10 gobernadores que desertaron de la Conago predica en el desierto. Y más allá de lo obvio (que no tienen autoridad sobre la Secretaría de Hacienda ni mayoría partidista en el Congreso de la Unión, los factores reales de poder para modificar por sí mismos el presupuesto para 2021) un fenómeno que les afecta es el dominio del discurso en la agenda pública. No ha sido asertiva la forma de comunicar a la opinión pública sus motivos y exigencias, pese a ser legítimos y fundados, y por tanto no son acompañados por la mayoría de ciudadanos. Tampoco sirve exaltar el regionalismo hacia una balcanización del país. En ese terreno el Presidente sigue siendo un hábil comunicador pese a las incongruencias y dislates, cada vez más frecuentes conforme avanza el calendario.

Aunque se vende como un ejercicio de austeridad en el gasto público, en realidad se trata de una imposición a través del autoconvencimiento generalizado. “Para que no se lo roben los gobernadores es preferible que no les den más”. El argumento anterior aviva un resentimiento, es elocuente y reduccionista por tanto fácil de asimilar, sin embargo de dogmas y fundamentalismos no se vive. No todo el tiempo, por lo menos. En Coahuila somos 3 millones de habitantes y una eventual disminución del presupuesto, como se advierte del anteproyecto presentado por Hacienda, afecta por igual a todos los municipios, independientemente si son gobernados por PRI, PAN, Morena o UDC.

Justo es decirlo: los apoyos sociales no sustituyen al Gobierno. Transformar el aparato gubernamental en puntos de reunión con dinero en efectivo, sin intermediarios, para que la mayoría alcance algo, es una visión patrimonialista, paternalista y peligrosa. Una pretendida –y mal entendida– justicia social a cambio de dinamitar lo construido en el pasado.

Y lo recortado, por lo demás, no lo van a suplir con trabajo las delegaciones federales en Coahuila: apocadas y descabezadas como no hay un antecedente cercano.



Cortita y al pie

Durante la última visita del Presidente de México al estado, el 26 de agosto en Torreón, afirmó que los gobernadores de Coahuila y Durango, “tienen derecho legítimo a solicitar más recursos, pues esa es su función, o parte de su trabajo: ‘velar porque lleguen recursos a sus estados; los dos lo hacen muy bien en ese sentido; nada más que somos parte precisamente de un sistema federal, de una República, y tenemos que manejar las riquezas de México con equidad, con honestidad… cuidar el presupuesto público, que es dinero del pueblo’”.

Esa idea franciscana, más apegada a la moral religiosa (“poquito porque es bendito”) que a los principios básicos de administración pública.



La última y nos vamos

Nos encontramos ante una situación excepcional y atípica donde no hay cabida para la mezquindad y las medidas presuntamente punitivas en el presupuesto. Tampoco para la inercia ni las acciones ordinarias.

Las siguientes semanas serán definitivas y se requiere no despegar el dedo del renglón. Pero si el Presidente y sus interlocutores no escuchan, mucho menos secundan, se vislumbra un 2021 complicado para Coahuila, no para un partido político en particular. Así de sencillo.

En septiembre inició el tercer y último año de la Legislatura 64 en la Cámara de Diputados, y arrancó también el proceso electoral federal para renovar curules el próximo 6 de junio de 2021. Eso significa que sus integrantes actuales, 11 de los cuales representan a Coahuila, ya van de salida rumbo a la intrascendencia y el posterior olvido: el ciclo habitual del legislador –salvo contadísimas excepciones– en el Congreso de la Unión.

No es que a muchos interesen sus proposiciones e iniciativas de ley o el sentido de sus votos en temas coyunturales para la nación, pero llama la atención un representante en particular, Rubén Moreira Valdez, debido a una disonancia cognitiva: es presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, una de las 46 ordinarias que hay en la Cámara de Diputados, sin embargo no ha viajado una sola vez a Estados Unidos en dos años de funciones.

Y si lo relacionado con la franja fronteriza, o sea con nuestro principal vecino comercial, no supone la necesidad de trasladarse por lo menos una ocasión a dicho país por motivos de trabajo, entonces de qué se trata la supuesta relación internacional.

Si le parece sesgado o injusto el señalamiento, sepa que su actuación es aún más pobre desde otro parámetro: la productividad. Apenas siete asuntos turnados en dos años, de los cuales cuatro fueron desechados, dos están pendientes de resolución y uno fue aprobado. La nada. Papeleos inútiles.

La Comisión de Asuntos de la Frontera Norte ha celebrado 10 reuniones ordinarias, de rutina, la última de ellas el 30 de octubre de 2019; hace casi un año. Cuenta con 20 legisladores integrantes y ha elaborado dos informes semestrales, correspondientes a los plazos octubre 2018-febrero 2019, y marzo-agosto de 2019. A partir de la fecha referida, es decir, en los últimos 365 días, ya no hubo nada qué informar.

En defensa de sus intereses podrán argumentar austeridad. Que siguiendo la doctrina del Presidente de la República –ajá– ya no hay dispendio en giras al extranjero como anteriormente se hacía, pese a que el Poder Legislativo es independiente y autónomo para tomar sus propias decisiones y darse su presupuesto anual. También podrán apelar a la tecnología para comunicarse sin necesidad de traslados y acudir presencialmente a Estados Unidos. Y finalmente tienen a su favor la pandemia de 2020 como excusa perfecta para la inacción.

En el papel, no obstante, Rubén Moreira representa los intereses de seis estados fronterizos en estricto sentido. Siete, si sumamos –como oficialmente se hace– a Baja California Sur.

A Coahuila, para dimensionar, le ha quedado a deber como legislador así como le quedó a deber como Gobernador. Ni él ni Lenin Pérez Rivera, quien originalmente lo propuso en un par de ocasiones, lograron incluir a la Región de los Cinco Manantiales en la “Zona Libre de la Frontera Norte” y los beneficios fiscales que implica su integración.

Y aquí llegamos al punto de siempre: el poder de las mayorías sobre las individualidades. No la razón política o la verdad legal. Basados en lo anterior, qué podríamos esperar acerca de las gestiones que realice Moreira de aquí al 15 de noviembre para que –por citar un ejemplo– Coahuila reciba un presupuesto de egresos superior al planteado en el anteproyecto de Hacienda para 2021.

Naturalmente se necesitaría el apoyo de los otros 10 legisladores que representan al Estado (siete por mayoría relativa y cuatro más por representación proporcional; cinco de Morena, tres del PRI, uno del PT, un independiente y uno del PAN) y aún así es insuficiente, por no decir irrelevante. ¿A quién o a qué recurrir?

Cortita y al pie

Sí, eran otros tiempos, aunque su antecesor en el cargo como presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, el diputado Leonardo Amador Rodríguez (y posteriormente su suplente, Nicanor Martínez Olguín, representantes ambos del PRD por Poza Rica, Veracruz) viajó hasta Dubái. Antes de él, su predecesor inmediato fue Jaime Bonilla (hoy Gobernador por Baja California) representando al PT, quien residía en San Diego y por tanto no tiene conflictos para cruzar a Estados Unidos, por mencionar a los más recientes.

La última y nos vamos

Por lo demás, Rubén Moreira dejó de viajar a Estados Unidos desde junio 4 de 2013. Aquella última ocasión, todavía como Gobernador de Coahuila, con motivo de una gira por Detroit relacionada con la industria automotriz.

Actualmente no se acerca a la franja fronteriza de 3 mil 180 kilómetros que compartimos, ni siquiera a 100 kilómetros de distancia. ¿Por qué será?

Si usted habita en alguno de los 21 municipios de Coahuila que son gobernados por el mismo Alcalde o Alcaldesa desde 2018, esto le puede interesar.

Como recordará, los referidos presidentes municipales fueron electos por primera vez el 4 de junio de 2017, y el 1 de julio de 2018 por segunda ocasión. Eso significa que han cumplido ya con el mandato legal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Coahuila, y en el Código Electoral para el Estado de Coahuila.

Me explico. Los tres ordenamientos, cada uno en sus términos y jerarquía, permiten una “elección consecutiva” para un “periodo adicional”, que deberá ser “inmediato siguiente”. Textualmente, por tanto, no caben las dudas ni las lagunas jurídicas: no es posible una segunda reelección para un tercer mandato. Ni siquiera da lugar a la interpretación. En otras palabras: están impedidos para participar en una tercera campaña electoral sucesiva.

¿A qué se debe, entonces, el interés –o la iniciativa, según se vea– de competir una vez más y sustraerse a la renovación periódica del poder en los ayuntamientos?

No se necesita ser una lumbrera para saber que no existe piso parejo en la competencia y que presentarse a ella, pese al desgaste político y desprestigio personal, implica evidentes ventajas competitivas para los 21 alcaldes ubicados en el supuesto que nos ocupa, como disponer de los recursos públicos a su alcance o no tener que separarse del cargo mientras hacen campaña electoral, como sucede actualmente.

Así que si usted se replantea la pregunta formulada, la respuesta es simple: porque pueden y no quieren soltar el poder.
Y el camino a recorrer es el siguiente. Un edil en funciones deberá acudir al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y preguntar formalmente si puede participar como candidato en las elecciones de 2021, para el periodo 2022-2024.

En caso de recibir una respuesta negativa mediante acuerdo del Consejo General, puede impugnar esta vía un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral de Coahuila. Y si lo batean de nueva cuenta, tiene derecho a recurrir entonces a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) donde, debido a su importancia, el asunto podría ser atraído por la Sala Superior.

Cabría la posibilidad también de hacer una eventual reforma constitucional para reducir el mandato de tres a dos años en los próximos alcaldes, y que con ello no superen el plazo de un sexenio gobernando un Municipio, como marca la Constitución.

Ahora bien, cómo justificarían lo anterior los diputados locales, si eso significaría un traje a la medida de las necesidades de 21 ediles en detrimento de los 38 totales. Dicho de otra forma: una treta para empatar ambiciones particulares con la realidad, no para concurrir procesos electorales.

Sin embargo, al día de hoy tampoco se podría realizar, pues cualquier modificación a las reglas del juego se debe materializar 90 días antes de que inicie el proceso electoral, y este comienza ya en el ámbito federal el 7 de septiembre con la sesión del Instituto Nacional Electoral, y el próximo 1 de noviembre en el plano local con la sesión del IEC. Así que ya no hay tiempo y por ahí tampoco es.

Incluso podríamos indagar y buscar alguna rendija por dónde abrir una brecha y meterse al sistema electoral, no obstante no existe jurisprudencia aplicable pues el tema es relativamente nuevo y no ha ocupado sentar las bases para dirimir una controversia (la reelección, cabe señalar, nace de la reforma constitucional de 2014, misma que, en su exposición de motivos, permite ser edil hasta por dos períodos, “siempre y cuando el mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años”.

Es decir, crea una condición sine que non. Sin la cual no. De carácter obligatorio. Representa una restricción negativa, no amplía una oportunidad positiva. Así que la prohibición es precisa interpretada en sentido contrario, y no hay “principio pro persona” que valga. Por lo menos no en esta

materia.
Por lo demás, la de Ayuntamientos en 2017 no se trató de una elección con carácter extraordinario en Coahuila. Por el contrario: fue constitucional y ordinaria, así haya sido para emparejar procesos electorales a futuro y no tener votaciones por separado prácticamente cada año, como había ocurrido a partir de 2009. Lo extraordinario, pues, no se funda en el periodo atípico del mandato, sino en que las elecciones fuesen convocadas extemporáneamente por algún motivo de fuerza mayor.

Finalmente hay un precedente legal que con calzador se puede considerar lo más parecido al caso que nos ocupa, aunque de ninguna forma conexo. Y se trata de un antecedente que ocurrió durante 2017 en el municipio de Ahuacatlán, Nayarit, con José de Jesús “Chuyín” Bernal Lamas, alcalde (2014-2017) con aspiraciones a reelegirse por cuatro años más gracias a una disposición transitoria.

Pero esa, según la consideración de la Sala Superior en los expedientes SUP-JDC-101/2017 y SUP-JRC-63/2017 que votó a favor, fue una “situación excepcional”. Y nunca, en ningún momento, se habló en la sentencia de un tercer periodo, como en Coahuila se pretende.



Cortita y al pie

Si bien el interés en la reelección se centra en Saltillo, Torreón, Monclova y Ciudad Acuña, en la misma situación se ubican General Cepeda y Arteaga en la Región Sureste, Sabinas, Múzquiz y San Juan de Sabinas en la Carbonífera, Castaños, Frontera, Candela, Escobedo, Nadadores, La Madrid y San Buenaventura en la Región Centro, y Allende, Zaragoza, Jiménez, Guerrero y Nava en la Región Norte.


La última y nos vamos

En resumen: bajo diferentes circunstancias como el presupuesto anual a ejercer y número de votantes a gobernar, el fenómeno favorece a 11 alcaldes en funciones del PRI, siete del PAN y tres de la UDC. Sin una segunda reelección es más factible que haya alternancia de partidos políticos en cada municipio. Con esta, en cambio, continuidad y mantenimiento del status quo.

Ahí está el quid de la cuestión.

El miércoles pasado, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó en Gómez Palacio –ahora sí de manera formal, luego de mencionarlo durante varias visitas a la región– la iniciativa Agua saludable para La Laguna (uno de sus compromisos de campaña), la cual estaría lista “antes de que termine” la Administración, según sus palabras, con una inversión federal estimada en 9 mil millones de pesos.

De concretarse, para dimensionar, se trataría por consecuencia del proyecto más relevante para La Laguna de Coahuila (Torreón, San Pedro de las Colonias, Viesca, Francisco I. Madero y Matamoros) durante el Gobierno de la Cuarta Transformación pues el tema no es menor, sino un pendiente histórico, ya que la propia Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconoce “la alta y alarmante concentración de Arsénico en las fuentes de abastecimiento de agua potable” en la zona. Una emergencia sanitaria, otra, pero silenciosa.

El problema es que no ha comenzado de la mejor forma posible. De entrada, se requiere completar la cesión de derechos de agua en al menos 200 millones de metros cúbicos y actualmente se dispone solamente de 50 millones de metros cúbicos. Tres cuartas partes, pues, no cuentan aún con licencia social.

No obstante, lo anterior no sería un problema si se considera como ejemplo la experiencia del Tren Maya en el sur del país respecto a liberar los derechos de vía, y el avance de la obra pese a no tenerlos por completo.

Y aquí viene lo interesante. A través de la licitación pública nacional LO-016B00032-E19-2020 la Conagua inició un procedimiento para la contratación de los servicios de “estudio de diagnóstico, análisis de alternativas e ingeniería básica del proyecto y anteproyecto; estudio de factibilidad económica análisis (costo-beneficio); y estudio de factibilidad ambiental”.

No solo ya existen, sino que también son públicos. Semarnat y Conagua ya los elaboraron en marzo de 2020 y cualquiera podría descargarlos de la web. Incluso el análisis costo-beneficio data de febrero de 2018 y consta de 151 páginas. Fue realizado por la Subsecretaría de Egresos, Unidad de Inversiones, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Pero ahí no acaba el asunto. Primero canceló Conagua la licitación el 10 de julio, luego de concluir todas las fases y reunir todos los documentos necesarios, con 25 empresas participantes, las cuales fueron descalificadas por nimiedades. Y luego empujó una invitación restringida a tres personas, dirigida. También la declaró desierta el 14 de agosto.

Inexplicablemente se decantó por adjudicar de manera directa y tasar el negocio en 30 millones 440 mil 776 pesos, ya con IVA incluido, aún cuando había quien ofrecía sus servicios por 8 millones 948 mil pesos, sin IVA, como consta en el acta de apertura de proposiciones del 1 de julio.

¿Por qué adjudicar entonces 30.4 millones de pesos por algo que ya se hizo y que, en el mejor de los casos, deberá tomar como base lo ya elaborado? Es decir, copiar los resultados previamente obtenidos y presentarlos luego de 170 días de ‘trabajo’ (del 25 de agosto de 2020 al 10 de febrero de 2021) para su evidente aprobación.

Irónicamente, el pago se ejecutará con recursos del Fideicomiso1936 del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), uno de los cuales el Grupo Parlamentario de Morena pretendía extinguir en el último periodo legislativo, junto a otros, debido a su opacidad y discrecionalidad.

Finalmente, el 25 de agosto se firmó el contrato identificado con el folio 2360604 con las tres empresas adjudicadas directamente: Ingeniería y Gestión Hídrica, S.C., FRO ingenieros, S.A. de C.V., y Servicios y Consultores, S.C., todos de la Ciudad de México, con el argumento de una supuesta “capacidad de respuesta inmediata”.

Cortita y al pie

Ahora bien, en febrero de 2020 fue nombrado Germán Arturo Martínez Santoyo como director general del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte (OCCC) de Conagua, con sede en Torreón. Al mes siguiente comenzó entonces la licitación del proyecto que nos ocupa.

“Aunque pudo ayudarme en otras tareas, decidí que viniera a La Laguna a hacerse cargo de este proyecto”, dijo el titular del Ejecutivo durante su conferencia de prensa en La Perla de la Laguna del 26 de agosto, señalándolo como responsable total de la operación.

Martínez Santoyo, para contextualizar, es un veterano funcionario que fue director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México cuando López Obrador fue Jefe de Gobierno, de 2000 a 2005. Al estilo de la 4T.


La última y nos vamos

Nadie con dos dedos de frente podría estar en contra de una iniciativa que busca, en pocas palabras, que alrededor de un millón 800 mil habitantes dejen de envenenarse poco a poco, en pequeñas dosis, con el vital líquido que llega a sus hogares y están obligados a consumir.

Sin embargo lo que mal empieza mal acaba. Aunque si el Mandatario nacional se aferra como lo hace con el Tren Maya o la refinería Dos Bocas, donde las circunstancias y el contexto no son favorables, es posible que concluya el proyecto (“me canso ganso”). Que haya agua limpia, en cambio, ya es otra cosa.

En Saltillo, en este momento no hay otro asunto más relevante que el efecto causado por el coronavirus en su sociedad, sin embargo, el tema interesa cada día menos en la opinión pública. Nos encontramos, pues, ante la normalización del infortunio. De tanto comentar el tema se vulgariza, se desgasta, es cansino y eventualmente aburre; se trata del ciclo natural de la comunicación en general y la noticia en particular. Solo la novedad sorprende, atrae, atrapa.

En lo que va de agosto, para contextualizar, en la ciudad existen mil 723 nuevos contagios de Covid-19 y 140 fallecimientos a consecuencia, de acuerdo con los 22 reportes diarios de la Secretaría de Salud Estatal, correspondientes a los primeros 22 días del mes. De ellos, según la misma fuente, hay 879 casos activos.

Para dimensionar la gravedad: en 1918, cuando la epidemia de influenza española asoló el Municipio, el promedio de muertes mensuales fue de 170. Naturalmente se trata de otros tiempos y otras circunstancias, pero hay una correlación importante.

En defensa de Saltillo y sus autoridades en la materia, se pueden argumentar múltiples variables e incluso establecer un parangón similar con otras metrópolis del país y del mundo. Siempre se puede torcer el brazo a las estadísticas hasta que digan lo que queremos oír. También es cierto que la pandemia evidenció una sociedad enferma debido a la mala nutrición y un pésimo sistema nacional de salud.

Por otro lado, según el cristal con que se mire, 3 mil 185 casos acumulados de Covid-19 pueden representar poca cosa para un Municipio con 869 mil habitantes, aunque lo preocupante no es el número total, sino la velocidad de contagio, ya que superó los mil apenas el 20 de julio y en el último mes, no obstante, la cifra subió de mil 013 a 3 mil 185.

Al respecto, cabe señalar el trabajo realizado por la plataforma de información geográfica y monitoreo de casos positivos de Covid-19 por municipio, elaborada por la Coordinación de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En ese sentido, con base en datos abiertos y proyecciones, generan cuatro rubros de medición interesantes: casos positivos semanales, activos netos, defunciones semanales por cada 100 mil habitantes y dinámica de casos recuperados netos (déficit entre nuevos casos y recuperados).

Y aquí viene lo escandaloso: Saltillo ocupó el primer lugar nacional en todos los campos mencionados durante la semana que hoy concluye. Así como lo lee.

Lo irónico es que un mes antes de pronunciarse la curva, el 23 de junio, había sido publicada en la versión digital de la revista Forbes una disonancia cognitiva denominada “Modelo Saltillo: el desafío de enfrentar la pandemia de forma correcta”. Dicha iniciativa del Ayuntamiento encabezado por Manolo Jiménez fue calificada como “ejemplo nacional” al haber “conseguido contener de manera óptima la propagación de la pandemia”.

No extraña, pues ya es costumbre que desde la Presidencia Municipal se presuman con dinero público cosas que no somos y logros que no tenemos. Lo han hecho, por citar un ejemplo, las últimas tres administraciones independientemente de quien gobierne.

Cortita y al pie

Monclova, Torreón, Ciudad Acuña y Piedras Negras, cada uno en su momento, han desarrollado condiciones de alarma durante la emergencia sanitaria. En Saltillo se había ralentizado, hasta que el pasado 17 de agosto se reportaron 132 contagios: la cifra más alta para una jornada. A falta de nueve días para terminar el mes, y cuando a nivel nacional el escenario escaló a proporciones de catástrofe, como calificó en su día el epidemiólogo Hugo López-Gatell si rebasábamos las 60 mil muertes, no se ve todavía la luz al final del túnel. Por el contrario, más oscuro se pone conforme avanza el calendario.

Ayer, por ejemplo, Salud reportó la muerte de siete personas en Saltillo que no habían sido previamente diagnosticadas. Entre 57 y 84 años todas ellas. Se trata, pues, de casos no detectados y hay una explicación en ello: con el tiempo se ha gestado una nosocomefobia; dicho de otra forma: aversión a los hospitales por el temor a contagiarse dentro de ellos y eventualmente no recuperar los cuerpos. Y a menor detección a tiempo, mayor es la mortandad.

Lo anterior constituye un falso positivo: si el parámetro gubernamental para la reactivación económica y social es el número de camas disponibles en las instituciones médicas (públicas y privadas) para atender el virus, esto es relativo, pues las personas prefieren morir en casa y no ser hospitalizadas, ni mucho menos intubadas a un ventilador. Así pues, que no se saturen los servicios de salud no es un logro sino la consecuencia de un fenómeno.

La última y nos vamos

Desde los trascendentales contagios 13 y 14 correspondientes a médicos del IMSS, acontecidos hace cinco meses en Monclova, y que dieron pie a la transmisión comunitaria en Coahuila, no se había tocado el asunto del Covid-19 en este mismo espacio (Zócalo, 27/03/20).

Pero hoy se conoce mucho más del tema, inclusive del comportamiento del virus, hay experiencia y prácticamente todos tenemos un conocido, amistad o familiar dentro de los casi 20 mil casos oficiales que al día de hoy se contabilizan en el estado.

Qué más falta por hacer entonces y qué se debe rectificar. Porque no sé si se han dado cuenta, pero transitamos un punto de quiebre y no retorno. Es momento de definiciones y responsabilidades compartidas en los tres órdenes de Gobierno.

El 2 de agosto se publicó en este mismo espacio que Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila, fracciona una superficie de 2 hectáreas en el centro de Arteaga mediante la polémica empresa de su propiedad Unipolares y Espectaculares del Norte, S.A. de C.V., la cual fue usada como coartada en España para justificar ingresos y eludir la prisión en enero de 2016, ante una acusación por blanqueo de capitales.

El referido desarrollo inmobiliario, denominado San Joaquín Residencial, fue autorizado el 7 de octubre de 2019 vía el documento 06A/196/19U y se trata de un predio ubicado en la calle Redondeña, a dos cuadras de la Presidencia Municipal, publicitado como un fraccionamiento que comprende 7 mil 800 metros cuadrados de áreas verdes y 174 lotes en preventa, entre 210 y 290 metros cuadrados cada uno. Haciendo la suma, justo es decirlo, el tamaño total no representa la extensión real.

Pero sus negocios en el pueblo mágico ahí no acaban y lo más importante: no se detienen pese a la pandemia ni la crisis económica, ni la falta de certezas en el mercado.

A través de otra sociedad mercantil que le pertenece, denominada Negocios, Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio, S.A. de C.V., el 15 de octubre de 2019 inició la solicitud para cambiar el uso de suelo en un extenso terreno en el número 100 de la calle Conquián, también en el Centro del municipio, y construir en él un salón de eventos. El mismo día le fue autorizada la licencia por el director de Desarrollo Urbano y Catastro del Ayuntamiento, Alfonso Treviño Medrano, de acuerdo con el oficio 06A/201/19U en poder de quien esto escribe.

Y aún hay más. Previamente, el 16 de agosto de 2018, de igual forma durante la Administración del priista Everardo Durán Flores, le fue autorizada, en solo 72 horas de plazo, una licencia más de uso de suelo para fraccionar otro predio de 23 mil 253 metros cuadrados en el Centro de Arteaga, conocido como El Barrio, y transformarlo en un proyecto habitacional con densidad media baja, como consta en el trámite 06A/211/18U.

Así, entre los tres inmuebles identificados, Humberto Moreira posee una extensión de aproximadamente 50 mil metros cuadrados de tierra o, lo que es lo mismo, cinco hectáreas en pleno corazón de Arteaga. Sin embargo no se trata de posesiones inactivas dentro de un patrimonio individual, sino de tres proyectos inmobiliarios simultáneos que requerirían una inversión considerable para desarrollarse al mismo tiempo, lo cual no corresponde con alguien que desde 2011 fue forzado a dejar el servicio público, y cuenta desde 2016 con un ingreso por jubilación como profesor de 37 mil 128 pesos mensuales.

Por ello no es ocioso recordar la relevancia periodística del caso aunque Moreira ya no tenga cargo político. Y al respecto es pertinente citar la tesis constitucional XLI/2010 que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fija el alcance de los derechos al honor, la privacidad y la intimidad en las “personas públicas o notoriamente conocidas”, quienes “deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares, al existir un interés legítimo por parte de la sociedad para recibir, y de los medios de comunicación para difundir, información sobre ese personaje, en aras del libre debate público”.

