Nadie supo, pero el año pasado un órgano de la cuarta transformación entregó un contrato por 20.4 millones de pesos a una constructora que tenía 11 meses de creada, con domicilio fiscal a mil 633 kilómetros del sitio donde se realizaría la obra: Piedras Negras, y cuyo administrador es un mesero que habita una de las zonas urbanas más marginadas del país: Acapulco, Guerrero.

Me explico. Dos municipios de Coahuila han sido especialmente beneficiados con recursos públicos por la Presidencia de la República en su primer año de Administración: Ciudad Acuña (UDC) y Piedras Negras (Morena). Ambos, vía obras ejecutadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno federal dentro del Programa de Mejoramiento Urbano para ciudades fronterizas y con vocación turística.

El 13 de noviembre de 2019, la Sedatu, cuyo titular es Román Guillermo Meyer Falcón, falló a favor de la sociedad mercantil Diseño y Construcciones Olimpo 18, S.A. de C.V. una licitación por 17 millones 619 mil 775 pesos más IVA. Es decir, 20 millones 438 mil 939 pesos en total. Se trata, de acuerdo con el documento LO-01500099-E1695-2019, de tres obras a realizar: la “pavimentación asfáltica de la avenida Miguel Garza en diversos tramos del bulevar Román Zepeda a Calle Anáhuac, de Bordo Sur de Avenida Bustamante hasta bulevar Centenario”; la “rehabilitación de la avenida Alejo González, de avenida Lázaro Benavides a Heroico Colegio Militar”; y la “ampliación y recarpeteo de acceso a colonia Gobernadores (calle Lázaro Cárdenas) del bulevar Román Zepeda hasta la calle Aquiles Serdán”, en Piedras Negras.

Hasta aquí no habría inconveniente, de no ser porque la empresa ganadora de la licitación fue constituida el 25 de septiembre de 2018 en Acapulco, Guerrero, con un capital social de 50 mil pesos y tiene por socias a las jóvenes Nancy Vianey Lozano Sandoval (topógrafa geodesta de Ocotito, Guerrero) y Stephanie Rodríguez Hernández (integrante de la Red Jóvenes por México del PRI). Desde abril 29 de 2019, por su parte, Alejandro Parra Pérez, de oficio mesero, funge como administrador único, según consta en el instrumento 5941, volumen 82, formalizado en la Notaría 1 de Arcelia, Guerrero, en la región de Tierra Caliente.

No es ocioso señalar que este último, de 35 años, habita en la periferia de Acapulco, en un sector con un índice de alta marginación urbana de acuerdo con el Inegi, conocido como La Providencia.

Ahora bien, el contrato se asignó “en participación conjunta” con Comercializadora Monagas, S. A. de C.V., que pertenece, según su acta constitutiva, al ciudadano venezolano David Federico Brito Hall, con 99% de las acciones.

Originario de la parroquia San Simón, en ciudad Maturín, estado Monagas, el nativo de Venezuela vive en uno de los fraccionamientos con mayor plusvalía de Acapulco: el Club Deportivo. En el condominio de 17 pisos Camelia y Magnolia, frente a la bahía.

Aunque hubo cuatro propuestas a la licitación, de ocho totales, que ofrecían un menor precio. Cito dos ejemplos: Tec-Tecnología en Construcción Monclova, S.A. de C.V., e Ingeniería y Construcciones Río Bravo, S.A. de C.V., de Piedras Negras. Y aquí viene lo interesante: si ambas constructoras mencionadas tienen su base de operaciones en la región, y por tanto conocimiento del medio, ¿por qué contratar a una persona moral con domicilio fiscal a mil 633 kilómetros de distancia?

Inclusive otras dos obras en Piedras Negras (un Centro Asistencial de Desarrollo Infantil y la pavimentación de la calle San Luis), financiadas también con dinero de Sedatu, fueron asignadas a Concretos de Acuña, S.A. de C.V. (por un valor de 8 millones 786 mil 625 pesos más IVA).

No tiene lógica. Particularmente porque las contrataciones deben seguir una serie de principios en la función pública. Economía de recursos, para empezar. Tampoco se trata de una obra especializada que requiera elementos técnicos y sofisticados que pocos poseen. Por el contrario, el trabajo de Diseño y Construcciones Olimpo 18, S.A. de C.V. es una simple pavimentación lineal.

Cortita y al pie

Tomando en consideración el presupuesto total que ejerce Sedatu anualmente, los 20 millones 438 mil 939 pesos, motivo de controversia, resultan un porcentaje menor, suponiendo sin conceder que no hubiese irregularidades en el resto del gasto. Sin embargo no deja de ser un caso que por lo menos levanta una ceja.

La última y nos vamos

Si bien 2018, el año de la transición presidencial, se prestaba para la inercia procedimental, considerando que las asignaciones presupuestales datan de 2017, en 2019 ya no deberían existir excusas para la transformación. Si no en la vida nacional, por lo menos en las acciones de Gobierno.

Aunque López Obrador ha pedido a la opinión pública un año más para consolidar su proyecto político, autoimponiéndose como plazo de gracia 2021 y un referéndum revocatorio en 2022, en Coahuila, en 2020, el “elefante reumático, echado y mañoso” que le dejaron al Presidente, en la esfera de su competencia, sigue siendo un “elefante reumático, echado y mañoso”.

El 8 de junio de 2018 a las 21:57 horas Coahuila tocó un punto de inflexión. A 23 días de la jornada electoral fue asesinado Fernando Purón Johnston, candidato del PRI a diputado federal, personaje arraigado en la única ciudad del estado que hasta entonces había sido gobernada 89 años por ese partido.

Es verdad: durante el proceso electoral de 2018 ocurrieron 152 homicidios de políticos en el país, de los cuales 48 eran precandidatos o candidatos a un cargo de elección popular. La mayoría, aspirante a presidente municipal y originaria de Guerrero y Michoacán. Tierra Caliente.

Pero el único caso que concierne a Coahuila experimentó circunstancias especiales: a sangre fría, a una calle de distancia de la Presidencia Municipal que meses atrás encabezó la víctima, en la nariz de su escolta personal, y a solo unos pasos de la PGR, en Piedras Negras. Atentado solo equiparable a la ejecución de Rodolfo Torre Cantú, candidato a gobernador de Tamaulipas, a seis días de los comicios de 2010.

Más allá de lo obvio: el shock, la indignación y el reclamo de justicia, en la sociedad que habita esas mismas tierras se gestó un mensaje de vulnerabilidad. De indefensión; casi barbarie, pues era conocido que Purón había sido amenazado públicamente dos años antes.

Imposible abstraerse de la realidad, continuar con la rutina diaria y hacer como que nada pasó. Porque sí pasó, y fue muy grave. Un asunto de percepción.

“Manos criminales están actuando de forma premeditada y deleznable para decidir, por la vía de la violencia, quiénes deben o no deben estar en la boleta electoral”, alertó el 22 de junio la entonces magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora.

Ayer, sin embargo, fue detenido en la sierra de Guerrero uno de los presuntos perpetradores del crimen: Érick Arámbula Viveros (quien era buscado por la Fiscalía del Estado, inclusive ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos) y fue trasladado al municipio de Piedras Negras a 591 días del homicidio.

No se trata del autor material, sino cómplice. El tercero sujeto a proceso (otro implicado fue liberado el pasado viernes con brazalete, obligado a permanecer durante seis meses en Jalisco, y uno más había sido sentenciado a ocho años de prisión). Aún falta el perpetrador y el homicida intelectual.

Aunque habría que preguntarse, en este caso, el nivel de impunidad en los restantes 47 delitos arriba reseñados. Aquí se lo digo: total.

El tema es, pues, de respuestas. Y ahí es donde Coahuila se diferencia.

No pasa desapercibido que la detención del presunto homicida se consuma justo el día en que Sonia Villarreal Pérez releva a José Luis Pliego en la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, pues era ella la alcaldesa de Piedras Negras cuando sucedieron los hechos. Lo anterior sumado a la eventual incorporación de Jorge Luis Morán, exsecretario de Seguridad Pública, a un área de inteligencia financiera.

El nombramiento de Villarreal, a su vez, representa un hecho histórico pues por primera ocasión una mujer encabezará la Secretaría.

Un día después del homicidio de Fernando Purón, el Mandatario coahuilense, quien apenas 10 meses atrás había asumido el Gobierno estatal, emitió un mensaje de repudio, concluyendo el comunicado con una frase: “Es la hora de demostrar que estamos a la altura de un estado como el nuestro”.

Cortita y al pie

En el tema de seguridad hay situaciones que escapan a nuestro entendimiento. Se trata de un monstruo de mil cabezas que vale más no conocer para seguir viviendo en aparente tranquilidad. Solo quien ignora puede ser feliz.

Ahora bien, a raíz de los 26 muertos en Villa Unión, ha ocurrido en Los Cinco Manantiales una serie de actos concatenados entre sí que conviene destacar. El 9 de enero la Policía Estatal abatió a ocho presuntos delincuentes en Guerrero. El 11 de enero detuvo a seis presuntos delincuentes en Zaragoza, quienes previamente habían atentado con armas de fuego en Nava, y cuatro más fueron capturados en Guerrero. El 14 de enero dos presuntos delincuentes más abatidos en Piedras Negras.

La última y nos vamos

Reitero: es un asunto de percepción.

Desde que Porfirio Muñoz Ledo, el decano de la política nacional, dejó la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en septiembre de 2019, se ha convertido en un cabildero del “Estado Libre y Soberano de La Laguna”, a integrarse por 14 municipios de Durango y 6 de Coahuila.

En octubre de 2019, por ejemplo, participó desde Torreón en un foro donde puso el tema en la agenda pública otra vez. Luego, a raíz de la tragedia ocurrida en el Colegio Cervantes a principios de año, retomó el asunto en la sesión de la Comisión Permanente celebrada el pasado 15 de enero. No fue un punto de acuerdo ni una iniciativa de ley, sino un pronunciamiento desde la tribuna con el ánimo de comunicar sus intenciones.

Crear un estado nuevo es posible aún en 2020. El Artículo 73 de la Constitución contempla un supuesto para formar una entidad federativa que, en este caso, sería la número 33 en el país: más de 120 mil habitantes y “elementos bastantes para proveer a su existencia”. Aunque no es tan sencillo.

Luego requiere la opinión del Presidente de la República, aprobación de por lo menos 21 legislaturas locales y dos terceras partes de las Cámaras de diputados y senadores. De obtenerse, habría que establecer después un Congreso Constituyente, aprobar su propia Constitución Política y convocar a elecciones para los cargos que sean necesarios.

Pese a tratarse de un tema cíclico que prende cada cierto tiempo en la opinión pública, el último antecedente formal del Estado de La Laguna data del 8 de marzo de 2007, cuando en la Cámara de Diputados (presidida entonces por Jorge Zermeño Infante, actual Alcalde de Torreón) se tramitó la iniciativa del también diputado federal por el PAN, Carlos Augusto Bracho González.

Previamente, en 1997, había propuesto lo mismo un legislador del Partido Social Demócrata, y en 1990 un representante del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Ninguna de las tres avanzó de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Por eso llama la atención el momento escogido y los argumentos esgrimidos para la secesión política y económica de Coahuila y Durango. En específico la intención de mecer la cuna exaltando el sentido de pertenencia.

El diagnóstico de Muñoz Ledo se resume con tres premisas: una “disminución enorme de servicios públicos del Estado”, “debilitamiento del sistema educativo”, y “carencia prácticamente de policías” atribuibles, por supuesto, a Coahuila y Durango.

En 2020 ninguna de las tres se sostiene con datos, no obstante. “No podemos seguir arrastrando las divisiones territoriales que ni siquiera han sido buenas; tenemos que regionalizar de otra manera el país”, afirmó.

Entre 2013 y 2015 la asociación civil ELLA (presidida por Pedro Luis Martín Bringas, integrante del Consejo Administrativo de Soriana) gestó el último movimiento separatista relevante, fincado en simbolismos (un “despertar”, “por tus hijos”), apelando a una presunta superioridad moral que concede vivir en La Laguna: un paraíso idílico sin corrupción, pues esta radica en Saltillo y Durango, las capitales del centralismo.

La causa original, sin embargo, se diluyó poco a poco y ELLA terminó demostrando abiertamente su afinidad al PAN y sus candidatos. En Twitter su última publicación data del histórico 1 de julio de 2018. Al respecto hay un libro que describe de forma magistral el fenómeno pese a que no habla de México y además es de 1920: “España invertebrada”, de José Ortega y Gasset.

“Unos cuantos hombres, movidos por codicias económicas, por soberbias personales, por envidias más o menos privadas, van ejecutando deliberadamente esta faena de despedazamiento nacional, que sin ellos y su caprichosa labor no existiría” (…) “En estos movimientos, que son mecánica de masas, lo que se dice es siempre mero pretexto, elaboraciones superficiales, transitorias y ficticias, que tiene solo un valor simbólico como expresión convencional y casi siempre incongruente de profundas emociones, inefables y oscuras, que operan en el subsuelo del alma colectiva”, escribe el español.

Por lo demás, el plan se alienta mediáticamente desde Torreón pero no con la misma fuerza desde Gómez Palacio. Y no es un asunto que competa solo a laguneros, sino también al resto de coahuilenses, ya que sujetos activos y pasivos por igual son parte.

Pregúntese usted qué opinión tiene alguien de Saltillo, Monclova, Piedras Negras o Ciudad Acuña. ¿Querría un habitante de aquellos municipios que una parte de ‘su’ estado ya no sea considerada Coahuila sino La Laguna?

Vuelvo a Ortega y Gasset para explicar ese constructo cultural de los laguneros: “no consideran necesario esforzarse en persuadir a los demás; les basta con proclamar, con ‘pronunciar’ la opinión de que se trata”.

Ahora bien, de acuerdo con estadísticas del Inegi publicadas el 16 de diciembre de 2019, en 2018 aportó Coahuila el 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y Durango el 1.2 por ciento. Es decir, entre ambos alcanzan el 5% del total.

Cito un ejemplo: ¿qué pasaría con la deuda de Coahuila en el supuesto de consumarse la secesión? Como ente jurídico, el Estado seguirá debiéndole a los bancos hasta el año 2048 independientemente de que le sea extirpada una región entera.

Al independizarse seis municipios (Torreón, Viesca, San Pedro de las Colonias, Matamoros, Francisco I. Madero y Parras de la Fuente) la entidad, como parte de la Federación, dejaría de recibir alrededor de una tercera parte de su presupuesto de egresos anual. Eso significaría pasar de 50 mil millones a 30 mil. Desde luego también desaparecerían sus obligaciones con la Región, materializadas en dinero. Pese a no sufragarlas y no tener ese gasto, el balance final es negativo. A la luz de lo anterior pareciera más bien un propósito no con el ánimo de fortalecerse, sino debilitar a Coahuila y Durango en un solo movimiento. Destruir construyendo. Espoleado por el sentimiento de relegación convertido en resentimiento.

Ortega y Gasset lo define como “instinto de particularismo”, un fenómeno donde cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte, y en consecuencia deja de compartir los sentimientos de los demás. No le importan las esperanzas o necesidades de los otros y no se solidarizará con ellos para auxiliarlos en su afán.

En cambio, la hipersensibilidad para los propios males es característica de este estado social. Separatismo es, ante todo, pesimismo.

Si partimos de la premisa que La Laguna fue un tiempo la región más perfecta que luego declinó en pertinaz decadencia, equivale a pensar que como pueblo ya tuvo su hora mejor y se halla en irremediable decrepitud. Ahí se finca la falacia del Estado LALA.


Cortita y al pie

Si bien es gobernada por el PRI en Coahuila y el PAN en Durango, el futuro político de La Laguna está en las manos de Morena. A nivel federal, el partido del Presidente tiene mayoría en ambas cámaras

–con representantes en Coahuila y Durango– y en el ámbito local gobierna Gómez Palacio, Matamoros, Francisco I. Madero y Parras de la Fuente, pese a no ser el grupo parlamentario predominante en ambos congresos estatales.

En entrevista para Milenio, Muñoz Ledo afirmó que “hay que empezar el movimiento porque ya se nos hizo tarde. Es un trabajo serio y formal que puede durar tres o cuatro años. En La Laguna no deben doblar las manos y echarlo en saco roto” (16/01/20).

No obstante proyectos para transferir competencias que se podrían llegar a equiparar, como la propuesta de trasladar la sede de las secretarías federales de la CDMX a los estados, han sido abortados por las dificultades que suponen.


La última y nos vamos

A raíz de la reciente tragedia que puso a Torreón los reflectores nacionales, cámaras empresariales y organizaciones civiles emitieron un pronunciamiento: “La Laguna nos une”.Naturalmente los laguneros tienen el derecho a reivindicar su pertenencia. No se sienten coahuilenses ni duranguenses y nadie les puede negar o reducir ese carácter.

Tampoco se trata de adoctrinarlos para que cambien de parecer, sino de comprender esa desafección cultural. Y aprender a vivir con diferencias pero en comunidad. Entender, no juzgar a priori. En pleno 2020 recordarlo pareciera increíble, y sin embargo es necesario.

Nadie sabe, nadie supo, pero el 1 de enero inició formalmente –con una ceremonia protocolaria de sesión– el proceso electoral número ocho de la última década en el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Sí, el arranque fue simbólico y conforme se acerque la jornada electoral del 7 de junio se hablará un poco más de una convocatoria que, más allá de los mismos de siempre, en Coahuila no parece importar a nadie. En específico a quienes navegan con bandera de “oposición”.

Se trata, para dimensionar, de una elección de diputados locales en la que tradicionalmente no suele votar más del 40% de la lista nominal (en 2014, su antecedente más próximo, votó sólo 39.6% y en 2008 el 39.9%). Es verdad que los partidos políticos tienen la obligación de promover el voto como principales beneficiarios de este, pero y el ausente IEC, ¿para qué sirve?

Lo mismo sucede con su edificio en ciernes. El pasado 8 de abril el IEC falló a favor del contratista favorito del Gobierno del Estado en las administraciones de Humberto y Rubén Moreira: Efrén Miguel Ayala de la Garza, y le asignó un contrato por 74 millones 699 mil pesos para construir lo que, proyectaban, sería su sede a partir de febrero de 2020 y que debería concluir el 10 de enero. Actualmente, sin embargo, se halla en obra negra.

Justo es decirlo: nunca un órgano electoral autónomo, desde 2001 que nació el IEPCC, ha tenido instalaciones propias. Durante 18 años han pagado alquiler. Siempre cercano al poder, en el último año que gobernó Enrique Martínez (2005) , por ejemplo, Ayala de la Garza se agenció 20 millones 711 mil 289 pesos producto de 10 contratos.

En el sexenio de Humberto Moreira, por su parte, 112 millones 374 mil 533 pesos gracias a 35 transacciones. Inclusive hasta en el interinato de Jorge Torres, cuando cerraron abruptamente la llave luego del desastre financiero, alcanzó obra por 910 mil 114 pesos merced a dos convenios.

Ya con Rubén Moreira en la gubernatura tan solo en la remodelación del Ateneo Fuente (2014) de Saltillo se llevó 32 millones 664 mil 929 pesos. Entre otros 10 contratos sumó 25 millones 673 mil 042 pesos más.

En el mismo IEC, antes del caso que nos ocupa, Efrén Miguel ya era un viejo conocido. Entre junio y julio de 2017 se adjudicó un millón 281 mil 156 pesos a razón de cinco contratos por conceptos que van desde un flete de papelería hasta colocación de internet, líneas telefónicas, red eléctrica, alumbrado y servicios sanitarios, entre otras obras de adecuación a las oficinas que ocupan desde 2016, y por las que pagan 192 mil 597 pesos mensuales de renta.

En 2018 se embolsó 3 millones 82 mil 670 pesos más, merced a tres procedimientos de invitación restringida. En el Tribunal Superior de Justicia del Estado, por su parte, facturó 3 millones 819 mil 276 pesos vía 26 presuntas contrataciones durante la presidencia de Miriam Cárdenas Cantú.

Pero la cereza del pastel llegó el año pasado. El 19 de marzo se publicaron las bases de la convocatoria para la construcción del edificio de cuatro niveles en un terreno que les donó el desaparecido IEPC, cuyo valor en libros es de 6 millones 906 mil 534 pesos. Posteriormente se difundió esta en el Periódico Oficial y a través del sitio web del IEC.

El 22 del mismo mes hubo una “visita de obra”, el 25 junta de aclaraciones, para el 2 de abril se presentó la única propuesta, la suya, el día 8 emitieron el fallo y el 12, ya como “ganador”, formalizó el trato con su firma. Así, en solo 24 días, el IEC adjudicó el negocio al único participante simulando una “licitación pública nacional” que identifican con el número IEC/001/2019. “Contra la resolución del fallo no procederá recurso alguno”, menciona en sus bases de participación.

