Energías limpias, contratos sucios en Torreón: otro negocio de 30 millones en el aire
Parecería un sacrilegio criticar que un Ayuntamiento adquiera energía solar para su consumo: es más limpia –hasta donde se ha probado– y es más barata que la producida por la Comisión Federal de Electricidad a partir de combustibles fósiles como carbón mineral y combustóleo. Dicho en otras palabras: supone ahorro y eficiencia, las metas de cualquier administración pública.
Pero en Torreón acaba de consumarse un negocio peculiar de 29 millones 823 mil 224 pesos con un parque fotovoltaico que, al momento de formalizar su contrato con el Municipio, no existe. Leyó usted bien: no existe.
El 25 de febrero de 2020 la Administración encabezada por el panista Jorge Zermeño Infante falló la licitación CE-805035999-E01-2020 a favor de Viento de Bella Unión, S. de R.L. de C.V. y Desarrollos Solares Delicias, S.A.P.I. S.A. de C.V., para que le provean estos, en conjunto, energía eléctrica fotovoltaica bajo la modalidad autoabastecimiento durante 10 años en 861 puntos de carga, por una cantidad anual de 9 a 12 millones de kilovatios hora (kwh).
A simple vista no habría mayor inconveniente con los datos expuestos, sin embargo a partir de aquí todo son irregularidades.
La primera: un contrato multianual (por una década, hasta 2030) que trasciende la gestión actual requiere la validación del Congreso del Estado, cosa que no ha sucedido por lo menos en el Segundo Periodo Ordinario de sesiones de la actual Legislatura, correspondiente al segundo año de ejercicio, ni en el Primer Periodo Ordinario del tercer año, en curso.
Por lo demás, ningún documento especifica qué cubre el monto a pagar, pese a que previo a la firma del contrato se fijaría la tarifa, y esta será actualizada anualmente. ¿Casi 30 millones de pesos por un año de servicio acaso?
Además el punto 14.3 de las bases de la convocatoria exigía al proveedor “tener en operación comercial la Central Fotovoltaica”, situación que no cumple y fue pasada por alto. Cabe señalar que “todo lo concerniente” a la propuesta se entregó a Eduardo Sáenz Herrera, director de Servicios Públicos, para una “revisión cualitativa”.
Dicho funcionario, como se recordará, es el mismo vinculado al negocio de 35 millones de pesos con el escombro, como se publicó en este mismo espacio la semana pasada. Sáenz Herrera, a través de un informe, manifestó que ambas empresas cumplen “con todos y cada uno de los requisitos técnicos solicitados”.
Mientras la información constitutiva que corresponde a Desarrollos Solares Delicias, S.A.P.I. S.A. de C.V. es un misterio, la otra empresa, Viento de Bella Unión, S. de R.L. de C.V., presenta una doble fachada.
Por un lado, el parque fotovoltaico abarca una superficie de 149.6 hectáreas, en Los Llanos, Arteaga. Una zona que no es particularmente soleada, a diferencia de la Comarca Lagunera. Su temperatura media anual se ubica entre los 12 y 18 grados centígrados y el nivel de radiación no es óptimo para la generación de energía solar.
Inclusive la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, mediante oficio SMA/144/2019, de fecha 6 de mayo de 2019, emitió una opinión negativa para el proyecto.
Luego está la otra faceta. En marzo de 2015 la Comisión Reguladora de Energía otorgó a Viento de Bella Unión, S. de R.L. de C.V., un permiso para generación de energía eléctrica en la modalidad autoabastecimiento mediante una central eólica. Dicho documento se identifica con el folio E/1366/AUT/2015, manifestando que su energético primario es el viento.
El viento de Arteaga que tampoco es significativo para a producción. Al 28 de febrero de 2017 aún se encontraba “por iniciar obras” con una inversión estimada en 100 millones de dólares, según un documento en poder de quien esto escribe.
Y aquí viene lo interesante. La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorizó un plazo de 16 meses para desarrollar la obra de paneles solares, y 20 años de funcionamiento condicionados a la construcción total del proyecto. Así, considerando que la manifestación de impacto ambiental se firmó el 23 de julio de 2019, el término para concluir el parque fotovoltaico vence hasta el 23 de noviembre de 2020 y, a partir del día siguiente, no antes, entra en vigor un segundo momento, el más importante: la operación y mantenimiento.
Dicho de otra forma: de dónde sacará la energía eléctrica el Ayuntamiento de Torreón para los próximos meses, si contrató a un proveedor que no está en condiciones de proveer pues todavía le faltaban nueve meses para terminar su central. ¿Y si no lo acaba? ¿Y si no funciona? ¿Y si algo falla? Cabe señalar que vivimos en una emergencia sanitaria derivada del Covid-19 y la línea de transmisión eléctrica en teoría se ubica a 300 kilómetros de distancia de La Perla de La Laguna.