Originalmente la persona moral Negocios, Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio, S.A. de C.V., fue constituida en Saltillo por Marco Aurelio Morales Muller y Samuel Rodríguez Martínez, por partes iguales el 5 de octubre de 2007, con el objeto social de diseñar encuestas y vender publicidad, entre otros. Posteriormente fue cedida el 3 de octubre de 2012 al exmandatario estatal y su hijo, Rubén Humberto Moreira Guerrero, actual presidente y representante del partido político local Unidos, quienes poseen el 90% y 10% de las acciones respectivamente.

Además fue modificado el objeto de la sociedad el 17 de julio de 2018 para dedicarse al servicio al público de bebidas alcohólicas, venta de banquetes y organización de todo tipo de eventos sociales. Ahora bien, inmerso entre un abanico de 54 diferentes actividades tentativas a realizar, sin relación entre sí, tales como adquirir derechos sobre señales de televisión que se generen en el extranjero, o vender publicidad en radio, destaca “proyectar, construir, urbanizar, lotificar y desarrollar, por cuenta propia o de terceros, previa la obtención de las licencias y autorizaciones legales correspondientes, toda clase de fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios en inmuebles de su propiedad, destinándolos a su comercialización o arrendamiento”.

Justo a lo que ahora se dedica.

Cortita y al pie

Por lo demás, como sucede con su empresa más reciente, Coahoxe, S.A. de C.V., la cual fue creada en Saltillo el 5 de julio de 2019, y con Unipolares y Espectaculares del Norte, S.A. de C.V., misma que pertenece a Moreira desde el 28 de noviembre de 2012, Desiderio Nájera Zamarrón, participa de la misma manera en Negocios, Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio, S.A. de C.V. El exfuncionario estatal funge como titular del órgano de vigilancia, representante, administrador único y apoderado legal, en ese orden.

En el partido político Unidos que participará el 18 de octubre en su primera elección, en cambio, figura como “responsable del órgano interno de administración”.

La última y nos vamos

Se ha mencionado aquí en otras ocasiones: 10 años después llegó la hora de sacar el dinero del colchón a como dé lugar. ¿Qué tan grueso estará el colchón?, es la pregunta.

El pasado 17 de mayo se publicó en este mismo espacio un contrato peculiar –por decirlo de alguna manera– celebrado entre el Ayuntamiento de Torreón, encabezado por el panista Jorge Zermeño Infante, y la empresa Viento de Bella Unión, S. de R.L. de C.V., quien se comprometió a entregar energía fotovoltaica para uso del municipio a cambio de 29 millones 823 mil 224 pesos, sin especificar si se trataba de un pago inicial, anual, o único.

Aunque había entonces un pequeño detalle identificado aquí: al momento de formalizar su obligación, el parque fotovoltaico desde donde proveerían, ubicado en la sierra de Arteaga, a 300 kilómetros de distancia de La Perla de La Laguna, no existía. Leyó usted bien: era inexistente. Situación anormal aún y cuando dicho centro de operación fungiría solo como “respaldo” a otro situado en Delicias, Chihuahua, el cual haría las veces de principal.

En atención a la columna titulada Energías Limpias, Contratos Sucios en Torreón: Otro Contrato por 30 Millones en el Aire, el abogado Cuauhtémoc Mejía Frías hizo llegar a la redacción de Zócalo el 21 de mayo una carta para exponer entre otras cosas, a nombre de las sociedades mercantiles Viento de Bella Unión y Desarrollos Solares Delicias, S.A.P.I. de C.V., que la planta ya estaba “en fase de construcción”.

Sin embargo, el 26 de junio en sesión de Cabildo el Municipio de Arteaga aprobó el dictamen para el cambio de uso de suelo, de agrícola a industria ligera, a fin de instalar en él un parque solar fotovoltaico que sería desarrollado por las empresas citadas, como consta en el acuerdo 293/040/2020.

Posteriormente, la Secretaría del Ayuntamiento certificó el documento, lo cual ocurrió el 3 de julio, y hasta el 14 de julio se difundió en el Periódico Oficial del Estado. Eso significa que antes de las fechas mencionadas no podía existir una obra en ese terreno (el cual ocupa una extensión de 120 y 128 hectáreas de un predio en la carretera Matehuala-Saltillo, km. 218, en un lugar conocido como Cerro de Enmedio, en el ejido Los Llanos, del Pueblo Mágico), como afirmó el representante legal de las personas morales en cuestión.

Lo interesante con la comuna de Arteaga, por otro lado, es que no hay congruencia ni siquiera en sus propios documentos públicos, donde constan sus actuaciones.

Existe una autorización de cambio de uso de suelo que data del 21 de febrero del presente año, identificada con el folio 06A/060/20U y en poder de quien esto escribe, la cual señala que fue ingresada una solicitud por la sociedad mercantil Viento de Bella Unión siete días antes, el 14 de febrero de 2020, y la dirección de Desarrollo Urbano y Catastro se la concede para uso agrícola. No para industria ligera. Curiosamente se otorgó el oficio, textualmente, “para los fines legales que al interesado convenga”. Como una carta de recomendación en sentido amplio, o un poder general, o un fuero. Pero en el acuerdo de Cabildo 293/040/2020, mencionado párrafos atrás, la Comisión de Desarrollo Urbano relata en cambio que la solicitud fue presentada por Viento de Bella Unión hasta el 25 de febrero de 2020.

Lo anterior es relevante pues justo ese día la Presidencia Municipal de Torreón falló a su favor la licitación CE-805035999-E01-2020 vía Eduardo Sáenz Herrera, director de Servicios Públicos, quien luego de una “revisión cualitativa” del caso manifestó que ambas empresas cumplían “con todos y cada uno de los requisitos técnicos solicitados”. Irónicamente, el punto 14.3 de las bases de la convocatoria exigía al proveedor “tener en operación comercial la Central Fotovoltaica”, situación que ahora sabemos que no cumplía y fue pasada por alto.

Sáenz Herrera, como se recordará, es el mismo funcionario vinculado al negocio particular con recursos púbicos (35 millones de pesos) usando como coartada la recolección de escombro, como se publicó los domingos 3 y 10 de mayo (Los Responsables del Millonario Negocio con el Escombro en Torreón).



Cortita y al pie

Cabe hacer mención que el contrato multianual aún no cuenta con la debida autorización del Congreso del Estado en los términos que fue firmado: por un periodo de 10 años (es decir, hasta 2030, trascendiendo la Administración actual y tres periodos más), y por una cantidad anual de 9 a 12 millones de kilovatios hora (kwh).

Inclusive la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, mediante oficio SMA/144/2019 del 6 de mayo de 2019, emitió una opinión negativa al proyecto.



La última y nos vamos

Por lo demás, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorizó un plazo de 16 meses para desarrollar la obra de paneles solares, y 20 años de funcionamiento condicionados a la construcción total del proyecto.

Así, considerando que la manifestación de impacto ambiental se firmó el 23 de julio de 2019, el término para concluir el parque fotovoltaico vence hasta el 23 de noviembre de 2020 y, a partir del día siguiente, no antes, entra en vigor un segundo momento, el más importante: la operación y mantenimiento.

En otras palabras: de dónde sacará la energía eléctrica el Ayuntamiento de Torreón si contrató a un proveedor que no estaba en condiciones de proveer, pues todavía le faltaban nueve meses para terminar su central. ¿Y si no la termina? ¿Y si no funciona? ¿Y si algo falla? ¿Y los casi 30 millones de pesos que ya fueron comprometidos?

¿No qué no?

Gracias a la pandemia, la situación económica para muchos mexicanos es precaria, aunque no para todos. Al menos no para Humberto Moreira Valdés, quien en medio de la emergencia sanitaria fracciona un lote de 20 mil metros cuadrados en el Centro de Arteaga, Coahuila.

Se trata de una de las últimas extensiones de terreno que no han sido urbanizadas en el corazón del pueblo mágico, la más grande en su tipo, y se ubica en la calle Redondeña, a dos cuadras de la Presidencia Municipal, en un predio conocido catastralmente como “San Joaquín”, el cual pretende convertirse en un desarrollo inmobiliario denominado “San Joaquín Residencial”.

En este mismo espacio se publicó el 8 de septiembre de 2019 que, desde julio 5 del año pasado, el exgobernador de Coahuila es dueño al 99% de la sociedad mercantil Coahoxe, S.A. de C.V., con domicilio en Saltillo, misma que tiene por objeto social construir y comercializar locales, plazas comerciales, operar estacionamientos públicos, convenir y asociarse con empresas y personas físicas para el desarrollo y/o comercialización de bienes raíces y en general: adquirir, comprar, vender o alquilar terrenos, casas, departamentos, ranchos, edificios, bodegas, talleres y toda clase de inmuebles urbanos, suburbanos o rústicos, fraccionamientos, conjuntos y desarrollos inmobiliarios, ya sean habitacionales, industriales, comerciales y turísticos.

Sin embargo, no es mediante la citada empresa que pretende aprovechar las dos hectáreas en la Zona Centro de Arteaga, sino a través de la polémica persona moral Unipolares y Espectaculares del Norte, S.A. de C.V., la cual ha sido señalada por recibir pagos del Gobierno del Estado entre 2013 y 2015, durante el sexenio de su hermano Rubén (Reforma, 25/01/16), y que fue utilizada como coartada en España para demostrar y justificar los ingresos de Humberto cuando este fue apresado en Madrid acusado de blanqueo de capitales, en enero de 2016 (Animal Político, 21/01/16).

Como consta en el acta constitutiva, Unipolares y Espectaculares del Norte, S.A. de C.V. pertenece a Humberto Moreira desde el 28 de noviembre de 2012, cuando adquirió por 600 mil pesos el 90% de las acciones y el 10% restante para su hijo, el hoy presidente y representante del partido político Unidos, Rubén Humberto Moreira Guerrero.

Y aquí viene lo interesante, un detalle sui géneris: si bien la solicitud de licencia de uso de suelo fue presentada el 9 de octubre de 2019 al Ayuntamiento de Arteaga por Unipolares y Espectaculares del Norte, S.A. de C.V., como consta en el oficio 06A/196/19U en poder de quien esto escribe, el trámite referido fue autorizado el 7 de octubre de 2019, es decir, dos días antes de su “presentación” física, por el director de Desarrollo Urbano del Municipio, Alfonso Treviño Medrano. No cuadran las fechas.

Un análisis superficial de los elementos que componen el documento permite observar también que firma y sello han sido alterados. Aún así se le categorizó como “Poblado Típico”; eso significa que deberá edificarse de acuerdo con la normatividad para el Centro Histórico, protegiendo y conservando el sitio. No obstante, a partir de mediados de marzo 2020 “San Joaquín Residencial” comenzó a publicitar en Facebook proyectos de cuatro diferentes tipos de vivienda, valuadas entre un millón 775 mil pesos y dos millones 324 mil, las cuales se encuentran actualmente en etapa de preventa (dicho de otra forma: requieren anticipos para comenzar la inversión), las cuales no se ajustan al sentido arquitectónico que marca la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado.

Asimismo, en su descripción publicitaria vigente menciona que “San Joaquín Residencial” comprende 7 mil 800 metros cuadrados de áreas verdes, y consta de 174 lotes entre 210 y 290 metros cuadrados cada uno. Haciendo la suma, el tamaño no corresponde a la extensión total y real del inmueble. Peccata minuta.



Cortita y al pie

Hasta aquí puede ser que usted se pregunte: ¿y eso qué relevancia pública, por tanto periodística tiene?

La semana pasada en este mismo espacio se mencionó la fijación que tienen los saltillenses a incursionar en negocios inmobiliarios en Arteaga. Llama la atención que, en el caso de Humberto Moreira, este llega en un momento de pocas certezas al mercado a consecuencia de la Covid-19. Y si el escenario es adverso, o por lo menos incierto, ¿cuál es el interés de invertir entonces?



La última y nos vamos

Por lo demás, Moreira cuenta desde 2016 con un ingreso por jubilación como profesor de 37 mil 128 pesos al mes. Ese mismo año, al ser cuestionado sobre el origen de los recursos para pagar los abogados que le asistieron en España, manifestó que hizo una “coperacha” entre su familia para reunir el dinero.

En cambio hoy, una década después de que administró Coahuila, ¿llegó la hora de sacar, ahora sí, el guardadito del colchón? La pregunta es: ¿cómo llegó al colchón?

No es malo hacer negocios y tampoco es malo enriquecerse como resultado. Pero a costa de los recursos naturales y en contubernio con autoridades municipales (o con displicencia, según se vea si se otorga el beneficio de la duda), hay una diferencia importante. Me explico.

En plena pandemia, cuando todo mundo está pensando en la salud y la economía maltrechas, el Ayuntamiento de Arteaga convirtió 760 hectáreas en la sierra del municipio, adquiridas originalmente a bajo costo, en un instrumento de negocio millonario a favor de inversionistas de Saltillo que, mediante trámites exprés que no duraron más de dos semanas en total, incrementaron la plusvalía de sus terrenos para convertirlos en parques industriales y desarrollos inmobiliarios.

A través del acuerdo 288/039/2020 del pasado 26 de mayo, por ejemplo, el Cabildo que preside el priista Everardo Durán Flores certificó el cambio de uso de suelo de “agropecuario” a “industria ligera” en un predio ubicado en el camino a Loma Alta, con una superficie de 75 mil 512 metros cuadrados, para poder desarrollar en él un “proyecto industrial”.

Al respecto, el 25 de febrero inició el procedimiento con la solicitud presentada por la empresa Desarrollos Terra Serena, S.A. de C.V. y al día siguiente, según el acta de Cabildo en poder de quien esto escribe, el terreno fue inspeccionado físicamente por el director de Desarrollo Urbano, Alejandro Treviño Medrano.

El día 28 el expediente pasó a manos de la Secretaría del Ayuntamiento, y el 2 de marzo a la Comisión de Desarrollo Urbano, integrada por los regidores José Guadalupe Castañeda Lizcano y Juan Manuel Alemán Cepeda, y el síndico Francisco Hernández Reyna, quienes 24 horas después –según el dictamen– hicieron una visita de verificación al predio.

Para el 13 de marzo ya estaban votando de forma unánime a favor de aprobar la licencia y el 17 de marzo se publicó el documento. Todo en 20 días. Uno de los argumentos –que más bien parece lugar común– para decantarse a favor fue “derivado de la situación económica actual del país” (todavía no se decretaba la emergencia sanitaria, por cierto).

Y aquí viene lo interesante: su valor en el mercado es de alrededor de 30 millones de pesos. Como referencia más cercana se ubica la autopista Ojo Caliente-Carbonera y el Parque Industrial Loma Alta.

Cabe señalar que la sociedad mercantil Desarrollos Terra Serena, S.A. de C.V. fue constituida el 1 de septiembre de 2016 en la Notaría 96 de Monterrey, aunque con domicilio fiscal en Saltillo. Sus accionistas son María Teresa del Río Cobos, Claudia Edith Salinas Salinas y María Paula Lomelí del Río. Sergio Enrique Lomelí Valdés hace las veces de apoderado legal.

Sin embargo aquí no acaba el asunto. Identificado con el folio 289/039/2020, el Municipio certificó el 5 de junio a la sazón el cambio de uso de suelo de “agropecuario” a “densidad media” (útil como corredor urbano, habitacional, para el comercio y servicios) a favor de la persona moral Artegrande, SAPI de C.V. En este caso se trata de un predio ubicado en el cañón de la Roja, con una superficie de 752 hectáreas. El 20 de abril comenzó el proceso y para el 5 de mayo tenían ya respuesta positiva. Caso similar al mencionado líneas arriba.

Y aquí viene lo interesante: el terreno tenía un valor estimado en alrededor de 135 millones de pesos, a un costo de 18 pesos el metro cuadrado (precio estándar en la zona). Con la licencia obtenida, por consecuencia, se multiplicará este por varios dígitos. Sin considerar que, en el desarrollo inmobiliario de mil hectáreas para uso residencial denominado Terra Serena, ubicado también en el cañón de la Roja, se venden residencias en varios millones de pesos.

Artegrande, SAPI de C.V. es una empresa de reciente creación: el 7 de agosto de 2019, en Saltillo. Pertenece mayoritariamente a Carlos Federico Islas Valero, en sociedad con Desarrollos Terra Serena, S.A. de C.V., Inmobiliaria Coachigua, S.de R.L. de C.V. (de León, Guanajuato), Reynaldo Pereznegrón Pereznegrón, Florentino Santiago Valdés Luna, Roberto Briceño Hernández, Diego Alonso Bremer Valdés y Daniel Eduardo Morales Salazar. Como representante funge Reynaldo Pereznegrón Pereznegrón, quien es exfuncionario de Conaza y Sagarpa.

Como dato adicional y curioso, existe una conexión familiar entre ambas personas morales, cuyo objeto social es la explotación inmobiliaria en todos los aspectos posibles. María Paula Lomelí del Río, socia de Desarrollos Terra Serena, S.A. de C.V., es cónyuge de Daniel Eduardo Morales Salazar, socio de Artegrande, SAPI de C.V.



Cortita y al pie

Ahora bien, no existe registro de ingresos importantes en los estados financieros del Ayuntamiento de Arteaga correspondientes al mes de mayo (los últimos disponibles para consulta, publicados el 30 de junio, y donde se debería reflejar el pago por cambio de uso de suelo).

Aparecen solamente 3 millones 496 mil pesos por concepto de impuestos, y el resto de recursos prácticamente son participaciones federales. En abril, para dimensionar, ingresaron 2 millones 692 mil pesos de impuestos.

¿Dónde queda la ganancia entonces? ¿El Municipio qué recibe a cambio de liberar tan rápido licencias de uso de suelo, y cómo se traduce lo anterior en beneficios colectivos?



La última y nos vamos

Los habitantes de Saltillo tienen una fijación con la sierra de Arteaga. Es su ecosistema de recreación y una oportunidad de negocio, lo cual no es reprochable.

A qué costo, es la pregunta.

El pasado 25 de marzo se publicó en este mismo espacio que Constellation Brands, a través de la Compañía Cervecera de Coahuila, S. de R.L. de C.V., ubicada en Nava, proyecta una obra hidráulica en Los Cinco Manantiales para abastecerse de agua potable.

Se trata de un acueducto de 18.2 kilómetros de longitud, el cual se conectará paralelamente con el acueducto ya existente de 60 kilómetros (en funciones desde hace al menos 10 años), y entre ambos fungirán como un par de popotes gigantes y subterráneos que succionarán el vital líquido de los pozos ubicados en la comunidad Las Albercas, en Zaragoza (dentro del acuífero Allende-Piedras Negras) hasta la industria situada a 20 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

Pero hay una noticia importante: el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental identificado con el folio 05/MP-0080/11/19, ingresado por la Cervecera el 20 de noviembre de 2019 ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), vía la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, se encuentra suspendido desde el 17 de febrero de 2020, no debido a la emergencia sanitaria, sino a la insuficiente “calidad de datos” aportados.

Eso significa que legalmente no podría construirse la infraestructura en este momento -misma que contempla un plan de trabajos a realizar durante 14 meses a partir de su aprobación- ya que no tiene permiso.

El plan requiere abrir una zanja de 1.5 metros de profundidad y necesita 34.06 hectáreas como derecho de vía temporal, y 13.91 más como derecho de vía permanente. La tubería mide un diámetro de 28 pulgadas en el exterior y 23.6 (60 centímetros) en el interior, y transportaría el agua a una velocidad de 1.77 m/seg. y una presión de 5 kg/cm2 a la llegada y 10 kg/cm2 a la salida. Una sangría.

Cabe señalar que desde 2013 Constellation Brands adquirió de Grupo Modelo sus instalaciones en la entidad y en 2014 inauguró una fábrica productora de vidrio (Compañía Vidriera de Coahuila) adyacente a la industria de Nava, para la producción de botellas de envase. Sus socios son CB Cervecera Operation, S. A. de R.L. y CIH Internacional, S.A. de R.L.

Y aquí viene lo interesante. Aunque la Compañía expresamente ha mencionado que “no tiene por objeto aumentar el consumo de agua de la planta, ni tampoco la capacidad de transporte de la infraestructura”, sino auxiliar al acueducto preestablecido a fin de disminuir la presión, ya que esta produce corrosión y desgaste en la tubería, incluso fugas y desperdicio de agua limpia, reduciendo su vida útil, esto se podría remediar con válvulas de liberación de aire y desfogues en el ducto original. No aumentando la línea de conducción.

De acuerdo con un reporte de Constellation Brands, en 2017 su fábrica de Nava produjo 27.5 millones de hectolitros de cerveza, proyectando una cantidad anual similar para 2018 y 2019, y actualmente se encuentra en un proceso de ampliación que le permitirá producir 30 millones de hectolitros “para satisfacer la demanda de nuestras marcas que existen en Estados Unidos”.

Ahora bien, ¿cómo podría producir por consecuencia los 2.5 millones de hectolitros extras de cerveza, sino con más agua, considerando que cada litro de cerveza necesita 3.15 litros de agua? Así, en resumen, los 2 mil 845 empleos que genera la empresa en la Región Norte del estado nos cuestan 94.5 millones de hectolitros de agua potable al año (un solo hectolitro, para dimensionar, equivale a 100 litros), extraída de Los Cinco Manantiales, y afecta el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Cuenca de Burgos, a la Región Hidrológica Prioritaria “Río Bravo-Piedras Negras”, y al acuífero Allende-Piedras Negras (con presencia geopolítica en Morelos, Villa Unión y Guerrero).

Zócalo Piedras Negras ha dado cuenta en los últimos días de la sequía en Zaragoza; en la zona urbana y entre las huertas de nogal en la región. También Nava ha sufrido desabasto por temporadas. Y aunque no se trata de los mismos vasos comunicantes, pues Agujita y Cloete pertenecen al acuífero Región Carbonífera, habitantes de la zona bloquearon el lunes la carretera 57 para protestar por la falta de suministro, cada vez más frecuente, según su versión. Histórica ya es la sequía del río Sabinas, por lo demás.

Naturalmente la canícula (los 40 días más calurosos y secos del año en que nos encontramos) repercute. Obvio. Sin embargo, ¿hay alguna correlación con la operación de Constellation Brands en Nava y Zaragoza?



Cortita y al pie

El que tenga ojos para ver, que vea: el nuevo acueducto de 18.2 kilómetros, sumado al acueducto original de 60 kilómetros, formará una estructura 66% mayor a la obra que se requería en Mexicali, Baja California (47 kilómetros) para iniciar operaciones la planta de Constellation Brands que se canceló el 22 de marzo mediante consulta popular, priorizando los recursos naturales antes que inversión y empleo.



La última y nos vamos

En la página 96 de 336 de la Manifestación de Impacto Ambiental para el proyecto “Acueducto 18K”, en poder de quien esto escribe, el promovente Compañía Cervecera de Coahuila, S. de R.L. de C.V. admite que hay un “déficit” de agua subterránea en la zona del proyecto.

“No estamos en contra de la inversión, ni de la creación de empleos, pero tenemos que tomar en cuenta la opinión de la gente y nuestros recursos naturales. No es crecer por crecer”, dijo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 23 de marzo, al ser cuestionado sobre la cancelación de la cervecera en Mexicali.

¿Y luego? ¿Acaso el semidesértico Coahuila no forma parte de la República?

Desde diciembre 31 de 2019, ningún pequeño productor de Coahuila –extractor, sería el término más adecuado– vende carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El 9 y 17 de diciembre del año anterior, CFE compró las últimas 80 mil toneladas del mineral para surtir sus termoeléctricas ubicadas en Nava, a razón de 40 mil para la Central Carbón II y 40 mil para la Central José López Portillo. El suministro se realizó en 20 días, del 11 al 31, acarreando en promedio 4 mil toneladas por jornada.

Y se acabó el corrido. El primer semestre de 2020 ha sido un peregrinar, antes del Covid-19 y ya con emergencia sanitaria, para que la empresa productiva del estado, propiedad del Gobierno federal, los voltee a ver como gremio y evidentemente siga alimentando la cadena de consumo. Que no rompa el status quo. Que no le mueva. Que siga salpicando. A la fecha no existen respuestas asertivas.

Asunto diferente ha sido el de Corporativo Industrial Coahuila, S.A. de C.V. (CICSA) persona moral subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA) a quien CFE canceló en junio unilateralmente un contrato vigente por 14.7 millones de toneladas que le restaban por adquirir hasta 2021, con el argumento de que recibía este producto “caro y de mala calidad” (Zócalo, 21/06/20).

Para su funcionamiento y operación, las centrales termoeléctricas Carbón II y José López Portillo utilizan una mezcla de “carbón de diseño”, proporcionado por AHMSA a través de sus filiales en 70%-80% y obtenido en la cuenca de Río Escondido (Nava, Guerrero y Piedras Negras en Coahuila; y el condado de Maverick, en Texas) y un restante 30%-20% de los pequeños productores, extraído de la cuenca de Sabinas.

Hasta aquí no habría mayor inconveniente –salvo el medioambiental, por supuesto– para ponerse de lado de los carboneros y en contra de CFE a la luz del maniqueísmo y la polarización imperante, considerando que se trata de la principal actividad económica de la Región Carbonífera. Pero el asunto, como todo en la vida, no es blanco y negro ni de radicalismos. Hay una escala de grises entre ambas posturas, matices. Ahí es donde surgen los detalles.

Cito un caso paradigmático. Entre los beneficiados por la última licitación de 330 mil toneladas de carbón, identificada con el folio CFE-0001-CAAAA-0002-2019, y del “piquito” extra por 80 mil más relatado al inicio de la columna, figura el Alcalde panista de San Juan de Sabinas, Julio Iván Long Hernández, quien es propietario de la empresa Long Minin Group, S.A. de C.V., a través de la cual vendió mineral a la CFE, como consta en el oficio PRODEMI/DG/52/20 del 28 de junio y otro sin folio que lo identifique aunque dirigido a quien esto escribe, con fecha 23 de mayo de 2019.

En ambas comunicaciones la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (PRODEMI) admite que la razón social del Edil participó en el concurso junto a otras 68 y 77 que resultaron ganadoras en abril y diciembre respectivamente, sin determinar cantidades ni precios.

Hagamos entonces, un ejercicio. Si se prorratea el monto de carbón entregado a la CFE entre todas las empresas participantes, y se multiplica el resultado por los mil 137 pesos por tonelada que fijó CFE como precio base de compra, tanto en el convenio inicial (330 mil toneladas) como en el modificatorio (80 mil toneladas), arroja 6 millones 127 mil pesos a favor de la empresa de Long en 2019. Nada despreciables.