Así, mientras el Instituto Nacional Electoral canceló su millonario proyecto de nueva sede y reintegró mil 70 millones de pesos a la Tesorería de la Federación en 2017, “derivado de las medidas de austeridad, racionalidad y economía en el ejercicio del gasto”, como consta en el acuerdo INE/JGE13/2017, el IEC amarró un negocio de casi 75 millones de pesos en un plazo de 24 días con uno de sus contratistas favoritos.

Por lo demás, ¿a manos de quién pasaría el inmueble si –de fructificar una iniciativa de Morena que aguarda espacio en la agenda legislativa– desaparecen los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas y el INE atrae las elecciones de todo el país?

Lo que mal empieza mal acaba. Nos quedaría, pues, un mausoleo a la corrupción y el fraude. Una obra insultante y faraónica.



Cortita y al pie

Y aquí es donde llegamos al punto medular de la cuestión: si su función solo es instalar urnas y mamparas, mesas de votación cada tres años, ¿por qué deberían recibir un presupuesto millonario (390 millones en 2020) todos los ejercicios fiscales?

Una reingeniería institucional a las delegaciones del INE en los estados –incluyendo reasignación económica, por supuesto– permitiría que sean estas quienes organicen las elecciones locales, además de ahorrar recursos y evitar la duplicidad de funciones.

Particularmente cuando el rol del IEC queda reducido a un simple organizador de jornadas electorales trianuales.



La última y nos vamos

Ni edificio ni promoción del voto. Que no se olvide: hablamos del IEC, el único organismo público local electoral de los 32 que existen en el país al que le fallaron el PREP y Conteo Rápido (ambas herramientas producto de la tecnología y la ciencia) en una misma elección (2017).

La vergüenza nacional.

Un viernes por la mañana, a 48 horas de reiniciar las clases en un colegio privado de Torreón luego de 19 días de vacaciones decembrinas, un niño que cursaba el sexto grado de primaria y, por tanto, tenía 11 años de edad, acudió con dos armas cortas de fuego (calibres .22 y .40) y las vació contra el objeto de su frustración: dos profesores y cinco alumnos de la institución, como él. Se cambia en el baño. Sale ya disfrazado de Eric Harris, autor de la masacre de Columbine (1999) en Estados Unidos quien a su vez, como él, reivindicaba en su camiseta el videojuego Natural Selection. Luego se suicidó. Su maestra también murió.

De entrada, el caso debería explicarse desde una perspectiva que contemple situaciones personales y familiares. Sin embargo cada uno canaliza estas de acuerdo al contexto y sus circunstancias. Padres ausentes y enajenación digital pueden producir lo mismo un Steve Jobs que un asesino solitario. Hay quienes construyen un muro con las piedras que le son arrojadas y hay quienes quedan enterrados en ellas. Difícil determinar un denominador común.

El foco de atención, por tanto, está en otra parte. El menor nació en 2008. Durante su primera y única década de vida en la ciudad donde habitaba, Torreón, ocurrieron 2796 homicidios de alto impacto (de 2008 a 2018) según cifras del Inegi, y 543 desaparecidos de 2000 a 2017 de acuerdo con el reporte “Historia, retos de mejora y cifras del registro de personas desaparecidas”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado en 2019.

Torreón fue catalogada en 2012, cabe señalar, como la quinta ciudad más peligrosa del mundo, a consecuencia de una guerra paramilitar por el control territorial del municipio.

Pero ha sido el 10 de enero de 2020 nuestro rebautizo de fuego. Lo sucedido ayer no se trata de un caso aislado, sino estructural. Para dimensionar: existen 4 mil 5 niños huérfanos (que perdieron a padre o madre a causa de homicidio de 2008 a 2012), de acuerdo con el Instituto Municipal de Planeación de aquella ciudad.

En Torreón 98 mil niños de 6 a 11 años de edad son usuarios de internet, siendo la séptima ciudad en el País con mayor número en ese segmento poblacional (y primer lugar en Coahuila), según la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares 2018. Lo anterior conlleva, inevitablemente, exposición sin consentimiento parental a redes sociales.

Al respecto el pasado 28 de diciembre el periódico El País, de España, publicó una encuesta reveladora. Sí, analiza los niños y jóvenes españoles nacidos después de 1997, pero hoy, en tiempos de la globalización digital, los menores se parecen más a su generación y a los tiempos que se viven, que a sus padres y la formación que proveen estos independientemente del país donde se desarrollan. Como conclusión del estudio demoscópico “la Generación Z (entre 8 y 22 años actualmente) es cauta”. Fuman poco, beben menos, consumen menos drogas y salen menos de noche; parecen más responsables, se alimentan mejor, son más estudiosos, más familiares y mejores compañeros que los Millennials.

Aunque hay evidencia de que disciernen de otra manera. Resuelven de otra forma. Aparentan. Han desarrollando una sociopatía en el mundo 2.0. Un desdoblamiento de la personalidad. Sin frenos morales. Con menor tolerancia a la frustración.

El reto, no obstante, está en su formación. Particularmente cuando una de las últimas iniciativas aprobadas por el Senado de la República el año pasado fue la conocida coloquialmente como ‘Ley Antichanclazo’, a fin de prohibir el castigo corporal en todos sus ámbitos, como método correctivo o disciplinario.


Cortita y al pie

Sucedió el 2017, en Monterrey, en el Colegio Americano del Noreste. También en enero, casualmente, y antes de las 9 de la mañana. Igualmente se usó una pistola calibre 22 y las víctimas fueron la maestra y el perpetrador, en este caso estudiante de secundaria de 15 años. Cinco compañeros más, heridos de gravedad, sobrevivieron.

¿Entonces cada ciudad que sufrió violencia en el pasado (cito, por ejemplo, a otras norteñas como Ciudad Juárez o Reynosa) está condenada a ser parte del fenómeno?


La última y nos vamos

A quién de los tres niveles de Gobierno culpar. ¿Al Ayuntamiento panista, a la administración estatal del PRI, o a la Federación representada por Morena? A ninguno, y a todos a la vez.

El Estado puede a partir de ahora revisar mochilas a niños y jóvenes, pero, ¿y las familias? Cuándo van a revisar lo verdaderamente importante: los pensamientos/sentimientos que cargan estos en la mochila imaginaria.

Bien dice la propaganda de la campaña “Juntos por la paz”, a propósito de la Estrategia Nacional para la Prevención y Atención de las Adicciones: “escucha su mirada, escucha su habitación, escucha sus amistades, escucha sus horarios, escucha su soledad, escucha su corazón… y muéstrale que no está solo”.

De lo contrario ya perdimos. Todos. Como sociedad.

Existe industria automotriz en el Sureste y metalúrgica en la Región Centro y Carbonífera, además de manufacturera en la Norte y agroindustrial en La Laguna. Sin embargo, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 es la columna vertebral de la economía coahuilense.

No hablo específicamente de los 14 mil empleados estatales en la nómina ni de las 59 mil 318 plazas magisteriales que se nutren directamente de él, sino de las obras y acciones que con dinero público (49 mil 746 millones de pesos) afectarán indirectamente la vida de 3 millones de habitantes.

Así, con base en lo aprobado el pasado viernes 27 de diciembre por los diputados locales, se pueden identificar las prioridades del gasto y, por consecuencia, las directrices políticas a seguir en el año.

No hay sorpresas. El mayor consentido en la entidad seguirá siendo el Magisterio, al llevarse 52% de los recursos totales: 20 mil 827 millones 290 mil pesos a través de la Secretaría de Educación, otros 2 mil 852 millones 531 mil mediante aportaciones a universidades autónomas, colegios e instituciones, programas y organismos estatales, mil 757 millones 680 mil para el desarrollo de los programas federales, y 753 millones 621 mil 720 pesos más entre asignaciones a universidades politécnicas y tecnológicas, además de centros de educación media y formación para el trabajo.

Poco se dice al respecto, pero las secciones sindicales 38 y 5, además de la 35, absorben, entre las tres, 78 millones 87 mil pesos del Gobierno del Estado como “gastos de administración” producto de convenios. Las mantiene, pues.

El resto del presupuesto, por lo demás, se consume entre inercias y continuidad, determinadas naturalmente por las obligaciones contraídas para el ejercicio administrativo anual.

Ahora bien, mientras la discusión pública de los últimos días consistió en saber si 2020 significa el inicio de una nueva década, o no, Coahuila sorprende al mundo: en los últimos 10 años, es decir, de 2011 a 2020, habremos pagado 40 mil millones de pesos en deuda pública, según datos de la Auditoría Superior del Estado y elaboración propia.

Para 2020 la deuda doblará la cifra de la inversión pública, siendo esta última de 2 mil 50 millones de pesos. Tenemos, por tanto, un problema. Y debemos ofrecer soluciones pues citando al poeta español, Luis Rius, “no se puede vivir como si la belleza no existiera”.

Siguen frescos los renovados propósitos en la primer semana de 2020. El presente año puede ser lo que usted quiera que sea; en Coahuila, sin embargo, representa el ejercicio fiscal donde al finalizar llegaremos a los 40 mil millones de pesos arrojados al pozo de la deuda, y lo irónico del asunto es que se seguirá debiendo lo mismo que hace 10 años, cuando se consumó el latrocinio: 36 mil 501 millones. Lo peor: existe la obligación de seguir haciendo lo mismo hasta 2048.

Cortita y al pie

Lo anterior fue aprobado en el Congreso por unanimidad. Ninguno de los nueve diputados panistas –la mayor cantidad para su grupo parlamentario en la historia contemporánea de la entidad– objetó que, de 4 mil 104 millones 981 mil pesos que se destinarán en el presupuesto al servicio de la deuda, solo 277 millones 768 mil abonen al capital. Es decir, el 6.76 por ciento. Y vaya que tuvieron tiempo y oportunidad. Nadie los maniató ni los amenazó.

Por su propia voluntad levantaron su dedo en señal de anuencia. Y me refiero específicamente a ellos, los panistas, ya que su bandera política de la última década ha sido la indignación por el endeudamiento irresponsable del estado.

En todo ese tiempo, cabe señalar, no han conseguido algo tangible relacionado con el tema, más allá de las posiciones secundarias de poder que siempre consiguen y, acto seguido, se reparten entre unos cuantos, los mismos de siempre.

Pregúntese usted, para dimensionar la efectividad de los blanquiazules, qué han hecho estos relacionado con la deuda en los primeros dos años de la Legislatura LXI, misma que iniciaron con aliados de la UDC y Morena que les otorgaban mayoría. La respuesta es muy simple: nada. Y eso que presiden comisiones trascendentales como Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, o Presupuesto.

La última y nos vamos

Sí, 2020 también es año electoral. Como 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 y 2018. Se trata del décimo proceso en los últimos 13 años. La renovación periódica y necesaria –aunque también cansina– del poder.

Por ello, parafraseando a Gustavo Adolfo Bécquer con las elecciones del 7 de junio a la vista: “y volverán las oscuras golondrinas panistas en tu balcón su propaganda a colgar, y otra vez con la cantaleta de la deuda jugando a ser oposición votarán”.

No fue difícil distinguir, entre 145 entes públicos auditados, al peor ubicado en el último Informe de la Cuenta Pública 2018, entregado por la Auditoría Superior del Estado el 16 de diciembre: la Universidad Autónoma de Coahuila.

Con base en lo fiscalizado, la UAdeC se colocó en el último lugar en cumplimiento y desempeño financiero pues ejerció 3 mil 48 millones 252 mil pesos ese año, de los cuales 2 mil 792 millones 527 mil pesos le fueron observados con irregularidades. Es decir, el 91.6% del total. O lo que es igual, 9 de cada 10 pesos administrados. Fenómeno que, en otras latitudes, sería escandaloso.

De ellos, se consideran “graves” 2 mil 589 millones 614 mil pesos. Y aquí viene lo interesante: originalmente solo le habían etiquetado ese año 2 mil 344 millones 602 mil pesos de presupuesto. Es decir, el faltante supera incluso a la cantidad inicial. O para definirlo con economía de palabras: es un completo desastre.

En la máxima casa de estudios del Estado todo está mal. Durante 2018, por ejemplo, gastó 406 millones 152 mil pesos extra en “servicios personales”, sin que exista la información y documentación que justifique dicho incremento. Como resultado de la auditoría número ASE-07360-2018, a su vez, se desprenden 268 observaciones por un valor total de 609 millones 515 mil 838 pesos. Entre otras cosas hay disparidad entre su contabilidad y las cuentas bancarias que utiliza, existen empleados que percibieron sueldos por dos o más plazas sin acreditarse la compatibilidad de horarios, además pagos de categorías que no figuran en el tabulador, y falta documentación comprobatoria y justificativa de ciertas erogaciones efectuadas con proveedores y prestadores de servicios.

Ahora bien, pese a que la información corresponde a 2018, es un tema vigente y sujeto a responsabilidades. El desorden fue monumental y naturalmente hay responsables en la jerarquía. Por principio de cuentas el rector, Salvador Hernández Vélez; el tesorero general, Jorge Alanís Canales; el oficial mayor, Daniel Garza Treviño, y la contralora, Ludivina Leíja Rodríguez.

¿Tan incompetentes son para no ver que casi todo su presupuesto ejercido fue irregular? ¿Por qué ocurren tantas fallas y errores, si no hay funcionarios improvisados entre su burocracia?

Para dimensionar: convertidas en dinero, las observaciones con carácter oficial de la Auditoría Superior del Estado representan el 52% de irregularidades correspondientes a los entes públicos de todo Coahuila en 2018.

Si se tratase de mala praxis administrativa sería imperdonable para una institución que posee, entre sus 65 centros de estudio, facultades y escuelas de contabilidad además de técnicos entre sus filas. Pero si hablamos de corrupción es peor, al tratarse del mayor formador de profesionales en Coahuila.

¿Cómo tomar en serio a la Universidad a partir de lo anterior si no cuenta con un piso mínimo de certeza?

Cortita y al pie
Si bien la UAdeC maneja un presupuesto más alto que cualquier municipio de Coahuila, el 26 de septiembre, Salvador Hernández Vélez, su rector, remitió una comunicación al Congreso del Estado para solicitar su ayuda y pedir más recursos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para 2020. Según su carta, la universidad necesita una partida extra estimada en 571 millones de pesos, sin la cual no podría pagar pensiones y aguinaldos del presente año a 2 mil 129 jubilados (328 millones para tal fin).
Además requiere 93 millones para “mantenimiento urgente” a edificios, otros 107 millones para pagar “contribuciones de ejercicios anteriores”, y 43 millones más para “la liquidación por años de servicio al personal que se jubiló en 2017 y 2018”.

Las súplicas, sin embargo, fueron desestimadas y para 2020 solo se contempla una aportación de 823 millones 576 mil pesos del Gobierno del Estado, mil 461 millones 813 mil pesos de la Federación, y alrededor de 200 millones de ingresos propios; cifra que suma 2 mil 485 millones 389 mil pesos.

La última y nos vamos
Por lo demás, ni durante la gestión de Mario Alberto “El Negro” Ochoa (2007-2013) se verificaron tantas irregularidades como en el primer año de rectorado de Salvador Hernández Vélez. En resumen: 2 mil 792 millones 527 mil pesos que suman al desprestigio que arrastra la Universidad y perjudica, principalmente, a 35 mil 730 estudiantes.
Y eso que solo hablamos de dinero y no de asuntos académicos, lo que sería lo verdaderamente importante.

Como es costumbre, diciembre ha sido el mes de los informes de Gobierno para los alcaldes de Coahuila. Rutinarios, sin sobresaltos; con apenas cuestionamientos tibios a manera de réplica de los presuntamente opositores en Cabildo, aunque compañeros de nómina.

El pasado día 16, sin embargo, la Auditoría Superior del Estado presentó el Informe Anual verdaderamente importante: los Resultados de la Cuenta Pública 2018. Sí, es legal que lo concluya un año después: es la forma y plazos establecidos. Sin imágenes de respaldo, sin proyecciones modernas, sin eventos multitudinarios ni publicidad machacona, pero con datos duros. Reitero: lo verdaderamente importante.

Si bien el órgano audita 145 entidades públicas en el estado, cada una de las cuales tiene peculiaridades, me centraré por esta ocasión en los principales hallazgos de las 38 presidencias municipales: las posiciones políticas que más pasiones generan, independientemente del tamaño del municipio, por encima de las desestimadas elecciones de legisladores federales y locales e incluso la de Gobernador.

Cabe señalar que no todos los alcaldes de 2018 fueron reelectos para el periodo 2019-2021. Pero aquel fue año electoral, contexto a tomar en cuenta. Entre quienes no fueron llamados a la reelección destaca Tita Flores Boardman (PRI) en Ramos Arizpe, quien enfrenta un faltante de 89 millones 275 mil 24 pesos.

Parras de la Fuente, con Evaristo Madero, emanado del Partido Verde, fue un completo desastre: le faltan 71 millones 424 mil 946 pesos por comprobar. En proporción, es el hoyo financiero más alto para un Ayuntamiento considerando su presupuesto anual (325 millones 407 mil 840 pesos). En otras palabras: malversó uno de cada 4.50 pesos. Luego están quienes fueron revalidados por tres años más.

Ciudad Acuña con Roberto de los Santos (UDC) solo cobró el 35.8% del impuesto predial en 2018, el mayor ingreso propio del que dispone un Municipio. Su efectividad es baja considerando que sólo contribuye uno de cada 3 propietarios de inmuebles. En derechos
de alcoholes aún disminuye más, a uno de cada 4, ya que solo recauda el 23% de lo facturado. Pero ahí no acaba el asunto. Solo 7.9% de su gasto total se destinó a inversión pública (obras, pues). Y esta disminuyó 25% respecto del año anterior.

Por el contrario no perdona los “servicios personales” (salarios), donde figuró un aumento de 42 millones 873 mil pesos por encima de lo autorizado inicialmente.

El Gobierno de Allende, con Antero Alvarado (UDC), se puede resumir en dos datos: la inversión pública disminuyó 78% respecto de 2017, y el gasto en inversión pública representa solo 4% del total. Ninguno de los dos señalamientos tiene que ver con el éxodo de 2011 ni con la no incorporación del Municipio a los beneficios fiscales de la zona fronteriza para 2019.

Aunque cuantificado en dinero, quienes encabezan las irregularidades son las administraciones panistas de Torreón y Monclova, de Jorge Zermeño y Alfredo Paredes, respectivamente. Torreón tiene perdidos 182 millones 19 mil 803 pesos. Monclova, por su parte, 145 millones 968 mil 319 pesos, de acuerdo con la Auditoría de Cumplimiento.

No faltará quien por comparar cuestione las cifras correspondientes a Saltillo, con su homólogo priista. Pero la nota de Manolo Jiménez en ese renglón es sobresaliente, ya que solo le fueron observados 4 millones 20 mil 359 pesos de un presupuesto total de 2 mil 749 millones 368 mil 752 pesos.

No se emocione, pues donde queda a deber es en recaudación. Cito un ejemplo. En 2017, el Ayuntamiento de Saltillo dejó de recaudar el 43.9% en impuesto predial.

En 2018, ya con Manolo Jiménez (PRI), lo no recaudado aumentó hasta 62.9 por ciento. Es decir, creció 19% de un año a otro. En Piedras Negras también hace aire. El último año de gestión de Fernando Purón (2017) no se pagó el 39.8% de la contribución. Con Sonia Villarreal (PRI), en 2018, la cifra subió hasta 63.9 por ciento. O sea 24 por ciento.

Lo anterior según información de la Secretaría de Finanzas, contenida en el estudio especial Evolución de la Recaudación del Impuesto Predial y los Derechos por Suministro de Agua en Coahuila.

Ahora bien, como comentario al margen: si Saltillo no recauda lo mínimo indispensable por sus propios medios, ¿con qué cara exige su Edil entonces más presupuesto federal para 2020 y culpa a la Federación de sus ‘bajos’ ingresos?

En defensa de su actuación, los ayuntamientos señalados por irregulares podrán argumentar que hay un plazo para solventar las inconsistencias contenidas en las observaciones. Que se trata de mala praxis administrativa y no mala fe. Que son salvables y comprobables. Algunas, debido a su naturaleza, podrán echarse abajo. Otras, en cambio, revelan un trasfondo más grave: incompetencia y corrupción.

Cortita y al pie
Por lo demás a muchos queda la excusa, y a varios la duda, sobre la parcialidad en el actuar del auditor superior, Armando Plata, quien fue designado para el cargo –autónomo, en el papel– durante la gestión de Humberto Moreira, en 2009, situación que puede condicionar su labor.

Aunque los números no mienten, y si alguien dolosamente les torciera el brazo para que lo hagan, siempre quedarán los respaldos…

La última y nos vamos
En resumen: durante 2018 los municipios de Coahuila fueron administrados por grupos políticos medianos y chambones, por no decir mediocres y rapaces.