¿Por qué comprar riesgos cuando ni siquiera existe una legislación estatal en materia de energía renovable? Si no tenemos la certeza de cómo saldremos de la pandemia, por qué comprometerse por toda una década, hasta 2030, si el trienio de Zermeño concluye en 2021 y este agotó ya su posibilidad de reelección consecutiva.
Lo curioso es que la sociedad mercantil no fue constituida en Coahuila, sino en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, el 13 de junio de 2014 por los esposos Esther Gabriela Tovar Muñoz (1984) y Luis Eduardo Corral Andujo (1981), de oficio “fruticultores”.
Posteriormente las acciones fueron vendidas a José Ángel Velázquez Garza y Daniel Alexandro Aboytes Seceñas, quienes el 8 de diciembre de 2016 las cedieron a las empresas Sunit, S.A.P.I de C.V., Moctezuma Solar I, S.A.P.I. de C.V. y Parques Renovables de México, S. de R.L. de C.V.
El 13 de noviembre de 2019, entraron al consejo de la empresa los hermanos Salomón, Nesim y Miriam Issa Tafich a través de Gas Natural del Noroeste, S.A. de .C.V. y Generación Industrial, S.A. de C.V, pertenecientes a Grupo Simsa de Torreón. Inclusive, en octubre de 2019, Grupo Simsa anunció la inversión en un parque solar en Cuauhtémoc, Chihuahua. No en Arteaga.
Cortita y al pie
Ayer sábado entró en vigor el “acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional” de la Secretaría de Energía (Sener), luego de su publicación el viernes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.
Con él se frenan por tiempo indefinido las inversiones privadas, nacionales y extranjeras, en generación de electricidad eólica y fotovoltaica, argumentando que su “intermitencia” pone en riesgo al Sistema Eléctrico Nacional en tiempos de contingencia.
Si bien lo anterior es cuestionable desde un punto de vista técnico y jurídico, ya es oficial. Y se suspenden por consecuencia las pruebas preoperativas y las autorizaciones de nuevas centrales.
La última y nos vamos
Lo anterior significa un problema más en el accidentado camino de Viento de Bella Unión, S. de R.L. de C.V., pues si se aplican a rajatabla sus propios plazos de inicio de operaciones y el referido Acuerdo de la Sener, la sociedad mercantil estaría imposibilitada para brindar el servicio para el que fue contratada por el Ayuntamiento.
¿A dónde irán a parar entonces los casi 30 millones de pesos?, es la pregunta. Mientras tanto, en Torreón los negocios con dinero público gozan de cabal salud.
Réplica de la réplica
Estimado contador Juaristi, apreciado Sergio Cisneros
Director General y Director Editorial de Zócalo Saltillo, respectivamente
En atención a la carta enviada por el abogado Mejía Frías en nombre y por cuenta de las empresas Viento de Bella Unión y Desarrollos Solares Delicias con motivo de mi columna publicada el 17 de mayo, me permito expresar lo siguiente.
Una cosa es argumentar lo que a su derecho de réplica convenga, en defensa de sus intereses, y otra muy distinta intentar desacreditar el trabajo periodístico con base en generalidades y, lo más irónico, con datos que confirman lo expresamente publicado.
Pareciese una obviedad, sin embargo es justo señalarlo: ambas razones sociales arriba señaladas participan en un negocio que se paga con recursos públicos, que implica decenas de millones de pesos del erario y que pretende trascender cuatro administraciones municipales en Torreón hasta completar 10 años.
Si lo anterior no fuesen motivos bastantes como materia periodística para indagar, hay que agregar otros valores como la vigencia y actualidad del tema (que se falló apenas el 25 de febrero), además de circunstancias como el acuerdo de la Secretaría de Energía que frena, a partir del sábado anterior, la generación de energías eólicas y fotovoltaicas.
Llama la atención que a nombre de las personas morales se utilice un verbo en particular: “cancelar”. Sugiere, textualmente, que se debe “cancelar el editorial”.
Me pregunto cómo se puede “cancelar”, o cómo se pretende “cancelar” la opinión expresada. O vayamos aún más lejos: la libertad de expresión y publicación. Y aquí llegamos a un punto técnico: si bien el género practicado es el editorial, el cual implica la expresión válida de opiniones acerca de uno o más hechos públicos, en la columna no hay juicios de valor que puedan ser constitutivos de agravios a terceros. Y reitero: aún y cuando los hubiese, el género permite y tolera tales licencias periodísticas.
Finalmente me refiero a un hecho fundamental del caso que nos ocupa: en la carta confirma que el negocio no cuenta con la validación del Congreso del Estado, tal y como se afirmó en la publicación del domingo pasado con las referencias documentales en la mano. Situación que torna más interesante el tema, con miras a un eventual seguimiento informativo.