En funciones desde 2018, es un Edil joven –32 años– que ganó la reelección bajo el emblema del PAN y gobernará San Juan de Sabinas –si no sucede nada extraordinario– hasta 2021 este municipio de 45 mil habitantes.

Sin embargo Long Minin Group, S.A. de C.V. fue constituida en Sabinas el 17 de agosto de 2015. Su accionista mayoritario es él, Julio Iván Long Hernández, y el restante porcentaje lo posee su madre, Adriana Guadalupe Hernández Aguilar (una de los 75 militantes del PAN en Nueva Rosita, por lo demás). Como administrador único de la sociedad figura el mismo Long, y como comisario aparece su hermana, Perla Viridiana Long Hernández.

Llama la atención que, de acuerdo con datos de la PRODEMI, no fue favorecido en la última gran solicitud de carbón que demandó la CFE, en 2017, y no fue hasta 2019, ya en funciones de alcalde, cuando comenzó a vender el mineral. En 2017, justo es decirlo, su padre, Julio Iván Long Díaz, había sido favorecido mediante otra empresa familiar: Long Maining Co, S.A. de C.V.



Cortita y al pie

Mientras en España se apagaron definitivamente siete centrales térmicas en junio, con el objetivo de reconvertir la industria y dejar de quemar el combustible fósil por contaminante, en Coahuila nos ubicamos a la zaga, inmersos en el subdesarrollo y un debate –por llamarlo de alguna manera– sobre quiénes deben lucrar con el huachicol de piedra.



La última y nos vamos

No le resulta por lo menos escandaloso que un alcalde, quien gobierna uno de los municipios de tradición minera del estado, San Juan de Sabinas, en la Región Carbonífera, sea quien haga negocio particular. ¿Forma parte del paisaje natural? ¿Se le considera un mal necesario?

Para reflexionar, ahora que se acerca la hora de las definiciones en torno a la industria del carbón en Coahuila y su relación con AHMSA y CFE.

Esta semana, con motivo de la instalación de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, una vez más Marcelo de Jesús Torres Cofiño, asumió la presidencia de la Mesa Directiva. Eso significa que de hoy en adelante, durante lo que resta de la Legislatura 61, el panista que representa el Distrito 8 de Torreón tendrá coartada para protagonizar –como es costumbre– exabruptos y denostaciones al Presidente de la República usando recursos públicos a su alcance. Y poca cosa más qué ofrecer al debate público de las ideas.

Aunque la forma es interesante, importa más el fondo del asunto.

En 2019, durante su gestión anual como presidente de la Junta de Gobierno (la primera en la historia contemporánea de Coahuila para un diputado que no sea del PRI) alrededor de 171 millones de pesos fueron dispersados vía 3 mil 471 transferencias y cheques, con copias en poder de quien esto escribe. La más baja por 15 pesos y la más alta por 8 millones 405 mil 568 pesos.

Ese año el Grupo Parlamentario del PAN en general, y Marcelo Torres en particular, tuvo control de la Tesorería (a través de Fernando Oyervides Thomas) y la Oficialía Mayor (a cargo de Rafael Delgado Hernández), órganos administrativos que manejaron un presupuesto de 225 millones 845 mil pesos.

¿Qué sucedió en aquel tiempo? ¿Algo cambió? ¿Fue diferente al pasado?

Lo mismo, pero más caro. Me explico. Ese ciclo se gastó un total de 21 millones 364 mil pesos de más a diferencia de 2018, justificados en “servicios personales”. Salarios, pues. También 8 millones 675 mil pesos extras en “servicios generales”, comparado con el ejercicio precedente.

Entre ambos rubros suman 30 millones de pesos adicionales, si se contrasta la cifra con el primer año de la Legislatura, presidido por el PRI. Qué pasó entonces con Marcelo y los panistas. ¿Se apalancan más del erario? ¿Se trata de su comisión por obediencia? ¿O simplemente son incompetentes para maquillar el gasto haciendo alquimia financiera?

Ahora bien, si el proceso legislativo es el mismo exactamente, ¿cómo se justifica que de un año a otro reciban 30 millones extra?

Dentro del derroche, destacan cantidades adicionales al sueldo base, estímulos, cupones de bonificación, ayuda para transporte, ayuda escolar, prima vacacional y dominical, gastos de gestión y operaciones oficiales, gastos parlamentarios y parlamentarios extraordinarios, viáticos nacionales, retribuciones por servicios de carácter social, estimulo por puntualidad, compensaciones por servicios especiales, servicios regionales y servicios oficiales, remuneraciones por horas extraordinarias, gratificación de fin de año, erogaciones contingentes, sobresueldos, y “otras prestaciones”.

De 2018 a 2019 destaca, por ejemplo, un aumento de 17 a 25 millones de pesos en “servicios de comunicación social y publicidad”, lo cual explica la presencia continua de Marcelo Torres en medios. “Para que no se diga”, dejaron sin ejercer un millón 666 mil pesos del presupuesto 2019.

Cito un ejemplo. Como se publicó en este mismo espacio el 8 de diciembre, el Congreso adquirió el 22 de agosto de 2019 un “sistema electrónico de registro de asistencia y votación”, en 12 millones 737 mil pesos; es decir, con un sobreprecio de 350% ya que un equipo similar había costado 9 millones menos en 2017 con ese proveedor; en la actualidad ronda el mismo valor, como se pudo comprobar mediante una cotización realizada por quien esto escribe.

Dicho de otra forma: alguien ganó alrededor de 9 millones de pesos en la operación (y la responsabilidad de la compra, naturalmente, recae en la Junta de Gobierno).

Otro caso. Antes de que feneciera el ejercicio fiscal, en diciembre, se realizó un pago de 240 mil pesos a cada uno de los 25 diputados. Por eso, sesión tras sesión desfilan tan contentos, como los pitufos. Y al cuarto para las 12 de concluir 2019 y la carroza nuevamente se convirtiera en calabaza, hubo una dispersión de 3 millones de pesos desde las cuentas del Congreso, dividida en tres transferencias bancarias: 2 millones 55 mil 983 pesos, 761 mil 708 pesos y 217 mil 152 pesos.


Cortita y al pie

Como se recordará, el primero de los tres años que corresponden a los actuales diputados locales lo presidió el PRI, y actualmente, al final del periodo legislativo, gobierna la UDC. Cada fracción –por no decir facción– puso a sus funcionarios de confianza, removiendo por consecuencia los designados por otros. Hasta 2017, para dimensionar, un mismo staff permanecía el trienio completo en el cargo.

Sin embargo en 2019, por primera vez un partido distinto al PRI ocupó la posición de real poder en el Legislativo. Salió caro, a juzgar por los números. Y eso que no hablamos de rendimiento legislativo ni revisión de las cuentas públicas a otros entes, lo verdaderamente importante de su función.

¿O recuerda usted una iniciativa trascendente, históricamente relegada, presentada y aprobada en 2019 aprovechando que por primera vez el PAN ocupó la Junta de Gobierno?

Ninguna. Solo temas coyunturales y de agenda. El interés no estuvo ahí, sino en las finanzas. El dinero los mueve. En sentido contrario al concierto nacional, para Marcelo y el PAN no existió austeridad.


La última y nos vamos

Por lo demás, la experiencia de la Legislatura 61 –única con pluralidad, al menos en el papel– nos deja una lección: llegando a Palacio Legislativo todos –por voluntad propia o por inercia, convencidos o forzados, por comodidad o por evitarse problemas– se unifican en torno al mismo partido: el de las prebendas, la continuidad y el status quo. Ya en la posición de privilegio da igual si pertenecen a una u otra fracción parlamentaria, o si entran representando un emblema político y en la curul deciden unilateralmente cambiarse a otro, o volverse presuntamente independientes como sucedió con UDC y Morena.

Aspecto a tomar en cuenta, ahora que hipotéticamente se reactivará el proceso electoral para renovar el Congreso del Estado en las próximas semanas.

¿Es relevante informativamente una localidad con 4 mil 300 pobladores allende sus fronteras? ¿Hay materia periodística de interés general en sus asuntos públicos? Sí, aunque no lo parezca y por tanto no se indague a profundidad.

Cito un caso. El pasado 14 de mayo, en plena emergencia sanitaria, el Ayuntamiento de General Cepeda adjudicó a un particular un contrato de 3 millones 998 mil 150 pesos por 13 mil despensas, las cuales constituyen el programa “asistencia social, alimentación y nutrición” 2020 del DIF Municipal.

Hasta hoy General Cepeda es uno de los siete municipios (de 38 totales) que no tiene casos positivos de Covid-19; un oasis libre de virus en la Región Sureste de Coahuila. Con 4 mil 300 habitantes, por tanto, equivale a que cada uno de ellos –sí, cada uno, no cada familia– recibiría tres despensas. Proporción que no es habitual, de entrada.

Se trata de 13 mil paquetes con 13 productos alimenticios y papel higiénico que, al menudeo, no rebasan los 180 pesos por unidad aún y cuando se exigían marcas específicas en la convocatoria, no solo cantidades. Situación atípica y criticable desde un punto de vista comercial, por lo demás. Aunque también se puede abordar desde un ángulo práctico: ¿Para qué quieren entre los consumibles, por ejemplo, una lata de leche evaporada? ¿Por qué no incluir en su lugar arroz, un grano básico de la dieta mexicana que fue excluido, si en el fondo se trata supuestamente de nutrición?

Al mayoreo, naturalmente, el costo debería bajar más. Pero los 3 millones 998 mil 150 pesos que costaron las despensas, en cambio, suponen un precio de 300 por pieza, sin especificar en documentos si dicha cantidad ya incluye o no el IVA.

De no ser así, la cifra sube entonces a 4 millones 637 mil 854 pesos. Es decir a 357 cada una; o dicho de otra manera: con un sobreprecio del 50% respecto a su valor en el mercado. Casi 2 millones 300 mil pesos adicionales en una operación.

Ahora bien, en su defensa podrán argumentar que se debe aumentar el precio, ya que las despensas tienen que ser repartidas, a partir del 27 de mayo y hasta el 22 de septiembre, en la cabecera municipal y 47 comunidades ejidales, lo cual implica un importante gasto de transporte a considerar. Aún así no se justifica.

Parecieran nimiedades, no obstante el tema no es menor si se considera que General Cepeda maneja un presupuesto anual de 63 millones 432 mil 965 pesos para el ejercicio fiscal en curso. Eso significa que las despensas representan 7.3% del total en una sola compra. O el 45% del capítulo “transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”.

Para dimensionar el dispendio: el Gobierno municipal de Torreón adquirió el 23 de marzo despensas de similares características a 128.35 pesos como precio unitario sin IVA (148.88 ya con Impuesto al Valor Agregado). Así, por 57 mil 143 paquetes, pagó 7 millones 334 mil 875 pesos como consta en el contrato 035/2020/LP/DS. ¿Entonces por qué costó 208 pesos de más cada unidad en General Cepeda?

Y aquí viene lo interesante. A la ‘licitación’ identificada con el folio LA-805011964-E1-2020, cabe señalar, se presentó Juana Margarita Vega Almaguer, persona física, y Servicios Integrados Gama, S.A. de C.V., empresa de Hugo Armando Aguillón Rosales, hermano de David (exfuncionario estatal con Humberto y Rubén Moreira, además de secretario de Gobierno con Jorge Torres López), Gabriel (Magistrado del Tribunal Superior de Justicia) y Carlos Mauricio (administrador central de Contabilidad), la cual ha sido plenamente identificada por sus contratos en este mismo espacio (Zócalo, 28/04/19 y 30/04/19).

Sin embargo esta vez la favorecida no fue Servicios Integrados Gama, S.A. de C.V. –como habitualmente sucede cuando participa– sino Juana Margarita Vega Almaguer, de 38 años, quien es trabajadora de la Casa del Maestro Sección 38, en General Cepeda. Y llama la atención que, pese a tener adeudos en su historial crediticio con el Fondo de la Vivienda para Trabajadores de la Educación (FOVI) del SNTE, tenga capacidad económica para suministrar casi 4 millones de pesos en despensas durante la pandemia, siendo que estas le serán pagadas hasta 45 días después de presentado el comprobante a Tesorería. Especialmente sorprende que supere a una sociedad mercantil que factura más de 100 millones de pesos al año.

Por su parte, el proveedor excluido (pese a que presentó una propuesta 639 mil pesos menor) argumentó en la junta de aclaraciones que no había manera de tener listas las despensas en solo cinco días naturales (contados desde la fecha del fallo a la licitación, hasta la entrega), como establecía originalmente la convocatoria. “Salvo que ya se tenga la certeza previa de ser adjudicado”, criticó.

A ese mismo acto, sin acreditarse como representante de Juana Margarita Vega Almaguer, sino “encargado” (figura que jurídicamente no existe), curiosamente acudió un ciudadano de nombre Francisco Javier Mercado López, con domicilio en Metepec, Estado de México.

Finalmente, durante la notificación del fallo, Servicios Integrados Gama, S.A. de C.V. manifestó a través de su representante su intención de inconformarse ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. “Evidentemente a ustedes les va a costar más de medio millón de pesos, y nosotros veremos lo que nos toque hacer”, amenazó.

Cortita y pie

En la semana trascendió un conflicto en General Cepeda entre su Alcalde, el panista que gobierna desde 2018, Juan Gilberto Salas Aguirre, y 10 de 13 policías con que cuenta el Municipio. De acuerdo con la versión del Edil, los uniformados quisieron secuestrarlo; aunque según testimonio de estos, solo querían dialogar con él.

La presunta sublevación ocasionó se disolviese administrativamente la corporación, y por consecuencia la seguridad quedase a cargo del Estado y la Guardia Nacional.

La última y nos vamos

Juan Salas fue funcionario en Saltillo durante la administración 2014-2017 encabezada por Isidro López Villarreal. La entonces secretaria de dicho Ayuntamiento, María Alicia García Narro (cuyos familiares vendieron a finales de 2014 un terreno en 40 millones 895 mil pesos al Municipio e hicieron el trato de sus vidas, como documentó en su día quien esto escribe) funge ahora como asesor jurídico en su gestión, y firmó de conformidad las fases del proceso para adquirir las despensas. Hoy, a 66 kilómetros de la capital, continúan los negocios particulares con el erario.

En Coahuila cuatro de 38 ayuntamientos electos en 2018 para el periodo 2019-2021 son gobernados por Morena: Piedras Negras, Matamoros, Francisco I. Madero y Parras de la Fuente. Salvo el municipio fronterizo, el cual posee características particulares y circunstancias específicas, los tres restantes adolecen del factor político más importante para un grupo en el poder: gobernabilidad.

No se trata de cualquier desacuerdo propio de la función pública. En las comunas de Matamoros y Madero, encabezadas por Horacio Piña y Jonathan Ávalos respectivamente, hay diferencias irreconciliables entre regidores y síndicos contra alcaldes y viceversa. Lo anterior nada tiene qué ver con la pandemia, ya que son anteriores a esta, y suponen una parálisis gubernamental al no existir acuerdos mínimos para tomar decisiones básicas como aprobar un presupuesto de ingresos anual. Eso arrojará, por consecuencia, trienios perdidos.

Pero Parras de la Fuente va más allá. Desde el 30 de agosto de 2019 no hay secretario del Ayuntamiento ni consenso para que el Alcalde, Ramiro Pérez Arciniega, proponga una persona para el cargo pues el anterior, Esteban Sebastián Zul Núñez, fue depuesto por usurpación de funciones. En la sesión de Cabildo del 6 de marzo de 2020, cabe señalar, los ediles aprobaron por mayoría calificada un punto de acuerdo para manifestar públicamente que, como órgano colegiado, “se deslinda totalmente de los malos manejos de los recursos públicos, tanto municipales, estatales y federales, que esté haciendo de los mismos el Presidente Municipal”.

Y la historia sigue. El 18 de marzo el Edil envió un oficio al Congreso del Estado para solicitarle que no se publiquen en el Periódico Oficial las actas de Cabildo de las sesiones encabezadas sin su presencia. Por su parte, el 18 de mayo y el 17 de junio, los diputados locales recibieron sendos oficios para solicitar juicio político –el máximo recurso legal contra un funcionario en nuestra legislación– en contra de Pérez Arciniega, firmados por nueve ediles de Parras de la Fuente.

Al toma y daca, el 30 de octubre Pérez Arciniega les devolvió la cortesía y amenazó con presentar una demanda de juicio político en contra de ocho regidores y los dos síndicos (del PRI, Verde y Morena, su mismo partido) por usurpación de funciones y obstaculizar el trabajo del Ayuntamiento. Solo quedó en eso.

Además hay en su contra una denuncia penal por nueve delitos diversos ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, la cual se había deliberado en sesión de Cabildo –sin la presencia del Alcalde– el 28 de enero. Inclusive el exlegislador de Morena, hoy independiente, Benito Ramírez, presentó el 12 de febrero un punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía que atienda dicha denuncia contra el Edil y su Tesorera.

Antes, el 14 de octubre de 2019, regidores y síndicos de Parras enviaron a la Legislatura un oficio para exponer “actos de nepotismo y otras irregularidades” en Parras como un desvío de recursos hacia la Feria de la Uva –el evento anual más importante del Municipio– por casi 5 millones de pesos, sin aprobación previa. El 4 de diciembre la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia dio vista del expediente a la Auditoría Superior del Estado, a fin de que investigue los señalamientos.

En Parras de la Fuente todo se “transparenta” –es un decir, y con ironía– vía Facebook. No hay donde ubicar la información pública de oficio, obligación legal que se funda en los artículos 21 y 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado, ya que un supuesto vínculo de su página web hacia el apartado “transparencia” no conduce a ninguna parte. Está vacío. Es simplemente fachada. Y nada sucede pues el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, autoridad en la materia, está pintado desde hace cuatro años. Es un adorno muy caro.

Si bien hay una historia de administraciones pintorescas y vernáculas en el municipio, de caciques folclóricos en el semidesierto, se trata de una jurisdicción con 50 mil habitantes y un presupuesto anual de 187 millones de pesos para 2020 nada despreciable. Donde 77.6% de sus habitantes padecen algún tipo de pobreza y/o vulnerabilidad, de acuerdo con el Coneval. Dicha estadística es importante, entre otras razones, por su vinculación con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Y ahí está el negocio. En los recursos que se destinan a rubros de infraestructura social como electrificación en ejidos, construcción de cuartos, piso firme o techos.



Cortita y al pie

En defensa de sus intereses, los alcaldes de Morena podrán argumentar que los cambios generan resistencias, y que por ello los opositores a su proyecto de Gobierno están en contra de la transformación; o ir más lejos y acusarlos de bloquear los ayuntamientos que presiden como represalia por no entregar los “moches” a los que históricamente como cuerpo edilicio están acostumbrados durante administraciones encabezadas por PAN o PRI, a cambio de transitar el tiempo que dure la Administración en paz. Fuera de ambas premisas, poco tienen que aportar como explicaciones.

Sin embargo los ayuntamientos gobernados por Morena están más cerca de San Pedro de los Saguaros, el ficticio pueblo donde se desarrolla La Ley de Herodes, que dé la eficacia y la eficiencia.



La última y nos vamos

Si bien los políticos definen con su estilo personal de gobernar el destino de una gestión, el emblema Morena es una huella de identidad y particularmente una marca muy atractiva en la actualidad (probablemente lo será por algunos años más, lo que permitirá ganar más municipios para su causa en 2021).

El punto es que, si a esas vamos, hasta ahora –es decir, a la mitad del trienio– sus administraciones –a excepción de Piedras Negras, del cual me ocuparé por distintas razones en otra ocasión– son representativas de subdesarrollo, opacidad, conflictos y parálisis gubernamental como denominador común.

¿Se trata de una casualidad y son estos casos la excepción, o la regla general? ¿Es un problema estructural, o focalizado a la selección de candidatos? ¿Hay motivos para esperar algo más a futuro de los gobiernos municipales de Morena, o ya es todo lo que tenían que demostrar?

Es un asunto escandaloso por donde se vea: un exgobernador de Coahuila, el primero en la historia contemporánea de la entidad en admitir su culpabilidad por un delito grave, como es el lavado de dinero, y ser enjuiciado por ello fuera del país. No digo sentenciado ya que esto ocurrirá hasta el próximo 10 de septiembre y según la Corte para el Distrito Sur de Texas, podría alcanzar hasta 20 años de prisión.

Un dato importante, considerando que el también exalcalde de Saltillo y eslabón entre los hermanos Moreira, Juan Jorge Torres López, tiene 66 años.

El domingo se publicó en este mismo espacio un preámbulo a lo que ocurrió ayer: el exmandatario aceptó su culpabilidad por uno de los cuatro delitos que le imputaba la Fiscalía de Estados Unidos: lavado de dinero. Admitió haber realizado transacciones financieras allá para ocultar los sobornos que recibió acá, a cambio de contratos de construcción de carreteras para el Estado de Coahuila. Lo anterior de acuerdo al boletín del Departamento de Justicia de EU, a través de la Fiscalía en el Distrito Sur de Texas.

El asunto es trascendental para el Estado, aunque supone dos vías: las implicaciones legales allá, y las implicaciones políticas acá. Consecuentemente, y dependiendo de ambas, las implicaciones en la opinión pública.

Pero hay que delimitar los hechos que le señalan.

Entre octubre de 2007 y abril de 2008 –siendo él secretario de Finanzas del Estado– transfirió, en complicidad con Javier Villarreal –subsecretario de Planeación– 2 millones 762 mil 66 dólares desde sus cuentas en los bancos JP Morgan Chase, de Brownsville, e Inter National, de McAllen, a un paraíso fiscal en las islas Bermudas (al tipo de cambio promedio en ese tiempo, 30 millones de pesos). Como no pudo acreditar el origen legal del dinero, incurriendo incluso en falsedad de declaraciones, era buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) en 194 países. Adicionalmente, el 17 de noviembre de 2014, le fueron decomisadas dos propiedades en Montgomery, Texas, adquiridas con recursos de procedencia ilícita.

Y nada más. Es decir, el periodo cuestionado queda muy atrás en el tiempo de sucesos históricos para la entidad como el endeudamiento irresponsable de 2010, o las atrocidades cometidas durante sus escasos 11 meses de gestión en 2011 y bajo su responsabilidad como Mandatario interino: la masacre de Allende que duró cinco días: del 18 al 22 de marzo, y la primera renegociación de la deuda pública, donde se legalizaron créditos obtenidos con documentación falsa y que nunca entraron a ejercicio fiscal, consumada el 18 de agosto.

No se haga ilusiones: lo anterior ni siquiera será materia de juicio en la Corte. No forma parte de la litis, pues.

Si bien fiscales adjuntos están procesando el caso, la jueza texana responsable, Nelva González Ramos, quien ha declarado culpable anteriormente a otros exfuncionarios mexicanos (de Tabasco y Tamaulipas) por delitos similares a los que se imputan a Torres López, será quien determine su situación.

El exgobernador había logrado permanecer prófugo durante cinco años, tres meses y siete días, hasta ser encarcelado en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Fue detenido el 5 de febrero de 2019, en Jalisco, y extraditado el 29 de octubre de 2019: exactamente seis años después de ser requerido por la Corte para el Distrito Sur de Texas, el 29 de octubre de 2013, por los cargos de fraude bancario, fraude postal, fraude electrónico y lavado de dinero.

Ahora bien, si usted se pregunta cómo se comportará, la respuesta radica en saber qué pasó entre febrero 6 y octubre 28 de 2019. Es decir, un día después de su detención, en Puerto Vallarta, y un día previo a su extradición, desde Toluca. En esos 264 días está la clave y, eventualmente, el futuro político de Coahuila. Quién lo visitó, qué recados recibió, cómo se sintió –hipertenso e infartado– en la intimidad y soledad de su celda dentro del Reclusorio Sur. Hizo algún trato, acaso prometió, o acordó algo. De ser así, con quién o quiénes. ¿Midió las nuevas condiciones del terreno político? ¿Sopesó la correlación de poderes?

En resumen: de qué lado está. Y lo más importante: de qué lado no está.

Adyacente al tema, queda saber si este impactará en la opinión pública de Coahuila, convertida esta en participación electoral durante el proceso en curso, hoy suspendido.

La realidad es que no. No por sí misma, por lo menos.

Por lo demás, presidir durante 11 meses el Ejecutivo del Estado –su último trabajo, en 2011– debió ser harto redituable para Torres López ya que pagar un pool de abogados (Thomas J. McHugh, Carlos A. Solís y Derek B. Hilley, los tres de San Antonio y exauxiliares de fiscales federales que ahora defienden particulares) que cobra en dólares no está al alcance de cualquiera.


Cortita y al pie

Se ha especulado sobre la posibilidad que Jorge Torres podría llegar a ser testigo protegido en Texas, lo cual implica un compromiso de rendir testimonio verídico sobre delitos de los que tiene conocimiento a fin de condenar a personajes más importantes. Ello presume, de antemano, que hay más hebra en la madeja. Que sus delitos no son actuaciones aisladas e independientes. Y asume, interpretando en sentido contrario, que la delincuencia es organizada.

Jorge Torres sería entonces un medio para conseguir un fin, y no un fin en sí mismo. Una pieza menor.


La última y nos vamos

Por lo demás, Torres López no es un eslabón que se pueda quitar sin consecuencias. Por el contrario: sin él se rompe la cadena completa y ya no funciona como tal. Es la bisagra principal. Pero si una palabra caracteriza su meteórica carrera política, esa es lealtad. Ocupar en todo momento la posición más peligrosa. Sentarse siempre sobre un barril de pólvora.

Por ello subyace la intención de inmolarse, asumir por completo la culpabilidad aun cuando la responsabilidad haya sido hipotéticamente compartida. No delatarás a tu prójimo, como mandamiento de vida. Inmolarse cristianamente por una causa superior. Ser el sacrificado.

Trascendió el pasado martes un principio de acuerdo entre Jorge Torres López (exgobernador de Coahuila en 2011) y la Corte para el Distrito Sur de Texas, a fin de declararse culpable por alguno de los cuatro delitos que esta le acusa desde 2013. Se trata de fraude bancario, postal, electrónico y lavado de dinero, como se ha publicado con anterioridad en este mismo espacio (Zócalo, 31/10/19).