Y no, nadie se salva. Ni panistas ni priistas ni udecistas. Falta un partido, sí: Morena. Tranquilo, estimado lector, pues no existen dados cargados al omitirlo, ya que no gobernaba todavía ningún municipio del estado en 2018.

Malos días para ser panista en Coahuila y particularmente de La Laguna. Si en 2012 Torreón fue catalogada como la quinta ciudad más peligrosa del mundo como consecuencia de una guerra paramilitar por el control del municipio, y aquello a finales de 2019 parecía ya un capítulo cerrado, la detención de Genaro García Luna el 9 de diciembre, vino a remover sucesos históricos anteriormente desestimados.

El exdirector de la Agencia Federal de Investigación durante la presidencia de Vicente Fox (2001-2005) y exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) espera en una prisión de Dallas, Texas la audiencia del próximo martes 17 de diciembre ante la Corte Federal donde le será confirmada su detención provisional para luego ser trasladado a Nueva York y juzgado por quien condenó a Joaquín “El Chapo” Guzmán a cadena perpetua en Brooklyn.

Como se publicó en este mismo espacio el miércoles, las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su contra constituyen la evidencia legal más relevante de la narcopolítica en México. Y aquí es donde Coahuila entra en la ecuación.

Jesús Lemus, periodista internado en el penal federal de Jalisco (2008) –absuelto en 2011– cronicó en su libro Los Malditos 2: el último infierno (Mis historias negras desde Puente Grande), narraciones de su convivencia con los criminales considerados más peligrosos de México. Entre ellos Sergio Villarreal, “El Grande”. Las revelaciones no tienen intención de modificar una sentencia ineludible como sería el caso de un testimonio ante un juez, ni de generar una percepción artificial en la opinión pública como sería el caso de una entrevista o filtración a los medios de comunicación. Se trata de historias que buscan, en todo caso, presumir hazañas delincuenciales ante compañeros de celda en la soledad de la reclusión y el aislamiento. Un confesionario colectivo. Ahí radica su valor.

Por supuesto: habrá quien desestime los dichos de un presidiario por su condición, como si la pérdida de libertad y derechos políticos implicase también una pérdida de credibilidad. A continuación, sin embargo, cito textualmente algunos pasajes de mayor relevancia para el Estado.

“‘El Grande’ continuaba presumiendo que conocía bien al presidente Calderón. Según narraba en prisión el exjefe de sicarios, su relación fue más que ocasional. No se limitó a un encuentro entre los dos en el bautizo de la hija del Senador panista, Guillermo Anaya” (excandidato a la gubernatura de Coahuila en 2011 y 2017).

“La cercanía entre Calderón y Anaya era el mejor aval de ambos. Y es que Villarreal tiene lazos familiares con el otrora Senador: un hermano del sicario, llamado Adolfo, estuvo casado con Elsa Anaya, hermana del panista, cuando este fue Alcalde de Torreón. Precisamente en ese tiempo, entre 2003 y 2005, ‘El Grande’ asentó su presencia en la zona de Torreón.

“Uno de sus aliados en la lucha por Torreón –lo dijo en voz alta en las mazmorras de Puente Grande– supuestamente fue el entonces alcalde, Anaya Llamas, al que se refería como ‘mi pariente’ y quien luego sería Senador por el PAN con el respaldo incondicional de Calderón, del que se hizo compadre el 24 de agosto de 2006 mediante el bautizo mencionado. Era insistente en su cercanía familiar y personal con él, del que una vez aseguró le había asignado ‘un equipo de trabajo para hacer algunos negocios’”.

Hasta aquí se preguntará usted: ¿y qué tiene que ver esto con García Luna?

Que según la narrativa de Lemus, el trasiego de drogas en la Comarca Lagunera fue posible originalmente mediante un grupo delictivo integrado por exescoltas de García Luna, uno de los cuales mantenía enlace directo con este, bajo el mando de “El Grande”.


Cortita y al pie

En el número 1777 la revista Proceso da cuenta de la demanda que Anaya interpuso en contra de un corresponsal del semanario por el reportaje Infiltración Total, publicado en marzo de 2007. “Aseguró que al bautizo no fue nadie que él no conociera y que personalmente integró la lista de invitados; sin embargo uno de sus testigos (que había dicho no conocerlo en persona) admitió haber asistido al bautizo invitado por el entonces diputado federal Jesús de León Tello (hoy presidente del PAN en Coahuila), con lo cual desvirtuó la declaración del Senador panista”.

Por su parte Ricardo Ravelo en su libro Los Incómodos 2 (los gobernadores que amenazan el futuro político del PRI), escribe que “la protección del régimen de Felipe Calderón hacia ‘El Grande’ comenzó como un rumor en el año 2006 (…) en la Comarca Lagunera los reflectores se centraron en la persona de Guillermo Anaya Llamas, senador de la República”.


La última y nos vamos

Todo lo anterior, por lo demás, se trata de la génesis de la violencia que se gestó en Torreón y ocasionó 2 mil 796 homicidios de 2008 a 2018, según cifras del INEGI, y 543 desaparecidos de 2000 a 2017, de acuerdo con el reporte Historia, Retos de Mejora y Cifras del Registro de Personas Desaparecidas, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado en 2019. Aquellos definidos en su día por Felipe Calderón simplemente como “daños colaterales”.

Para no olvidar ni echar en saco roto.

Coahuila tiene su historia particular con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), arrestado el lunes en Dallas, Texas, por tres cargos de “conspiración para distribuir internacionalmente cocaína”, y uno más por declaraciones falsas.

Pero primero el contexto: se trata, para dimensionarlo políticamente, de la detención más importante de la última década. Por encima, incluso, de los exgobernadores encarcelados por hechos de corrupción en el sexenio de Peña Nieto, o de la misma Rosario Robles; única secretaria de Estado recluida en la historia contemporánea. Su trascendencia radica en la tesis que se puede inferir con los datos expuestos a través de un comunicado de prensa por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en específico del fiscal para el Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue: el Gobierno del Presidente que “declaró la guerra al narco” era, en realidad, un narcogobierno.

En otras palabras: en el país de las narcoseries y la narcocultura, hasta hoy se presenta la evidencia legal más relevante de la narcopolítica. García Luna, por consecuencia, será juzgado en Brooklyn como en su día lo fue Joaquín “El Chapo” Guzmán, en cuyo juicio (2018) se presentaron testimonios que lo incriminan. Concretamente dos sobornos del cártel de Sinaloa, uno en 2005 y otro en 2007, el primero por 3 y el segundo por 5 millones de dólares, a cambio de protección para sus actividades.

Así, mientras las acciones contra la delincuencia eran unas a ras de suelo, reducidas a combatir fuego a fuego grupos paramilitares creados indirectamente por el mismo Estado, el Policía Federal número uno de la nación rendía cuentas a un Estado supranacional. Metaconstitucional.

Radicado en Florida, desde donde ofrecía supuesta “consultoría” en temas de seguridad a través de su empresa GLAC Consulting, fue titular de la Agencia Federal de Investigaciones de 2001 a 2005, durante la presidencia de Vicente Fox. Ahí comenzó todo. Lo que el Departamento de Justicia define como “una operación criminal, organizada, sistemática y transnacional, perpetrada de 2001 a la fecha”, y por la cual estima de 10 años de prisión a cadena perpetua.

Como se recordará, García Luna era responsable de la seguridad nacional cuando sucedió la masacre de Allende (del 18 al 22 de marzo de 2011). Dicho de otra forma: cuando el Estado mexicano abandonó a su suerte regiones enteras. Cuando cedió al crimen organizado el monopolio de la fuerza. El origen de la descomposición social como consecuencia de la descomposición política. Y no al revés.

Sin embargo en La Laguna también hace aire. En su libro El Último Infierno (Mis historias negras desde Puente Grande), conocido como Los Malditos 2 (2016), el periodista Jesús Lemus Barajas, narra su estancia en el reclusorio penitenciario federal de Jalisco, sitio donde fue internado de 2008 a 2011, e insólitas revelaciones de los criminales más peligrosos del país, sus compañeros de celda.

De primera mano, y en primera persona, en el Capítulo I titulado Un Lugar Cómodo para el Grande”, expone un triángulo de colusión entre Felipe Calderón, Genaro García Luna y Guillermo Anaya Llamas, excandidato del PAN a la gubernatura de Coahuila en 2011 y 2017 (citado en su etapa de Presidente Municipal de Torreón y posteriormente senador), con el excuñado de Anaya, Sergio Villarreal, “El Grande”, que permitió a este último controlar el trasiego de drogas en la Comarca Lagunera mediante un grupo delictivo integrado por exescoltas de García Luna, uno de los cuales mantenía enlace directo con este.

Ojo: no se trata de testimonios judiciales con la intención de modificar una sentencia, sino de historias personalísimas contadas a través de relatos vivenciales en el horror de la prisión. Ahí su valor.


Cortita y al pie

Ahora bien, el tema puede ser visto desde una perspectiva geopolítica ligando sucesos y circunstancias de los últimos días. Me explico. Asila México al presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales. Trump amenaza con intervenir en México usando como coartada el extrañísimo caso LeBarón, ocurrido encima del yacimiento de litio más importante del país. Evo Morales, incomodó a Estados Unidos entre otras cosas por sus políticas con el litio, abandona nuestro país el mismo día que cesa la intención de combatir narcotraficantes en calidad de terroristas. Como colofón, el Senado en Estados Unidos acuerda ratificar el T-MEC con México y Canadá, y el mismo día su Departamento de Justicia detiene a Genaro García Luna en Texas.


La última y nos vamos

Por lo demás, no sorprende sea Texas el brazo ejecutor de la justicia. Siempre Texas. Lo mismo con Javier Villarreal o Jorge Torres que con Rolando González o Manuel “El Mono” Muñoz. Y ahora, en Dallas, cayó García Luna. Personajes de una u otra forma relacionados con la entidad.

No hay duda: a cada cerdo le llega su San Martín… aunque aún es grande la porqueriza. Por ello más de uno desearía se produzca un efecto dominó en forma ascendente, descendente y colateral.

Pasó desapercibido, como casi todo lo que sucede en el Congreso del Estado. Pero el 22 de agosto el Poder Legislativo de Coahuila consumó la ‘licitación’ de un “sistema electrónico de registro de asistencia y votación” que estrenó con fallas tres meses después, el pasado 29 de noviembre, y costó 12 millones 737 mil 197 pesos.

Y aquí viene lo interesante: tecnología similar, adquirida con el mismo proveedor, Audio Video & Control, S.A. de C.V., en 2007, había costado 3 millones 663 mil 380 pesos entonces, ya con IVA incluido. En 2019, sin embargo, los legisladores pagaron 350% de más por el mismo servicio, lo cual significa un sobreprecio de 9 millones 73 mil 817 pesos.

Consultado al respecto por quien esto escribe, un distribuidor especializado de Nuevo León cotizó en 3.5 millones de pesos los requerimientos establecidos en las bases de la convocatoria 018 expedida por el Congreso, identificada con el folio CE-905002984-E24-2019, que da pie a esta columna. Misma conclusión: se fueron 9 millones arriba.

Cabe recordar que Marcelo Torres Cofiño, diputado panista y presidente de la Junta de Gobierno en el segundo año de la Legislatura, es el responsable de la Oficialía Mayor (a cargo de Rafael Delgado Hernández) y la Tesorería (cuyo titular es Fernando Oyervides Thomas), órganos administrativos encargados de la compra en 2019.

Y también es pertinente señalar un par de premisas antes de avanzar. En primer lugar que la tecnología, como producto del mercado, al evolucionar se abarata. No se justifica, por tanto, el exponencial aumento de precio en el factor modernidad. Segundo, para dimensionar el asunto: hablamos de 25 diputados locales como usuarios, no 500 como los federales en San Lázaro. Es decir, contar 25 dedos –si acaso acuden todos a sesión, ya que regularmente hay faltas– no es lo mismo que 500. No requiere ciencia ni sofisticadas técnicas, pues.
Finalmente otro dato a tomar en cuenta: en 2007 había 31 diputados locales. En 2019, gracias a la redistritación y reforma electoral, hay seis menos, lo cual debería representar necesariamente menor gasto.

En 2007, Audio Video & Control, S.A. de C.V. domiciliada en Polanco, Ciudad de México, y representada por Marco Antonio Castellanos Matadamás, vendió al Congreso del Estado un “sistema parlamentario de asistencia y votación electrónica” que incorporaba video, audio, grabación y automatización.

Además amplió el ancho de banda en el edificio, suministró equipos de cómputo, cámaras robóticas y pantallas de plasma, incluyendo cableado e instalación, adecuaciones y remodelación de espacios (como un cuarto frío y áreas para mantenimiento). Todo lo anterior, se ha dicho ya, costó 3 millones 663 mil 380 pesos.

Doce años después de nueva cuenta fue contratado Audio Video & Control, S.A. de C.V. al presentarse como único participante a la licitación, y realizó un trabajo equivalente –con la natural evolución de las telecomunicaciones y especificaciones técnicas– por un monto de 12 millones 737 mil 197 pesos.

Como consta en el oficio CEC/T2019/121 del 10 de julio, el tesorero del Congreso afirmó que “el costo de dicho proyecto” se encontraba “debidamente cubierto con un techo financiero” hasta por 13 millones 545 mil pesos, según el capítulo 5000 del presupuesto 2019 (bienes muebles, inmuebles e intangibles), y solicitó apoyo a la Secretaría de Finanzas un mes antes de iniciar el único proceso de licitación en lo que va de 2019 (el gasto público restante han sido adjudicaciones directas). Dicho de otra manera: ya tenía el negocio con fondos estatales preparado, solo faltaba darle forma.

En su defensa dirán que si la inversión de 2007 sirvió para cuatro legislaturas (o sea 12 años), no quiere decir que cada periodo tenga que renovarse, con lo cual se amortizará el precio. De acuerdo, aunque hay un detalle: solo una Legislatura es la que hace negocio. En este caso la actual. Ahí el quid de la cuestión.

Cortita y al pie
Por lo demás, se trata de una Legislatura esencialmente dividida. Con 12 curules canteadas hacia un lado y 13 inclinadas hacia el otro. Donde su afinidad política lo es todo y pesa más que lo votado. Por ello se sabe de antemano qué postura van a tomar los 25 diputados locales con solo saber de dónde proviene la iniciativa, sin entrar al fondo de los temas.

Así quedan reducidos a oficialía de partes, por un lado, y a legisladores de talante prohibicionista cuando se ponen creativos (pues cualquier propuesta propia, sin importar el grupo parlamentario del que surja, tiende a restringir actividades en Coahuila o aumentar las penas por regla general). Son tan predecibles que no hay sorpresas ni las habrá durante el tercer y último año de la Legislatura.

La última y nos vamos
Los diputados vacacionaron 15 días en el marco del Buen Fin para dar espacio a la instalación del equipo en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo y, en la primera donde se usaría, el 29 de noviembre, este fallo.

A escasos 23 días de concluir el segundo periodo ordinario de 2019, año donde Marcelo Torres Cofiño presidió la Junta de Gobierno (el primero para un partido distinto al PRI en la historia contemporánea de la entidad), su labor deja un legado: facturar 9 millones de pesos de más en la única licitación que pasó por sus manos. Y no, no es la inflación el motivo, sino la corrupción.

Otra vez Los Cinco Manantiales. Otra vez grupos de civiles armados asaltando en convoy. Otra vez a plena luz del día y en fin de semana. Aterrorizando. Como en 2011.

Pero entonces nadie respondió. Mil 451 llamadas telefónicas a los servicios de emergencia realizadas del 18 al 22 de marzo desde Piedras Negras y Allende nunca fueron atendidas. El Estado abandonó a su suerte regiones completas.

Tanto el Gobierno federal (encabezado por Felipe Calderón) como el Gobierno estatal (encargado a Jorge Torres López) renunciaron al monopolio del uso de la fuerza. Lo cedieron, más bien, al crimen organizado.

Sin embargo en 2019 ha sido diferente. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario, reza la Tercera ley de Newton. Y así sucedió. La irrupción de grupos paramilitares a Villa Unión el sábado 30 de noviembre, a escasos 65 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, se puede resumir con datos que necesariamente arrojan un resultado, como el número de muertos (20), la duración de “la balacera” (hora y 45 minutos), los vehículos decomisados (17) o a qué grupo pertenecían abatidos y fallecidos en el enfrentamiento con armas de fuego (14 presuntos delincuentes, 4 elementos de seguridad y 2 civiles). Adyacente a lo anterior hay seis heridos y un helicóptero dañado.

En el tema de la seguridad pública, cabe señalar, el Gobernador de Coahuila no ha repartido culpas ni escurrido el bulto, como sí lo han hecho irresponsablemente ante circunstancias similares otros mandatarios, especialmente de extracción panista.

Su presencia en el lugar del enfrentamiento encabezando el operativo apenas horas después de rendir su Segundo Informe de Gobierno en el Congreso del Estado, y no en el siempre lucidor evento de encendido del pino navideño en la Plaza de Armas, da un mensaje en el sentido correcto el día más importante del calendario.

Hace ocho años Torres López –hoy encarcelado en Estados Unidos– abandonó una boda en Piedras Negras luego de ser avisado de los hechos en Allende, y fue resguardado en Saltillo. Nunca dio la cara y la masacre fue ocultada.

Mientras en Allende se supo de la masacre hasta semanas después, como si al Municipio lo hubiese tragado una dimensión desconocida, en Villa Unión los hechos fueron reportados en tiempo real. Al momento de redactar estas líneas todo mundo ya vio circular en redes sociales los videos grabados por sus habitantes.

Sin un objetivo definido, más allá de violentar las instituciones –en este caso materializadas en el inmueble de la Presidencia Municipal– los pistoleros dejaron su impronta en la fachada del edificio, agujereada cientos de veces por balas de grueso calibre. La estrategia de la sicosis. O asolar territorios enteros, de por sí escasamente poblados; provocar un éxodo. Cabeza de Vaca, desde Tamaulipas, le puso nombre al fenómeno: Narcoterrorismo.

Por su parte Ignacio Alvarado, autor de Terror en Coahuila: Hasta 300 De-saparecidos en la Masacre Olvidada de México, lo resume con economía de palabras: “allí, donde supuestamente se disputan el territorio grupos de traficantes, es donde se concentran recursos naturales a punto de ser explotados por las oligarquías locales, en contubernio con conglomerados transnacionales”.

Al respecto existen múltiples trabajos periodísticos interesantes donde sobresale la misma hipótesis: un alto nivel de violencia con asesinatos y desapariciones en las zonas con recursos naturales importantes, a fin de agilizar el desplazamiento forzado de las poblaciones en cuyo subsuelo hay recursos energéticos.

Ahí están, por ejemplo, Los Cárteles No Existen: Narcotráfico y Cultura en México”, de Oswaldo Zavala; Las Guerras Ocultas del Narco, de Juan Alberto Cedillo; Los Zetas Inc., de Guadalupe Correa-Cabrera; Ni Vivos Ni Muertos: La Desaparición Forzada en México como Estrategia de Terror”, de Federico Mastrogiovanni; y Capitalismo Antidrogas: Una Guerra Contra el Pueblo, de Dawn Paley.


Cortita y al pie

Un detalle a considerar: las brechas de terracería que comunican Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mismas que sirven para que grupos delincuenciales se internen en territorio estatal, fueron abiertas por Lewis Energy, la única empresa que tiene autorización para practicar la fractura hidráulica en una parcela de 398 kilómetros cuadrados, en Coahuila, y desde 2004 opera en la entidad con un contrato (414104806, en poder de quien esto escribe) por 15 años que fue renovado en 2018 por otros 15. Inclusive a esos caminos se les conoce como “La Brecha del Gas”.

Por ello conviene poner especial atención a los asuntos ocurridos en la franja fronteriza en los últimos días, pues el orden de los factores sí altera el producto. Me explico.

El pasado 26 de noviembre Trump declaró en una entrevista que ha estado trabajando “los últimos 90 días” en un plan de intervención militar en México a partir de designar terroristas a los narcotraficantes, cuando el extrañísimo caso Le Barón –que supuestamente motiva su amenaza– había ocurrido solo 22 días atrás a 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Como si el interés existiese de tiempo atrás, y los Le Barón sirviesen solo de coartada y caballo de Troya.


La última y nos vamos

Por lo demás, la disputa es eminentemente territorial (de ahí el concepto sugerentemente llamado “efecto cucaracha”) y ante situaciones de alerta y máximo riesgo para la población civil uno esperaría acciones contundentes como las demostradas por el Estado Mexicano el 30 de noviembre (aunque se pueden cuestionar también los protocolos policiacos y militares: ¿exceden el uso de la fuerza, se trata de ejecuciones sumarias?).

En el inoperante sistema de justicia, donde la corrupción e impunidad imperan, estos cuentan con respaldo popular. Luego de librar situaciones de crisis y fuerza mayor uno esperaría también inteligencia y estrategia, ojos bien abiertos a factores externos como la hipótesis de “calentar” la Cuenca de Burgos, en la “República del Río Bravo”.