El próximo 17 de junio, durante su audiencia judicial por videoconferencia en Corpus Christi, se podrá saber cuál opción eligió el exmandatario (de conformidad con sus intereses y cálculos políticos, naturalmente) y si su decisión es aprobada por la jueza Nelva Gonzáles Ramos, o de lo contrario inicia un juicio penal.

Justo es decir que los actos delictivos que le señalan en Estados Unidos están concatenados entre sí; no puede ocurrir ni consumarse uno sin el otro. Son continuados. De tal forma le harían un gran favor si lo condenan por solo uno de ellos, particularmente cuando subyace la intención de inmolarse, asumir por completo la culpabilidad aun y cuando la responsabilidad haya sido hipotéticamente compartida. No delatarás a tu prójimo, como mandamiento de vida.

Sin embargo, es necesario referirse a los hechos en particular. Si bien cada coahuilense puede llegar a conocer diferentes hechos de corrupción achacables al exfuncionario estatal o a otros, el caso es concreto: la cadena inicia en 2007, cuando Jorge Torres era secretario de Finanzas del Gobierno de Coahuila durante la gestión de Humberto Moreira como Gobernador.

Entre octubre de 2007 y abril de 2008 transfirió, en complicidad con Javier Villarreal –subsecretario de Planeación– 2 millones 762 mil 66 dólares desde sus cuentas en los bancos JP Morgan Chase, de Brownsville, e Inter National, de McAllen, a un paraíso fiscal en las islas Bermudas.

Como no pudo acreditar el origen legal del dinero, este le fue confiscado. Adicionalmente, el 17 de noviembre de 2014, le fueron decomisadas dos propiedades en Montgomery, Texas, adquiridas con recursos de procedencia ilícita.

Según el peritaje de la Corte los recursos salieron del erario estatal. Eso representa que desvió, al tipo de cambio promedio en ese tiempo, 30 millones de pesos de las cuentas públicas hacia sus cuentas personales. Cabe señalar que sucedió cuando todavía no era Gobernador, y en este punto surge por consecuencia una pregunta: ¿y su superior jerárquico? Por superior jerárquico me refiero, lógicamente, a Humberto Moreira.

Y aquí viene lo interesante, pues en México las cosas son muy distintas aún con la cuarta transformación (4T) en el poder.

Para nadie es un secreto que el brazo armado más efectivo del Gobierno federal es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que apunta hacia donde verdaderamente hace daño: al bolsillo. No duele lo mismo que una mala imagen ante la opinión pública (que a fin de cuentas es relativa y a cualquier cínico le tiene sin cuidado) ni que un castigo físico punitivo (que puede ser tolerable a cambio de beneficios como no perder lo robado y/o defraudado).

El congelamiento de cuentas bancarias, en cambio, ataca la médula del desvío de recursos públicos como fenómeno. Se dirige al centro del problema. Y perjudica en la esfera individual.

Dicho lo anterior, usted debe saber que existe un expediente de la UIF identificado con el folio 110/H/142/2012 y denominado Intelligence Fince Case (caso de inteligencia financiera), el cual contiene información relacionada con las finanzas personales de Humberto Moreira.

Pero a través del oficio UIF-157/2020, firmado el 7 de abril de 2020 por Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad, este clasificó por cinco años como reservada la referida información, luego de ser solicitada por quien esto escribe. Eso significa que no podrá ser divulgada hasta el 7 de abril de 2025, aunque dicho plazo podrá prorrogarse cinco años más “atendiendo a las circunstancias del caso”.

Mediante un texto fundado y motivado con diligencia por el propio Santiago Nieto, quien cita incluso tesis jurisprudenciales para justificar su proceder, este confirma que “el documento solicitado por el particular fue proporcionado por esta Unidad a la entonces Procuraduría General de la República para la integración de una averiguación previa que actualmente se encuentra en trámite”.

No obstante “el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, debido a que el documento no resulta de interés público y con su difusión se verían menoscabadas las facultades de persecución de los delitos que realiza el Ministerio Público de la Federación”.

Ojo con las implicaciones que tiene la afirmación de la UIF: conocer un expediente financiero del exgobernador en cuya Administración se contrató deuda por 34 mil millones de pesos, “no resulta de interés público”. En cambio “la víctima u ofendido y su asesor jurídico (o sea Moreira y su abogado), podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento”.

Un detalle inquietante.

Aunado a ello, el funcionario federal categorizó como “confidencial” la información al afirmar que “dar a conocer datos personales de personas identificadas o identificables a cualquier persona podría afectar su honor ya que los particulares podrían presuponer la responsabilidad de dichas personas respecto de conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación para la comisión de delitos”.

Cortita y al pie
Ahora bien, cualquier sentencia o dictamen puede ser revestida con bases y adornos legales para explicar una posición a favor o en contra de algo por igual. Eso es ser juez. O magistrado. O ministro. Incluso titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Básicamente tener a su alcance la doctrina necesaria para recubrir una decisión personal y que sea esta legalmente válida.

La última y nos vamos

La UIF tiene información importante en su poder. Y la hoy Fiscalía General de la República otra carpeta “en trámite” desde hace ocho años, en 2012. Y luego, ¿a qué esperan?

Si la pandemia no se hubiese atravesado, hoy 7 de junio se celebraría la jornada electoral en Coahuila para votar diputados locales y renovar las 25 curules del Congreso
del Estado.

Pero la situación de emergencia debido al coronavirus obligó al INE a ejercer su facultad de atracción y hacer a un lado al Instituto Electoral de Coahuila para decretar la suspensión temporal del proceso. Explicado de otra forma: si el Instituto Nacional Electoral atrajo las elecciones para suspenderlas, solo él –previa determinación de la Secretaría de Salud– tiene la facultad para reanudarlas cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

Aunque necesariamente tendrán que ser en 2020 y no podrían diferirse hasta 2021 para empatarse con las votaciones de ayuntamientos y diputados federales como se ha llegado a plantear en los últimos días, pues la propia convocatoria aprobada por todos los partidos políticos y materializada en el acuerdo IEC/CG/001/2020 indica en su numeral quinto que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 46 de la Constitución del Estado de Coahuila, “las diputaciones electas concurrirán a la sede oficial del Poder Legislativo el día 1 de enero del año inmediato posterior al de la elección para la instalación de la Legislatura correspondiente”.

En tanto llega el día, en el IEC no han desaprovechado la oportunidad para socavar el erario. Se publicó el 15 de marzo en este mismo espacio un negocio de 39 millones de pesos que se consumó a través de las urnas, lápices y mamparas que serán utilizadas el día de la hipotética jornada electoral, y que fueron adquiridas el 6 de marzo a la sociedad mercantil Formas Finas y Materiales, S. A. de C.V., con un sobrecosto que, convertido a pesos, supone pagar casi 20 millones de más.

El sobreprecio es tan burdo que, para dimensionar, la misma empresa vendió el 13 de febrero de 2018 idénticos materiales electorales al IEC para la elección de ayuntamientos (3 mil 900 juegos) pero en 20 millones 690 mil pesos. Reitero: exactamente los mismos en cantidad y calidad, aunque casi a la mitad del valor. No hay justificación que valga.

Inclusive de las tres propuestas presentadas por proveedores invitados a participar en la convocatoria IEC/002/2020, una de ellas ofrecía surtir los mismos insumos requeridos a cambio de 11 millones 576 mil 800 pesos. Es decir, 27 millones 457 mil 200 más barato. Inexplicablemente fue rechazada.

Y el despilfarro de recursos –contrario a los principios generales de la Administración– no cesa. Me centraré ahora en Aldavis Comercializadora y Servicios, S.A. de C.V., quien se adjudicó el 12 de marzo un contrato para proveer el equipo de cómputo a utilizar en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Se trata de 106 laptops de capacidad básica cuyo precio en el mercado ronda los 8 mil pesos por unidad, 80 monitores de 22 pulgadas (no superiores a los 2 mil pesos por pieza), 95 reguladores de voltaje (cotizados a mil 500 pesos de acuerdo con sus características), 120 mouse USB y 100 cables de costo menor.

Al menudeo dicho lote costaría alrededor de un millón 172 mil 500 pesos, lo cual supone que al mayoreo la oferta podría mejorar, inclusive por debajo del millón. ¿Sabe usted cuánto pagaron a Aldavis Comercializadora y Servicios, S.A. de C.V.? Dos millones 372 mil 400 pesos.

Eso significa que la operación fue inflada por lo menos un millón 200 mil pesos, libres de polvo y paja. ¿Para quién?, es la pregunta.

Sin embargo no se trata de cualquier persona moral. Creada el 12 de octubre de 2016 en la Notaría Pública 90 del distrito judicial de Ramos Arizpe, cuyo titular es Rogelio Zertuche Mendoza, pertenece desde octubre de 2019 por partes iguales a los hermanos Daniel Alejandro, Alan Eduardo y Juan Vicente de apellidos Sifuentes González, de 32, 29 y 27 años, respectivamente, como consta en el instrumento 184, libro II protocolizado ante la notaria Tania Castillón, en poder de quien esto escribe.
La madre de los tres “socios”, de nombre Claudia Guillermina González González, contador público de profesión, funge como administradora única de la sociedad y es quien firma los documentos. Tiene domicilio fiscal en una casa de la colonia Díaz Ordaz, en Saltillo, donde habitan todos.

Ahora bien, como casi todas las factureras todólogas, la empresa cuenta con un capital social de solamente 50 mil pesos y describe dentro de su objeto 77 diferentes cosas a desarrollar (desde asesoría financiera hasta construcción de carreteras, pasando por servicio de banquetes y plomería). Para materializarse, dichas actividades requerirían una compañía de por lo menos 50 empleados.

No obstante sus aspiraciones, la realidad es menos suntuosa. En sus antecedentes solo hay tres contratos con entes públicos, todos bajo una estela de duda: vendió “útiles escolares para alumnos de secundaria” el 8 de marzo de 2018 al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, y “material de limpieza” al Implan de Saltillo, el 17 de enero de 2019.

Por el primer negocio se agenció un millón 100 mil pesos, y 50 mil por el segundo. El 18 de febrero de 2020 también suministró “estanterías para bodegas electorales” al IEC, según el contrato AD-SG-010-2020, por 180 mil 933 pesos.

Aquí no acaba la historia. Por si fuera poco, sin ofrecer detalles ni deliberarlo, el IEC aprobó el 20 de marzo “un piquito extra” de un millón 864 mil 334 pesos para la conclusión de su nuevo edificio, a favor del contratista Efrén Miguel Ayala de la Garza. Dicha cantidad, sumada al costo inicial, hace 76 millones 861 mil 697 pesos en total por la obra. ¿Acaso no completaban? ¿Era necesario ampliar el presupuesto?

Cabe señalar que todo lo anterior sucedió en marzo pasado, antes de la suspensión. Negocios de a tiro por viaje.

Cortita y al pie

En el fondo el IEC es un organismo apocado; cruzado de brazos contra la violencia política (su discurso para inhibir la crítica y escudarse de responsabilidades, principalmente de sus funcionarias) y contra cualquier intento de manifestación democrática que no sean las rutinarias elecciones que obliga la renovación periódica del poder.

Desde su creación, en noviembre de 2015, a la fecha, no ha resuelto ningún procedimiento de queja o denuncia por violencia política por razón de género pese a ser su bandera política, ni ha organizado algún ejercicio vinculatorio como plebiscito, referéndum, consulta popular o cualquier tipo de participación ciudadana. Su labor es autómata, de una pobreza intelectual notable, simbolizada en actividades públicas como concursos de canto y carreras de botargas.

La última y nos vamos

Finalmente, un dato interesante. Al cierre de su declaración patrimonial anual, en 2017, la presidenta del IEC, Gabriela María de León Farías, reportó tener una cuenta bancaria en el extranjero, la cual no disponía cuando inició su cargo como consejera, en 2015, ni durante todo el ejercicio fiscal 2016.

Dicho de otra manera: la cuenta bancaria en el extranjero fue creada en 2017, el año de las elecciones para gobernador, ayuntamientos y legisladores de Coahuila, y al cierre de 2019 aún la conserva de acuerdo con las modificaciones patrimoniales verificadas de cada año.

Mira que pasar de una vivienda modesta en La Aurora, en los límites de Saltillo y Arteaga, a tener dinero guardado fuera del país. No cabe dudas: el IEC cambia vidas.

Un municipio al azar: Ciudad Acuña, Coahuila. Una revisión a la obra pública de 2019; el año completo del ejercicio fiscal. Y un resultado como botón de muestra: un par de hermanas de Gómez Palacio, Durango, con datos de identidad verídicos pero ajenas al negocio de la construcción, facturaron 30 millones 12 mil 255 pesos en pavimentaciones de concreto hidráulico, a 680 kilómetros de distancia de su localidad, convirtiendo a la sociedad mercantil Edificaciones Tamco, S.A. de C.V., en el contratista más favorecido por el Ayuntamiento gobernado por UDC y encabezado por Roberto de los Santos Vázquez.

El caso son muchos casos a la vez. Una práctica recurrente anclada en la médula de la administración pública municipal, con independencia de la facción o partido en el poder. Por adjudicación directa, sin registros de licitaciones previas, aparecen constructoras golondrinas que se agencian contratos por el tiempo que dure un determinado grupo en el control del erario. Al cambio de mando generalmente desaparecen y nuevas oportunidades de negocio se generan para otros. Es un proceso cíclico.

Así, por invitación restringida (a cuando menos tres participantes) Edificaciones Tamco, S.A. de C.V., compitió sistemáticamente durante 2019, contra las mismas razones sociales en todos los proyectos que ganó: Ferroqui, S.A. de C.V. (de Ciudad Acuña, creada en 2007) e Idelsa Constructora, S.A. de C.V. (también de Torreón y constituida en 2009); o bien Idelsa Constructora, S.A. de C.V. y Abdel Karim Musi Chávez (persona física).

Puestos a defender la Presidencia Municipal se puede argumentar que al tratarse de un municipio pequeño (150 mil habitantes –que no son pocos– y un presupuesto anual –nada despreciable– de 653 millones 726 mil pesos para 2020) no existen tantas alternativas disponibles en el padrón. O justificar en una circunstancia social propia de Ciudad Acuña: la cantidad de población migrante afincada, el hecho de que las beneficiadas –en el papel– sean laguneras de Durango.

Pero Edificaciones Tamco, S.A. de C.V., por el contrario, es un viejo conocido.

Fue constituida como persona moral el 9 de noviembre de 2006, en Torreón. Fecha que coincide con el primer periodo de Evaristo Lenin Pérez Rivera al frente del Ayuntamiento (2006-2009), de los dos que acumula.

Durante la segunda gestión de Lenin, de 2014 a 2017, Edificaciones Tamco, S.A. de C.V., consiguió múltiples contratos. Cuatro en 2014 que suman 16 millones 363 mil 285 pesos, de los cuales 5 millones 689 mil pesos fueron por un pasto sintético. Solo en 2015, por modernizar la Planta Uno del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Acuña, facturó 46 millones de pesos. Entonces se le presentó públicamente como “una empresa acuñense” (La Rancherita del Aire, 24-10-15). Asimismo una obra de un millón 428 mil 541 pesos el 24 de agosto de 2015, y otra más por 4 millones 680 mil 258 pesos en 2016.

Sin embargo, existen demasiadas inconsistencias en su personalidad jurídica para tratarse de un jugador tan exitoso.

Por principio de cuentas el domicilio fiscal: ubicado en una vecindad vandalizada y semiocupada en Torreón. O que sus socias, las hermanas Ana Celia y Rosa Isela Pérez Ruiz, de 49 y 43 años respectivamente, originarias de Gómez Palacio, habitan una modesta vivienda en el Centro de Lerdo, siendo la primera de ellas contador público y administrador general del negocio.

Y aquí viene un detalle inquietante de la historia: en el acta constitutiva de Edificaciones Tamco, S.A. de C.V., en poder de quien esto escribe, consta que, como “comisario” vigilante de la empresa, se designó a Salvador Arteaga Soto, un contador público de Torreón que fue asesinado a quemarropa por un par de sujetos que viajaban en una motocicleta con la intención de ejecutarlo, la tarde del 11 de noviembre de 2016 en pleno centro de Coyoacán, en la Ciudad de México. Según testimonio de sus familiares publicado por el periódico El Gráfico, acudió a la capital para reunirse con un cliente y volaría de regreso a La Perla de la Laguna ese mismo día.

Ahora bien, en el padrón de proveedores y contratistas del Ayuntamiento de Torreón, con registro 003489 para ofrecer sus servicios en “obra civil en general”, Edificaciones Tamco, S.A. de C.V., señala que su domicilio es General Cepeda 137, de la colonia Valle Verde; en Torreón. Específicamente una vivienda de interés social, deteriorada, donde curiosamente una camioneta vieja con serigrafía de Idelsa Constructora, S.A. de C.V. (su “competidor” en las invitaciones restringidas), permanece estacionada permanentemente.

Y aquí no acaba el asunto. Por ley los ayuntamientos y el Gobierno del Estado, autoridades ejecutivas, están obligados a transparentar como información pública de oficio un rubro que se denomina “georreferenciación de obras públicas”. Se trata, básicamente, de mapear y presentar evidencia física de los trabajos. Pues en el caso que nos ocupa la ubicación de las ocho obras correspondientes a 2019 no puede ser verificada ya que la georreferenciación es inexacta. Otras, como las escaleras de concreto para la pista de atletismo Eduardo Moreira, a un costo de 3 millones 777 mil pesos, suponen precios fuera de toda proporción en el mercado. Misma situación de los 12 millones 2 mil 741 pesos por una pavimentación lineal.


Cortita y al pie

Otro dato interesante. Un supuesto representante de la empresa, de nombre José Ramón Meza Rodríguez, se acredita con una presunta escritura pública del 17 de agosto del 2009, de acuerdo con los convenios firmados (con su nombre propio, sin rúbrica) con el Ayuntamiento de Ciudad Acuña.

Dicha representación, no obstante, no pudo ser corroborada en el Registro Público de Comercio ya que no existe mayor movimiento en la persona moral después de su constitución. En 13 años no hay modificaciones posteriores, ni siquiera en su capital social de solo 50 mil pesos.

La última y nos vamos

Finalmente, por lo demás: ¿por qué lo anterior no lo detecta de oficio la Fiscalía Anticorrupción o la Auditoría Superior del Estado?

No es para menos: un brote de coronavirus en sus nosocomios de Monclova y Torreón pone nervioso a cualquiera y apura decisiones, las cuales conducen a compras caras con proveedores dudosos y recién constituidos, sin mayores filtros de fiscalización. Especialmente cuando hubo tiempo de sobra para organizarse y anticiparse, tomando en cuenta la experiencia en tiempo real de los países europeos.

Eso le sucedió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila: pasó de no tener insumos básicos al principio de la pandemia (la delegación estatal cotizó apenas el 26 de marzo –un mes después del primer caso confirmado en México– “material terapéutico para Covid-19” a fin de prevenir contagios en sus trabajadores) a un rosario de compras alocadas. Considerando, además, que ha recibido donaciones del Gobierno del Estado, del Poder Judicial, del Congreso de Coahuila, de una senadora del PRI, y de un Diputado federal representante de Morena, quien previamente denunció el saqueo sistemático de insumos médicos recién adquiridos por el IMSS.

Pero vayamos al punto. El 28 de abril la delegación en Coahuila asignó a la empresa Absten Diagnostik, S.A. de C.V., con domicilio social en Guadalajara; Jalisco, pero propiedad del tabasqueño Julio César Priego Orueta, la compra de 60 ventiladores de respiración asistida marca IMT Medical, de origen suizo, para la Unidad Médica de Alta Especialidad 71 de Torreón (quien deberá recibirlos en un plazo de 10 a 30 días contados a partir de la fecha señalada), en un millón 215 mil pesos por unidad, de acuerdo con la “adjudicación directa internacional bajo los tratados de libre comercio electrónico”.

Eso supone que los 60 ventiladores harán un total de 72 millones 940 mil 800 pesos a desembolsar. Absten Diagnostik, S.A. de C.V., cabe señalar, le ganó el negocio a Comercial de Especialidades Médicas, también de Guadalajara, y a Viasis NTE, de Monterrey.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad hizo una comparativa de compras realizadas por el IMSS y documentó la diferencia de costos en el bien más preciado del mundo en estos momentos. En el estudio resulta que delegaciones como Morelos y Michoacán han adquirido aparatos similares a los de Coahuila por 839 mil pesos, y Baja California Sur al precio más bajo de todos: 805 mil 192 pesos. San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Tlaxcala y el Estado de México también los consiguieron más baratos.

En cambio nuestra entidad, junto a Nuevo León, han adjudicado los contratos por ventiladores más caros después de los adquiridos por el IMSS delegación Hidalgo al hijo de Bartlett, León Manuel, a través de Cyber Robotics Solutions (en un millón 550 mil pesos, que al final fueron devueltos).

En defensa de lo anterior se puede argumentar que no hay equipos y se deben conseguir donde haya existencia y al precio que sea, pues las vidas humanas que salvarían son incuantificables en dinero. Y tienen razón parcialmente, ya que también es cierto que ocho de cada 10 pacientes intubados mueren a causa del coronavirus, y que las compras, por más urgentes que sean, aún tienen un margen de maniobra.

Sin embargo existen otros casos achacables a la delegación del IMSS, como comprar el 8 de abril gel antibacterial, goggles, cubrebocas y batas quirúrgicas por un total de un millón 42 mil 619 pesos a una señora (61 años), Areli Mireya Ruiz Duarte, cuyo giro comercial es la venta de cemento y grava en Xochimilco, Ciudad de México. Cosa curiosa: dicha persona física previamente había vendido en 2015 al IMSS Coahuila 30 jarras con tapa, en color rosa, para buró, de 1.9 litros de capacidad, a un precio de 24 pesos cada una. Entonces facturó 835 pesos por la operación.

O comprar el 30 de abril guantes, gorros y gafas protectoras a Pranatec, S.A. de C.V., de Enrique de la Torre Lazalde (35 años), un asesor financiero (Grupo Financiero Jaguar, Asesor Independiente, S.A. de C.V.) que constituyó en Saltillo el 20 de diciembre de 2018 dicha sociedad mercantil con el objeto social de reparar equipo eléctrico, implementar cursos de capacitación, vender cigarros y licores, construir obra civil, comercializar animales y abarrotes, maquilar, entre otros, pero nada relacionado con el ramo médico.
Si no son especialistas y se les contrata bajo un dictamen de excepción, ¿cómo saber si los productos cumplen con las normas de salubridad y prácticas de fabricación? Y lo más importante: ¿por qué acudir a revendedores cuando tienen posibilidad de adquirir directamente a laboratorios avalados por Cofepris?

Y así, bajo el concepto de ser compras emergentes, hay más tratos cuestionables a la luz de la fiscalización como un millón 992 mil pesos en “medicamento para Covid-19” acordado el 12 de mayo con una persona moral de Xalapa (recién constituida el 7 de octubre del año pasado y perteneciente a Belén Olvera Jiménez). O un millón 210 mil pesos en “consumibles para monitores” adquirido a un ciudadano de nombre Julián Muro Guzmán, sin experiencia en la materia, el 13 de mayo; o un millón 520 mil pesos en cubrebocas desechables a una sociedad mercantil de Jalisco para la Clínica 71 de Torreón; o ropa hospitalaria convenida el 15 de mayo con una empresa de Puebla, y 2 millones de pesos en ropa reusable el día 20 del mismo mes, por citar algunos ejemplos.

Cortita y al pie
Al coronavirus lo absorbió el mercado y hoy se vive la vulgarización de los insumos especializados, aquellos que al inicio de la contingencia sufrieron escasez y hoy apuntan a la sobreproducción. Demanda y oferta. Nichos de oportunidad mercantil con dinero público.

Cuánto es necesario. Cuánto es suficiente. Cuánto es bastante. Como en los días posteriores a un sismo catastrófico, cuando la donación de víveres y agua embotellada no deja de fluir de forma espontánea, llegando a excesos insospechados, pero a semanas después nadie se ocupa del tema ni de los damnificados y mucho menos de la reconstrucción. Así es el ciclo de atención a los temas públicos.

La última y nos vamos

Por lo demás, es inaudito que no se haya desbordado la epidemia, a sabiendas de las manos en las que estamos y la insuficiente corresponsabilidad social observada en el estado los días de emergencia sanitaria.

Parecería un sacrilegio criticar que un Ayuntamiento adquiera energía solar para su consumo: es más limpia –hasta donde se ha probado– y es más barata que la producida por la Comisión Federal de Electricidad a partir de combustibles fósiles como carbón mineral y combustóleo. Dicho en otras palabras: supone ahorro y eficiencia, las metas de cualquier administración pública.

Pero en Torreón acaba de consumarse un negocio peculiar de 29 millones 823 mil 224 pesos con un parque fotovoltaico que, al momento de formalizar su contrato con el Municipio, no existe. Leyó usted bien: no existe.

El 25 de febrero de 2020 la Administración encabezada por el panista Jorge Zermeño Infante falló la licitación CE-805035999-E01-2020 a favor de Viento de Bella Unión, S. de R.L. de C.V. y Desarrollos Solares Delicias, S.A.P.I. S.A. de C.V., para que le provean estos, en conjunto, energía eléctrica fotovoltaica bajo la modalidad autoabastecimiento durante 10 años en 861 puntos de carga, por una cantidad anual de 9 a 12 millones de kilovatios hora (kwh).

A simple vista no habría mayor inconveniente con los datos expuestos, sin embargo a partir de aquí todo son irregularidades.

La primera: un contrato multianual (por una década, hasta 2030) que trasciende la gestión actual requiere la validación del Congreso del Estado, cosa que no ha sucedido por lo menos en el Segundo Periodo Ordinario de sesiones de la actual Legislatura, correspondiente al segundo año de ejercicio, ni en el Primer Periodo Ordinario del tercer año, en curso.

Por lo demás, ningún documento especifica qué cubre el monto a pagar, pese a que previo a la firma del contrato se fijaría la tarifa, y esta será actualizada anualmente. ¿Casi 30 millones de pesos por un año de servicio acaso?

Además el punto 14.3 de las bases de la convocatoria exigía al proveedor “tener en operación comercial la Central Fotovoltaica”, situación que no cumple y fue pasada por alto. Cabe señalar que “todo lo concerniente” a la propuesta se entregó a Eduardo Sáenz Herrera, director de Servicios Públicos, para una “revisión cualitativa”.

Dicho funcionario, como se recordará, es el mismo vinculado al negocio de 35 millones de pesos con el escombro, como se publicó en este mismo espacio la semana pasada. Sáenz Herrera, a través de un informe, manifestó que ambas empresas cumplen “con todos y cada uno de los requisitos técnicos solicitados”.

Mientras la información constitutiva que corresponde a Desarrollos Solares Delicias, S.A.P.I. S.A. de C.V. es un misterio, la otra empresa, Viento de Bella Unión, S. de R.L. de C.V., presenta una doble fachada.

Por un lado, el parque fotovoltaico abarca una superficie de 149.6 hectáreas, en Los Llanos, Arteaga. Una zona que no es particularmente soleada, a diferencia de la Comarca Lagunera. Su temperatura media anual se ubica entre los 12 y 18 grados centígrados y el nivel de radiación no es óptimo para la generación de energía solar.

Inclusive la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, mediante oficio SMA/144/2019, de fecha 6 de mayo de 2019, emitió una opinión negativa para el proyecto.

Luego está la otra faceta. En marzo de 2015 la Comisión Reguladora de Energía otorgó a Viento de Bella Unión, S. de R.L. de C.V., un permiso para generación de energía eléctrica en la modalidad autoabastecimiento mediante una central eólica. Dicho documento se identifica con el folio E/1366/AUT/2015, manifestando que su energético primario es el viento.

El viento de Arteaga que tampoco es significativo para a producción. Al 28 de febrero de 2017 aún se encontraba “por iniciar obras” con una inversión estimada en 100 millones de dólares, según un documento en poder de quien esto escribe.

Y aquí viene lo interesante. La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorizó un plazo de 16 meses para desarrollar la obra de paneles solares, y 20 años de funcionamiento condicionados a la construcción total del proyecto. Así, considerando que la manifestación de impacto ambiental se firmó el 23 de julio de 2019, el término para concluir el parque fotovoltaico vence hasta el 23 de noviembre de 2020 y, a partir del día siguiente, no antes, entra en vigor un segundo momento, el más importante: la operación y mantenimiento.

Dicho de otra forma: de dónde sacará la energía eléctrica el Ayuntamiento de Torreón para los próximos meses, si contrató a un proveedor que no está en condiciones de proveer pues todavía le faltaban nueve meses para terminar su central. ¿Y si no lo acaba? ¿Y si no funciona? ¿Y si algo falla? Cabe señalar que vivimos en una emergencia sanitaria derivada del Covid-19 y la línea de transmisión eléctrica en teoría se ubica a 300 kilómetros de distancia de La Perla de La Laguna.

¿Por qué comprar riesgos cuando ni siquiera existe una legislación estatal en materia de energía renovable? Si no tenemos la certeza de cómo saldremos de la pandemia, por qué comprometerse por toda una década, hasta 2030, si el trienio de Zermeño concluye en 2021 y este agotó ya su posibilidad de reelección consecutiva.

Lo curioso es que la sociedad mercantil no fue constituida en Coahuila, sino en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, el 13 de junio de 2014 por los esposos Esther Gabriela Tovar Muñoz (1984) y Luis Eduardo Corral Andujo (1981), de oficio “fruticultores”.

Posteriormente las acciones fueron vendidas a José Ángel Velázquez Garza y Daniel Alexandro Aboytes Seceñas, quienes el 8 de diciembre de 2016 las cedieron a las empresas Sunit, S.A.P.I de C.V., Moctezuma Solar I, S.A.P.I. de C.V. y Parques Renovables de México, S. de R.L. de C.V.

El 13 de noviembre de 2019, entraron al consejo de la empresa los hermanos Salomón, Nesim y Miriam Issa Tafich a través de Gas Natural del Noroeste, S.A. de .C.V. y Generación Industrial, S.A. de C.V, pertenecientes a Grupo Simsa de Torreón. Inclusive, en octubre de 2019, Grupo Simsa anunció la inversión en un parque solar en Cuauhtémoc, Chihuahua. No en Arteaga.

Cortita y al pie

Ayer sábado entró en vigor el “acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional” de la Secretaría de Energía (Sener), luego de su publicación el viernes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.

Con él se frenan por tiempo indefinido las inversiones privadas, nacionales y extranjeras, en generación de electricidad eólica y fotovoltaica, argumentando que su “intermitencia” pone en riesgo al Sistema Eléctrico Nacional en tiempos de contingencia.

Si bien lo anterior es cuestionable desde un punto de vista técnico y jurídico, ya es oficial. Y se suspenden por consecuencia las pruebas preoperativas y las autorizaciones de nuevas centrales.

La última y nos vamos

Lo anterior significa un problema más en el accidentado camino de Viento de Bella Unión, S. de R.L. de C.V., pues si se aplican a rajatabla sus propios plazos de inicio de operaciones y el referido Acuerdo de la Sener, la sociedad mercantil estaría imposibilitada para brindar el servicio para el que fue contratada por el Ayuntamiento.
¿A dónde irán a parar entonces los casi 30 millones de pesos?, es la pregunta. Mientras tanto, en Torreón los negocios con dinero público gozan de cabal salud.





Réplica de la réplica

Estimado contador Juaristi, apreciado Sergio Cisneros

Director General y Director Editorial de Zócalo Saltillo, respectivamente

En atención a la carta enviada por el abogado Mejía Frías en nombre y por cuenta de las empresas Viento de Bella Unión y Desarrollos Solares Delicias con motivo de mi columna publicada el 17 de mayo, me permito expresar lo siguiente.

Una cosa es argumentar lo que a su derecho de réplica convenga, en defensa de sus intereses, y otra muy distinta intentar desacreditar el trabajo periodístico con base en generalidades y, lo más irónico, con datos que confirman lo expresamente publicado.
Pareciese una obviedad, sin embargo es justo señalarlo: ambas razones sociales arriba señaladas participan en un negocio que se paga con recursos públicos, que implica decenas de millones de pesos del erario y que pretende trascender cuatro administraciones municipales en Torreón hasta completar 10 años.

Si lo anterior no fuesen motivos bastantes como materia periodística para indagar, hay que agregar otros valores como la vigencia y actualidad del tema (que se falló apenas el 25 de febrero), además de circunstancias como el acuerdo de la Secretaría de Energía que frena, a partir del sábado anterior, la generación de energías eólicas y fotovoltaicas.

Llama la atención que a nombre de las personas morales se utilice un verbo en particular: “cancelar”. Sugiere, textualmente, que se debe “cancelar el editorial”.

Me pregunto cómo se puede “cancelar”, o cómo se pretende “cancelar” la opinión expresada. O vayamos aún más lejos: la libertad de expresión y publicación. Y aquí llegamos a un punto técnico: si bien el género practicado es el editorial, el cual implica la expresión válida de opiniones acerca de uno o más hechos públicos, en la columna no hay juicios de valor que puedan ser constitutivos de agravios a terceros. Y reitero: aún y cuando los hubiese, el género permite y tolera tales licencias periodísticas.

Finalmente me refiero a un hecho fundamental del caso que nos ocupa: en la carta confirma que el negocio no cuenta con la validación del Congreso del Estado, tal y como se afirmó en la publicación del domingo pasado con las referencias documentales en la mano. Situación que torna más interesante el tema, con miras a un eventual seguimiento informativo.

El domingo pasado se publicó en este mismo espacio una investigación acerca del millonario negocio a costa del erario que hace una empresa particular en Torreón con la recolección de escombro: 35 millones 132 mil pesos agenciados en solo nueve meses, vía dos contratos adjudicados a su favor por el Ayuntamiento; uno en agosto de 2019 y otro en marzo de 2020, ambos durante la Administración del panista Jorge Zermeño Infante.

Al respecto, existe un dato adicional que no fue mencionado la semana anterior: uno de los dos socios de la referida sociedad mercantil Vértice de La Laguna, S.A. de C.V., Vicente Valles Villarreal, es yerno del director de Servicios Públicos del Municipio, Eduardo Sáenz Herrera. Es decir, del funcionario responsable de operar el programa privatizado a terceros, lo cual genera un claro conflicto de interés.

Antes de avanzar más en el caso, trataré de resumir los detalles en una cáscara de nuez por si acaso usted no lo conoce: la persona moral se creó dos meses después de que Zermeño asumió la presidencia municipal, en febrero de 2018, y se inscribió en el padrón de proveedores y contratistas al iniciar este su segundo periodo consecutivo, en enero de 2019, manifestando que su giro ante el SAT es el alquiler de oficinas y locales comerciales, así como viviendas no amuebladas.

Pese a contar con un capital social de solo 50 mil pesos de acuerdo con su acta constitutiva –en poder de quien esto escribe– y originalmente no incluir en su objeto social el acarreo de materiales de construcción, se le contrató el 14 de agosto de 2019 por 10 millones 376 mil 789 pesos para recolectar cascajo y desechos vegetales en el plazo del 15 de agosto al 20 de diciembre del año pasado. Aún cuando el monto debía forzosamente ajustarse al presupuesto autorizado, Vértice de La Laguna, S.A. de C.V., recibió en realidad 13 millones 338 mil 974 pesos a razón de cuatro pagos electrónicos (dos en octubre y dos más en noviembre de 2019) y cuatro cheques (dos en enero y dos más en febrero de 2020).

Dicho en otras palabras: fue beneficiada con 28.5% extra.

Y ahí no acaba el asunto. Ya con la emergencia sanitaria decretada y publicada en el Periódico Oficial, y seis casos de coronavirus en la ciudad (al día de hoy existen 113 contagios y las prioridades del gasto público evidentemente son otras), el 23 de marzo de 2020 se le contrató nuevamente por 21 millones 793 mil 862 pesos para realizar el mismo trabajo, de abril a diciembre de 2020. Un privilegio en tiempos de pandemia.

Sin embargo se dijo aquí que tendrían que demoler la Muralla China, o cuatro distribuidores viales como el Revolución, para sumar la cantidad de acarreos que significa el dinero gastado por el Ayuntamiento. Algo a todas luces desproporcionado, por no decir imposible, considerando que la industria de la construcción está paralizada en este momento.

Ahora sí, al punto que nos concierne. Si bien el otro socio al 50% de las acciones en Vértice de La Laguna, S.A. de C.V., Manuel Guillermo Herrera Silveyra, pertenece a la popular familia Herrera de Gómez Palacio, Durango, el actor principal es Vicente Valles Villarreal quien, como se mencionó al principio, es yerno del director de Servicios Públicos del Municipio, Eduardo Sáenz Herrera.

No se trata de cualquier coincidencia. Dicha relación encaja en el supuesto establecido en el Artículo 52 fracción 13 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, la cual señala que todo servidor público deberá “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.


Cortita y al pie

Pero la realidad es otra. Entrevistado el 15 de enero de 2020 por Noticias, El Sol de la Laguna, Sáenz Herrera dijo que, “han sido realmente un éxito estos centros de transferencia (de escombro), por lo que necesitamos seguir con esta dinámica (o sea contratar nuevamente a su yerno)”.

Y cómo no considerarlo “un éxito”, si en el affair es juez y parte. Dicho en otras palabras: ahí, frente a nuestras narices, hay un negocio particular de 35 millones de pesos con recursos públicos establecido a base de tráfico de influencias. Una de dos: el Alcalde de Torreón es cómplice u omiso de su amigo y subordinado. Aunque ninguna de ambas posiciones es válida en su defensa. Y el Cabildo, ¿dónde está? Y la Contraloría Municipal, ¿para qué sirve?



La última y nos vamos

Ahora bien, ¿todavía existen la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de Participación Ciudadana y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción?, ¿o desde la emergencia sanitaria ya todo es descaradamente simulación y se reveló su justa y real dimensión de instituciones que valen lo mismo que un cero a la izquierda?

Una sociedad mercantil que se constituyó dos meses después de que el panista Jorge Zermeño Infante tomara posesión de la Alcaldía de Torreón, en febrero de 2018, y se registró como proveedora del referido Ayuntamiento al inicio de su segundo periodo, en enero de 2019, acumula 35 millones 132 mil 836 pesos facturados al Municipio en solo nueve meses gracias a una actividad impensada para volverse millonario: traslado de escombro.

La única función de Vértice de La Laguna, S.A. de C.V. es acarrear el cascajo y los desechos vegetales –ya separados y puestos en contenedor– desde los ocho centros de transferencia ubicados en la zona urbana de Torreón hasta el Cañón del Indio. Y voilá.

De entrada, el caso motiva una serie de cuestionamientos: ¿la Presidencia Municipal no tenía capacidad suficiente para realizar esa labor por sus propios medios o ampliando el servicio de limpia pública que ya tiene convenido con Promotora Ambiental de La Laguna (PASA)?, ¿era necesario y urgente privatizar y subcontratar a terceros?, ¿tantos metros cúbicos de escombro se generan en cuestión de meses; pues qué están demoliendo en la ciudad, la Muralla China?

Resulta sorprendente que quienes figuran como responsables de la empresa, un par de socios que no rebasan los 40 años, tengan la visión para manejar una persona moral que no crearon ellos, sino que compraron el 1 de agosto de 2018 a Ricardo Alonso Piña Sánchez y Antonio Carmona Montes, propietarios originales que les transfirieron sus acciones.

Vértice de La Laguna, S.A. de C.V. inicialmente fue una coartada para participar en el negocio inmobiliario. Su objeto social principal es la compraventa de inmuebles, con acceso a participar en todas las etapas posibles del juego: construcción, arrendamiento, topografía, maquinaria, obras públicas, naves industriales, materiales, entre otras.

Al principio ninguna de sus 42 razones de ser legales mencionaba el acarreo de materiales de construcción –actividad que requiere permisos especiales– hasta que fue incorporada esta el 20 de septiembre de 2018, como consta en el instrumento jurídico 208, protocolizado en la notaría 76 de Torreón.

Por si fuera poco, su capital social es de solamente 50 mil pesos, y de acuerdo con el acta 761, en poder de quien esto escribe, sus accionistas actuales son Manuel Guillermo Herrera Silveyra (sobrino de Juana Leticia Herrera Ale, exsenadora y exdiputada federal por Durango, y exalcaldesa de Gómez Palacio en dos ocasiones, la última hasta el 31 de agosto de 2019), y Vicente Valles Villarreal (quien cedió el 5 de septiembre de 2018 sus acciones de la sociedad mercantil Industrias Especializadas en Maquinados H, radicada en el vecino Gómez Palacio, al propio Manuel Guillermo Herrera Silveyra).

Dicho en otras palabras: el negocio pertenece –al menos en el papel– a la gomezpalatina y priista familia Herrera. La pregunta es: en la cadena de favores, qué gana, a cambio, la Administración panista que autoriza la operación del otro lado del Nazas.

El 3 de enero de 2019, al iniciar el tercer periodo de Jorge Zermeño al frente de la Alcaldía de Torreón, la sociedad fue inscrita en el padrón de proveedores y contratistas del Ayuntamiento, manifestando que su giro ante el SAT es el alquiler de oficinas y locales comerciales, así como viviendas no amuebladas. Pese a ello se le contrató el 14 de agosto de 2019 por 10 millones 376 mil 789 pesos (IVA incluido) para recolectar escombro y desechos vegetales en el plazo del 15 de agosto al 20 de diciembre del año pasado.

Y aquí viene lo interesante: aun cuando el monto debía forzosamente ajustarse al presupuesto autorizado en el acta de fallo a la licitación CE-805035999-E17-2019, Vértice de La Laguna, S.A. de C.V., recibió en realidad 13 millones 338 mil 974 pesos a razón de cuatro pagos electrónicos (dos en octubre y dos más en noviembre de 2019) y cuatro cheques (dos en enero y dos más en febrero de 2020). Un 28.5% extra.

“Vamos a continuar con esta empresa que ha dado buenos resultados”, afirmó Zermeño a finales de 2019 (Meganoticias Torreón, 09/12/19). Y así fue. A través de la licitación CE-805035999-E07-2020 –donde hubo dos participantes más e inclusive uno hizo una propuesta más barata– se contrató nuevamente a Vértice de La Laguna, S.A. de C.V. para realizar el mismo servicio, proyectado de abril a diciembre de 2020. Cuatro días antes del fallo emitido el 23 de marzo, sin embargo, en el Periódico Oficial se había publicado ya el “Decreto mediante el cual se establecen medidas para la prevención y control de la propagación del Covid-19 en el estado”, fundamento legal para la declaratoria de emergencia en Coahuila, “ante la inminencia de un desastre sanitario derivado de la pandemia”.

Es decir, el Ayuntamiento de Torreón pudo detener el proceso de licitación a sabiendas de lo que se avecinaba pues estuvo a tiempo, y no lo hizo. Incluso la ciudad ya tenía entonces seis contagios de coronavirus confirmados y era evidente, debido a la experiencia internacional, que las prioridades en el gasto público cambiarían.

La Tesorería Municipal, cuya titular es María Mayela Ramírez Sordo, publicó hasta el 24 de abril el mencionado contrato por 21 millones 793 mil 862 pesos, sin que conste en el documento la fecha en que se protocolizó con la firma de las partes involucradas.



Cortita y al pie

El escombro, cabe señalar, no se tritura ni se dispone de forma especial o ecológica; simplemente lo acarrean en viajes de un lugar a otro, y la cantidad a pagar significa que los ciudadanos acudirán de abril a diciembre a tirar un estimado de 50 mil 920 metros cúbicos a razón de los 428 pesos que cobra Vértice de La Laguna por la recolección, carga y traslado de cada unidad. Un precio altísimo y fuera de toda proporción en el mercado.

Esas toneladas de desecho equivalen a 3 mil 637 camiones llenos; un promedio de 13 acarreos diarios de lunes a domingo, sin parar, durante los 275 días que dura el contrato. Algo poco probable, por no

decir imposible.

Para dimensionar: la mayor demolición en la historia de Torreón, el Distribuidor Vial Revolución (ocurrida en 2008), representó 14 mil metros cúbicos de cascajo, cifra 75% menor a la estimación para los nueve meses de 2020 (plazo afectado además por la emergencia sanitaria).

Dicha proyección no hace sentido en las circunstancias actuales, especialmente cuando en tiempos de actividades no esenciales está paralizada la industria de la construcción, la obra pública y entre particulares. Ahora bien, esa hipotética edificación a gran escala que hoy no existe tampoco implica necesariamente producir escombro, ya que muchas veces no hay derrumbe previo.



La última y nos vamos

Por lo demás, si no existe la necesidad ni el problema, ¿cómo justifica entonces el Ayuntamiento la contratación del servicio y la cantidad a desembolsar? Destinar 35 millones 132 mil 836 pesos en menos de un año. Está bueno el negocio.

Desde 2012, cuando por decreto se instauró el tópico de los derechos humanos en la agenda pública del estado, Coahuila se convirtió en la entidad con más “derechoshumaneros” por metro cuadrado. No defensores –que sí existen y muchas veces arriesgan su integridad en la práctica– sino “derechoshumaneros”. De dientes para afuera. Ya sea por moda o por acercarse a la fuente de calor (en este caso de recursos oficiales). En ellos no hay un genuino interés por el tema y a la menor provocación se revela.

Pero en marzo y abril se les cayó completamente la máscara. Me refiero específicamente al silencio cómplice de dos instituciones que reciben presupuesto estatal: la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), y un área con cubículos dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila Campus Arteaga, denominada Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH). Unos recomiendan –cuando lo hacen– sin facultades vinculantes, y los otros observan como mirones de palo. Es decir, materialmente de nada sirven, sin embargo entre ambos se llevan 78 millones de pesos al año.

Bajo un objetivo epidemiológico que con los días pareciera perderse de vista: prevenir y contener la dispersión y transmisión del coronavirus en los últimos 40 días en varios municipios de Coahuila se han visto afectadas o amenazadas las libertades de circulación, de reunión, de información, las económicas, las relaciones laborales, el derecho de propiedad, la protección de datos, la libertad de información y derechos políticos. Cito algunos ejemplos enunciativos.

En Parras de la Fuente (gobernado por Morena) el Ayuntamiento, sin deliberación previa en Cabildo, amenazó vía redes sociales a través de un “comunicado”, con aplicar multas por “faltas contra el bienestar colectivo”. Inclusive entrecomillaron el presunto delito como si lo citasen de algún ordenamiento jurídico no identificado, e inexistente en la realidad.

Lamadrid (PAN), por su cuenta, aplicó un toque de queda de las 21:00 a las 7:00 horas. Como si los contagios obedecieran límites municipales o como si hubiera más peligro en la oscuridad, durante las horas comprendidas en la prohibición, y por eso es necesario limitar el tránsito de personas. Por si fuera poco el municipio convocó a un programa de empleo temporal denominado “vigilante ciudadano”, a fin de que los vecinos pongan el dedo y señalen a sus vecinos que no cumplen las indicaciones. Como en la Gestapo de Hitler.

Puntos de revisión vehicular en Saltillo (PRI) y Torreón (PAN). En Arteaga (PRI) el Ayuntamiento colocó retenes en el acceso a la Sierra y en Ramos Arizpe (PRI) hizo lo mismo en el área rural. En General Cepeda (PAN) también se restringió la entrada. Monclova (PAN) emitió mensajes en Facebook con recurrentes faltas de ortografía y bloqueó su límite municipal en todos los puntos cardinales desde abril 14, coaccionando con trasladar a las personas a su casa mediante uso de la fuerza pública. El primer día que puso en práctica el ¿bando?, policías municipales, sin una capacitación especial y convertidos en jueces de control de la noche a la mañana, arrestaron a 45 personas.

El pasado jueves el secretario general de la ONU alertó sobre una crisis de derechos humanos a consecuencia del coronavirus. O este, como pretexto para adoptar medidas represivas con fines no relacionados con la pandemia, según se vea. Un retroceso. Ajena a la realidad nacional y apocada, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, invitó vía conferencia telemática el viernes, a los municipios del país a no restringir el tránsito, un mes después de que los coahuilenses se han servido con la cuchara grande.

Pese a ello la CDHEC no ha emitido ninguna recomendación relacionada (acumula solo seis acerca de otros asuntos en 2020), y la AIDH ha hecho lo de siempre: inventarse conferencias virtuales con supuestos especialistas de Italia, programadas para julio, cuando el problema es ahora y está focalizado en San Antonio de las Alazanas. Por supuesto, ninguno de los dos ha sugerido siquiera controvertir constitucionalmente las medidas referidas.



Cortita y al pie

Y luego está la licencia social. El punto es que los derechos humanos estorban en situaciones de crisis, se convierten en una idea secundaria, y un rosario interminable de arbitrariedades ocurre con el consentimiento de la población.

En el ánimo colectivo hay un deseo punitivo de represión a los otros. Hoy más que nunca cobra vigencia la teoría de Sartre: el infierno son los otros. Es natural que se geste la paranoia en el ciudadano confinado y ubicado en la posición de receptor continuo de mensajes catastróficos: la pedagogía del miedo (y aquí abro un paréntesis: si para enseñar se necesita infundir temor no se puede considerar pedagogía). Quieren que la autoridad propine varazos a terceros, como en India, por permanecer en la calle sin causa justificada ni actividad esencial. Una proyección de su frustración por no ser ellos quienes están afuera sin acatar, en la vía pública, como cualquier día del año en condiciones de normalidad.

Nadie con dos dedos de frente discutiría que importa más preservar la vida y mantener la salud por encima de cualquier cosa. El argumento de la ponderación: que hay derechos más valiosos que otros en un determinado momento (epidemia), y por tanto unos prevalecen, lo cual es discutible a la luz de la inconmensurabilidad.



La última y nos vamos

Es importante recordar que no se ha transitado todavía (o involucionado, según se vea) hacia un estado de excepción. Cuestión que solo el Presidente de la República podría decretar.

Ahora imagínese caer en una situación de emergencia sanitaria, en manos de municipios gobernados por una banda de salvajes irreflexivos, incompetentes y falsarios. Pues ya estamos en ella y no hay quién les ponga un alto.

¿Libertad para qué?, preguntó Lenin (el ruso, no el afincado en Ciudad Acuña) cuando le preguntaron en qué momento el régimen bolchevique traería libertad a los ciudadanos. Así Coahuila hoy.

Ya nadie se acuerda pero hoy se cumple una década del homicidio de Alejandrina Martínez Macías, exdelegada del Centro SCT en Coahuila, quien fue ultimada el 19 de abril de 2010 en su domicilio ubicado en un fraccionamiento privado al norte de Saltillo.

Entonces el caso no se tipificó como feminicidio pese a que reunía los elementos necesarios (lesiones infamantes, acoso laboral y amenazas previas), y ni siquiera al día de hoy la investigación está concluida pues a decir de la Dirección General de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado, el expediente se encuentra “en trámite”, como consta en el oficio FGE-UT/538/2020 dirigido a quien esto escribe con fecha 20 de marzo del presente año.

Como se recordará, la exfuncionaria federal de 51 años, originaria de Torreón, ocupó el referido cargo de marzo de 2004 a febrero de 2008 y al momento de su muerte mantenía un litigio laboral contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el sexenio de Felipe Calderón, reclamando la vigencia legal de su nombramiento.

Inclusive dos semanas antes del asesinato, el 7 de abril, había manifestado su desacuerdo público con Jesús de León Tello, hoy dirigente del PAN en la entidad, por haber ocupado este la Delegación del Centro SCT a partir del 1 de abril.

“Hago de su conocimiento que hasta el día de hoy continúo teniendo el cargo de directora general del Centro SCT Coahuila, desconociendo la razón por la cual el C. Jesús de León Tello aceptó dicho encargo, ya que dicha (sic) plaza se encuentra en un proceso jurídico en tribunales federales”.

El antecedente fue rescatado por Zócalo Saltillo en su edición del 21 de abril de 2010. No obstante la atención del tema se desvió al difundirse a la opinión pública, posterior al asesinato, que una cantidad importante de dinero en efectivo (alrededor de 7 millones de pesos) fue localizada después de catear su casa, la escena del crimen.

En el ejercicio de sus funciones, cabe señalar, Alejandrina tuvo conflictos con el Sindicato de Trabajadores de la SCT y dos semanas antes de su salida material, en febrero del 2008, empleados tomaron las instalaciones del Centro SCT en Saltillo pidiendo su destitución.

Un trabajador doméstico de la exdelegada, Pascual Tello Cubillo, formuló el 26 de abril de 2010 una queja en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, identificada con el folio CDHEC/063/2010/SALT/MP/P1, en poder de quien esto escribe.