Huele a gas. Las venas energéticas de Coahuila pasan por Villa Unión y Allende. No está de más considerarlo.

Una de las novedades para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 es que desapareció el Fondo Minero, bolsa que de 2014 a 2017 significó 173 millones 931 mil pesos anuales en promedio para Coahuila, según información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, responsable de su gestión.

Se ha publicado aquí que Armando Guadiana y Eva Galaz, ambos legisladores de mayoría que representan a la entidad, huyeron de su responsabilidad al no asistir –sin causa justificada, pues estuvieron presentes ese mismo día en la Cámara alta– a la trascendental discusión en el Senado del pasado 24 de octubre que, tras una votación dividida (de libre albedrío para los grupos parlamentarios, sin línea como en otras) y con diferencia de apenas cuatro votos, provocó se extinguiese el Fondo y por consecuencia dejase al Estado sin ese ingreso.

Los morenistas no se comprometieron, ni a favor ni en contra, antecedente que los identificará de ahora en adelante. Pero en 2019 todavía hubo recursos para los municipios de la Región Centro y Carbonífera, ya bajo la denominación Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras. Y aquí viene lo interesante.

El Alcalde de Sabinas, emanado de la coalición UDC-PAN, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, ejerció un monto etiquetado de 65 millones 751 mil pesos, el más alto para un municipio de la entidad solo por detrás de Sierra Mojada, el mayor beneficiado –al menos en el papel– año tras año desde su creación.

Si bien originalmente habían sido contempladas nueve obras públicas en Sabinas, realmente cuatro de ellas fueron ejecutadas con dicho Fondo: “la construcción de elevación del vado del río Sabinas, cubriendo 190 metros lineales en la colonia Lázaro Cárdenas”, entregada por 26 millones 285 mil pesos a Cedro Constructora, S.A. de C.V.; y la “construcción de 4 mil 589 metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Santo Domingo”, asignada por 6 millones 5 mil 952 pesos a Construcciones y Desarrollo de Asentamientos Humanos, S.A. de C.V.

Otro proyecto favorecido fue el “reemplazo de pasto sintético y barda ciclónica en la cancha de futbol soccer 11 de la Unidad Deportiva Conrado Marines”, agenciado por 8 millones 913 mil pesos a Proyectos y Representaciones Comerciales La Riojeña, S.A. de C.V., sociedad mercantil domiciliada en Saltillo y compuesta por tres socios.

Uno de ellos, Jesús Delabra Monsiváis, registrado como chofer en la Secretaría de Salud del Gobierno estatal durante la Administración anterior, y otra, Gabriela Yazmín Galavíz Gándara, empleada de la Universidad Autónoma de Coahuila, adscrita a la Tesorería General, en el departamento de “Cuentas por Cobrar”. Curioso, por decirlo de alguna manera.

Finalmente el Ayuntamiento de Sabinas contrató a Construcciones Nagu, S.A. de C.V., propiedad de los padres del Presidente Municipal de Monclova, Alfredo Paredes López, para la “construcción de 2 mil 745 metros lineales de colector de aguas negras para varias colonias del sector Norte de la cabecera municipal”, a un costo de 8 millones 245 mil pesos.

Aquí lo importante no es la cantidad (nada despreciables 8.2 millones) sino el hecho. Como el Fondo Minero tenía reglas de operación flexibles, abría la oportunidad a situaciones escandalosas como esta.

Cito un ejemplo: de acuerdo con los Lineamientos para la aplicación de los recursos, establecidos en 2017, “será responsabilidad de cada entidad federativa, municipios o demarcación que su ejercicio se efectúe de acuerdo con las disposiciones aplicables”. Y nada más.


Cortita y al pie

El fallo de las cuatro presuntas licitaciones mencionadas fue formalizado extrañamente el mismo día: 29 de diciembre de 2018 (en plenas vacaciones y a dos días de cerrar el ejercicio fiscal) con la firma del edil, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal.

Es el caso del expediente LO-805028954-E7-2018 a favor de Construcciones Nagu, S.A. de C.V., empresa constituida por Mario Alfredo Paredes Treviño, padre del Alcalde de Monclova, y Ricardo López Campos, tío del Edil.

Las acciones fueron vendidas posteriormente (en 2007) a María Guadalupe López Campos (madre), como consta en la escritura 54 de la Notaría Pública 8, en Monclova, en poder de quien esto escribe.

Para cerrar el círculo familiar, como apoderada de la persona moral figura Nancy Guadalupe Paredes López (hermana del Presidente Municipal).

¿Hay conflicto de interés o delito qué perseguir? Técnicamente podría no haberlo, aunque todo el procedimiento les retrata de cuerpo entero.


La última y nos vamos

Así se realiza la conexión: Bansefi transfiere a las arcas municipales el Fondo Minero, un Alcalde udecista-panista lo reparte a través de obra pública, y uno de los beneficiados es una constructora de la familia de otro Alcalde vecino, a 115 kilómetros de distancia, también panista. ¿Sin recibir una retribución a cambio?

Qué chulada.

Usando tres razones sociales distintas y en solo cinco años de operación, una familia –madre, padre y primogénito– de San Pedro de las Colonias facturó 42 adjudicaciones de obra pública por un total de 84 millones 449 mil 206 pesos a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), de las cuales 68% (57 millones 294 mil 556) les fueron otorgadas en un lapso menor a dos años, entre febrero de 2018 y noviembre de 2019, sin mediar licitaciones.

Para dimensionar el gasto: hay municipios de Coahuila que no suman ese monto de inversión durante todo un ejercicio fiscal. Ahora bien, a diferencia de los 400 millones de pesos fugados de su presupuesto a través de factureras en 2016 y 2017, como publicó Grupo Zócalo, el caso que nos ocupa ya no es herencia del exrector, Blas Flores Dávila, sino contrataciones realizadas durante la Rectoría de Salvador Hernández Vélez.

Se trata de las empresas Proyectos Constructivos Alto, S.A. de C.V. y Polígono 93 Arquitectos, S.A. de C.V., constituidas en San Pedro de las Colonias en 2014 y 2017 respectivamente, además de “Micaela Edificaciones”, perteneciente a la persona física Guadalupe Micaela Sánchez Amador. También figuran como dueños de Constructora DIMHSA, S.A. de C.V., si bien ésta no participa en la repartición.

Con ellas José Humberto Díaz Morales y su hijo, Maximiliano Díaz Sánchez, de 25 años, se han agenciado sistemáticamente las obras de mayor cuantía ofrecidas por la Universidad, la mayoría genéricas y de difícil fiscalización, pese a que ambas constructoras son de reciente creación y cuentan con un capital social de solo 100 mil pesos.

De acuerdo con la información pública disponible, los sampetrinos acapararon 10 contratos en 2018, y ocho en lo que va de 2019. Faltan por anexar los 13 concursos por invitación que tiene programados la Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios de la UAdeC, todos por concepto de “mantenimiento general”, y que se fallarán del 2 al 4 de diciembre próximo.

Aunque dos de ellos, uno en Monclova (IO-905056966-E13-2019) y otro en San Pedro de las Colonias (IO-905056966-E17-2019), ya están reservados para Proyectos Constructivos Alto, S.A. de C.V. y Polígono 93 Arquitectos, S.A. de C.V. en ese orden.

En defensa de la máxima casa de estudios del Estado dirán que no es gasto, sino inversión. Que se trata de rehabilitar y acrecentar el patrimonio. Que no son bienes consumibles, sino algo que quedará de forma permanente.

Sin embargo, el asunto evidencia las malas prácticas de la UAdeC ya que, de entrada, no utiliza principios de gobernanza pública como eficiencia o economía en sus contrataciones.
Resulta ilógico, por citar un ejemplo, que una empresa radicada en una casa de interés social en la colonia Quintas del Nazas, al oriente de Torreón, como Proyectos Constructivos Alto, S.A. de C.V., sea idónea para realizar un trabajo tasado en 23 mil 519 pesos en Piedras Negras, cuando este no ocupa labores específicas y cualquier otro particular de la Región Norte podía realizarlo sin necesidad de desplazarse 605 kilómetros de ida y la misma distancia de vuelta (contrato 59/18-O, por “reparación de fugas en sanitarios” en la Escuela de Medicina, Unidad Norte).

Cortita y al pie
Por lo demás, con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación consumada el pasado jueves, se confirma que no habrá una partida extraordinaria de 571 millones de pesos para 2020 como pedía la UAdeC para “sanear” sus finanzas.

El Gobierno federal contempla solamente la cantidad ordinaria, etiquetada en mil 461 millones 813 mil 829 pesos para el próximo año; cifra que deberá ser duplicada por el Gobierno del Estado, y anexados los ingresos propios de la Universidad para determinar el ingreso global, estimado alrededor de los 3 mil millones de pesos.

Eso significa que de nada sirvió la correspondencia enviada a la Cámara de Diputados por el Congreso de Coahuila, a iniciativa del diputado local Jaime Bueno y el Grupo Parlamentario del PRI, ni una supuesta comunicación del senador por Coahuila, Armando Guadiana, entregada al cuarto para las 12 de cerrar el plazo para presentar propuestas. Ambas para respaldar la petición de dinero extra.

Cabe cuestionar entonces la utilidad real de los legisladores locales y federales en situaciones particulares o de apremio. Como gestores de asuntos trascendentales, pues. Para qué sirven si no son capaces, siquiera, de hacerse escuchar. Ya no digamos cambiar el estado actual de las cosas.

La última y nos vamos
De Perogrullo: en la obra pública está el negocio particular y en la UAdeC lo saben. Pero lo más importante: lo ejercen. Y eso que les urgían recursos adicionales.

Octubre pasado no fue cualquier mes para el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. En un hecho inédito para las finanzas del órgano jurisdiccional, durante los últimos 31 días que Miriam Cárdenas Cantú lo presidió, la Oficialía Mayor bajo su responsabilidad pagó 304 facturas por bienes y servicios que suman 22 millones 885 mil 394 pesos en adjudicaciones directas.

La cifra es relevante, de entrada, pues el promedio de gasto mensual en 2019 (enero a septiembre) había sido 8 millones 128 mil 360 pesos. Alto, de por sí. Eso significa que aumentó 281 por ciento. Casi se triplicó en octubre. Pero si comparamos la cantidad con el mismo mes de 2017, por mencionar un ejemplo proporcional, el salto es cuántico ya que el Tribunal había desembolsado entonces 2 millones 803 mil 810 pesos. Ocho veces menos. O si la cotejamos con octubre de 2016, cuando erogó 1 millón 146 mil 992 pesos, resulta 20 veces menos. Dicho de otra forma: las adjudicaciones directas crecieron 2000% de 2016 a 2019, durante la presidencia de la exmagistrada.

Para dimensionar el dispendio: los 22.8 millones de pesos ejercidos en solo cuatro semanas, sin invitación a terceros ni licitación pública, equivalen al presupuesto anual del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (Icifed) en 2019. Del total erogado destacan 52 comprobantes fiscales justificados como “mantenimiento de inmuebles”, mismos que representan 6 millones 45 mil 47 pesos. Además 612 mil 860 pesos por concepto de “asesorías”, y 477 mil 885 pesos en “alimentos”.

Pero un caso especial es el proveedor de productos de limpieza denominado GGZ Mantenimientos, S. de R.L. de C.V.

Como se publicó en este mismo espacio el 27 de octubre, este se embolsó 6 millones 134 mil 916 pesos del Tribunal vía 19 adjudicaciones directas, la mayoría en 2019. En el octubre que nos ocupa, para no variar, se agenció 4 millones 401 mil 207 pesos más a razón de 12 supuestas contrataciones genéricas y difíciles de fiscalizar, como “equipo de oficina” o “mobiliario y equipo”. En total obtuvo 10 millones 536 mil 123 pesos en su primer año como “empresa”, ya que apenas había sido creada el 3 de julio de 2018 con domicilio fiscal en Parras de la Fuente, según el acta constitutiva 264 emitida en la Notaría 77 de Saltillo (cuyo titular es Luis Fernando Valdés Cabello), en poder de quien esto escribe.

Y aquí viene lo interesante. Su “gerente administrador” y apoderado legal es el neoleonés Gabriel Garza Zambrano. Dueño, a su vez, de la razón social Caprinos del Norte, S.A. de C.V. como ganadero caprinocultor (criador de cabritos; casualmente, el negocio por excelencia de la familia Cárdenas Cantú, hermanos de Miriam, restauranteros también de origen neoleonés).

Asimismo participa como socio y administrador único en la persona moral Servicios Clean Place, S.A. de C.V., a través de la cual cobró 5 millones 669 mil 834 pesos al Tribunal mediante 12 exhibiciones. Un promedio de 472 mil 486 pesos por operación a pesar de que su objeto social como empresa es el “lavado de alfombras”.

Así, en total, el cabritero favorito se llevó 16 millones 205 mil 957 pesos.


Cortita y al pie


Otro beneficiado por el Tribunal en octubre fue Procurador de Insumos, S.A. de C.V., quien obtuvo 300 mil 53 pesos gracias a cuatro facturas (presentadas los días 3, 10, 11 y 14) pese a tratarse de una sociedad mercantil que inició su proceso de disolución el 23 de abril de 2019, como se publicó en este mismo espacio el 20 de octubre.

Tiene domicilio fiscal en Saltillo pero sus socios radican en Apodaca, Nuevo León, aunque fue registrada en el padrón de proveedores con ubicación en la localidad Tlacotepec (6 mil 848 habitantes) del municipio General Heliodoro Castillo, en el estado de Guerrero.

Anteriormente había facturado un millón 716 mil 929 pesos al Tribunal que, sumados al monto de octubre, dan un saldo a favor de 2 millones 16 mil 982 pesos durante la presidencia de Miriam Cárdenas, pese a ser una compañía legalmente liquidada. Un caso de “éxito” sin precedentes.

Por su parte, el proveedor favorito del Instituto Electoral de Coahuila: XM Comunicación, S.C., quien había cobrado 878 mil 818 pesos durante la gestión de la exmagistrada, el último mes facturó 310 mil 880 pesos más por conceptos como “gastos de orden social”, “asesorías” y “gasolina a flotilla de vehículos por medio de carga con holograma”, ninguno de los cuales tiene correspondencia con el giro del servicio que presuntamente presta: video y multimedia.

Finalmente Obras KWX, S.A. de C.V., facturera creada en serie junto a otras el mismo día en la extinta Notaría 81, cuyo socio es un “intendente” de la Universidad Autónoma de Coahuila y tiene domicilio fiscal en una bodega del bulevar Vito Alessio Robles, en Saltillo, será puesta en proceso de liquidación a finales de noviembre a consecuencia de las publicaciones del 20 y 27 de octubre, lo cual supone borrar evidencia de su actuación. Con ella fueron facturados 3 millones 711 mil 12 pesos del Tribunal.


La última y nos vamos

De todo lo anterior hay una posible explicación. Que al cerrar un ciclo administrativo en octubre, en este caso al frente de la Oficialía Mayor, se facturase todo “lo pendiente” antes de consumar el proceso de entrega-recepción luego del extemporáneo relevo en la presidencia del Tribunal; por ello el exponencial aumento hasta 22 millones 885 mil 394 pesos.

Sin embargo hay otra hipótesis. Que a río revuelto, alguien vio la coyuntura perfecta –tal vez la última oportunidad– para adelantar su Buen Fin con cargo al erario. Y obtener ganancia de pescadores.

El notario que constituyó empresas fantasmas vinculadas a la paradigmática investigación de la Estafa Maestra también creó una que no facturó a Sedesol o Sedatu entre 2014 y 2016 dentro de la misma trama, sino a la Universidad Autónoma de Coahuila en 2017 durante el rectorado de Blas Flores Dávila (hoy secretario de Finanzas del Gobierno Estatal).

Reforma publicó el 12 de septiembre de 2018 el testimonio de un repartidor de gas a quien le fue usurpada su identidad y aprovechada para registrarlo como socio de una supuesta compañía, denominada Servicios Empresarias Helte, que recibió 494 millones de pesos en costales de dinero. El trabajador, por supuesto, ni enterado estaba.

El incidente registral ocurrió en la Notaría 96 de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, cuyo titular es Leonardo Alfredo Beltrán Baldares.

Curiosamente, la referida persona moral inició su proceso de disolución mercantil el 14 de septiembre de 2018, es decir, dos días después de la publicación periodística, como consta en el documento 40170, acta de asamblea general extraordinaria, en poder de quien esto escribe.

Pero en Coahuila también hace aire y tenemos un ejemplar: Estructuras en Postensados, Obras y Diseños Castropol, S.A. de C.V. Dicho proveedor, constituido en el Estado de México (sede, por lo demás, del mayor número de factureras en el país de acuerdo con el SAT), facturó 19 millones de pesos a la UAdeC en 2017 por la supuesta “renta de equipos de topografía”.

La empresa tiene domicilio fiscal en calle Lago Chalco 156, colonia Agua Azul, de Ciudad Nezahualcóyotl. Una humilde vivienda multifamiliar con cuartos consecutivos de precaria construcción, para mayor referencia. Sitio donde presuntamente habita la socia y representante legal, de nombre Deisy Ramírez Maldonado, de 31 años. Y se inscribió, como se dijo al principio, el 12 de enero de 2016 en la Notaría 96 de Leonardo Alfredo Beltrán Baldares. Fedatario que ha sido cuestionado por la creación de 75 factureras vinculadas con el caso que tiene a Rosario Robles en la cárcel.

En el padrón de proveedores de la máxicam casa de estudios en cambio, Estructuras en Postensados, Obras y Diseños Castropol, S.A. de C.V. fue inscrita con domicilio en avenida Tamaulipas 130 de la Colonia Condesa, en la Ciudad de México; sitio donde se ubica realmente una cafetería.

Al respecto, el 7 de octubre de 2018, Zócalo publicó que más de 400 millones de pesos fueron saqueados de la universidad mediante 60 supuestas empresas que fueron identificadas a través de documentos fiscales expedidos. No están en la cuenta pública oficial ni constan en las adquisiciones directas que año con año la Tesorería General reporta en el apartado transparencia, lo cual evidencia una doble contabilidad que no se explica sin la impericia –o complicidad– de la Auditoría Superior del Estado.

Una de ellas fue Estructuras en Postensados, Obras y Diseños Castropol, S.A. de C.V.
Y aquí viene lo interesante. El 26 de septiembre, el actual Rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez, remitió una comunicación al Congreso del Estado para solicitar su ayuda y pedir más recursos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para 2020. Según su carta, la universidad necesita una partida extra estimada en 571 millones de pesos, sin la cual no podrá pagar pensiones y aguinaldos del presente año a 2 mil 129 jubilados (328 millones para tal fin). Además requiere 93 millones para “mantenimiento urgente” a edificios, otros 107 millones para pagar “contribuciones de ejercicios anteriores”, y 43 millones más para “la liquidación por años de servicio al personal que se jubiló en 2017 y 2018”.

Su carta encontró eco en el Grupo Parlamentario del PRI, encabezado por Jaime Bueno Zertuche, quien formuló un punto de acuerdo que fue votado de urgente y obvia resolución por unanimidad el 16 de octubre. “Es indispensable contar con este monto, para que la Universidad pueda sanear sus finanzas”, decía literalmente. Y llama la atención el verbo empleado: sanear. Asimismo conminó al Congreso de la Unión para que “analice la problemática a la que se estará enfrentando la UAdeC de aprobarse el Presupuesto de Egresos 2020 en los términos actuales, y considere destinar mayores recursos”.

El 6 de noviembre, no obstante, el diputado Juan Antonio García Villa informó, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, que éste ya no apoyaría la petición original ya que la Legislatura congeló la invitación al Rector a comparecer en el Congreso del Estado para explicar las observaciones financieras que le hizo la Auditoría Superior del Estado, como solicitaban los panistas.

Cortita y al pie
Lo importante, sin embargo, está en otra parte: en la redacción mañosa con que se planteó el asunto. Misma que asume los problemas económicos originados en 2017, año del saqueo a la UAdeC mediante factureras, serán agravados por no tener presupuesto extra en 2020. Y los legisladores piden, así, sin más, que Gobierno Federal tape un hoyo sin indagar las causas que lo originaron.

La última y nos vamos
Se dice que a la UAdeC urgen 571 millones de pesos y la única forma de conseguirlos es pidiendo más recursos al Gobierno federal, vía la gestión de los diputados locales.

Lo anterior constituye un falso dilema pues existen más alternativas posibles a lo argumentado. Están, por ejemplo, las empresas fantasma: siguiendo la ruta del dinero que les fue agenciado en 2017. Los pasos de los pesos. Y con suerte podría colaborar la Unidad de Inteligencia Financiera en la recuperación.

Aunque falta, por supuesto, voluntad política y lo más importante: dejar de simular y encubrir.