A grandes rasgos en dos cuartillas de testimonio describe su versión como testigo del hallazgo y levantamiento del cadáver, y una maniobra ministerial –con tortura incluida de la Policía Investigadora de la Fiscalía General– para inculparlo.

“Me preguntaron por qué la mataste, ya supimos que tú fuiste, suelta la sopa y te echamos la mano con el licenciado, si no te van a dar 60 años. En eso me empezó a golpear el pecho uno de los policías con la mano abierta, en la cabeza también. Insistían diciendo que por qué la había matado, que ya me había cargado la chingada, que soltara la sopa, que así ha pasado en otros casos y que no había necesidad de ponerme una chinga”.

“Seguían hostigándome con las mismas preguntas y en eso entre varias personas me golpearon en la parte baja de la espalda, también con el puño cerrado en ambos lados, y me dijeron que me iban a bajar a las celdas, que ya tenían lista la chicharra, que iban a llegar los chilangos por mí, y yo les pregunté quiénes eran, y me respondieron que esos llegaban encapuchados”.



Cortita y al pie

Se debe tomar con reserva pues fue Humberto Moreira quien lo afirmó, pero el exgobernador del Estado declaró el 22 de julio de 2010, al finalizar un evento en San Juan de Sabinas, que Alejandrina le había llamado días antes de su muerte para solicitarle una cita, la cual no pudo concretarse ya que dicho encuentro se celebraría un día después de ser asesinada. Lo anterior fue difundido el 23 de julio de aquel año por el periódico Reforma.

Y cito textualmente un párrafo revelador de la nota titulada “Liga Moreira a crimen a ‘compadre’ de Ejecutivo”, publicada por el medio de comunicación: “durante la llamada, Martínez le alcanzó a decir que la quería matar el compadre del Presidente (…) en la entidad, el único compadre que se le conoce al presidente Calderón, es el senador Guillermo Anaya”.

Llama la atención que, aunque por separado y en hechos distintos, los panistas 1 y 2 de Coahuila resultan señalados.



La última y nos vamos

Alejandrina Martínez Macías vivía sola y murió a causa de 13 lesiones ocasionadas con arma blanca (nueve en el tórax y cuatro en el cuello). Sin embargo a 10 años del atentado contra su vida no hay culpables. Ni el material ni el intelectual, suponiendo que –dadas las circunstancias políticas– exista el segundo. ¿Por qué la impunidad?

A nadie importa, pero es oficial: no habrá votaciones en Coahuila el próximo 7 de junio. Y si no hay una instancia jerárquicamente superior que diga lo contrario, en este caso la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tampoco habrá coaliciones entre partidos políticos cuando el proceso electoral se reanude, después de la emergencia sanitaria.

Sin embargo algún día se tendrá que renovar la Legislatura LXI del Congreso del Estado. Y cuando eso suceda será dispersando el voto entre 11 distintos emblemas, cada uno compitiendo por separado (PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde, UDC, Movimiento Ciudadano, Morena, Unidos, Partido de la Revolución Coahuilense y Emiliano Zapata, la Tierra y su Producto A.C., por orden de registro). Algo que no sucedía desde 1996; hace 24 años.

Cabe señalar que tres organizaciones políticas locales no pudieron aliarse, pues el Código Electoral se los prohíbe al tratarse de la primera elección en que participan, y seis no quisieron pese a que podían. Y si bien solo Morena y el Partido del Trabajo pretendían participar con candidaturas en común en 8 de 16 distritos electorales, el 11 de marzo el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila resolvió que no era procedente, y el 30 de marzo el Tribunal Electoral de Coahuila confirmó esa resolución. Posteriormente, el miércoles 1 de abril, el Instituto Nacional Electoral puso pausa por tiempo indefinido al proceso electoral, y el viernes 3 de abril el IEC dio acuse de recibo, acatando la instrucción.

Hasta aquí no habría mayor inconveniente, pues votar por diputados locales en la entidad a muy pocos entusiasma históricamente, y por consecuencia no hay interés en revisar a pie juntillas los detalles del proceso. No obstante hay errores que son imperdonables y revelan el paupérrimo nivel de nuestros representantes.

De acuerdo con la exposición de hechos relatada en el acuerdo 043/2020 del IEC y la sentencia TECZ/JE/03/2020 y TECZ/JE/04/2020 del TEC, a tres minutos de vencer el plazo para presentar la solicitud de convenio de coalición parcial, es decir, a las 23:57 horas del 1 de marzo, la Oficialía de Partes del IEC recibió un correo electrónico de Morena para avisar de sus intenciones, con 21 hojas, sin firmas ni anexos requeridos. Y una hora después del e-mail, a las 00:57 del 2 de marzo, envió un segundo documento, con algunos cambios, y ya con firmas incluidas.

Cabe señalar que tuvieron 60 días para hacerlo. De ahí el desaseo.

Una vez verificados, el IEC dio un término 48 horas para corregir las observaciones y entregar los faltantes. El 5 de marzo Morena presentó un convenio distinto, pero con errores técnicos que finalmente no fue aprobado. Como el estudiante que no hizo el trabajo final de curso y tres minutos antes de concluir el plazo fatal, emborrona un par de cuartillas y las envía para cumplir con el requisito. Después envía otro trabajo, según él más completo pero igual de defectuoso. Inevitablemente reprueba. También es cierto que la fundamentación y motivación en que ambas autoridades electorales de Coahuila basan sus criterios es técnicamente cuestionable.

Dieron prioridad a la forma por encima del fondo. Los formalismos por encima de la libertad de autodeterminación y autoorganización que poseen los partidos políticos (y que no es absoluta, justo es decirlo). Además la decisión del Tribunal llega en la fase dos de la contingencia, con las actividades públicas prácticamente paralizadas. Los magistrados no tienen la culpa del Covid-19, dirán en su defensa, aunque sí aprovechan las circunstancias para pasar todavía más desapercibidos en un tema trascendental para el desarrollo y resultado de las elecciones.

Cosa curiosa: el PAN se presentó a los juicios TECZ/JE/03/2020 y TECZ/JE/04/2020 como tercero interesado a fin de argumentar a través de un representante que no le dieran la razón a Morena y el PT. Sí, es legal hacer eso, pero llama la atención su interés y más allá de este, sus filias y sus fobias. Sirviendo de ariete. Por lo demás, es revelador que no se oponga –más allá de las cantaletas oportunistas de cada elección– a quien actualmente tiene poder en Coahuila: el PRI.

Un asunto es cierto: la pugna por el Comité Directivo Nacional de Morena entre Yeidckol contra todos ocasionó que no hubiese quién tomara decisiones importantes en pleno proceso electoral de Coahuila. Y se trasladaron los vicios de lo nacional al Comité Directivo Estatal, de por sí viciado. Dicha situación afectó no solo a los militantes y simpatizantes de la entidad. Por la misma razón –entregar su documentación de forma extemporánea– tampoco cuajó en Hidalgo, el otro estado que tiene programadas elecciones en 2020.

Allá Morena pretendía coaligarse parcialmente (en 42 de 84 municipios) con el Partido Verde, y el convenio para tal efecto fue presentado a las 1:31 horas del 13 de febrero, cuando el término legal concluyó el 12 de febrero a las 23:59 horas. Y no hubo pretexto, pues el plazo estuvo vigente desde el 15 de diciembre de 2019. Por si fuera poco el documento contenía un apartado correspondiente al PT, aunque sin firmas, pese a que este no formaba parte de la coalición. Un desastre.

Así en Hidalgo, como en Coahuila, no habrá coaliciones y sí 11 partidos por separado.

Tampoco hay que sobredimensionar la coalición, ni apostarle a esta todo el éxito, o todo el fracaso. Y si bien se juzga en función de los resultados electorales, no del proceso para llegar a ellos, en Coahuila es simbólica la presencia del PT. En todo caso servía para generar eventualmente una percepción de fortaleza contra los demás partidos no coaligados. Aunque solo era eso: una percepción.


Cortita y al pie

¿Y el PAN?, se preguntará usted. El PAN en Coahuila está moralmente derrotado. El domingo 29 de marzo completó su lista de aspirantes a una diputación por mayoría relativa; simplemente por cumplir con el requisito y avanzar a la siguiente etapa.

Ahora bien, al no postular personajes conocidos ni arraigados en la comunidad, prácticamente está entregando la elección en 14 de 16 distritos, pues el periodo tan corto para lograr un conocimiento de su marca, más el desprestigio que acumulan y la baja participación que se prevé, será un lastre. Previamente no fue capaz de negociar su acostumbrado pacto con la UDC y, después de una década, no participarán en alianza.


La última y nos vamos

El 15 de abril, de acuerdo con el calendario electoral original, iniciaría el registro de candidaturas y el día 25 la campaña. Naturalmente cuando se reanude la competencia, cuando todo haya pasado, habrá otras circunstancias que influyan.

No hay que olvidar, sin embargo, que se gastan 415 millones de pesos –oficiales, pues con el efectivo circulante no fiscalizado la cantidad aumenta– del presupuesto en la elección de 2020, entre prerrogativas a los partidos políticos y operación del IEC y Tribunal Electoral, para el nivel tan primario y tan precario de la oposición que tenemos y padecemos. De vergüenza.

En un hecho inédito, la Legislatura 61 sesionó durante tres jornadas consecutivas en una misma semana: los días 1, 2 y 3 de abril, miércoles, jueves y viernes; algo que jamás había ocurrido desde que tomó posesión el 1 de enero de 2018.

Ahora bien, ni los diputados locales se hicieron eficientes de la noche a la mañana, ni la emergencia sanitaria los volvió productivos, naturalmente. No es gratuita su actuación, por supuesto. Hay un trasfondo.

Valiéndose de las circunstancias especiales derivadas de la cuarentena obligatoria (no acuden al salón de sesiones en el Palacio Legislativo, sino desde una computadora con acceso a internet y una conexión en red simulan trabajar en conjunto) sacaron algunos temas de la congeladora y el viernes 3 –justo cuando menos reflectores tenían apuntándoles– aprobaron por segunda vez, y ahora sí en definitiva, que la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo contrate un crédito por 60 millones de pesos, más intereses, accesorios financieros e impuestos correspondientes.

De entrada, se trata de otra consecuencia negativa del Covid-19 que tarde o temprano iba a suceder: oscurecer más los de por sí opacos asuntos públicos, aprovechándose de los acuerdos de suspensión de plazos legales o no fiscalización que, a manera de “acciones preventivas”, han tomado las dependencias administrativas de la entidad.

Y lo curioso aquí es el momento elegido por el Congreso del Estado para validar el negocio. Me explico.

El Ayuntamiento de Saltillo, había autorizado por unanimidad la operación el 30 de octubre de 2018, a través del acuerdo de Cabildo 202/26/18 asentado en el acta 1575/26/2018. Luego, el 10 de abril de 2019, el municipio ratificó también por unanimidad el documento, como consta en el acuerdo de Cabildo 39/09/19 asentado en el acta 1593/09/2019.

El asunto pasó a la jurisdicción del Poder Legislativo y el 28 de mayo de 2019, fue votado favorablemente por este, y posteriormente, el 11 de junio, convertido ya en decreto 275, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila. Con esto se daba por finiquitado el caso.

Sin embargo, algo pasó y el 12 de febrero de 2020, la Dirección General Adjunta de Deuda Pública de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solicitó, mediante oficio 351-A-PFV-00319, precisar los requerimientos de Aguas de Saltillo –específicamente su fuente de pago, ya que ni Gobierno del Estado ni el Ayuntamiento de Saltillo le servirán como aval– para poder inscribir su crédito en el Registro Público Único y lo más importante: para que la paramunicipal pueda disponer del monto ya contratado el 22 de agosto de 2019 con BBVA Bancomer.

Lo anterior es lógico, pues la referida publicación en el Periódico Oficial (de cuatro párrafos y solo una cuartilla) no daba mayores explicaciones acerca de la forma de regresar el dinero.

Por segunda ocasión, nuevamente sin abundar en explicaciones, Aguas de Saltillo repite los mismos datos y el Congreso le hace segunda: se trata de un crédito a liquidar hasta el 31 de octubre de 2026 (en 86 meses de pago), el cual será destinado al Proyecto de Reubicación de la Línea de Conducción de Agua Potable, alojada en los 10.6 kilómetros, objeto de la ampliación de la carretera Zacatecas-Saltillo. Como información adicional, contenida en el oficio JU040/2020 de fecha 31 de marzo de 2020, mencionan que la fuente de pago será “a través de ingresos propios, específicamente los flujos económicos que obtenga por ingresos de prestación de servicios y venta de bienes relacionados con los mismos”. O sea nada en concreto.

Así, mientras los representantes populares exhiben una imagen de modernidad y sofisticación, acatando las disposiciones de la fase 2 de la contingencia y trabajando desde la comodidad de su casa mediante la tecnología, sin reservas y como auténtica oficialía de partes validan negocios temerarios de 60 millones de pesos.

No es la forma lo importante, sino el fondo.



Cortita y al pie

En el Congreso, de acuerdo con su sitio web, no están citados para una fecha próxima. Es decir, los 25 diputados locales apagaron la computadora y se fueron oficialmente de vacaciones de Semana Santa. Ni quién les reclame algo. Luego el tiempo y la rutina se encargarán de que otros temas suplanten a este en la opinión pública, y lo saquen poco a poco de la agenda. El crimen perfecto. Una y otra vez ha sucedido en Coahuila y seguirá sucediendo.



La última y nos vamos

Por lo demás, parafraseando a La Tucita: si ya sabemos cómo son, para qué los dejamos solos.

El 19 de marzo escribí en este mismo espacio que Coahuila reunió el primer trimestre de 2020, como pocas veces en su historia contemporánea, las condiciones necesarias para la tormenta perfecta; algunas anteriores a la pandemia de Covid-19 y otras posteriores: sin producción de acero ni extracción de carbón, con la industria automotriz y manufacturera detenida, la imposibilidad del fracking a corto plazo debido al petróleo barato, el dólar más caro que nunca, la frontera con Estados Unidos semicerrada, el turismo paralizado, sin Fondo Minero ni participaciones federales extraordinarias, y el comercio y la prestación de servicios bajo mínimos y en riesgo de quiebra.

Al panorama reseñado habría que agregar ahora un nuevo elemento: la suspensión por tiempo indefinido de las elecciones programadas para el 7 de junio que, si no sucede nada extraordinario, será acordada hoy por el Consejo General del INE.

¿Por qué afecta lo anterior? Porque el flujo de dinero –especialmente en efectivo– aumenta durante los procesos electorales en el país. Sin este, habrá menos circulante. Un factor más a considerar.

Ahora bien, debido a la epidemia los bancos han ofrecido tolerancia en aspectos básicos de su relación a sus pequeños clientes, como postergar durante cuatro meses el pago de créditos. Pero, y a los peces gordos como Coahuila, ¿qué pasará con ellos?

De abril a junio, para dimensionar, el Estado desembolsará alrededor de mil millones de pesos entre Multiva, Banorte, Banobras y HSBC que serían muy útiles para ejecutar en otras áreas prioritarias esenciales.

No es lo ideal (porque lo ideal, lo he mencionado ya en otras ocasiones, sería repudiar una parte de la deuda ilegítima, por lo menos la obtenida mediante seis documentos falsificados entre 2009 y 2010, y que asciende a 5 mil 300 millones de pesos). Sin embargo, en las circunstancias actuales, poner pausa por lo menos un trimestre a la obligación crediticia desahogaría la presión financiera del Estado, y le permitiría un margen de maniobra en momentos que se avecinan complicados.

Se trata, irónicamente, de que no cobren intereses (ni penalizaciones) al no pagarles en tiempo y forma los intereses. Un asunto a todas luces menor.

Por lo demás Coahuila ha sido un cliente disciplinado a lo largo de una década. Religiosamente y sin chistar se ha desprendido de 40 mil millones de pesos que no han ayudado a amortizar la deuda en ese periodo.

No es tan difícil de entender: para que la economía vuelva a ser lo primero, lo primero ahora tiene que ser la salud. Y así se ha decidido, al decretarse la emergencia sanitaria para los próximos 30 días de abril. En el debate entre salud y economía que se había gestado al inicio de la contingencia, el Consejo de Salubridad General ya definió su prioridad.

Así, en consonancia con lo anterior, es el momento para que las entidades financieras muestren un ápice de responsabilidad social (nadie dice que se conviertan en instituciones de beneficencia, pues aquello iría contra su naturaleza) y actúen en consecuencia.

En estos momentos no sirve que un servidor público, así sea el Presidente de la República, done o rebaje un porcentaje de su salario. No vale lo simbólico, sino lo real. Nunca ha sido válida la superchería en la función pública, no obstante lo que antes era tolerable y hasta cierto punto folclórico, no lo es ahora. La crisis del Covid-19 no se paliará con estampitas para todos, sino con ventiladores de respiración asistida y camas de hospital disponibles. También se requieren soluciones fiscales a nivel macro. Más ciencia y menos empirismo. Y lo más importante: dinero en la bolsa.



Cortita y al pie

Vivimos tiempos históricos para la humanidad. De medidas inauditas y extremas. Casi una distopía en tiempo real. Ahora bien, por qué nos parece normal que se transite hacia un estado de excepción, de confinamiento forzado y prohibiciones elementales en la esfera individual, como si se tratase de la Tercera Guerra Mundial, y en cambio nos parece impensable que un banco deba detener por un tiempo –ya no digamos quitar– su bota de nuestro cuello. ¿No le resulta por lo menos escandalosa dicha escala de valores?

Por qué no aplicar entonces esas mismas medidas “radicales” en el ámbito bancario. A grandes males, grandes remedios.



La última y nos vamos

Al momento de redactar estas líneas hay 36 casos de coronavirus confirmados en Monclova, 12 en Saltillo y 8 en Torreón. No sé qué piense usted, pero es momento de cortar una flor del jardín de aquellos que, en su día y con otros contratos, fungieron como cómplices por omisión del endeudamiento irresponsable.

Sería lo mínimo que pueden hacer.

En plena contingencia sanitaria por el Covid-19 y con temperaturas que han alcanzado los 36 grados al inicio de la primavera en la capital de Coahuila, a la paramunicipal Aguas de Saltillo se le ocurrió hacer obras de interconexión en la carretera 54, perfectamente aplazables para otro momento, que dejaron sin vital líquido a las zonas Centro, sur y poniente de la ciudad por espacio de tres a 10 días, cuando la suspensión estimada del servicio –se había anunciado de manera oficial– sería solo de 15 horas el 17 de marzo.

Sin embargo, como siempre sucede cuando se genera una crisis, hay alguien que gana con dicha crisis. Y esta no fue la excepción. A través de la licitación identificada con el folio LA-805030974-E14-2020 AGSAL 013/20 convocada por la empresa, el 18 de marzo, es decir, el día que debía iniciar la “normalización” del tandeo, falló a favor de la sociedad mercantil Construcciones Hidráulicas y Civil Krem, S.A. de C.V. para que suministrase agua en pipas a cambio de 3 millones 898 mil 64 pesos.

De entrada, una pregunta: si ya sabían que iba a fallar el servicio durante días y por tanto requerían con anticipación “asegurar” el transporte del vital líquido en camiones cisternas, y por ello publicaron la licitación relativa el 27 de febrero, ¿por qué no postergaron los trabajos pese a la epidemia?

Por lo demás, para dimensionar, se trata de casi 4 millones de pesos por la renta de seis vehículos rotulados con la leyenda: “al servicio de Aguas de Saltillo”. O visto de otra forma: millón y medio por cada uno.

Inclusive representa el contrato más caro de 2020, por encima del propio “suministro de tubería de hierro dúctil y pieza especial para línea de distribución de agua potable de sector tanque Narro a sector Landín”, el cual costó solamente un millón 108 mil pesos más IVA. Otros asignados también en marzo, relativos a trabajos de cloración, y limpieza y desazolve de drenajes, no superan siquiera los 3 millones de pesos entre ambos (2 millones 881 mil 948 ya con el IVA incluido).

En la referida persona moral que ganó el contrato de las pipas, cabe señalar, Crishna Lizett Peña Aguilar es administradora general y dueña del 75% de las acciones. Su nombre tal vez no le diga nada, pero ella es socia de Tanya Jezabel Castillón Meza en otra empresa: Servicio y Preparación de Alimentos de México, S.A. de C.V., y esta, a su vez, es socia de Armando Luna Canales (y Héctor Franco López, exsecretario de Medio Ambiente durante la administración de Humberto Moreira) en Indica & Sativa, S.A. de C.V.

Para contextualizar: Castillón Meza es hoy notaria pública 109 en Saltillo, aunque antes se desempeñó como subsecretaria de Justicia Laboral de Coahuila hasta el 30 de marzo de 2017, y exsecretaria particular de Luna Canales cuando este fungía como secretario de Gobierno (y él, a su vez, es actualmente notario público 63 en Saltillo). ¿Una cadena de favores o una simple coincidencia?

El caso es que hay más detalles interesantes. Cito uno por ejemplo: Construcciones Hidráulicas y Civil Krem, S.A. de C.V., la empresa recientemente favorecida por Aguas de Saltillo durante la crisis, y otra de Armando Luna Canales pero del mismo ramo, denominada Inmobiliaria Aquitania, S.A. de C.V., fueron constituidas con una diferencia de días, durante 2016, en las notarías 77 y 80 de Saltillo respectivamente.


Cortita y al pie

Ahora bien, por separado entre 2018, 2019 y el primer trimestre de 2020, la misma Crishna Lizett Peña Aguilar fue beneficiada como persona física por Aguas de Saltillo vía tres contratos en 2018, dos en 2019 y uno en 2020.

Lo mismo por “mantenimiento preventivo en instalaciones y pozos”, un “cambio de línea” y “construcción de alcantarillado sanitario”, que “trabajos especializados en reparación y control de fugas”. Participa en prácticamente todas las áreas de la operación, pues.

Y en total acumula 11 millones 389 mil 841 pesos facturados.


La última y nos vamos

Lávate las manos 20 veces al día. Durante 20 segundos por lo menos. ¿Cómo hacerlo si no hay agua potable pero sí negocio derivado? Vaya negligencia y oportunidad.

Luego de 72 horas con saldo blanco al no existir nuevos contagios de Covid-19 reportados en Coahuila, ayer la Secretaría de Salud informó que un médico de 42 años, originario de Monclova, dio positivo al virus que mantiene al planeta en pandemia y cuarentena.

Quizá no sea motivo de alarma, pero el asunto tampoco es menor, ya que a diferencia de los 12 casos previamente identificados en la entidad, aquí sí existe transmisión local no relacionada con un viaje al extranjero. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que no hubo estancia en otros países afectados -como había sido el denominador común hasta la fecha- y nos encontramos ya en otra fase de la epidemia.

Además involucra un especialista de la medicina en contacto directo con pacientes (sin magnificar la historia, pues un riesgo de su profesión es justamente la infección por contacto con terceros en cualquier circunstancia), y en una institución pública que diariamente recibe a miles de derechohabientes (Hospital General de Zona Número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad acerera).

Y aquí viene lo interesante. Ayer mismo, en diferentes hechos, alrededor de 25 enfermeras y enfermeros adscritos a la Clínica 2 del IMSS en Saltillo protestaron públicamente por la falta de insumos médicos que requieren para atender en condiciones de suficiencia una situación excepcional como la que enfrentamos.

¿Hay entonces una relación directa entre ambos hechos? Es decir, ¿el doctor de Monclova se contagió por no tener material suficiente para protegerse y los asistentes de Saltillo decidieron parar ante un peligro inminente?

De ser así llegamos pronto a un punto de inflexión y de ahora en adelante los servicios de salud no podrán seguir haciendo lo mismo si esperan obtener distintos resultados. Y estamos a tiempo de actuar diferente, considerando la experiencia de otros países, pese a los contextos particulares de cada uno. Para dimensionar: de los 80 mil 589 contagios que se reportaban hasta ayer en Italia, 6 mil 205 corresponden a trabajadores de servicios sanitarios.

En el último mes, no obstante, las compras de la delegación Coahuila del IMSS no se han incrementado de manera significativa, pese al estado de necesidad. Del 27 de febrero, fecha en que se detectó el primer antecedente de Covid-19 en México, al día de hoy, el sistema de contratos registra solo dos adquisiciones: una por 315 mil 858 pesos por concepto de “lentes”, y otra por 32 mil 490 pesos en “material terapéutico”. En los primeros dos meses del año habían facturado en cambio 127 compras menores.

El epidemiólogo que lidera la estrategia del Gobierno federal, Hugo López-Gatell, afirmó ayer que la contingencia sanitaria fase 2 básicamente sirve para que, en un momento dado, no sean tantos los eventuales contagios en semanas posteriores y por consecuencia no colapsen el sistema nacional de salud. El secretario general de la Organización Mundial de la Salud había criticado antier que dicha medida –establecida por la mayoría de gobiernos nacionales- solo serviría para contener, aunque no para resolver el problema.

Y luego está la ética hipocrática. Sí, es otra esfera de competencia, sin embargo es importante recordar el episodio del Hospital General de Torreón, donde 155 empleados (37 médicos, 71 adscritos al área de enfermería y 47 de administración) abandonaron literalmente su puesto de trabajo con goce de sueldo el 19 de marzo.


Cortita y al pie

El desabasto de materiales, accesorios y suministros médicos en el IMSS naturalmente no es un fenómeno que inició el 1 de diciembre de 2018, aunque tampoco hay tiempo para esperar una cantidad mínima de recursos como la que se reunirá en la rifa simbólica del avión presidencial y se destinará para “equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre”, como reza la inscripción de los ‘cachitos’ que jugarán el próximo 15 de septiembre.

Y no hay pretextos considerando los antecedentes en el tema. Cito un ejemplo para contextualizar: el 30 de agosto de 2019 durante su conferencia matutina, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sugirió ante un reclamo expreso por falta de medicamentos que médicos, enfermeras y directores de hospitales deberían tomar la decisión de comprarlos con sus ingresos personales cuando estos hicieren falta a un paciente (especialmente cuando se trata de niños) para que no pierda la vida. “¿Qué sociedad somos?”, preguntó en su día.

¿Qué Gobierno tenemos?, se le cuestionaría hoy a él.


La última y nos vamos

Ayer por la tarde la Secretaría de Salud confirmó el caso 14 de coronavirus en Coahuila, de igual forma en Monclova (mujer; 41 años de edad) e igualmente doctora del IMSS y con signos de transmisión comunitaria. Ojo.

Nadie supo, pero el sábado 23 de noviembre de 2019 la Compañía Cervecera de Coahuila, S. de R.L. de C.V., persona moral que administra la cervecería de Constellation Brands en Nava, publicó un desplegado para informar que construirá un acueducto de 18 kilómetros que, sumados al acueducto original de 60 kilómetros que le abastece agua potable, en la región de Los Cinco Manantiales, formará una estructura 66% mayor a la obra que se requería en Mexicali, Baja California, para iniciar operaciones de la planta que se acaba de cancelar el fin de semana mediante consulta popular.

Sin embargo en Coahuila –cuya geografía mayoritaria es también un semidesierto– no pasa nada. O existe licencia social, según se vea.

De acuerdo con un reporte de Constellation Brands, en 2017 su fábrica de Nava produjo 27.5 millones de hectolitros de cerveza, proyectando una cantidad anual similar para 2018 y 2019, aunque se encuentra en un proceso de ampliación que le permitirá producir 30 millones de hectolitros “para satisfacer la demanda de nuestras marcas que existen en Estados Unidos”, afirma.

Desde 2013 adquirió de Grupo Modelo sus instalaciones en la entidad y en 2014 inauguró una fábrica productora de vidrio (Compañía Vidriera de Coahuila) adyacente a la industria de Nava para la producción de botellas de envase. Sus socios son CB Cervecera Operation, S. A. de R.L. y CIH Internacional, S.A. de R.L.

Entonces producía 10 millones de hectolitros anualmente, y a partir de ese año incrementó en 2 mil 200 empleados la plantilla laboral. En total tiene 2 mil 845 colaboradores. Para calcular el agua requerida, justo es decirlo, se tendría que multiplicar la cifra por tres, resultando una cantidad de 90 millones de hectolitros. Un solo hectolitro, para dimensionar, equivale a 100 litros. ¿Justifica el empleo generado los recursos naturales extraídos?

Así, bajo el nombre Proyecto Acueducto 18K, la compañía estadunidense solicitó el 18 de noviembre de 2019 una Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y tuvo la obligación de manifestarlo públicamente para cumplir con el requisito dispuesto en el Artículo 34, fracción I de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Se trata de una construcción “eminentemente subterránea”, donde la mayor parte del trazo “será a través de caminos existentes”. Técnicamente le llaman “infraestructura de apoyo”, una tubería paralela en los últimos 18 kilómetros del acueducto. El proyecto, cabe señalar, se ubica dentro de los límites municipales de Zaragoza y Nava, sin más detalles acerca de su ubicación exacta.

La planta cervecera, cabe señalar, actualmente ya es abastecida de agua potable a través de un acueducto con longitud aproximada de 60 kilómetros. Y aunque Constellation Brands advierte que no se trata de aumentar el consumo, ¿cómo podría producir por consecuencia los 2.5 millones de hectolitros extras más de cerveza?

Según su explicación, el acueducto adicional de 18 kilómetros es una obra secundaria para no frenar el flujo del vital líquido mientras realicen mantenimiento a la vía principal. ¿Basta entonces con no cerrar la llave para multiplicar la ganancia?

En Baja California, para contextualizar, el acueducto que requerían para la fábrica era de 47 kilómetros. Y fue licitado por el Gobierno de aquel estado (encabezado por el panista “Kiko” Vega) para su construcción con recursos públicos. En Coahuila, con el anexo, suman 78 kilómetros. Es decir, será un 66% más amplio.


Cortita y al pie

En Mexicali se consultó públicamente y se decidió abortar el proyecto de Constellation Brands (de mil 400 millones de dólares en inversión estimada), como sucedió en su día con el aeropuerto de Texcoco, o la aprobación del Tren Maya. Ejercicios de democracia directa inéditos, aunque naturalmente cuestionables.

En Tabasco, desde antes de la consulta convocada por la Secretaría de Gobernación los días 21 y 22 de marzo para tal efecto, se le invitó a instalarse. Un ofrecimiento con facilidades pues hay agua; el 33% de los recursos hídricos del país. Pero importa más la cercanía con la franja fronteriza para su distribución hacia el sur de Estados Unidos. Su mercado y destino final.

Villahermosa, por ejemplo, se ubica a mil 962 kilómetros de Nava, Coahuila. Ayer también entró en la puja el Gobierno de Nayarit, quien propuso su entidad para reubicarse.


La última y nos vamos

La otra planta de Constellation Brands en México, establecida en Ciudad Obregón, Sonora, es prácticamente improductiva. ¿Y Coahuila a nadie le preocupa?

Probablemente usted no sabía que desde septiembre de 2017, hay un Tribunal de Justicia Administrativa en Coahuila. Y posiblemente tampoco sepa qué hace o para qué sirve.

Sin embargo no se pierde de mucho ignorándolo, por no decir que no se pierde de nada. Su actividad pública es completamente prescindible y hoy con motivo de la contingencia por la pandemia internacional de Covid-19 irónicamente se nota más; o su presencia se nota menos, según se vea.

Lo anterior viene a cuento, pues los cinco magistrados que integran su órgano de gobierno (Sandra Luz Rodríguez Wong, Sandra Luz Miranda Chuey, Alfonso García Salinas, María Yolanda Cortés Flores y Marco Antonio Martínez Valero) acordaron el martes que del 18 de marzo al 19 de abril “se suspenderán las labores generales”. Es decir, jurisdiccionales y administrativas. Todas. Tampoco habrá guardias en oficinas y no correrán los plazos en ese tiempo para efectos legales. Básicamente desaparecerá de la faz de la tierra durante un mes. Con goce de sueldo para sus empleados, eso sí.

A diferencia de otros entes autónomos en el papel, como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, IEC, Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, o el Tribunal Electoral de Coahuila, que por lo menos simulan mantenerse al pendiente durante la cuarentena, el Tribunal de Justicia Administrativa no tuvo ningún reparo en bajar la cortina y borrarse del mapa pese a que no atiende aglomeraciones, como la Dirección del Registro Civil o el DIF, y por tanto su riesgo de propagación por contacto con terceros es menor.

Pero el mundo gira con él, sin él, y a pesar de él. Por lo demás, una cosa es la prudencia en la toma de decisiones, necesaria debido al riesgo sanitario en que nos encontramos, y otra la intrascendencia de su función. Sobre este último punto se centran los argumentos.

Así, salvo los clásicos y cíclicos acicates mediáticos del Tribunal al tonto útil de la política comarcana, Isidro López Villarreal, exalcalde de Saltillo, a quien recurren con frecuencia los órganos presuntamente autónomos y supuestamente anticorrupción de Coahuila cuando necesitan legitimar su existencia y demostrar su eficacia mandando un mensaje a la opinión pública, el resto de su actuación es letra muerta. No pasa nada. ¿Quién podría extrañarlo?

Por eso su ausencia en estos días ni se nota. Se trata de un elefante blanco en edificio de cantera donde una burocracia cara tramita papeleos inútiles en un permanente trabajo de Sísifo… que no resulta barato: al año absorbe 52 millones 589 mil 856 pesos en presupuesto, destinado primordialmente a servicios personales y gastos operativos.

Ahora bien, para cerrar sus puertas no se manda solo. Sigue la línea trazada días atrás por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien, adelantándose a las circunstancias, suspendió la mayor parte de sus actividades el 17 de marzo como medida preventiva y prácticamente obligó a los demás órganos jurisdiccionales del país a imitar su ejemplo. Aunque la Corte, a diferencia del Tribunal de Justicia Administrativa que no moverá un dedo, sí recibirá controversias constitucionales urgentes.


Cortita y al pie

Antes del coronavirus el Tribunal ya tomaba distancia social de los ciudadanos evitando el contacto directo con ellos (en 2018, para contextualizar, recibieron solamente 212 peticiones de justicia). También se ubica en aislamiento y no sale de su zona de confort, salvo para lo estrictamente necesario: dar un informe anual o acudir a sesiones mensuales del inoperante Sistema Estatal Anticorrupción, del cual forma parte.

El Pleno de la Sala Superior no escupe sentencias relevantes a nadie (solo 45 en 2019, para dimensionar), se lava las manos con frecuencia, y limpia y desinfecta casos de interés general para que no puedan dañar la salud de sus responsables (especialmente servidores y exfuncionarios públicos estatales, municipales y de organismos descentralizados).


La última y nos vamos

Los cinco magistrados en particular y el Tribunal de Justicia Administrativa en general, en resumen, ya estaban en cuarentena desde septiembre de 2017 y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Unos genios. Visionarios adelantados a nuestra época.

Sin que se trate de un llamado apocalíptico, el primer trimestre de 2020 Coahuila -como ningún otro estado de la República- reúne las condiciones necesarias para la tormenta perfecta.

En la Región Centro, con Altos Hornos de México (AHMSA) prácticamente desfondada y cada día menos productiva desde que fue intervenida de facto por la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno federal, y encarcelado y depuesto por corrupción su presidente del Consejo de Administración.

En la Región Carbonífera, con la actividad extractiva de carbón paralizada gracias a que la Comisión Federal de Electricidad no ha requerido el mineral -como habitualmente hacía- para sus centrales termoeléctricas de Nava.

En la Región Sureste, a punto de suspender operaciones y frenarse la industria automotriz a consecuencia de la recesión (con medio planeta en cuarentena, lo último que se piensa es en comprar un coche; y si no hay demanda, no hay producción industrial). Por si fuera poco, GM sufre un impacto directo desde Estados Unidos, y Fiat Chrysler de Italia, el país más afectado por el coronavirus después de China.

En la Región Norte, la amenaza de cerrar la frontera de México con Estados Unidos -como ya lo hizo el país vecino con Canadá para viajes no esenciales- está latente merced a la pandemia del Covid-19. A ello se suma el tipo de cambio, ya que ayer el dólar se cotizó en 24 pesos, su máximo histórico, cuando hace un par de semanas estaba en 19. Cinco pesos de diferencia en solo 14 días.

Se trata de una situación drástica, grave y de magnitud inusual como no se tiene registro en la historia contemporánea de la entidad. Y reitero: no soy agorero del desastre ni estoy magnificando, sobredimensionando o exagerando el impacto económico.

Además de lo anterior, otros factores contribuyen también a un panorama negro en lo sucesivo.

Si se intentaba promover el turismo religioso en Semana Santa y los viajes nacionales hacia los siete pueblos mágicos del estado a fin de activar la economía, ese ingreso estimado tampoco se obtendrá ya debido a las restricciones de movilidad y concentraciones masivas.

El proyecto-iniciativa (o ecocidio inminente, según se vea) del fracking para explotar gas shale en los Cinco Manantiales, iniciado en 2013, es ahora menos viable que nunca debido al precio del petróleo a la baja (en su mínimo desde 2002), pues este se vincula directamente con las inversiones internacionales en el ramo. A nivel macro, la inestabilidad de los mercados y la caída de la bolsa de valores influyen. En resumen: no es una opción, ni lo será a corto y mediano plazo.

De inversión extranjera, específicamente de Asia, mejor ni hablamos.

Tampoco dispone Coahuila, a diferencia del sexenio presidencial anterior, de ingresos extraordinarios y discrecionales de participaciones federales. A lo anterior hay que agregar que, en 2020, ya no cuenta con la partida presupuestal del Fondo Minero, la cual se eliminó del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual apunta preferentemente al asistencialismo social y proyectos estratégicos en el sur del país como directrices del gasto público.

A todas las regiones por igual afectará el cierre temporal indeterminado -pero acertado y prudente- de espacios públicos, decidido ayer en el Consejo Estatal de Salud que agrupa los tres órdenes de Gobierno. Esto afectará directamente a los prestadores de servicios (restaurantes, bares, gimnasios, centros nocturnos), empleados y proveedores de estos, y demás beneficiarios indirectos en la cadena comercial. El riesgo de quiebra es mayor para pequeñas y medianas empresas, primordialmente las de reciente creación, considerando que la contingencia podría durar hasta cuatro meses, de acuerdo con la estimación oficial.

Ahora bien, para poder cumplir con la emergencia sanitaria de control y prevención epidemiológica se podrán ausentar y tendrán licencia con goce de sueldo cierto grupo de trabajadores de la Administración pública estatal en condiciones especiales. La Iniciativa Privada, a su vez, tomará previsiones con base en las condonaciones y estímulos fiscales que reciba. Sin embargo, queda desprotegido un amplio sector que vive al día en la informalidad; ¿cómo quedarse en casa indefinidamente cuando su ingreso es el jornal que obtienen producto de su trabajo?

Todo lo mencionado supera por mucho las condiciones vividas en 2009, el antecedente más próximo de crisis en la entidad, ocasionado por la conjunción del brote de influenza AH1N1 y la gran recesión ocasionada como efecto dominó por la caída del banco estadunidense Lehman Brothers, y el sector automotor.

Entonces la solución estatal -que, vista a la distancia, fue más pretexto que otra cosa- fue apalancarse con la deuda pública valiéndose de las buenas calificaciones crediticias que mantenía Coahuila en aquel tiempo. Con el dinero prestado hubo inversión en obra pública y subvenciones sociales, hasta que las finanzas estallaron en 2011 y a partir de 2012 se cerró abruptamente la llave. A la fecha se sigue debiendo la misma cantidad a los bancos luego de casi una década, y los intereses pagados (40 mil millones de pesos), más los que se seguirán devengando hasta 2048 en el mejor de los escenarios, provocarán que se multipliquen los precios originales de las obras financiadas con créditos, y aquello a la larga se convertirá en el peor negocio de la historia contemporánea en la entidad.

Hoy, como alternativa, el Estado no puede solicitar créditos a largo plazo pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se lo prohíbe.


Cortita y al pie

Por si faltaba algo, entes federales, estatales y municipales por igual están dejando de actualizar información pública de oficio en los términos establecidos, y ya no responden asertivamente vía transparencia. Eso representa que 2020, además de todas las dificultades, pinta para ser un año completamente opaco en rendición de cuentas, aprovechando mañosamente las circunstancias.



La última y nos vamos

Aunque no todo es negativo, ya que indirectamente nos estamos dando un respiro como sociedad. Menos coches circulando innecesariamente debido a la contingencia sanitaria generan un aire más limpio, y la mano del hombre lejos de las montañas en estas fechas ocasionará menos incendios forestales como de costumbre. En una zona semidesértica de recursos naturales limitados el medio ambiente descansa de nosotros, sus depredadores, así sea por obligación. Buena noticia.

Mientras el árbitro electoral de Coahuila emprende una estrategia para mostrarse políticamente correcto al exterior, y usa los temas de género como escudo protector contra las críticas a su actuación, al interior acaba de fraguar un negocio de 39 millones 34 mil pesos con los materiales que serán usados en la próxima elección del 7 de junio.

A través de la “licitación pública nacional” identificada con el folio IEC/002/2020, el 6 de marzo el Instituto Electoral de Coahuila falló a favor de la sociedad mercantil Formas Finas y Materiales, S. A. de C.V., de la Ciudad de México para que provea básicamente urnas, mamparas, marcadores y cajas para paquetes electorales a un costo de 39 millones 34 mil pesos.

Para dimensionar la cifra: en las votaciones de diputados locales que se avecinan se instalarán 3 mil 863 casillas en la entidad, distribuidas en 16 distritos electorales. Eso significa que cada mesa receptora del voto costará 10 mil 104 pesos. O simplificado aún más: $10 mil 104 pagará el IEC por dos mamparas y dos urnas de plástico, lápices y dos cajas de cartón corrugado.

Al menudeo, cabe señalar, dichos materiales no costarían más de 2 mil pesos en conjunto, incluyendo las cintas especiales de seguridad que deben portar, y aún con el resto de características técnicas que necesitan. ¿A razón de qué, entonces, el precio al mayoreo se multiplica por cinco?

Inclusive de las tres propuestas presentadas por proveedores invitados a participar en la convocatoria, una de ellas (Grupo Manufacturero de Materiales Electorales, S.A. de C.V.) ofrecía surtir los mismos insumos requeridos a cambio de 11 millones 576 mil 800 pesos. Es decir, 27 millones 457 mil 200 más barato. Inexplicablemente fue rechazada.

El sobrecosto es tan evidente que la misma empresa, Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., vendió el 13 de febrero de 2018, idénticos materiales electorales al IEC para la elección de ayuntamientos (3 mil 900 juegos también) pero solo en 20 millones 690 mil pesos. Reitero: exactamente los mismos, aunque casi a la mitad del valor actual.

Resulta increíble, por tanto, que se hayan encarecido 89% los productos en solo dos años. Comprar a ese precio en 2020, en el mejor de los escenarios, significa un despilfarro de recursos contrario a los principios generales de Administración pública. ¿No lo sabía su directora Ejecutiva de Administración, Miriam Yolanda Cardona de la Cruz?

Por lo demás, ¿quién es el suertudo que, pese a encarecer 18 millones 350 mil pesos los precios de 2018 a 2020, sigue siendo favorecido con dinero público?

La persona moral pertenece a la familia Carranza Sordo. Los hermanos José Antonio, María Margarita y Carlos Alberto de los mismos apellidos, quienes aparecen como socios en otras empresas como Grupo Omesa del Sureste, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Mariscos Naturales y Productos Alimenticios, en Cancún, Quintana Roo; Operadora de Maquinaria y Equipos, en Coatzacoalcos, Veracruz; y la sociedad anónima promotora de inversión de capital Comanel, en la Ciudad de México.

A su vez los hijos del primero, de nombres José Antonio, Alejandro y Jimena, y apellidos Carranza Fernández, constituyeron recientemente otras sociedades multipropósito como Zacatecas 149, Consultoría AM&RV, Proyecto Medellín, Eonsmoke México, Velosoft, Aplicación Werk, Maxa Glamp, y Justice System Solutions Latinoamérica.

¿Por qué es importante lo anterior? Porque al abarcar todo el abanico de posibilidades mercantiles, es más fácil dispersar (y por qué no, repartir) en un segundo momento el dinero público recibido, usándolas.

Así, mientras la consejera presidenta del IEC, Gabriela de León Farías, se ausentaba de sus labores “el nueve ninguna se mueve” para dar un mensaje político, y los consejeros Alejandro González Estrada y Gustavo Espinosa Padrón impartían un taller de Violencia de Género y Nuevas Masculinidades, a otros hombres, ese mismo día, 9 de marzo, se programó la firma en privado del contrato con Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., quien, según el acta resolutiva de la licitación IEC/002/2020, “cumple cabalmente”, lo cual es un “aspecto de gran relevancia”, como dictaminó el director Ejecutivo de Organización Electoral, Julio César Lavenant Salas.

Ahí está el verdadero mensaje político y no necesita vestirse de morado.


Cortita y al pie

No, dentro de los 39 millones 34 mil pesos que se pagarán por los materiales, no hay gastos relacionados con la jornada electoral: el domicilio donde se ubicarán las casillas lo prestan los ciudadanos o se trata de edificios públicos, y quienes integrarán las mesas directivas acuden voluntariamente a recibir y contar los sufragios de sus vecinos. Ahí no hay ejercicio presupuestal, pues.



La última y nos vamos


Alejandro González Estrada, Karla Verónica Félix Neira y Gustavo Espinosa Padrón, acaban su periodo de seis años como consejeros del IEC en 2021. Gabriela de León Farías el suyo de siete, en 2022. Ninguno participará ya en las elecciones para Gobernador de 2023, suponiendo que todavía existan los OPLE para ese año.

Ahora bien, justo en la coyuntura de renovación de cuatro de 11 asientos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (su superior jerárquico) y cambio obligado del status quo, por consecuencia, y con la propuesta de desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) aún vigente y sobre la mesa, los consejeros actuales del IEC están apostando por cuestionables negocios grandes (edificio faraónico de $74.7 millones, urna electrónica, compras infladas) como si fuese “Año de Hidalgo”. ¿Acaso para reunir un finiquito acorde a su voracidad?

Voy a relatar un laberinto judicial que, como caso paradigmático, sirve de radiografía del sistema mexicano en su conjunto.

La historia comienza así: el 22 de octubre de 2012 la Procuraduría General de la República, cuya titular era entonces Marisela Morales Ibáñez, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales extendió un documento de no ejercicio de la acción penal (autorizada “en definitiva”) a favor del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, su esposa y su suegro, por los delitos de enriquecimiento ilícito cometido en agravio de la Administración pública, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivada del expediente AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-II/267/2012.

Lo anterior, es conocido, entre otras circunstancias, gracias al affair entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa (el último episodio del 24 de septiembre de 2019), donde acusa el Presidente al expresidente de exonerar durante su gestión al exmandatario estatal.

Pero no se trata del único expediente que pone a Moreira en la mira judicial. Entonces la PGR investigaba (suponiendo sin conceder que sí lo hacía) dos causas. Una de ellas, como se ha dicho ya, fue desechada. Sin embargo hay otra, no menos importante, que ingresó como denuncia en 2011 contra el también exalcalde de Saltillo cuando era presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Y aquí es donde el asunto se vuelve kafkiano. Dicha averiguación previa, identificada en el expediente AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-II/184/2011, se mantuvo (congelada) hasta el 15 de julio de 2015 en dicha dependencia según la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, en su oficio FGR/UTAG/DG/007235/2019. Es decir, durante la primera mitad del sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto.

En esa fecha fue “remitida por incompetencia” a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, cuyo titular era entonces Homero Ramos Gloria, exsecretario de Gobierno con Humberto Moreira y hoy magistrado del Poder Judicial del Estado en la Sala Penal. Reitero ese detalle que cierra la pinza: actualmente magistrado de la Sala Colegiada Penal, misma que preside Juan José Yáñez Arreola, exdirector Administrativo en el Ayuntamiento de Saltillo, también con Humberto Moreira.

Y aquí es donde ya entramos directamente a la dimensión desconocida. Una vez que la Procuraduría tuvo en su poder la referida averiguación previa, ahí la conservó durante cuatro años, fría y bien guardadita, donde se convirtió en el expediente número D.G.A.P. 002/2013, como consta en el libro de registro, de acuerdo con el oficio FGE-UT/399/2020 dirigido a quien esto escribe, con fecha 4 de marzo de 2020.

Y aquí no acaba el tema. La Dirección General de Unidades de Investigación de la hoy Fiscalía General del Estado, informa que desde agosto de 2019, el expediente se trasladó al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Tradicional, en el Distrito Judicial de Saltillo. Ahí se ubica desde hace seis meses (vigente, sí, aunque mientras esté en trámite se le considera “información reservada”).

Entonces el círculo se cierra pues el documento podría terminar otra vez en manos conocidas: los magistrados Homero Ramos Gloria y Juan José Yáñez Arreola. Una “casualidad”, naturalmente.

Ahora bien, qué implica su procesamiento en el Sistema Tradicional y no en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Muy fácil. Que ahí puede permanecer durante otra larga temporada y no habrá fuerza o poder humano que lo saque de la congeladora pese a que vivimos en un presunto estado de derecho. Salvo la presión social, por supuesto. En el Nuevo Sistema, en cambio, sí tendría consecuencias inmediatas, pero como el caso es antiguo se le aplican –muy convenientemente para su causa, por cierto– las viejas reglas.

Cortita y al pie

En resumen: el asunto rebota de un escritorio a otro y así van pasando los años. Y ya va para la década en una realidad alterna; en un universo paralelo. Un ping-pong entre los ministerios públicos y el Poder Judicial. Pelotean, se pasan la bolita de un lado a otro de la cancha, pero nadie se decide a terminar el juego. Ping-pong. Ping-pong. Ping-pong.

La última y nos vamos

No hay lugar a dudas: desde 2011 Humberto Moreira está en la red. Pero más que una red de captura pareciera una red de protección, de aquellas que se extienden y tensan para que caiga en blandito como los trapecistas, y no pase a otras redes, de otras jurisdicciones, estas sí de pesca, donde no se le podría tener a salvo.
¿Quién y por qué lo querría tener a salvo?, es la pregunta.

Coahuila hoy atraviesa una circunstancia histórica que no se ha ubicado en su justa dimensión: producción (o extracción, según se vea) de carbón mineral bajo mínimos, y la industria del acero paralizada (o intervenida, dicho de otra forma).

Eso significa, en pocas palabras, desempleo y parálisis comercial y de servicios en las regiones Centro y Carbonífera, y afectaciones tangenciales para la región Norte, vinculada económicamente con estas dos. Un desastre.

Salvo el Sureste y La Laguna, áreas que comprenden 10 de los 38 municipios, el resto del estado está bajo asedio. Sin acero y sin carbón, materias primas de jurisdicción federal.

Hoy hace crisis, sin embargo el asunto viene de tiempo atrás. Para dimensionar: desde que la Cuarta Transformación tomó el poder en diciembre de 2018 (aunque, en la praxis, manda desde julio del mismo año) solo ha licitado una remesa de 330 mil toneladas del mineral con las características técnicas de la Cuenca de Sabinas, a través de la Comisión Federal de Electricidad, bajo el nombre Concurso Abierto Internacional CFE-0001-CAAAA-0002-2019.

Lo anterior es importante por una razón: hay una disonancia cognitiva en el mensaje que manda el Gobierno y su actuar. Me explico.

Si en materia energética la política nacional es la soberanía, entendida esta como la producción nacional (de petróleo y electricidad) para consumo doméstico sin necesidad de comprar al exterior, o adquirir cada vez menos hasta lograr un punto de autosuficiencia que actualmente no tenemos, ¿por qué las termoeléctricas de Nava no necesitan carbón mineral entonces en este momento, si en los últimos dos años prácticamente no le han surtido?

El argumento de las “bodegas llenas” para no comprar más producto a la región no se sostiene. Es verdad que durante un periodo hubo mantenimiento a las centrales José López Portillo y Carbón II (las cuales producen alrededor del 10% de la electricidad en México), lo cual supone ralentizar la producción por consecuencia. Pero, ¿y el resto del tiempo?

Cuando más materia prima se requeriría por simple lógica para cumplir los objetivos trazados (producir más energía), se camina en la dirección opuesta. No tiene sentido.

Al mismo tiempo, como afirmó ayer el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no habrá rescate de Ahmsa (Alonso Ancira, su encarcelado presidente del Consejo de Administración, ha sido forzado a vender debido a circunstancias legales y políticas): “nosotros no podemos rescatar empresas; no podemos convertir deudas privadas en deudas públicas”.