En una espléndida entrevista realizada en Tele Zócalo Matutino, el pasado lunes, el director general de Grupo Zócalo, Francisco Juaristi Santos, cuestionó al senador por Coahuila y presidente de la Comisión de Energía en la Cámara alta, Armando Guadiana Tijerina, sobre las “nuevas técnicas” de fractura hidráulica que, a su juicio, son amigables con el medio ambiente; argumento que había propagado a los medios de comunicación a principios de octubre, en defensa unilateral del método extractivo.

Cuáles son, en qué consisten, dónde se han aplicado, qué resultados han obtenido, fueron las preguntas. Y no, no hubo respuesta. No la hubo sencillamente porque dichas “prácticas novedosas” no existen. Como se ha explicado en este mismo espacio con anterioridad, el secreto industrial impide conocer las fórmulas químicas utilizadas en conjunción con el agua a presión para perforar pozos de manera no convencional y obtener gas Shale. Así que quien diga tenerlas, miente.

Juaristi preguntó entonces a Guadiana si presentaría en noviembre del presente año la iniciativa de ley para regular el fracking pese a la oposición del Presidente de la República, como aseguró haría durante un conversatorio con el Consejo Coordinador Empresarial los días 2 y 3 de octubre, en Saltillo, codo a codo con el exgobernador y también expriista, Rogelio Montemayor.

Al respecto el legislador respondió, sin afirmar o negar nada, que en diciembre concluye el periodo ordinario de sesiones –lo cual es una obviedad– y que, parafraseando a Timbiriche, “si no es ahora, será mañana”. Es decir, podría hacerlo incluso en 2020.

El asunto no es menor: denota improvisación, interés personal y de grupos de poder, por encima del interés colectivo y contrario al medio ambiente. Guadiana, cabe recordar, cambió de parecer (o sacó el cobre, según se vea).

En campaña, durante una gira de López Obrador por Monclova en abril de 2018, manifestó ahí su oposición al fracking. Y tampoco es cualquier persona: se trata de uno de los actores principales en materia energética. Alguien que debería tratar el tema no solo con responsabilidad, sino con evidencia científica.

Acaba de ocurrir en Reino Unido antier, 1 de noviembre. El Gobierno Británico decretó suspender la fractura hidráulica con carácter inmediato para evitar las perturbaciones que causan los sismos asociados a la práctica, mismos que se intensificaron en agosto pasado. La medida, por si fuera poco, durará hasta que se demuestre se puede utilizar de forma segura.

La noticia es relevante por una razón: el fracking se había reanudado apenas en 2018, luego de siete años de prohibición con base en lo mismo: los terremotos. Así, con elementos objetivos, es el modo ideal para tomar decisiones importantes. No con chistoretes ni aprovechando la coyuntura política para tomar por asalto la tribuna, como sucede en el contexto que nos ocupa.

Es muy simple: para qué experimentar en suelo propio lo que otros ya vivieron en el suyo, si para eso existe ya el derecho comparado. ¿O acaso nuestra entidad es un territorio continental aislado del resto del mundo donde no habría afectaciones porque “Fuerte, Coahuila es”? Como si no habitásemos la misma casa: el globo terráqueo, independientemente que Reino Unido sea un archipiélago.

Con información de la Dirección General de Proceso Legislativo de la Cámara de Diputados, al día de hoy existen tres iniciativas presentadas por la actual Legislatura, dos en la anterior, y tres más en la antepasada, a fin de prohibir el fracking en México.

Ocho en total.

¿A qué esperan? ¿Acaso no hacer nada y dejar la legislación como está –permitiendo la inversión extranjera privada– forma parte de algún acuerdo en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá?


Cortita y al pie

Si usted no tiene aún en el radar a Santana Guadiana como representante, traeré a cuento un antecedente que acaba de ocurrir hace 10 días como ejercicio de rendición de cuentas.

El jueves 24 de octubre por la noche se votó en el Senado el trascendental tema del Fondo Minero en el Paquete Fiscal para 2020. Recurso del cual se ve beneficiado anualmente Coahuila, en específico las regiones Centro y Carbonífera, y se estima en 400 millones de pesos por cada ejercicio.

Como se sabe, el legislador es empresario minero y oriundo de Múzquiz. Quién mejor que él, por tanto, para defender a los suyos con conocimiento de causa.

Particularmente cuando había expresado su desacuerdo público con la mayoría de Morena respecto de la nueva aplicación que se daría, de ahora en adelante, a los recursos del Fondo (se seguirán acopiando en una bolsa común, sí, pero ya no serán distribuidos entre los municipios afectados por la minería, sino que financiarán un proyecto específico de la Secretaría de Educación Pública).

El debate se antojaba de antemano dividido y, en efecto, así fue. En una votación cerrada, la mayoría de Morena ganó por 49 a 45 y hubo además dos abstenciones (la Cámara se compone, cabe recordar, por 128 escaños; es decir, faltaron 32).

Ahora bien, ¿qué cree usted sucedió con Guadiana? Pues no asistió al salón de sesiones, como tampoco lo hizo su compañera de fórmula, la monclovense Eva Galaz.

De haber acudido –y votado– el resultado habría sido 49 a 47 y, con su cabildeo para incorporar a otros, tal vez habría cambiado la historia. Y aquí llegamos a un punto medular: si no es en el tablero de votación, entonces dónde se van a reflejar, y especialmente a materializar, los puntos de vista y eventualmente sus posturas.

“No tenía caso”, “ya lo presentaron muy tarde”, “me salí”, fueron sus justificaciones durante la referida entrevista en Tele Saltillo, interpelado acerca del incidente. No habrá, como consecuencia, más dinero del Fondo para Coahuila el próximo año ni los subsecuentes.


La última y nos vamos

Por lo demás, ¿para qué sirven los escaños de mayoría relativa por Coahuila ocupados por Armando Guadiana y Eva Galaz, mismos que obtuvieron 493 mil 462 votos de confianza el 1 de julio de 2018?

Ahora resulta que los presuntamente diferentes, por lo menos en el caso que nos ocupa, son iguales hasta la ignominia. Y sucede a solo un año de haber tomado protesta; cuando todavía faltan cinco para concluir, el distanciamiento de los ciudadanos es acelerado.

Por ello un legítimo clamor popular de cambio expresado en las urnas no puede, ni debe, quedar reducido a la incompetencia e indolencia de alguien que –ahora sabemos– nunca estuvo preparado ni comprometido con el cargo.

Lo que faltaba: estar a las vivas para defendernos de nuestros propios representantes elegidos. Antes opositores. Tenerlos en la mira todo el tiempo ya que son una amenaza latente.

Al cumplir prófugo seis años, al fin, Jorge Juan Torres López, exgobernador de Coahuila, se fue a Corpus Christi donde había sido requerido por la Corte para el Distrito Sur de Texas desde octubre 29 de 2013 por los cargos de fraude bancario, postal, electrónico y lavado de dinero.

El asunto es trascendental para el estado, aunque supone básicamente dos vías: las implicaciones legales allá, y las implicaciones políticas acá. Consecuentemente, y dependiendo de ambas, las implicaciones en la opinión pública.

Para comenzar hay que delimitar los hechos. Entre octubre de 2007 y abril de 2008 –siendo él secretario de Finanzas durante la gestión de Humberto Moreira– transfirió, en complicidad con Javier Villarreal –subsecretario de Planeación entonces– 2 millones 762 mil 66 dólares desde sus cuentas en los bancos JP Morgan Chase, de Brownsville, e Inter National, de McAllen, a un paraíso fiscal en las islas Bermudas. Como no pudo acreditar el origen legal del dinero, este le fue confiscado. Adicionalmente, el 17 de noviembre de 2014, le fueron decomisadas dos propiedades en Montgomery, Texas, adquiridas con recursos de procedencia ilícita.

Y nada más. Es decir, el periodo cuestionado queda muy atrás en el tiempo de sucesos históricos para la entidad como el endeudamiento irresponsable de 2010, o las atrocidades cometidas durante sus escasos 11 meses de gestión en 2011 y bajo su responsabilidad como Mandatario interino: la masacre de Allende que duró cinco días: del 18 al 22 de marzo, y la primera renegociación de la deuda pública, donde se legalizaron créditos obtenidos con documentación falsa y que nunca entraron a ejercicio fiscal, consumada el 18 de agosto.

No se haga ilusiones: lo anterior ni siquiera será materia de juicio en la Corte. No forma parte de la litis, pues.

Además podría llegar a ser testigo protegido en Texas, lo cual implica un compromiso de rendir testimonio verídico sobre delitos de los que tiene conocimiento a fin de condenar a personajes más importantes. Ello presume, de antemano, que hay más hebra en la madeja. Que sus delitos no son actuaciones aisladas e independientes. Y asume, interpretando en sentido contrario, que la delincuencia es organizada. Jorge Torres sería entonces un medio para conseguir un fin, y no un fin en sí mismo. Una pieza menor.

Particularmente cuando su causa penal está vinculada con Villarreal, pues involucra a ambos. Dichas acusaciones eventuales hacia un escalón más alto de la pirámide, no obstante, estarían sujetas a aprobación (y la aprobación, por su parte, a verificación de la jueza texana responsable del caso, Nelva Gonzáles Ramos).

Aunque puede ocurrir que no sean aceptadas y le sea negado el beneficio. Y aquí cabe hacer un matiz: qué credibilidad podríamos esperar de alguien que, a las primeras de cambio, cuestionado por el banco JP Morgan Chase sobre el origen de sus recursos depositados en él, afirmó ser copropietario de Cemex. Antecedente inscrito en los documentos de la Corte, y que mina su credibilidad. Javier Villarreal, por su parte, dijo ser dueño de una distribuidora de Mercedes Benz (Reforma, 27/09/13).

Como consta en el documento 34 del expediente 2:13-cr-01075, en poder de quien esto escribe, el secretario de la Corte división Corpus Christi admitió el 7 de marzo al abogado penal Thomas J. McHugh como representante legal de Torres López en el caso, al concederle una dispensa especial, pues él no tenía licencia para ejercer en esa jurisdicción. El veterano penalista, con despacho en San Antonio, es experto en defensas por fraude, delitos bancarios, evasión fiscal, lavado de dinero, extorsión, corrupción pública, apropiación indebida de fondos y conspiraciones. Además ayuda a recuperar bienes confiscados y a descongelar cuentas bancarias, virtudes que le vienen como anillo al dedo.

Así, con la anexión de McHugh, ya son tres abogados a su causa, pues originalmente Torres López había contratado a Carlos A. Solís y Derek B. Hilley, también de San Antonio. Los tres comparten una característica en común: son exauxiliares de fiscales federales que ahora defienden particulares. O sea conocen las entrañas del monstruo. Ojo.

Ahora bien, si usted se pregunta cómo se comportará Jorge Torres, la respuesta radica en saber qué pasó entre febrero 6 y octubre 28 de 2019. Es decir, un día después de su detención, en Puerto Vallarta, y un día previo a su extradición, desde Toluca. En esos 264 días está la clave y, eventualmente, el futuro político de Coahuila.

Quién lo visitó, qué recados recibió, cómo se sintió –hipertenso e infartado– en la intimidad y soledad de su celda dentro del Reclusorio Preventivo Sur. Hizo algún trato, acaso prometió, o pactó algo. De ser así, con quién o quiénes. ¿Midió las nuevas condiciones del terreno político? ¿Sopesó la correlación de poderes en 2019?

En resumen: de qué lado está. Y lo más importante: de qué lado no está. Suponiendo que, en esa relación, hay dos partes. Alejado del bullicio de la falsa sociedad, parafraseando a José Alfredo Jiménez, tiempo para reflexionar tuvo.

Torres López, al final, es una cuenta más en el rosario de extesoreros apresados. El exsecretario de Finanzas de Nayarit en tiempos de Roberto Sandoval (2011-2017), fue aprehendido por peculado el pasado 20 de octubre (el auditor Superior había sido detenido previamente, en agosto, por falsificación de documentos). El exsubsecretario de egresos de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Mancera (2012-2018),fue apresado el 13 de octubre. El exsecretario de Hacienda de Chihuahua, en la gestión de César Duarte (2010-2016), colaboró con la entonces PGR y fue exonerado por lavado de dinero, defraudación bancaria y delito fiscal durante la Presidencia de Peña Nieto, el 24 de marzo de 2018. Mismo caso del exsecretario de Finanzas y Planeación de Javier Duarte, en Veracruz (2010-2016), quien logró un acuerdo el 19 de enero del presente año, al aportar “información eficaz y esencial” para las investigaciones de un delito más grave.

El extesorero de Roberto Borge, en Quintana Roo (2011-2016), fue detenido el 25 de enero de 2018. El extesorero de Rodrigo Medina en Nuevo León (2009-2015) fue vinculado a proceso el 26 de julio de 2016, por peculado y ejercicio indebido de funciones.

Pero hay un caso que asemeja más al coahuilense. El del extesorero de Tomás Yarrington en el Gobierno de Tamaulipas (1999-2004), Fernando Cano Martínez, quien fue detenido y puesto en libertad el 7 de marzo de 2017. Yarrington, por su parte, fue detenido en Italia, en abril de 2017, extraditado en 2018 a Estados Unidos y llamado a juicio en Texas en enero de 2020. Casualmente, en la misma Corte para el Distrito Sur, acusado de fraude bancario, delincuencia organizada, conspiración para lavar dinero, ocultar transacciones, evitar reportes, e importar mariguana y cocaína.


Cortita y al pie

Adyacente al tema, queda saber si este impactará en la opinión pública de Coahuila, convertida esta en participación electoral durante el proceso que inicia el 1 de enero del próximo año y se vota el 7 de junio.

La realidad es que no. No por sí misma, por lo menos.

Cito un ejemplo para contextualizar: si en 2011, en plena campaña electoral para renovar la gubernatura, cuando el PAN tuvo en bandeja y de primera mano la información proveniente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –al mando de Ernesto Cordero– respecto del endeudamiento hasta entonces desconocido en Coahuila, no la supieron –o no la quisieron– aprovechar, mucho menos sabrán qué hacer ahora, en la víspera de unas elecciones –las de diputados locales– que, tradicionalmente, no generan interés.


La última y nos vamos

Por lo demás, Jorge Juan Torres López no es un eslabón que se pueda quitar sin consecuencias. Por el contrario: sin él se rompe la cadena completa y ya no funciona como tal. Es la bisagra principal. Pero si una palabra caracteriza su meteórica carrera política, esa es lealtad. Ocupar, en todo momento, la posición más peligrosa. Sentarse siempre sobre un barril de pólvora.

Y al final todas las variables dependen, en estricto sentido, de un ejercicio íntimo: la objeción de conciencia. El tono en que cantará el repertorio, de hacerlo, o inmolarse cristianamente por una causa superior. Ser el sacrificado.

Durante la presidencia de Miriam Cárdenas Cantú en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que inició en enero de 2016 y anticipadamente terminará la próxima semana, el órgano jurisdiccional de Coahuila gastó casi 4 millones de pesos en alimentar a sus magistrados, siendo los principales beneficiarios de dicho consumo restaurantes de Saltillo en los cuales ella tiene participación, o propiedad de familiares directos.

El tema podría parecer menor si se compara con otros en una entidad aquejada por la corrupción, siendo este el principal problema que identifica 62% de los coahuilenses, como demuestra la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del Inegi.

Sin embargo el asunto refleja el dispendio en el Poder menos observado por la opinión pública. A muy pocos interesa su actuación, más allá de los directamente involucrados. Incluso ahora, cuando hay cinco vacantes de magistrado a ocupar y se ubica en un punto crítico para la próxima década, tampoco causa expectación.

Del total gastado en “alimentos”, estimado en 3 millones 991 mil 411 pesos, más de un millón fue facturado a la razón social Capricus, S.A. de C.V. Es decir, una cuarta parte. La mayoría de las adjudicaciones “a solicitud de la Presidencia”. Y aquí viene lo interesante: dicha sociedad mercantil fue constituida por Miriam Cárdenas en 2011, aunque cedió sus acciones en 2012, como consta en la escritura 375, de fecha 9 de marzo ante el notario público Francisco del Bosque de Valle.

La Oficialía Mayor del Tribunal reportó 637 facturas por “alimentación” entregadas de enero 2016 a septiembre de 2019 (exceptuando mayo de 2016, mes que fue reportado erróneamente, y octubre de 2019, aún en proceso de elaboración del reporte). Comprobantes fiscales que van desde 98 pesos hasta 270 mil 823 en una sola exhibición. Con los datos disponibles resulta un promedio de 15 comidas al mes, una cada dos días durante cuatro años consecutivos. Y cada cuenta de restaurante por 6 mil 293 pesos.

Buen negocio es el Tribunal. O por lo menos uno constante, que no es poca cosa en ciudades donde se deben exprimir las piedras para obtener una ganancia, como Saltillo. Tan solo en el último bimestre de 2018 (noviembre-diciembre) la Oficialía Mayor gastó un millón de pesos en alimentos. Quizá la cantidad no le genere ruido, pero en épocas de austeridad republicana y disputas en la conformación de presupuestos para el próximo año, cada peso cuenta.

Pero ahí no acaba el asunto. El 13 de julio de 2016 el Tribunal Superior de Justicia pagó las facturas 1470 y 1474, cheque 520352, por concepto de “mobiliario”. Si bien la cantidad es mínima: 6 mil 238 pesos, la razón social beneficiada fue Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C.V., misma que cobró 25 millones de pesos al Gobierno de Coahuila entre 2011 y 2017, y el 14 de marzo de 2017 fue declarada fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al incluirla en su lista definitiva de personas físicas y morales que facturan operaciones simuladas.

En el informe –no oficial– de la presidencia encabezada por Miriam Cárdenas cabe señalar que, entre sus proveedores más recurridos, figuran también algunos de los favoritos del Instituto Electoral de Coahuila: XM Comunicación, S.C. (con 878 mil 818 pesos cobrados), Efrén Miguel Ayala de la Garza, o Movi Technology, S.A. de C.V., y que dinero público pagó conceptos como un “recorrido y degustación por viñedos” en General Cepeda, renta de avionetas privadas u hospedajes de seis cifras en Parras y Cuatro Ciénegas durante temporadas vacacionales. Y aquí viene lo interesante. A la sociedad mercantil ZAV Asesores, S.A. de C.V. le fueron abonados 499 mil 250 pesos entre ocho exhibiciones por escanear documentos y hacer unas etiquetas. Todo en 2018.

Lo insultante del precio no es lo trascendente. La presunta empresa tiene relación con las otras factureras que fueron usadas para saquear al Tribunal, publicadas en este mismo espacio el 20 de octubre (Procurador de Insumos, S.A. de C.V. y Obras KWX, S.A. de C.V.). ZAV Asesores, S.A. de C.V., constituida de igual forma en 2012 ante el mismo Notario 10 de Saltillo, Guillermo H. González González, tiene por delegado especial a Jesús Salvador Retta Lara, quien, se dijo aquí la semana pasada, está registrado como “intendente” de la Universidad Autónoma de Coahuila. Algunas de sus facturas fueron pagadas el mismo día que a Procurador de Insumos, S.A. de C.V. (24 de octubre de 2018, por ejemplo).

Cortita y al pie
El informe –no oficial– continúa. A la sociedad civil Instituto Mexicano de Tecnologías de Información y Comunicación, a su vez, el Tribunal entregó 10 millones 987 mil 874 pesos por supuestas licencias de software difíciles de verificar. A Mer Communication Systems de México, S.A. de C.V., le fueron pagados 9 millones 314 mil 508 pesos por supuestas
videograbaciones.

Asimismo a una empresa constituida en Arteaga en 2014 con el objeto de ofrecer “lavado de alfombras” entre otras actividades, Servicios Clean Place, S.A. de C.V., le fue encargado un equipo de monitoreo a través de circuito cerrado de televisión, módulos de vigilancia y servicios electrónicos, embolsándose 5 millones 669 mil 834 pesos a través de 12 facturas.

Sus socios son Gabriel Salvador Garza Zambrano y Enrique Alejandro Beltrán Jiménez, siendo el primero de estos el administrador único. Y justo aquí salta un vínculo curioso. GGZ Mantenimientos, S. de R.L. de C.V., creada el 3 de julio de 2018 en la Notaría 77 de Saltillo con Luis Fernando Valdés Cabello, mismo fedatario que registró la persona moral Servicios Clean Place, S.A. de C.V., y con domicilio en Parras de la Fuente, tiene por socios a Gabriela Elosegui Macías y Alejandro Valdés Treviño, y por administrador al ya mencionado Gabriel Salvador Garza Zambrano.

Aunque su giro también es el “lavado de alfombras”, desde su creación se agenció 19 adjudicaciones directas con el Tribunal, sumando 6 millones 134 mil 916 pesos por trabajos que van desde instalación de placas solares hasta mantenimiento de
transformadores.