Por lo demás, el antecedente más próximo de crisis para la entidad -aunque no es equiparable por completo- data de 2009, durante las administraciones encabezadas por Humberto Moreira y Felipe Calderón en sus ámbitos de competencia, cuando la pandemia de influenza (gripe A H1N1) junto al caos en el sector automotor y bancario, generó la recesión.

Hoy, en comparación, ya no se puede echar mano de la deuda a largo plazo como se hizo entonces, pues el apalancamiento cometido en el pasado lo impide y una nueva legislación fue creada para evitar en la medida de lo posible irresponsabilidades en el gasto público, como la ocurrida en Coahuila en 2010 (utilizando de pretexto, irónicamente, la contracción de la economía mundial).


Cortita y al pie

Justo es señalar también la zona de confort en que se hallaban algunos. Unos, muy cómodos con la proveeduría de Ahmsa exclusivamente, y otros muy acostumbrados al ciclo del carbón. Sin plantearse siquiera nuevos clientes en el caso de quienes venden a la siderúrgica, y actividades diversas en el tema de la minería.



La última y nos vamos

Sí, hoy se requieren medidas urgentes. Aunque también se abre una oportunidad para pensar y proyectar a mediano y largo plazo. Y particularmente diversificar la economía de medio Coahuila: el mayor productor de acero en el país, y quien posee la mayor reserva de carbón en su subsuelo.

Naturalmente se trata de una empresa monumental, y la causa requiere voluntad política y la suma de miles de voluntades individuales. Casi nada, considerando que la entidad no se distingue precisamente por los esfuerzos colectivos.

La coyuntura política requiere visionarios y estadistas en todos los ámbitos. ¿Estamos, pues, a la altura de las circunstancias históricas?

Estamos a 98 días de unas elecciones a diputados locales convocadas por el IEC que, salvo a los mismos de siempre, a nadie más interesan en la entidad ni allende las fronteras. Ni en lo público ni en lo privado.

Una desafección recorre Coahuila; es el fantasma del abstencionismo. Sucede en otros ámbitos de la vida en sociedad pero se refleja con mayor claridad en la política. Muy pocos saben que a partir del 1 de enero inició el proceso para renovar las 25 curules del Congreso del Estado: 16 por mayoría y nueve por representación proporcional. Otros pocos que hay jornada electoral el próximo 7 de junio. En medio de ambos campea el desinterés y la apatía. Y ya llegamos a marzo. Al inicio de la precampaña.

Al día de hoy, el único partido que tiene candidatos ya definidos es el PRI. No solo eso, también ha celebrado asambleas seccionales, comisionó a delegados regionales y elaboró su plataforma. Es decir, lleva ventaja. Y no hablo aquí de factores externos que históricamente le favorecen. Solo de organización propia.

Aquí llegamos, por tanto, al quid de la cuestión: ¿puede un partido político, en el papel opositor, sin presencia ni trabajo previo en el estado, hacer en 98 días lo que no hizo en meses y años previos?

Es verdaderamente difícil, por no decir imposible. Particularmente cuando estamos acostumbrados a campañas que no rompen esquemas. Que no retan al status quo. A candidatos cortados por la misma tijera. Distinto emblema, sí, pero actitudes equiparables. Ni qué decir de sus propuestas. No motivan. Mucho menos apasionan. Y el voto, ahora y siempre, es eminentemente afectivo y emocional, no racional ni analítico.

Salvo Morena, quien no necesita una estructura electoral para ganar como ha demostrado en el pasado, pues más que un partido es un movimiento en torno a una figura, el resto de organizaciones políticas dependen de bases que hoy no tienen y requieren tiempo, esfuerzo y dinero público que no están dispuestos a invertir. Mucho menos de sus gastos ordinarios. Para dimensionar: si están batallando para conseguir candidatos al cuarto para las 12 de vencer el término para registrarlos, cómo lograrán reunir entonces representantes de casilla en las 3 mil 863 que se instalarán en todo el territorio estatal. ¿Quién defenderá el voto a pie de urna. Su eventual voto. A qué juega la oposición. Para quién trabaja. Y lo más importante: a quién representa?, en realidad.

No se debe tomar literal su actuación, por supuesto. “Oponerse” a todo no es la mejor manera de hacer política. Naturalmente hay consensos y puntos de acuerdo. Deben encontrarlos. Para eso están, o para eso deberían estar: para poner por encima de sus pretensiones el bien común.

En Coahuila, solo hay, en cambio, pequeños grupos aislados: naranjas, verdes, amarillos o azules, a la espera del reparto de botín. No sobre la mesa, en lid de negociación, sino esperando debajo de esta lo que cae. Que salpiquen los rojos.

Contubernio en las cúpulas y candidez en las bases. Y las mismas consignas de cada proceso electoral: “Los Moreira, cárcel, deuda, justicia, empresas fantasma, castigo”. Blah. Blah. Blah. Legítimas y vigentes, sí, pero tan sobadas y reutilizadas –sin resultados tangibles– que aburren. Las han usado en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 y 2018, cuando hubo elecciones. Sin embargo quienes las profieren desaparecen mágicamente del mapa político al día siguiente. Una minoría beneficiada ya con cargo público se vuelve a congelar hasta la siguiente jornada electoral. Es cíclico.

Así por ejemplo, con los votos que obtenga el PAN a nivel estatal el 7 de junio (se prevé una disminución importante a diferencia de 2017, por citar la elección estatal más próxima), su dirigencia tiene la posibilidad de meter a Guillermo Anaya por la puerta de atrás en el Congreso, a sabiendas que hoy –luego de tres derrotas electorales consecutivas– no ganaría ya ni un distrito de Torreón, su otrora bastión. A qué va como plurinominal, es la pregunta. Para qué. ¿No hay alguien más en sus filas?

El caso es que nada sobresalta ni mucho menos irrita el proceso. Ni siquiera la intervención del nuevo partido político local: Juntos Podemos Construir un Futuro Mejor (Unidos), propiedad del hijo de Humberto y sobrino de Rubén Moreira, o la participación de Álvaro como candidato del PRI por el Distrito 16 de Saltillo. Factores que, en otro momento, por lo menos levantarían una ceja. Tampoco la reciente detención y posterior reclusión de Édgar Puente (fundador y exdirigente del extinto Partido Joven que a nada estuvo de conservar el registro en 2017) acusado de despojo. El árbitro tampoco contribuye con sus carreras de botargas o concursos de canto para “promocionar el voto”.


Cortita y al pie

Por lo demás, ¿algún político de presunta oposición se ha puesto a pensar qué quiere en este momento la gente?

Se ha cuestionado si las decisiones que toma el pueblo son realmente por falta de información (ignorancia), por un estado de necesidad (pobreza), o por el nulo interés hacia los asuntos públicos (marginación) como se presupone, o hay algo más de fondo que no ha sabido desentrañar a lo largo de 90 años.

Al ciudadano coahuilense por regla general se le toma por tonto. Y en grupo por rebaño. Sin embargo no lo es. No lo son. Se llevarían una sorpresa si se acercaran y los escucharan.

La última y nos vamos

A nadie pareciera importar Coahuila. Ni a los mismos coahuilenses, inclusive. Así está difícil crear lazos de vecindad y comunidad. Y si no los creamos nosotros, ¿quién?

El 9 de febrero se publicó en este mismo espacio que las inercias mandan en Coahuila, independientemente que a nivel federal gobierne López Obrador o Peña Nieto; y para sustentar la hipótesis revelé el caso de Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V., sociedad mercantil de Torreón que factura un promedio de 60 millones de pesos anuales en pavimentación pese a ser administrada por una señora de 46 años, que figura en el padrón de beneficiarios del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en un programa de alfabetización.

Entre la fecha de la investigación, y hoy, otros 12 millones 618 mil pesos han sido agenciados a la misma persona moral vía sus clientes habituales: el Centro SCT Coahuila de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Caminos y Puentes Federales (Capufe), ambas áreas dependientes de la Presidencia de la República.

Se trata de dos contratos más, firmados el 31 de enero y 14 de febrero de 2020, por 8 millones 27 mil 624 pesos para el “mantenimiento menor de la autopista federal de cuota Puerto México-Carbonera” (Arteaga), y 4 millones 591 mil 33 pesos para la “conservación del camino Ocampo-Estación el Rey”.

Ambas licitaciones, para no variar, presentaron las características que acompañan cada convocatoria pública donde participa Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V: sin motivo son diferidas, y su oferta técnica siempre resulta la más económica. Tiene la “suerte”, por llamarlo de alguna manera, de proyectar siempre la propuesta más baja. Con esa buena fortuna quizá debería jugar Melate.

Seguimos, pues, al mismo ritmo. Las inercias gozan de cabal salud. O considerando que según su acta constitutiva la empresa se creó con un capital social de solo 50 mil pesos el 10 de septiembre de 2014, y su domicilio fiscal es una vivienda en el centro de Torreón que ninguna relación tiene con la presunta constructora, nos encontramos ante una historia de éxito y emprendimiento sobresaliente. Coahuila no solo es la entidad líder en pueblos mágicos del norte; sus habitantes también hacen magia.

No hay que perder de vista, sin embargo, el hilo de las sociedades mercantiles.

Quien aparece en documentos como representante de Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V., Erick Alonso Monsiváis Solís, constituyó el 6 de junio de 2016, la sociedad mercantil RIE EVENTOS, S.A. de C.V., cuyo objeto social es la prestación de servicios para fiestas y banquetes en Saltillo. Su socio único en la “empresa”, Rubén Hiram Gámez Rodríguez, es un deudor del Infonavit en Torreón.

Otra persona que también fungió como representante de Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V., es Jaime E. Monsiváis Solís, hermano del antes mencionado. Este, a su vez, fue administrador de Torga Construcciones, S.A. de C.V., domiciliada en San Pedro de las Colonias y liquidada el 31 de diciembre de 2018. Dicha constructora perteneció a Norberto Torres Taboada y Luis Tomás Gámez Morales. Una vez más, el vínculo entre los Monsiváis y los Gámez.

Si todo fuera legal, ¿por qué usar entonces como cabeza visible a una señora de Torreón recién alfabetizada?

Como se dijo aquí hace dos semanas, Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V., no edifica, solo asfalta; un área de oportunidad inagotable considerando que la principal preocupación de los habitantes de ciudades en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi 2019, son los baches en calles y avenidas.

En 2019, logró cinco asignaciones de obra con el Centro SCT Coahuila de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por una suma de 22 millones 78 mil 395 pesos, y tres más con Caminos y Puentes Federales (Capufe) por 38 millones 619 mil 830. Ya en 2017, había sumado 57 millones 933 mil 500 pesos gracias a seis contratos con el Centro SCT Coahuila y cinco más con Capufe. Es decir, son habituales. Su área de influencia es Coahuila y los límites naturales de la entidad con Nuevo León en la Región Sureste y Durango en la Región Laguna. Nada más. Vive del Gobierno Federal en turno exclusivamente.


Cortita y al pie

En diciembre de 2018, hubo relevo de titular en el Centro SCT Coahuila. Se fue Jesús María Montemayor, identificado plenamente con el PRI de la Región Carbonífera, y llegó Fidencio Elpidio Valdez Torres, funcionario de perfil técnico. Alguno supondría entonces, a partir de ahí, un cambio de fondo y forma.

Pero no sucedió. Un pool de al menos 15 constructoras (incluida Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V.) trascendió de un sexenio a otro. A ras de suelo permanecen los mismos beneficiados de siempre, inclusive con montos prácticamente idénticos.

La última y nos vamos

Si la pretendida cuarta transformación de la vida pública en México implica desalentar, estigmatizar y desterrar la corrupción, ¿por qué no detecta las prácticas irregulares en el Centro SCT Coahuila, órgano de su competencia, y eventualmente las erradica luego de 15 meses en el poder? ¿Es más fuerte la costumbre que la idea de cambio?

Mientras tanto Maquinaria y Construcciones Sacro, parafraseando a Belinda, sigue “ganando como siempre”.

Absurdo creer que solo existen irregularidades en la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y no en el resto del magisterio en Coahuila, cuando las otras organizaciones gremiales, la 35 y la 38, dependen de la misma nodriza.

Sería ingenuo, asimismo, no considerar el contexto de la elección de comités que se avecina en semanas próximas. Sí, habrá votaciones pero no renovación; y grilla de la más baja ralea. En las tres secciones sindicales: 5, 35 y 38.

A cualquier listillo se le ocurriría centrar entonces las observaciones (legítimas, desde luego) y reflectores en la Sección 5, magnificarlas y satanizarlas, para que, eventualmente, pasen desapercibidas la Sección 35 y principalmente la 38: la que más dinero maneja. Una celada para tomar y conservar el poder, pues.

Sin embargo el verdadero negocio particular está en el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de la Sección 38. Con recursos públicos, naturalmente.

Me explico. Albora Grupo Empresarial de Capital Humano, S.A. de C.V., es una sociedad constituida el 23 de noviembre de 2015 en la Notaría 40 de Saltillo, con un capital social de 240 mil pesos. La persona moral se compone de cuatro dueños por partes iguales, uno de los cuales es Alfonso Cepeda Garza, hijo del secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, originario de Arteaga, Coahuila, quien es miembro de la Sección 38 desde 1983 y fue secretario general de la misma en el periodo 1995-1998.

En 2017, del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de la Sección 38, Albora Grupo Empresarial de Capital Humano, S.A. de C.V., recibió 6 millones de pesos y 6 millones y medio en los ejercicios fiscales 2019 y 2020, vía los contratos 001-001/2019 y 001-001/2020 respectivamente, para prestar el “servicio de limpieza, seguridad y vigilancia”, anual en la Clínica Hospital del Magisterio Unidad Saltillo.

Alfonso Cepeda Salas, cabe señalar, fue electo durante el sexto Congreso Nacional Extraordinario del SNTE celebrado del 12 al 14 de febrero de 2018, aunque oficialmente hasta el 22 de noviembre asumió la secretaría general para el periodo 2018-2024.

En ese periodo de nueve meses como secretario general electo antes de tomar posesión del cargo, su esposa, Iracema Yazmín Garza Ramos, y sus hijos: Héctor Hiram y Alfonso, de apellidos Cepeda Garza, constituyeron tres sociedades mercantiles el mismo día: 30 de junio de 2018, en la Notaría 3 de Monterrey, y una más el 23 de abril en la Notaría 123 de Santiago, Nuevo León. Se trata de Alheira Servicios Hospitalarios, S.A. de C.V., Alheira Medicina Avanzada, S.A. de C.V., Alheira Servicio Operativo, S.A. de C.V., y Sistema Operativo Hospitalario, S. de R.L. de C.V, en ese orden, como consta en las actas constitutivas en poder de quien esto escribe.

Previamente habían creado, con los mismos accionistas, Corporación Alheira Integrada, S.A. de C.V., el 12 de noviembre de 2016, quien administra en Saltillo un grupo empresarial al norte de la ciudad, en un edificio ubicado en una zona de alta plusvalía, integrado por Laboratorio Médica Bosco, Salud Ocupacional Médica Bosco, Farmacia Bosco, Médica Bosco y una franquicia de Café Punta del Cielo.

Como dato adicional, el Servicio Médico de la Sección 38 del SNTE –quien ejerce alrededor de 620 millones de pesos anuales– obtuvo 16 millones de pesos de Gobierno del Estado gracias a un “convenio de colaboración y apoyo financiero” firmado el 22 de junio de 2018 para la “remodelación y equipamiento” de sus clínicas, con vencimiento al 31 de diciembre del mismo año, aunque sin un procedimiento específico de supervisión y verificación. Esas fechas coinciden, casualmente, con la edificación del referido complejo hospitalario que pertenece a la familia de Cepeda Salas.

Y ahí no acaba el asunto. A través de Médica Integralis, S.C., persona moral constituida en Saltillo por Alfonso Cepeda Garza, como administrador único el 21 de abril de 2014, este se agenció dos convenios estatales con el Servicio Médico de la Sección 38 (celebrados el 31 de marzo y 1 de julio de 2017) para la prestación de servicios subrogados en “procedimientos quirúrgicos” y “asesorías médicas”, este último por 104 mil pesos mensuales, sin especificar a quién o qué asesora. Además consiguió dos convenios circunscritos a la Región Laguna, de fechas 24 de julio de 2017 y 9 de abril de 2019, para el suministro de “kits quirúrgicos, insumos y renta de equipo especializado para la realización de procedimientos quirúrgicos diversos”, en la Clínica Hospital del Magisterio Unidad Torreón; y finalmente uno más en Monclova, del 12 de junio de 2017, a fin de realizar “servicios de exploración y diagnóstico radiológico”, en la Clínica Hospital del Magisterio de aquel municipio.

Pese a que los cinco instrumentos jurídicos refieren que Médica Integralis, S.C., “cuenta con el personal, la infraestructura, el equipamiento y los conocimientos técnicos, teóricos, científicos, así como la experiencia suficiente por su calidad profesional”, la empresa cuenta con domicilio fiscal en un centro de oficinas virtuales ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Los convenios, por su parte, poseen duración indefinida y representan al mes una facturación millonaria para Médica Integralis S.C., ya que, en el caso de Torreón, cada intervención se cobra entre 17 mil y 585 mil pesos. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos en las clínicas del Magisterio a nivel estatal, los costos van de mil 600 a 498 mil 813 pesos, y cada TAC en Monclova cuesta de mil 276 a 11 mil pesos. Se trata, para dimensionar, del trato más jugoso para un proveedor de la Sección 38 merced a la potencial demanda hospitalaria que tienen 49 mil derechohabientes.

Cortita y al pie

Y a todo esto, ¿en Coahuila no hay responsables de las contrataciones?

Por supuesto que sí: Jesús Balderas Fuentes, presidente del Consejo de Administración del Servicio Médico de la Sección 38 del SNTE, y Alejandro Treviño Saldaña, director general del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

La última y nos vamos

Por lo demás, al nepotismo y tráfico de influencias en el Magisterio de Coahuila le llaman libertad sindical.

Con mucha diferencia sobre los demás, el municipio de Coahuila más beneficiado en infraestructura por el Gobierno federal en su primer año del sexenio ha sido Ciudad Acuña, con 198 millones 821 mil 377 pesos divididos en siete contratos ejecutados directamente por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Además, al primer semestre del 2019 habían sido aprobados 817 subsidios “para mejorar las condiciones de habitabilidad en las viviendas, el entorno urbano, y regular la tenencia de la tierra en polígonos de atención prioritaria” que sumaban 76 millones 659 mil 451 pesos, según el primer informe de actividades de la Sedatu correspondiente al 1 de septiembre pasado. Al finalizar el ejercicio fiscal la Secretaría estimaba completar mil 369 acciones, tasadas en 143 millones 805 mil pesos. Un promedio de 105 mil 43 pesos por hogar subsidiado. Nada despreciables.

Por si fuera poco Sedatu había comunicado previamente una inversión de 530 millones de pesos durante un evento público que presidió Andrés Manuel López Obrador en la frontera coahuilense, el 4 de mayo de 2019.

No se trata de obras baratas. Para dimensionar la cifra: Ciudad Acuña solo es superado nacionalmente por Tamaulipas, estado al que asignó 12 proyectos entre Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa.

Ahora bien, mientras se contrataron vía licitación constructoras locales en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Sonora, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, entidades que también fueron favorecidas con presupuesto de la Sedatu en 2019 (2 mil 328 millones de pesos etiquetados del programa de mejoramiento urbano para ciudades fronterizas y con vocación turística), en Coahuila se importaron empresas de la Ciudad de México. Sí: un trato diferenciado.

El 10 de septiembre del año anterior la dependencia eligió a Proyecsa e Ingenieros, S.A. de C.V. para la “construcción de nuevo mercado público”, tasada en 52 millones 942 mil 685 pesos. El 20 de septiembre falló a favor de Construcciones, Mantenimiento y Proyectos Romaco, S.A de C.V. la “construcción del polideportivo y alberca semiolímpica José de las Fuentes Rodríguez” por 36 millones 37 mil 537, y el mismo día encargó la “rehabilitación del antiguo cuartel militar” a Sackbé, S.A. de C.V., estimada en 33 millones 58 mil 283 pesos.

Las tres a mil 320 kilómetros de distancia entre su domicilio fiscal y el sitio de los trabajos: Ciudad Acuña (territorio gobernado por la UDC desde 2014, por cierto). En este mismo espacio se publicó un caso similar el domingo anterior, correspondiente a Piedras Negras, la otra frontera de Coahuila. Si las constructoras locales tienen conocimiento del medio y no se trata de proyectos con especificaciones técnicas, ¿por qué no emplearlas?

Cortita y al pie

Y cuando sí lo hace, no representa la mejor opción sobre la mesa. El 17 de septiembre, por ejemplo, la Sedatu falló a favor de Insumos y Servicios Múltiples, S.A. de C.V., la única sociedad mercantil de Coahuila favorecida, domiciliada en Saltillo, aunque su área de influencia es la Región Carbonífera, para la “rehabilitación del polideportivo Solidaridad y parque de beisbol Helios” a un costo de 59 millones 643 mil 214 pesos, pese a que había recibido una propuesta 5 millones y medio menor.

La última y nos vamos

Por lo demás, ¿las contrataciones en la Cuarta Transformación priorizan la economía de recursos, entre otros principios rectores del gasto?

Un botón de muestra es el contrato denominado “Análisis exploratorio del diseño de los programas prioritarios de la Sedatu 2019-2020”, identificado por el folio EPO-020VQZ001-N148-2019.

Sin mayores referencias, fue asignado al Colegio de México (ColMex) por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de acuerdo con el oficio VQZ.DGARMSG.113/2019 con fecha 25 de junio de 2019, dirigido a Vicente Ugalde Saldaña, secretario académico del ColMex, y Adrián Rubio Rangel, secretario administrativo. Dicho ‘análisis’, cabe señalar, costó 3 millones 988 mil 080 pesos.

Hasta este punto se preguntará usted cuál es la relevancia de lo anterior. Y aquí viene lo interesante: como el Coneval a través de su Dirección General Adjunta de Administración es quien contrata, evitan así el vínculo directo entre Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, y Lorenzo Meyer Cosío, su padre, y académico del Colegio de México (en el Centro de Estudios Internacionales).

No, no hay conflicto de interés, pero sí suspicacias.

No por las razones que miles de coahuilenses esperarían, pero ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el primer paso para llevar a su terreno al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés.

Luego de cuatro años de litigio, la Corte atrajo el amparo directo 906/2019 promovido por el periodista y académico Sergio Aguayo Quezada contra la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, “al considerar que la sentencia que lo condena a la reparación del daño moral al exgobernador Humberto Moreira Valdés es violatoria de la libertad de expresión”.

Como se recordará, el fallo del 26 de marzo de 2019, dictado en el Juzgado Décimo Sexto Civil de la Ciudad de México e integrado en el expediente 265/2017, se revocó en segunda instancia, el 10 de octubre del mismo año, resultando “fundados y operantes” los agravios expuestos que se resumen de la siguiente forma:“Sergio Aguayo Quezada, en abuso al derecho de libertad de expresión, utilizando palabras, frases, expresiones insultantes por sí mismas, insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias para el ejercicio de la libertad de expresión, ha causado daño moral a la parte actora, Humberto Moreira Valdés, afectando su honor”.



Y lo más relevante: estimó en 10 millones de pesos la reparación del presunto daño moral, e impuso una obligación de pagar una garantía de 450 mil pesos que fue depositada el 28 de enero de 2020 para evitar un embargo.

En este mismo espacio se publicó el pasado 13 de octubre que Rubén Moreira, hermano de Humberto y también exgobernador, concedió a finales de 2017 un fíat para ejercer en el distrito notarial de Saltillo a un hermano del juzgador que dictó la sentencia en contra de Aguayo. Jean Paul Huber Olea Contró es el notario, y Francisco José Huber Olea Contró el magistrado.

Sin embargo, la Primera Sala de la SCJN, vía el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, asumió el asunto en su sesión de ayer y deberá elaborar un proyecto donde exponga razones de importancia y trascendencia para que sean ellos, la Corte, quienes le pongan punto final.

Y aquí viene lo interesante. La misma Primera Sala resolvió en el pasado la tesis constitucional XLI/2010, la cual fija el alcance de los derechos al honor, la privacidad y la intimidad en las “personas públicas o notoriamente conocidas”, quienes “deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares”.

Cito textualmente: “la protección a la privacidad o intimidad, e incluso al honor o reputación, es menos extensa en personas públicas porque aquellas han aceptado voluntariamente, por el hecho de situarse en la posición que ocupan, exponerse al escrutinio público y recibir, bajo estándares más estrictos, afectación a su reputación o intimidad (…) Por ende se someten al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda o hiriente”.

A fin de cuentas el pleito Moreira-Aguayo no se trata de un conflicto entre particulares donde terceros no debemos asomarnos, sino de un tema que toca la relación entre personas públicas y periodismo, y lo más importante: el interés legítimo por parte de la sociedad para recibir -y de los medios de comunicación para difundir- información en aras del libre debate público.

Cortita y al pie

No en la Procuraduría General de la República, donde lo exoneró Marisela Morales Ibáñez el 22 de octubre de 2012 por los delitos de enriquecimiento ilícito cometido en agravio de la administración pública, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

No en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, donde lo exoneró Homero Ramos Gloria el 15 de mayo (Día del Maestro, por cierto) de 2015 por los delitos de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita. “No existe, ni siquiera a nivel indiciario, elemento alguno” en su contra, quedó asentado en la determinación definitiva 067/2015. El 19 de abril de 2017 el periódico Reforma publicó el caso con el titular: “Exonera Moreira a Moreira”.

Sin embargo el caso sienta un precedente, en lo particular contra Moreira, y en lo general contra cualquier funcionario o exfuncionario con intención de judicializar las críticas recibidas. De pronunciarse la Corte en congruencia con su tesis constitucional XLI/2010, servirá para conjurar ese halo de protección (e intimidación) que artificialmente creó el exmandatario a su alrededor (“tiran guamazo, tiro demanda”). Y poner el cascabel al gato.


La última y nos vamos

“Política es tiempo”, recordó AMLO en su conferencia matutina del pasado lunes a propósito de otro tema. Y los tiempos cambian: 2020 no es ni remotamente lo mismo que 2010. Y como dijeran los clásicos: al tiempo.