La última y nos vamos
El Poder Judicial, antes del gasto público, debería ser revisado por sus sentencias, particularmente su técnica jurídica e interpretación de los casos. El punto es que no se le observa ni se le fiscaliza de ninguna manera, y campea el desinterés ciudadano en su actuación pese a que se renovará el 31 de octubre. No extraña, por tanto, su estado actual: de rodillas y saqueado.

Con anterioridad se han detectado fantasmas en el Gobierno de Coahuila. Fantasmas en la Universidad Autónoma de Coahuila. Fantasmas en los ayuntamientos de Coahuila. Y ahora, también, fantasmas en el Poder Judicial del Estado de Coahuila.

El pasado 9 de octubre, mediante una solicitud de información, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) informó que han adquirido a la sociedad mercantil Procurador de Insumos, S.A. de C.V., materiales que van desde unas pinzas de corte hasta cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial.

Cuáles otras sino las del proveedor favorito: la empresa china Dahua, como consta en el oficio STT/2331/2019 firmado por las directoras de Recursos Materiales y Recursos Financieros de la Oficialía Mayor, así como la titular de la Unidad Jurídica en la misma dependencia. Cargos de confianza que, justo es decirlo, dependen directamente de la Presidencia. De Miriam Cárdenas Cantú desde 2016, pues.

Y aquí viene lo interesante. El TSJE menciona en el documento en poder de quien esto escribe que Procurador de Insumos, S.A. de C.V. se ubica fiscal y comercialmente en la localidad Tlacotepec del municipio General Heliodoro Castillo, en el estado de Guerrero.

Dicha población, cabe señalar, tiene 6 mil 848 habitantes, de los cuales 86.7% vive en pobreza y 50.7% de estos en pobreza extrema, de acuerdo con el Inegi. Utilizando un programa de geolocalización, en la vista satelital que arroja la dirección aparece un predio ubicado en el Cerro de la Bandera.

Sin embargo, en el acta constitutiva de la supuesta empresa, con fecha 10 de noviembre de 2014, aparecen dos socios; ambos con domicilio en Apodaca, Nuevo León: Aurelio Hernández Ramírez y Raúl Campos Acevedo.

El documento –obtenido por separado por quien esto escribe– fue protocolizado en la Notaría 10 de Saltillo, cuyo titular es Guillermo H. González González. Posteriormente la persona moral otorgó poderes el 22 de febrero de 2015, cambiándose de Notaría con el ya fallecido Francisco Javier Almaguer Valdés, también en la capital, y finalmente inició su proceso de disolución y liquidación ante Sergio Antonio Almaguer Beltrán, notario 83 de Saltillo, el 23 de abril de 2019.

Lo curioso es que, pese a ello, el Tribunal continúa transfiriendo recursos a una sociedad en vías de ser liquidada y disuelta, como consta en la asamblea general extraordinaria inscrita en el instrumento 54, libro I, del protocolo 2019. Si bien en abril del presente año comenzó su extinción, hay constancias de un pago en julio, dos en agosto y uno más en octubre, pese a que no aparece siquiera en el padrón.

De proveedores y contratistas
Se trata de una “todóloga” con objetos genéricos que no especifica su campo de actividades pero deja la puerta abierta para cualquier cosa que se ofrezca facturar. El TSJE no ha firmado contratos con ella pues la cuantía mínima de los insumos
no lo requiere.

Tampoco ha formalizado adquisiciones a través de procesos licitatorios por la misma razón. Emite, simplemente, facturas periódicas por adjudicación directa. Lo mismo conceptos como “cables eléctricos y accesorios” que “sistemas y asesoría computacional”. Así ha desembolsado un millón 716 mil 929 pesos a razón de 12 pagos realizados entre mayo de 2018 y el último en octubre de 2019.

La cantidad económica no es relevante si se toma como punto de referencia el presupuesto anual ejercido por el Poder Judicial, pero el hecho es importantísimo por sí mismo ya que no estamos hablando de cualquier funcionario; son los juzgadores de la entidad. Quienes imparten justicia. Aquellos que deberían ser moralmente intachables debido al encargo que les fue asignado.

Pero aquí no acaba el asunto. Luego está la razón social Obras KWX, S.A. de C.V. quien ha facturado 3 millones 711 mil 12 pesos con idéntico modus operandi en un lapso casi idéntico, y fue constituida, casualmente, en la extinta Notaría 81.

Al respecto existe un registro de 11 facturas pagadas por el Tribunal entre marzo de 2018 y septiembre de 2019. En total 3 millones 711 mil 12 pesos a razón de “servicios temporales de construcción, inspección de instalación, cableado eléctrico”, “cableado estructurado UTP”, “servicios profesionales de mantenimiento”, “mantenimiento eléctrico” y “mantenimiento y adecuación de inmuebles”. Inclusive facturó tres veces un presunto “mantenimiento de transformador”.

En Obras KWX, S.A. de C.V. el accionista mayoritario y administrador único es Jesús Salvador Retta Lara, de 35 años, quien a su vez aparece registrado como “intendente” del Aula Magna “José María Fraustro Siller”, adscrito a la Coordinación General de Vinculación de la UAdeC.

Dicho individuo es socio de otras dos empresas: SLW Asesorías, S.A. de C.V. y Abastecedora SLW, S.A. de C.V., ambas constituidas el mismo día: 15 de marzo de 2012 ante Francisco Javier Almaguer, notario público ya fallecido, como se ha mencionado líneas atrás.

En Abastecedora SLW, S.A. de C.V. figura como socio Efraín Dagoberto Elizondo Martínez, quien a su vez funge como encargado del órgano de vigilancia en Procurador de Insumos, S.A. de C.V. Otra empresa también fue constituida el 15 de marzo de 2012 en la misma notaría: Obras RLS, S.A. de C.V., donde casualmente Jesús Salvador Retta Lara fue registrado como comisario.

Así se vincula entre sí la red de factureras: usando las mismas identificaciones para crear sociedades. Así se cierra el círculo.

Cortita y al pie
El próximo 31 de octubre Miriam Cárdenas abandonará el Poder Judicial del Estado a cambio del beneficio que representa la jubilación anticipada con 100% del salario actual. Tras de sí dejará pendientes judiciales y un sui generis caso administrativo aquí expuesto: entre ambas factureras identificadas, suman 5 millones 427 mil 941 pesos en un periodo de año y medio.

La última y nos vamos
Actualmente hay cinco plazas disponibles de magistrado y la silla de la Presidencia por desocupar. En manos del Gobernador y del Congreso está designar esas vacantes con perfiles idóneos. ¿Lo harán?

El mundo es un pañuelo. Un hermano de Humberto Moreira, Rubén, concedió a finales de 2017 un fíat para ejercer en el Distrito Notarial de Saltillo a un hermano del magistrado que, el pasado jueves, acaba de fallar a favor del exgobernador de Coahuila en su demanda contra Sergio Aguayo, en la Ciudad de México.

Seis días antes de concluir su mandato, el 24 de noviembre de 2017, el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, otorgó la patente de aspirante a notario a Jean Paul Huber Olea Contró, originario del Distrito Federal y sin experiencia laboral en la entidad.

Luego el 28 de noviembre del mismo año, 48 horas antes de concluir el sexenio, se creó la notaría 124 expresamente para él con su publicación en el Periódico Oficial, sede en la capital del estado y domicilio en la colonia San Patricio, como consta en el reporte de visitas emitido por la Dirección de Notarías, con fecha del 1 de octubre de 2019.

Hasta aquí no habría mayor inconveniente más allá de la prisa y el desaseo administrativo. Pero resulta que un hermano del beneficiario, Francisco José Huber Olea Contró, también abogado, acaba de sentenciar en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el 10 de octubre la demanda interpuesta por el exgobernador Humberto Moreira contra el investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo, condenando a este último a pagarle 10 millones de pesos al exmandatario por un presunto daño moral, originado en publicaciones periodísticas en los diarios Reforma y El Siglo de Torreón.

Si en la película Cadena de Favores un círculo virtuoso se genera cuando se practica una serie de actos altruistas individuales para hacer del mundo un lugar mejor, en la “realpolitik” mexicana el círculo es vicioso. Favor con favor se paga.

En este caso, literalmente, de hermano a hermano y de hermano a hermano. No en vano la propaganda electoral de 2011 decía –con cierta dosis de socarronería– que, en Coahuila, “todos somos hermanos”.

Existe una teoría sociológica denominada “seis grados de separación”, cuya idea central es que cualquier persona del planeta puede estar conectada con otra desconocida, a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios.

Aquí, sin embargo, el vínculo es directo. De Moreira a Moreira, y de Huber Olea Contró a Huber Olea Contró.

¿Casualidad, o causalidad?

Si bien ya no se podría recusar en este momento al magistrado Francisco José Huber Olea Contró, es decir, obligarlo a separarse del asunto al poner en duda su imparcialidad, al respecto sí se podría cuestionar la relación entre un exgobernador (hermano del demandante) que regala discrecionalmente una notaría, y el notario (hermano del juzgador) que se beneficia del regalo del exgobernador. ¿Se extingue esta en el acto, o es de tracto sucesivo, o sea, prolongada?

Alguien podría argumentar que la resolución se votó a favor de Humberto Moreira en forma unánime y, por tanto, los otros dos magistrados de la Sexta Sala Civil (Delia Rosey Puebla y Miguel Ángel Mesa Carrillo) respaldaron el Proyecto 377 del ponente, toca 957/2019. Nada extraño, considerando que suele ser habitual en los órganos colegiados judiciales del país, donde pocas veces hay discrepancia de criterios.

El punto es que la sentencia del 26 de marzo de 2019, dictada en el Juzgado Décimo Sexto Civil de la Ciudad de México e integrada en el expediente 265/2017, se revocó en segunda instancia, resultando “fundados y operantes” los agravios expuestos que se resumen de la siguiente forma:

“Sergio Aguayo Quezada, en abuso al derecho de libertad de expresión, utilizando palabras, frases, expresiones insultantes por sí mismas, insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias para el ejercicio de la libertad de expresión, ha causado daño moral a la parte actora, Humberto Moreira Valdés, afectando su honor”.

Y en 10 millones de pesos estimaron los “daños punitivos”. Así, 30 meses después de un litigio que comenzó el 30 de marzo de 2017, Aguayo será notificado mañana 14 de octubre y si no ejercita una acción civil, contará solamente con cinco días para pagar.

Cortita y al pie

De nuevo, como se hizo en este mismo espacio el 8 de septiembre, es pertinente recordar la tesis constitucional XLI/2010 que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual fija el alcance de los derechos al honor, la privacidad y la intimidad en las “personas públicas o notoriamente conocidas”, quienes “deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares”.

“La protección a la privacidad o intimidad, e incluso al honor o reputación, es menos extensa en personas públicas porque aquellas han aceptado voluntariamente, por el hecho de situarse en la posición que ocupan, exponerse al escrutinio público y recibir, bajo estándares más estrictos, afectación a su reputación o intimidad (…) Por ende se someten al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda o hiriente”.

La última y nos vamos

Por lo demás, “en una democracia las sentencias se discuten”, ha dicho en otro contexto el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

A fin de cuentas el pleito Moreira-Aguayo no se trata de un conflicto entre particulares donde terceros no debemos asomarnos, sino de un tema que toca la relación entre personas públicas y periodismo, y lo más importante: el interés legítimo por parte de la sociedad para recibir –y de los medios de comunicación para difundir– información en aras del libre debate público.

Dicho en otras palabras: concierne a todos, no solo a quienes ejercemos el oficio
de escribir.

Por enésima ocasión se impulsa el fracking en Coahuila. El pasado 2 y 3 de octubre, bajo el nombre Mesas Técnicas de Combustible, Gas y Electricidad, se desarrolló en Saltillo una reunión privada con cariz de pública y la intención de que una vez más el poder económico (afiliados al Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y Concanaco, en este caso) se imponga sobre el poder político.

Todo lo contrario a la doctrina que predica AMLO, por resumirlo de alguna manera, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que no se permitirá. En escenarios diversos y ante distintos auditorios, situación que tal vez inhibe a posibles inversionistas, quienes ante la incertidumbre no arriesgan capital. Pero a un año de la cuarta transformación sigue sin prohibirse donde realmente importa: en el Poder Legislativo. Lo más irónico del asunto es que uno de sus representantes, el senador de Morena y presidente de la Comisión de Energía, Armando Guadiana, es el principal promotor, además del exgobernador del Estado, Rogelio Montemayor.

Como producto de lo anterior; el conjunto de participantes en el evento citado amenazó con presentar el próximo mes en el Senado una iniciativa de Ley para el Aprovechamiento de los Recursos No Convencionales de Hidrocarburos, la cual competiría contra otras seis iniciativas que han sido presentadas ya en el sentido contrario: a fin de expedir una Ley para Prohibir la Fractura Hidráulica. Y a ver quién puede más.

Pese a que la reforma energética permite desde diciembre de 2013 la fractura hidráulica, esta no ha avanzado en la medida que algunos quisieran. Se practica, sí, pero la fase de exploración no ha generado licencia social en Coahuila para continuar con las siguientes etapas. El interés en el negocio incluso llevó a que de 2014 a 2017, el Gobierno del Estado adoptase como eslogan, Un Estado con Energía, con el objetivo de implantar la idea. Pero nunca cuajó. Y hoy las circunstancias son muy distintas: ya no hay poderes alineados hacia el mismo rumbo, como sí sucedía en el sexenio de Peña Nieto y Rubén Moreira, respectivamente.

Sin embargo, se viven tiempos extraños. Por un lado una positiva cruzada para erradicar los plásticos de un solo uso, como las bolsas desechables y popotes, y por el otro se impulsa una de las más peligrosas prácticas para cualquier ecosistema. Un atentando contra la naturaleza.

En sentido contrario al concierto mundial. Justo cuando la ONU acaba de alertar en septiembre que los niveles de los mares van en ascenso a consecuencia del deshielo en ambos polos, y el fenómeno es irreversible (El País, 26/09/19). Cuando por separado fijó en 80 años un tentativo plazo para que ciudades importantes como Nueva York o Londres resientan los efectos del calentamiento global en su territorio (ABC, 22/05/19). Se inunden, pues. Y cuando julio de 2019 ha sido el mes más caluroso del que se tenga registro (La Vanguardia, 01/09/19). Y no se trata de teorías de la conspiración y el Apocalipsis. Hay evidencia suficiente.

Por qué auspiciar entonces el fracking, si este genera gases de efecto invernadero, contamina los mantos freáticos y ocasiona estrés hídrico. Particularmente en una zona semidesértica ya depredada por la minería del carbón, cuyas reservas acuíferas están condicionadas por la cervecería de Nava, y cuyas aguas tratadas de Ciudad Acuña y Piedras Negras ya están comprometidas a la CFE, también en Nava.

No obstante, Guadiana y Montemayor se juegan la última carta. Acaso para enviar un mensaje y demostrar que –parafraseando a Benedetti– “Codo a codo son mucho más que dos”. Pero en realidad solo son dos. Y pertenecen a una generación que, a diferencia de millennials y centennials, no se preocupa ni ocupa del medio ambiente. Guadiana (73 años) y Montemayor (72 años), ambos expriistas la mayor parte de su vida y con intereses económicos en la Región Carbonífera, suman 145 años de vivir en un contexto de actividades extractivas bajo el pretexto de que las condiciones naturales del territorio provocan que no existan otras alternativas económicas.

El argumento compartido por ambos se basa en un cuento: la técnica ha evolucionado a tal grado que ahora, en 2019, es menos contaminante que hace una década, por ejemplo. Si es visible cómo avanza la tecnología en otros campos, quién podría refutarles algo.

Lo cual es falso. ¿Dónde están esos estudios? ¿Cuáles son las pruebas que soportan sus afirmaciones? No pueden mostrarlas, ni podrían hacerlo en lo sucesivo –suponiendo sin conceder que sí existiesen– ya que a su favor usan la coartada del secreto comercial. Aduciendo se trata de fórmulas protegidas del plagio y la competencia desleal, la información acerca de los químicos que se adicionan al agua que se inyecta posteriormente al subsuelo es reservada por cada compañía industrial.

Por el contrario, la organización no gubernamental Food & Water Watch con sede en Washington y oficinas en 11 estados del país vecino, realizó un estudio en junio del presente año donde concluye que, a 10 años de haber iniciado el boom del fracking en Estados Unidos, innumerables familias de comunidades han asumido el costo de la industria en su mala salud y el desplazamiento territorial al que se han visto forzadas. Hace unos días, ya en octubre, en el más actual de sus documentos de trabajo publicados, expone que a la fecha no existen opciones para el manejo y tratamiento seguro de aguas residuales del fracking, así que la única manera de impedir que sustancias tóxicas (sales, metales) y radiactivas potencialmente cancerígenas (como el Radio-226, encontrado en estudios de laboratorio) afecten a los humanos, es prohibiéndolo.

Luego están los sobados tópicos de siempre: reactivación de la economía estatal, creación de fuentes de empleo, aprovechamiento de los recursos naturales de la entidad.

Sin embargo proyectos extractivos recientes, como el Terciario del Golfo en Chicontepec, Veracruz, no han dejado a su población originaria ninguno de los hipotéticos beneficios arriba mencionados, pese a que la inversión del estado mexicano fue mayúscula. No se generó riqueza. La bonanza económica nunca llegó. Los pobres siguieron siendo pobres. Los desempleados y subempleados volvieron al desempleo y el subempleo. Por si fuera poco no se remediaron los suelos una vez el proyecto se apagó y dejaron de fluir los recursos públicos para financiarlo.

Cortita y al pie

En la Agenda Legislativa propuesta al inicio de la Legislatura por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, prohibir la fractura hidráulica ocupaba la undécima posición en orden de importancia, por detrás de otros temas que ya han sido resueltos. Cabe señalar que Monreal presentó en abril de 2014, entonces como diputado representante de Movimiento Ciudadano, una iniciativa para prohibir la práctica. Si ahora Morena tiene mayoría en ambas cámaras, ¿por qué no consumar ya el tema?

Disonancia cognitiva, se le llama. Cuando no coinciden el decir y el hacer. Cuando los hechos no significan lo que las palabras expresan.

La última y nos vamos

Se viven tiempos extraños. Si usted pide una bolsa en el supermercado, o un popote para su bebida en un restaurante, es un cerdo contaminante; el agente más nocivo para el medio ambiente. En cambio otros, como Montemayor y Guadiana, promueven un ecocidio sin precedentes y andan por ahí, ocupando espacios públicos y amalgamando intereses privados. No hay congruencia. Pero tampoco vergüenza.

Poco ruido causó en los medios de comunicación, casi ninguna expectación entre actores y partidos políticos locales, y lo más importante: nulo interés ciudadano. Pero el pasado 28 de junio la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Gabriela de León, presentó una iniciativa con proyecto de decreto –a título personal, cabe señalar– para utilizar urnas electrónicas en los próximos procesos electorales estatales, y que sea el Consejo General del IEC quien apruebe el modelo.

Salvo que suceda un sorpresivo albazo el miércoles 2 de octubre, la propuesta no fraguará para las próximas elecciones del 7 de junio de 2020 como se pretendía, cuando los coahuilenses voten por representantes populares, ya que cualquier modificación al Código Electoral debe realizarse 90 días antes de iniciar el proceso, considerando que este inicia el 1 de enero.

Faltan tres días para vencer el plazo fatal y la siguiente sesión del Congreso fue convocada justamente para el 2 de octubre, fecha que significa también la última oportunidad para discutir las propuestas del PAN tendientes a recortar el periodo legislativo de los diputados a un año (Juan Antonio García Villa) o aumentarlo a 3 años y 8 meses (Marcelo Torres Cofiño) por única ocasión.

Justo es decirlo: probablemente la de Gabriela de León sea una de las iniciativas mejor fundamentadas que se han presentado al Poder Legislativo durante la actual Legislatura LXI: es elocuente, moderna y queda bien con todos. Dice a cada uno lo que desea escuchar en 21 cuartillas.

No habría forma de que un diputado le negase su voto a favor, independientemente de la fracción parlamentaria a que pertenezca: argumenta que hay ahorros, es amigable con el medio ambiente, facilita el proceso electoral, aparenta comodidad y confiabilidad.

Sin embargo, hay un inconveniente: su operador es el IEC. Que no se olvide: el único organismo público local electoral de los 32 que existen en el país al que falló el PREP y el Conteo Rápido en una misma elección (2017). La vergüenza nacional. Ambas herramientas producto de la tecnología y la ciencia.

Y no solo es la desconfianza en su actuación, sino el negocio coyuntural como trasfondo. La presidenta del IEC ya tiene la cotización lista: 152 millones de pesos para comprar 3 mil 800 aparatos. A 40 mil pesos cada uno con una vida útil, según su exposición de motivos, estimada en 12 años.

Para dimensionar: en 2005 el entonces Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila construyó 45 urnas electrónicas a un costo de un millón 440 mil pesos. Es decir, a 32 mil la unidad. Sin perder de vista que hoy la generación tecnológica es más avanzada y menos onerosa.

Ello supone, tomando como punto de partida el precio de hace 14 años, que al día de hoy costarían 121 millones 600 mil pesos las 3 mil 800 máquinas que se pretenden comprar, por las que pagaría el IEC un sobreprecio de por lo menos 30 millones de pesos.

No obstante para tapar el ojo al macho el IEC lanzó una convocatoria el segundo semestre del año, dirigida a instituciones de educación superior y tecnológica, a fin de desarrollar un prototipo de urna electrónica con el compromiso de ceder luego los derechos de diseño y realización a cambio de un irrisorio premio de 50 mil pesos y una computadora. Aquí cabe cuestionar, si ya tienen el costo fijo y los datos técnicos de antemano, ¿para qué querrían quedarse con la información patentada? ¿Qué proveedor la necesita?


Cortita y al pie

Luego está la experiencia internacional. Países europeos (como Irlanda u Holanda) han experimentado elecciones con la urna electrónica y han terminado por desecharlas y volver a las papeletas luego de un tiempo de prueba. Alemania, por ejemplo, declaró inconstitucional su uso en 2009 a través de la Corte Constitucional bajo el argumento de que no es posible comprender y controlar su uso sin conocimientos técnicos especiales como algoritmos y criptosistemas. “La elección es cosa de todo el pueblo y no sólo de especialistas”, sentenció. No debe subordinarse a la tecnología, pues.

Su punto fue uno, y difícil de rebatir: con la urna electrónica no todos los pasos esenciales de la elección están sujetos al control público ni pueden ser auditados por cualquier persona.

Cito a continuación parte de la sentencia 2BVC3/07 y 2BVC4/07: “el fraude que se puede realizar con el software supera en mucho a las posibilidades del sistema tradicional. La manipulación puede alterar el resultado electoral de manera fraudulenta en una urna o en todas las urnas que utilicen el mismo software. En este último caso, de una manera simple y relativamente segura es posible cometer un fraude electoral de grandes dimensiones con el solo hecho de colocar en el lugar indicado un virus troyano, o instrumentos similares”.


La última y nos vamos

Por si fuera poco el Instituto Nacional Electoral, en la presentación de su prototipo de urna electrónica patentada en 2012, admitió el pasado 15 de abril que aún existe “riesgo de hackeo, interferencia e interrupción”.

Irónico, pero en la era más tecnificada de la historia, cuando vivir conectado a una pantalla rige nuestra existencia o el internet de las cosas ya pareciera un fenómeno natural, es preferible recurrir a descubrimientos milenarios como el papel y el carbón (materia prima de boletas y lápiz marcador), antes que a la urna electrónica del IEC.

Cuánto tiempo libre, y qué tantos recursos públicos a su disposición tendrá el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para gastar que, a falta de actividades electorales y sobra de dinero, se permite organizar una “carrera de botargas” a fin de “promover la participación y la democracia”.

Si hace un siglo la entidad se distinguió por las ideas democráticas de Madero y Carranza, plasmadas entonces en la Constitución de 1917, hoy el IEC acaba de realizar por segundo año consecutivo el referido evento con monigotes (no es significativo, pero costó 25 mil 706 pesos de acuerdo con el oficio DEA/186/2019 con fecha 12 de septiembre). Años luz de distancia ideológica entre una cosa y otra. O dicho de otra forma: las instituciones al nivel intelectual de los funcionarios que las dirigen actualmente. Botargas de sí mismos.

Mientras la Legislatura LXI ha discutido en el Congreso del Estado iniciativas y temas relacionados con los próximos procesos electorales (la mayoría desde la ignorancia, justo es decirlo), el IEC ni siquiera se pronuncia como parte interesada. No se mojan. Prefieren pasar inadvertidos antes que tomar una postura que los comprometa y, eventualmente, los perjudique. Comprometerse a qué o con quién, es la pregunta, y por qué tendría que perjudicarles, si, en el papel, son un órgano autónomo.

No propone foros de consulta ciudadana ni mesas de análisis con expertos y sociedad civil acerca de los tópicos electorales del momento. Ni siquiera para fingir talento, o simular que son autoridad en la materia, como se suelen hacer en otros Oples en el país. Su rol queda reducido a un simple organizador de jornadas electorales trianuales. Y aquí es donde llegamos al punto medular de la cuestión: si su función solo es instalar urnas y mamparas, mesas de votación cada tres años, ¿por qué deberían recibir un presupuesto millonario todos los ejercicios fiscales?

Una reingeniería institucional a las delegaciones del INE en los estados -incluyendo reasignación económica, por supuesto- permitiría que sean estas quienes organicen las elecciones locales, además de ahorrar recursos y evitar la duplicidad de funciones. Para ello es necesario desaletargar las Juntas Locales y eficientar el Servicio Profesional de Carrera.

Particularmente cuando en tiempos de austeridad gubernamental para muchos, paradójicamente, el IEC no halla en qué gastar ni cómo dispersar la partida que recibe. Por ello se han vuelto el paraíso de las “asesorías” y las “consultorías”; de los “estudios” y la “difusión de imagen”; “alimentos” y “viáticos”.

Sin embargo, un tema destaca por su cuantía económica: la construcción de su edificio sede (luego de pagar alrededor de 10 millones de pesos en renta durante cuatro años) a cargo de su proveedor favorito: Efrén Miguel Ayala de la Garza.

De 2005 (Enrique Martínez) a 2016 (Rubén Moreira), el citado constructor facturó 192 millones 333 mil 907 pesos al Gobierno del Estado, como se reseñó en este mismo espacio el pasado 23 de abril. En 2017 incursionó en el IEC con cinco contratos, y siete más en 2018.
En total sumó 6 millones 592 mil 521 pesos en ese tiempo, la mayoría por remodelaciones y adecuaciones al edificio que actualmente rentan.

Pero la joya de la corona llegó en 2019, al asignarle el IEC la construcción de sus oficinas, tasada en 74 millones 699 mil pesos. Y aquí viene un rosario de inconsistencias interesante.

Al 30 de septiembre de 2015, fecha en que se liquida el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila sin justificación legal, este contaba en su relación de bienes inmuebles con un terreno identificado con el código 101020001, y un valor de 6 millones 906 mil 534 pesos, que fue transferido a la Tesorería del Estado.

Pese a ello, era de esperarse que la Secretaría de Finanzas transmitiese la propiedad posteriormente al IEC, sin embargo no sucedió así. El predio que pretende ocupar ahora el IEC está inscrito en el Registro Público bajo la partida 209845, folio 167037, y se desincorporó del Gobierno del Estado y enajenó a título gratuito conforme al Decreto 47 del Congreso, publicado en el Periódico Oficial del 13 de julio de 2018. En libros, pues, no es el mismo.

Ahora bien, la escritura pública -de número 109- se autorizó definitivamente hasta el 5 de abril de 2019 en la Notaría 83 de Saltillo, a cargo de Sergio Antonio Almaguer Beltrán, cuando ya estaba en proceso la “licitación” desde el 19 de marzo. El orden del proceso no es el más lógico.

Por lo demás, ¿qué pasó entonces con el terreno que dejó el IEPC, quién se lo quedó?

Cortita y al pie
En el balance correspondiente a marzo de 2019, desde la cuenta bancaria operativa del IEC cuya terminación es 2039 (BBVA) en poder de quien esto escribe, el día 11 aparece un “traspaso entre cuentas” por 48 millones 879 mil 491 pesos con la referencia de una presunta “obra pública”. Y el 29 del mismo mes otro “traspaso entre cuentas” de 13 millones 300 mil pesos por el mismo concepto: “obra pública”.

Pero el contrato asignado el 12 de abril a Efrén Miguel Ayala de la Garza estipula que no habrá anticipos “para la ejecución de los trabajos”. Y el IEC a la fecha no ha iniciado alguna otra obra que justifique las transacciones por 62 millones 179 mil 491 pesos.

Además, entre la firma del contrato y la fianza 3743-01967-0 contratada por Efrén Miguel Ayala de la Garza con aseguradora Aserta por 7 millones 469 mil 907 pesos, en poder de quien esto escribe, median solo minutos, aun cuando debía entregarla dentro de los siguientes siete días.

Tienen prisa. Si en un plazo de 18 meses contados a partir de que les fue donado el terreno no edifican, volverá este a manos del Gobierno de Coahuila. Es decir, si en enero de 2020 no hay obra, pueden despedirse de él, y del negocio, por supuesto.

La última y nos vamos
Por si fuera poco, existe una sociedad mercantil favorecida también por el IEC: Movi Technology, S.A. de C.V., cuyo domicilio fiscal es el mismo que usa Efrén Miguel Ayala de la Garza en la colonia República de Saltillo.

La empresa se compone por dos presuntos socios: Mario Morales Villarreal, con 80%, y Juan Carlos Villarreal Garza, con 20% restante. De raíces regiomontanas, el primero de ellos es hijo de Mario Morales Ayala, quien a su vez es primo de Efrén Miguel Ayala de la Garza. Ahí radica el vínculo entre ambos proveedores.

En 2017 se agenció un millón 746 mil 200 pesos, y otro millón 842 mil 738 pesos en 2018 por conceptos como grabación de video, rehabilitación del sistema eléctrico (en unas oficinas nuevas a estrenar, justo es decirlo) e instalación de cámaras de monitoreo (adquiridas al proveedor de moda: Dahua, de China, el de los dispositivos de video con reconocimiento facial).

Luego está el afán de la presidenta del IEC, Gabriela de León, por introducir la urna electrónica en los procesos electorales constitucionales. Otro negocio millonario entre manos.

Pero esa es otra historia…

Qué fue primero: ¿el empobrecimiento de los municipios de Coahuila o la comodidad de sus ayuntamientos para concesionar un servicio –en este caso alumbrado público– que ya no pueden –o no quieren– administrar porque les queda grande?

El pasado 27 de agosto Allende se sumó a la lista de quienes claudican y entregan sus lámparas a un particular, al votar en sesión de Cabildo un contrato de concesión por 12 años y un monto de 32 millones 199 mil 212 pesos (más intereses y accesorios financieros). Lo curioso es que su Alcalde, Antero Alvarado, ya fijó el monto a gastar y sólo falta quién haga el trabajo. Como en las licitaciones amañadas, pues.

Otro Ayuntamiento del norte del estado también gobernado por la UDC, Ciudad Acuña, concesionó el 29 de diciembre de 2017, a dos días de acabar el cuatrienio de Lenin Pérez, el servicio de alumbrado público por 20 años con la empresa NL Technologies, S.A. de C.V., cuya fama pública es intervenir en los municipios al cuarto para las 12 de su gestión. De último minuto.

Pero no es un asunto exclusivo de la UDC. Ramos Arizpe y Francisco I. Madero, ambos priistas en el periodo 2014-2017, también comprometieron el alumbrado público durante la gestión de Ricardo Aguirre y David Flores Lavenant respectivamente. Ambos por 20 años y también con NL Technologies, S.A. de C.V.

Monclova con Alfredo Paredes (PAN), por su parte, no concesionó pero sí compró en 2018 al mismo NL Technologies, S.A. de C.V. luminarias por 7 millones 98 mil pesos, como consta en los concursos ADQ-ALUM-001-2018 y ADQ-PR-LED-001-2018.

Sin embargo Saltillo se sale de toda proporción económica. El 24 de mayo de 2019, a través de un procedimiento secreto disfrazado de licitación pública, el Ayuntamiento adjudicó por 10 años el alumbrado público de la ciudad a tres empresas integradas en un consorcio, todas pertenecientes a la Familia Maiz, de Monterrey (para mayor referencia, dueños del equipo de beisbol Sultanes).

Se trata de MD Iluminación Nacional, S.A. de C.V., Constructora Maiz Mier, S.A. de C.V., y Comercializadora Marttiz, S.A. de C.V., quienes se embolsarán en la próxima década 888 millones 339 mil 817 pesos, más 142 millones 134 mil 370 de IVA. Un total de mil 30 millones 474 mil 187 pesos por concepto de modernización, mantenimiento y operación del servicio.

Cabe señalar que las sociedades mercantiles presentaron, cada una por separado, propuestas globales que no especifican cantidad ni calidad de los servicios a proveer. No se conocen siquiera las características técnicas, aún cuando había sobre la mesa una propuesta $111 millones más barata, presentada por Grupo Electro Iluminación y Proyectos de Occidente, S.A. de C.V.

Habrá, eso sí, pagos mensuales crecientes. Los primeros dos años, único periodo de Manolo Jiménez al frente del Ayuntamiento (2020-2021), se pagarán 4 millones 071 mil 230 pesos al mes. En cambio el tercer año, cuando ya no esté él, la cifra subirá hasta 7 millones 158 mil 098 pesos mensuales. El cuarto a 7 millones 407 mil 927. El quinto a 7 millones 743 mil 612. El sexto a 7 millones 992 mil 725. El séptimo a 8 millones 379 mil 387. El octavo a 8 millones 713 mil 931. El noveno año alcanzará los 9 millones 065 mil 304 pesos. Y el décimo 9 millones 424 mil 870 pesos.

Como es obvio, el lucimiento personal será solamente para un Alcalde, el actual, y la carga será mayor para los próximos ediles. Y menor el margen de maniobra durante cuatro administraciones, suponiendo que no se reeligiese ninguna de éstas. Así, en resumen, el convenio ata de manos a tres Ayuntamientos más y compromete las finanzas municipales por una década.

La licitación, aunque se dice fue pública y nacional con folio MSC-TM-013-2019, no ingresó a la plataforma Compranet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sino que simplemente se publicó en la página web del Ayuntamiento y el Periódico Oficial del Estado en la edición del 3 de mayo. Ni siquiera en diarios de circulación local, ya no se diga nacional. Tampoco hubo un procedimiento formal, con juntas de aclaraciones, apertura de propuestas técnicas y económicas. Nada.


Cortita y al pie

La Auditoría Superior del Estado, en el Estudio de Desempeño al Programa de Alumbrado Público de los Municipios de Saltillo y Torreón, elaborado en 2018, concluyó que éste no tiene pies ni cabeza.

El tema no es menor: se trata de la renuncia (o la incapacidad, o ambas) de los Ayuntamientos de Coahuila para proveer un servicio público básico que por obligación constitucional deben brindar. Y el importantísimo negocio que deriva de lo anterior.


La última y nos vamos

Si bien la máxima de un Estado es no hacer cosas que ya hacen los particulares para competir con ellos, como enseña Mazzucato en El Estado Emprendedor, disminuir su tamaño y alcance no parece una buena idea pues si no dan abasto con lo indispensable, ¿cómo van a invertir en asuntos más sofisticados y progresistas como innovación tecnológica o energías renovables?

Sencillamente no pueden. Se van achicando. Quedan reducidos a entes de renovación trianual manejados por un grupo en el poder que hace negocio privado con la obra pública. Y poca cosa más.

Recién salida del horno, el pasado 5 de julio acaba de constituirse la sociedad mercantil COAHOXE, S.A. de C.V., como consta en el instrumento 121, libro siete, de la notaría 74 de Saltillo, cuyo titular es Luis Ramos Escalante.

Se preguntará usted: ¿y eso qué relevancia pública tiene?

Pues que su socio mayoritario, con el 99% de las acciones, se llama Humberto Moreira Valdés. Para mayores referencias, exgobernador de Coahuila de 2005 a 2011.

La persona moral fue creada con una duración de 99 años y Moreira es el administrador único de acuerdo con el acta constitutiva en poder de quien esto escribe. Y aquí viene lo interesante: COAHOXE, S.A. de C.V. nació con el objeto social de construir y comercializar locales, plazas comerciales, operar estacionamientos públicos, convenir y asociarse con empresas y personas físicas para el desarrollo y/o comercialización de bienes raíces, y en general: adquirir, comprar, vender o alquilar terrenos, casas, departamentos, ranchos, edificios, bodegas, talleres y toda clase de inmuebles urbanos, suburbanos o rústicos, fraccionamientos, conjuntos y desarrollos inmobiliarios, ya sean habitacionales, industriales, comerciales y turísticos.

También puede participar en licitaciones públicas por cuenta propia o de terceros, y prestar servicios a otras empresas de la misma forma: por cuenta propia o de terceros, cláusulas que abren la puerta a la triangulación y el intermediarismo. Curiosamente se dedicaría, entre otras cosas, a la compraventa de chatarra y fierro viejo.

Cabe señalar que María Victoria Ibarra Banda es la otra socia (con el 1% de las acciones) y representante legal de la empresa, aunque actualmente trabaja en la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico como directora administrativa. Dicha funcionaria, en su declaración patrimonial de 2019, manifiesta no tener bienes inmuebles y sí, por el contrario, un crédito hipotecario por un millón 677 mil pesos (en 2014, en cambio, declaró ser propietaria de un terreno y una casa, aunque sin definir la ubicación de ambos).
Sin embargo ahí no acaba el asunto. En el órgano de vigilancia de COAHOXE, S.A. de C.V.
figura Desiderio Nájera Zamarrón, quien a su vez funge como “responsable del órgano interno de administración” del nuevo partido político local Juntos Podemos Construir un Futuro Mejor, cuyo presidente es Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo de Moreira Valdés.
Y si bien la sociedad mercantil del exgobernador de Coahuila está facultada para realizar negocios en cualquier parte del país, llama la atención que su domicilio y área de influencia sea Saltillo pues, otro exmandatario estatal, Enrique Martínez, su predecesor, es terrateniente de la misma ciudad.

Puntualizar que un negocio de bienes raíces a gran escala como el que se proyecta establecer requiere invertir capital, mucho capital, es una obviedad. Por ello resulta sui generis que quien cuenta desde 2016 con un ingreso por jubilación como profesor de 37 mil 128 pesos al mes, y quien percibe desde 2006 un salario de 36 mil 125 pesos mensuales, tengan la capacidad económica para desarrollarlo.

Cortita y al pie
Hasta aquí alguien podría cuestionar: si Humberto Moreira ya no tiene cargo político, ¿cuál es el interés periodístico al mencionarlo?

Al respecto es pertinente citar la tesis constitucional XLI/2010 que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fija el alcance de los derechos al honor, la privacidad y la intimidad en las “personas públicas o notoriamente conocidas”, quienes “deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares, al existir un interés legítimo por parte de la sociedad para recibir, y de los medios de comunicación para difundir, información sobre ese personaje, en aras del libre debate público”.

“De ahí que la protección a la privacidad o intimidad, e incluso al honor o reputación, es menos extensa en personas públicas porque aquellas han aceptado voluntariamente, por el hecho de situarse en la posición que ocupan, exponerse al escrutinio público y recibir, bajo estándares más estrictos, afectación a su reputación o intimidad (…) Por ende se someten al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda o hiriente”.

Mencionar la jurisprudencia de la Corte no es ocioso. Especialmente si hubiese tentación de inhibir o coartar lo aquí expresado.

La última y nos vamos
Por lo demás, Moreira llega en el peor momento al mercado inmobiliario. Para dimensionar la situación actual: en los primeros cuatro meses de 2019 la venta de vivienda nueva disminuyó 23.4% a nivel nacional, y la venta de vivienda usada cayó 12% comparada con el mismo periodo en 2018. Incluso la adjudicación de vivienda popular registró un importante descenso de 35% según cifras de la Comisión Nacional de Vivienda.

Coahuila no fue la excepción en los tres rubros. En vivienda nueva bajó 13.1%, en vivienda usada -6.9% y en vivienda popular -20.88 por ciento.

No importa el escenario. Queda claro que una década después llegó la hora de sacar el dinero del colchón a como dé lugar. Pero el punto no es ese, sino cómo llegó al colchón ese dinero.

Si a nivel nacional Morena conquista espacios políticos poco a poco, marca la agenda pública diariamente y mantiene un alto nivel de aprobación, pese a errores cometidos durante su primer año como Gobierno, en Coahuila los últimos 12 meses han sido de terror para su causa: le quitaron el Comité Directivo Estatal, perdió la representación legislativa local, y su presencia en la entidad -pese a controlar las delegaciones y tener mayoría de legisladores federales- ha sido simbólica, por no decir inexistente.

En el estado juegan a las caiditas. Dos grupos antagónicos disputan desde tiempos inmemoriales el Comité Directivo Estatal de Morena. Se mueven el tapete mutuamente a fin de tumbarse de la silla. Tanta es la inquina que definitivamente tuvo que intervenir la dirigencia nacional y designar un delegado especial para Coahuila, ante la incapacidad para ponerse de acuerdo entre sí. A la fecha la posición está acéfala.

Negociar, la máxima de la política, simplemente no se les da.

Suele suceder en los partidos políticos con espectro ideológico de izquierda que la formación horizontal de sus miembros produzca choques, ante la ausencia de jerarquías visibles. Donde hay orden vertical, por el contrario, es difícil que se produzcan disputas por el poder. Cuestión de acostumbrarse a los tiempos que se viven, tal vez.

Aunque tampoco han aprovechado los resultados electorales del 1 de julio de 2018 para construir ejércitos de nuevos votantes. Quizá Coahuila no les interese o quizá sus prioridades estén en otra parte (el sur del país, específicamente, lo cual no es negativo aunque al norte “afecte”); el caso es que a cuatro meses de iniciar el proceso electoral de 2020 enfrentan el peor escenario posible, si bien Morena representa un fenómeno electoral atípico y no depende de los básicos (estructura territorial y representación seccional) para ganar una elección.

Hoy se cumple un año de que Armando Guadiana y Eva Galaz asumieron los escaños de senadores por mayoría de Coahuila, suceso significativo pues por primera vez en la historia contemporánea del estado un partido político distinto al PAN y el PRI ocupa la máxima representación parlamentaria en la Cámara Alta.

Sin embargo, su actuación individual en todo ese tiempo ha sido decepcionante. Como grupo parlamentario es otra cosa. Él, desarticulado, improvisado, sin agenda pública ni estrategia ni oposición efectiva en el ámbito local. Ella, simplemente ausente. Como si no tuviese voz propia y debiese mantener un perfil bajo.

Con Guadiana sucede un fenómeno peculiar: o no tiene habilidad ni tacto para leer las coyunturas políticas, o es muy congruente con sus intereses, pero en el lado equivocado de la historia. Cito algunos ejemplos: si AMLO busca prohibir el fracking, Guadiana lo promueve y se ufana de su amistad con Rogelio Montemayor, el principal promotor del negocio en Coahuila. Si AMLO celebra la detención de Alonso Ancira, Guadiana lo lleva al Senado e intercede por sus intereses en tribuna. Si AMLO ordena el rescate de mineros en Pasta de Conchos, Guadiana mete cuerpo y medio para impedirlo, en sintonía con Napoleón Gómez Urrutia.

Ahora bien, la producción legislativa, su verdadera función, ha sido escasa en términos reales. Doce proposiciones con punto de acuerdo acumula, la mayoría sobre temas del momento y motivadas por la presión de grupos de poder, no por un plan. Y dos iniciativas. La primera: declarar 2020 “Año de Venustiano Carranza”, y otra fuera de contexto, presentada el 16 de octubre de 2018, para prohibir la reelección que pasó directamente a la congeladora legislativa. Galaz, por su parte, suma dos iniciativas conjuntas, dos proposiciones junto a Guadiana, y una por su cuenta. La nada.


Cortita y al pie

Morena obtuvo 134 mil votos en la elección de 2017 para diputados locales en la entidad. Esa cifra le garantizaba la Junta de Gobierno el tercer año de la Legislatura, al no tener la mayoría en el Congreso un partido político. El PRI la tuvo el primer año, el PAN la tiene actualmente, y como Morena fue tercera fuerza en preferencia electoral, le correspondía cerrar el trienio.

Sin embargo, como bancada, pese a ser dos elementos, Morena no ha tenido representación efectiva y ahora menos la tendrá, pues el bipartidismo histórico en la entidad los absorbió. Un diputado, Benito Ramírez, inclinado desde un principio hacia el grupo parlamentario del PAN, y una diputada, Elisa Villalobos, canteada desde la tercera quincena de 2018 hacia el grupo parlamentario del PRI. Él renunció al partido y ella tiene abierto un proceso de expulsión. Atomizados como grupo parlamentario, deberán buscar una salida legal que les permita disputar la Junta de Gobierno, si acaso quieren conservarla.

Lo anterior trae a debate la pertinencia de designar a los representantes plurinominales por tómbola. En el ámbito federal puede ser una buena idea para inhibir el “cedazo”. A nivel local, en cambio, es difícil que los sorteados no se corrompan, pues la correlación de poderes es distinta y la experiencia indica que no son posiciones para cualquiera.


La última y nos vamos

Morena cumple hoy un año como grupo predominante, pero en el Congreso de la Unión. Acá es otra cosa. Si Coahuila es una isla, ellos navegan en altamar, a contracorriente, y en una balsa que hace agua.

Visto desde una perspectiva llana y simple, el asunto sería un caso modélico de emprendimiento lagunero: un joven de 20 años constituye una sociedad mercantil el 22 de enero de 2018 en Torreón con un capital social de solo 50 mil pesos y 17 meses después logra un contrato por 13 millones 288 mil 549 pesos con el Gobierno de Coahuila para proveer zapatos escolares.

Nuestro “emprendedor” se llama José Ignacio Reyes Pérez, es comerciante y se identifica con domicilio en Privada Zaragoza 409 de la colonia Miguel Alemán, a un costado de Peñoles; donde la contaminación abruma y los servicios públicos escasean. Pero su hazaña se magnifica si agregamos un dato sorpresa: sin experiencia previa y sin antecedentes de contratación con las administraciones públicas federal, estatal y municipal, su empresa, Distribuidora Merfra, S.A. de C.V., ganó el negocio a una compañía textil de Puebla creada en 2012 y consolidada como fabricante de uniformes escolares, quien competía con un capital social de 5 millones de pesos.

Y como al muchacho se le hace chico el mar para echarse un buche, en el objeto social de su persona moral –donde figura como administrador único– enlistó 46 actividades distintas entre sí a las que se dedicaría junto a su socia, de nombre María del Rocío Villanueva Alvarado. Las más estrambóticas, para ejemplificar, son reparación de equipos de cómputo, fabricación de vinos y licores, distribución de artículos farmacéuticos, comercialización de lácteos y carnes frías, exportación de artículos religiosos o producción de joyería. También construcción de obras públicas, compraventa de bienes raíces, reclutamiento de personal para universidades e industrias, o servicios profesionales en materia jurídica y fiscal.

No importa que algunos puntos hayan sido redactados con faltas de ortografía ni que su domicilio sea, en realidad, una casa sin habitar. Nuestro personaje es todólogo y ejemplo para la sociedad lagunera. Aunque curiosamente ningún objetivo de su sociedad mercantil involucra calzado. Por ello confeccionar 89 mil 149 pares de zapatos en sólo 45 días (un promedio de 2 mil al día o 250 por hora en una jornada laboral para poder entregarlos a tiempo en las bodegas del Gobierno de Coahuila, ubicadas en las cinco regiones del estado), sin recibir anticipo, respetando especificaciones técnicas como materiales, tallas, empaquetado, transporte y distribución, y ajustándose a un precio fijado con anterioridad (máximo 151.41 pesos el par, incluyendo IVA) es básicamente una proeza. ¿Por qué no está nominado al Premio Estatal de la Juventud?

Sin embargo la historia no es virtuosa ni de mérito como se ha relatado hasta aquí con ironía, sino todo lo contrario: oculta un trasfondo de corrupción.

Me explico. El pasado 11 de junio la Dirección General de Adquisiciones emitió el fallo a la convocatoria CE-905002984-E15-2019 para adquirir 89 mil 149 pares de zapatos de fabricación nacional para la Secretaría de Educación, a fin de ser entregados el ciclo escolar 2019-2020 que mañana inicia.

El ganador de la “licitación pública nacional” fue Distribuidora Merfra, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en calle Poniente 126, número 417, de la colonia Lindavista Vallejo III Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Y aquí viene lo interesante: la dirección corresponde a una bodega ruinosa, sin rótulos, permanentemente cerrada y sin actividades comerciales o industriales.

Si bien Distribuidora Merfra, S.A. de C.V. se inscribió en el padrón de proveedores y contratistas del Gobierno de Coahuila en 2019, y para su localización registró un teléfono fijo con lada de Torreón, esto no garantiza nada, pues como afirmó la Auditoría Superior del Estado en una revisión especial a la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a propósito de las empresas fantasma detectadas en 2016 que desviaron $410 millones del erario, “el padrón de proveedores de la Administración Pública Estatal no es confiable para la asignación de contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras”.

Por lo demás, Distribuidora Merfra, S.A. de C.V. fue constituida en la notaría 41 de Agustín Gerardo Saldaña Villarreal, en Torreón. Para mayores referencias, el mismo fedatario que constituyó Cosmic Dynamics, S.A. de C.V., la empresa fantasma que facturó 22 millones de pesos al Gobierno de Coahuila en 48 horas (25 y 26 de junio de 2018) como publicó Grupo Zócalo el pasado 20 de mayo.

Además de Distribuidora Merfra, S.A. de C.V., el 22 de enero de 2018 con diferencia de minutos entre sí fueron creadas en la Notaría 41 las personas morales Bolsi Servicios Empresariales, S.A. de C.V. y GB Marketing Total, S.A. de C.V. Dos días después, en el mismo lugar, Ka Wai, S.A. de C.V. y el día 30, Servicios Henregin, S.A. de C.V. y Akvo, S.A. de C.V. Pero el mismo 22 de enero de 2018, en la Notaría 49 cuyo titular es Héctor Augusto Goray Valdez, también en Torreón, fueron constituidas con diferencia de minutos Grupo Competitividad Compartida, S.A. de C.V., JGY Construcciones, S.A. de C.V. y Zitay, S.A. de C.V.

A las nueve sociedades las une una red de socios entre sí, la mayoría jóvenes menores de 29 años de edad, y tienen un denominador común: la misma persona figura como apoderado en todas: Jorge Quintero Aguilera, de 25 años, como se puede verificar con las actas constitutivas en poder de quien esto escribe.

Todo está relacionado. Inclusive antes de constituirse Distribuidora Merfra, S.A. de C.V. en la Notaría 41 de Torreón, se creó Comercializadora Merfra, S.A. de C.V. el 4 de mayo de 2017 casualmente en la Notaría 49 de Torreón, pero con otros socios. Ambas fueron inscritas en el Registro Público de Comercio en Gómez Palacio, Durango.

Cortita y al pie
Tres presuntos representantes de Distribuidora Merfra, S.A. de C.V. asistieron al acto de recepción y apertura de propuestas, transmitido en vivo por internet –con una cámara de baja resolución y sin audio– el 3 de junio por la Dirección General de Adquisiciones.

El documento en que lo hizo constar oficialmente la dependencia, no obstante, fue fechado el 10 de junio. Es decir, una semana después. Y como sí se pudo apreciar en el video, los supuestos representantes no presentaron las muestras exigidas de la mercancía. Ambas circunstancias bastarían para desechar el proceso de adjudicación directa disfrazado de licitación.

La última y nos vamos
Hasta aquí todo supondría ser una estafa más, de rutina, para desviar recursos del Gobierno de Coahuila sin consecuencias legales. En este caso 13 millones 288 mil 549 pesos. Sin embargo, alguien cometió un error: el dinero para pagar los zapatos escolares proviene del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Ramo 33. Eso significa que al no ser estatal puede ser fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación y eventualmente apoyar la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, no por los elefantes blancos de Coahuila –y sus legiones de burocracia inútil –que simulan ser órganos auditores y anticorrupción.

Ahí está el detalle.

Ni Coahuila de Zaragoza ni Coahuila de Los Moreira. Hoy Coahuila pertenece a Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Imagen y Grupo Financiero Multiva, quien se lleva por mucho la tajada más gorda en la repartición del pastel presupuestal durante el primer semestre de 2019: 850 millones de pesos libres de polvo y paja.

Paulatinamente, renegociación tras renegociación, se han ido acumulando en menos instrumentos de crédito los contratos a largo plazo generados de 2009 a 2011 por el Gobierno del Estado. Los legales y los ilegales. Así, con la reestructura consumada el 23 de octubre de 2018, la tercera en ocho años, Banco Multiva acaparó 16 mil millones de pesos de la deuda pública que significan el 43.76% del endeudamiento total, a un plazo de 30 años con sus respectivos intereses.

Según el avance de la cuenta pública correspondiente al periodo enero-junio del año en curso, ser acreedor de dicha cantidad le ha redituado alrededor de 780 millones de pesos por concepto de intereses (de los mil 776 millones 556 mil 674 pesos entregados a los bancos en ese mismo rubro).
Repito: de puros intereses.

Pero no es la única cancha donde juega Olegario. A través de Grupo Imagen, su consorcio de medios de comunicación, el primer trimestre del año obtuvo 1 de cada 4 pesos que invirtió la Administración estatal en publicidad oficial. El 25% del total ya que del 1 de enero al 31 de marzo Gobierno del Estado desembolsó 283 millones 787 mil 850 pesos por “Servicios de Comunicación Social y Publicidad”, vía la Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional.

Lo anterior no sería relevante salvo por una circunstancia: mientras en la Ciudad de México, su área de mayor influencia, Grupo Imagen consuma despidos masivos de personal y vende dos radiodifusoras, en Coahuila, esa isla ajena a la realidad nacional, factura millones de pesos por decenas. Es decir, le fue muy bien considerando que la presencia en la entidad con sus empresas es limitada.

Por lo demás, ¿qué interés tendría el Gobierno de Coahuila en publicitarse allende las fronteras del estado? En su defensa podrán usar siempre la promoción económica y turística como argumento. Sin embargo, ¿es efectivo ese gasto?, ¿la estrategia persigue a una población objetivo? Dicho de otra forma: ¿hay ciencia y evidencia?

Sin reglamentación para convenir, asignar y diseminar la publicidad oficial, su ejercicio es absolutamente
discrecional.

Y aquí viene lo interesante. Comprobantes fiscales en poder de quien esto escribe revelan que Grupo Imagen facturó al Gobierno de Coahuila 69 millones 999 mil 998 pesos entre seis razones sociales el primer trimestre de 2019, repartidos de la siguiente forma: mediante la sociedad Grupo Imagen Medios de Comunicación, S.A. de C.V. recibió 21 millones 981 mil 928 pesos; a través de Comercializadora 98.5, S.A. de C.V. se agenció 12 millones 922 mil 858 más y con Imagen Radio Comercial, S.A. de C.V. otros 10 millones 293 mil 704 pesos.

Usando a GIM Televisión Nacional, S.A. de C.V. cobró 9 millones 655 mil 172 pesos, en tanto a GIM Compañía Editorial, S.A. de C.V. le fueron asignados 8 millones 375 mil 144 pesos y finalmente a GI Digital, S.A. de C.V. 6 millones
771 mil 192 pesos.


Cortita y al pie

Ahora bien, como es habitual con la Secretaría de Finanzas, la información pública de oficio no está disponible –no completa, por lo menos– donde debería estarlo; en este caso el portal “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales por radio, televisión y otros medios”, asunto que revela una doble contabilidad: la
oficial, y la real.

En el referido sitio, por ejemplo, Comercializadora 98.5, S.A. de C.V. suma 9 millones 266 mil 260 pesos producto de 10 facturas correspondientes a febrero y 10 a marzo; todas por la misma cantidad: 463 mil 313 pesos, IVA incluido.

A su vez Grupo Imagen Medios de Comunicación, S.A. de C.V. reporta 17 millones 4 mil 873 pesos en enero, y GIM Televisión Nacional, S.A. de C.V. 2 millones 619 mil pesos también el primer mes del año. En los tres casos, la cifra representa 28%, 23% y 73% menos de lo pagado en realidad a las sociedades
respectivamente.

Tampoco figuran en la lista Imagen Radio Comercial, S.A. de C.V. ni GIM Compañía Editorial, S.A. de C.V. ni GI Digital, S.A. de C.V que fueron beneficiadas con recursos públicos como consta en los documentos en poder de quien esto escribe.

En resumen: oficialmente faltan de registrar como gasto 41 millones 109 mil 855 pesos, equivalentes al 59% de lo pagado a Grupo Imagen. Sólo hay evidencia, pues, del restante 41% que cubre una presunta “campaña de reposicionamiento” pautada de julio a diciembre de 2018.


La última y nos vamos

Sea como sea, en el primer semestre del año Vázquez Aldir se llevó del Estado $780 millones en intereses, y un ‘piquito’ extra de $70 millones en publicidad el primer trimestre. No hay un jugador que haya obtenido mayor dividendo. Coahuila es suyo. Aunque no hay presupuesto que alcance.

Utilizando un mecanismo de subcontratación con factureras y a Diconsa de intermediario, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) desvió 228 millones 140 mil 913 pesos en 2014, año en que Carolina Viggiano Austria fue titular de la dependencia federal, hacia sociedades domiciliadas -entre otros lugares- en la entidad natal de la entonces funcionaria: Hidalgo.

Viggiano, cabeza en la cadena de mando del 7 de diciembre de 2012 al 20 de enero de 2015, es esposa del exgobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez y aspirante a la secretaría general del Comité Directivo Nacional del PRI que hoy se vota, en fórmula con Alejandro Cárdenas. En 2013 y 2014, ejercicios fiscales que sirvieron como base para documentar “La Estafa Maestra” que desnudó la corrupción sistemática en el Gobierno federal con Enrique Peña Nieto, encabezó el organismo que atiende a población rural e indígena y se ocupa del rezago en educación inicial y básica. A los más pobres y marginados del país, pues.
Sin embargo, hay dos casos en particular que simbolizan su actuación.

Primero constituyó una estructura con empleados de confianza que no habían sido autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, pese a que la Secretaría de la Función Pública realizó un extrañamiento, durante todo el tiempo en que permaneció al frente de Conafe nunca regularizó la situación administrativa como señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Inclusive dentro del organigrama figuró Alejandro Verde López -hoy contratista en el Gobierno de Hidalgo– como director de Administración y Finanzas. El funcionario tiene parentesco sanguíneo con Cintia Margarita Paulín Verde, socia de la compañía domiciliada en Pachuca, El Mejor Calzado de Seguridad Industrial, S.A. de C.V., beneficiada de manera irregular con 19 millones 852 mil 500 pesos como intermediario en un ejercicio de subcontratación.

Posteriormente, aprovechando una circunstancia: el régimen fiscal de Diconsa, S.A. de C.V., considerada persona moral no lucrativa, Conafe le usó en 2014 como coartada para triangular 39 compras hacia Grupo Drakir, S.A. de C.V. por montos que iban desde 57 pesos hasta 139 millones 366 mil 878 pesos en una sola operación. En total le entregó 640 millones 823 mil 900 pesos en dicho ejercicio fiscal. Al no estar obligada a realizar la declaración informativa de operaciones con sus proveedores ante el SAT, como sí deben hacerlo empresas lucrativas, Diconsa adjudicó directamente los 39 contratos en operaciones presuntamente presenciales de las cuales no existe registro, y “subcontrató por arriba de 49%”, como informó la ASF.

El director de Diconsa entre 2013 y 2014, Héctor Velasco Monroy, fue coordinador de Giras en la campaña para la presidencia de Enrique Peña Nieto, y Carolina Viggiano Austria, por su parte, coordinadora de Vinculación con la Sociedad.

Y aquí viene lo interesante: la ASF informó que “se emitió orden de visita domiciliaria a Grupo Drakir, S.A. de C.V., la cual no se llevó a cabo debido a que el personal que estuvo presente negó que tal empresa ocupara el inmueble visitado”. A raíz de lo anterior “se comprobó que esta no contaba con capacidad técnica, material ni humana para la prestación del servicio”. En otras palabras: no era fantasma, aunque sí facturera. Traducido a números, la ASF fincó en 98 millones 567 mil pesos el desfalco por no tener conocimiento de pedidos firmados y autorizados, y 109 millones 721 mil 413 pesos más por no proporcionar evidencia de la entrega de los bienes.

El 12 de enero de 2015, ocho días antes de la renuncia de Viggiano al Conafe para contender por una diputación federal en Hidalgo, cargo que a la postre desempeñaría junto a la presidencia honoraria del DIF Coahuila, Grupo Drakir, S.A. de C.V., a través de su representante legal, presentó una cotización dirigida a Silvia Arleth Austria Escamilla, familiar de Viggiano y directora de Delegaciones y Concertación con el Sector Público, cargo sin atribuciones administrativas, para vender diccionarios Larousse por 24 millones 331 mil 450 pesos que se convertiría en su único, y último, convenio directo con Conafe. A partir de la fecha del fallo a su favor, que ocurrió el 5 de febrero, la razón social no volvió a ser favorecida en el resto del sexenio ni facturó más a dependencias y entidades del Gobierno federal ni de los gobiernos estatales y municipales, como se pudo verificar a través del sistema Compranet.

Pero si usted quiere seguir la ruta del dinero público perdido se topará con una situación kafkiana. Para empezar, la ASF determinó “concluir con el seguimiento” a las observaciones vinculadas con Grupo Drakir, S.A. de C.V., identificadas con los folios 14-9-20VSS-12-0219-08-002 y 14-9-20VSS-12-0219-08-003, pues Diconsa le informó que fueron radicadas las denuncias DE.210/2016 y DE.211/2016. No pasó nada.

Luego, el domingo 17 de abril de 2016, un incendio consumió los archivos de Diconsa contenidos en aproximadamente 14 mil cajas de papel de 15 kilogramos cada una, correspondientes al periodo 1990-2016. El incidente ocurrió en la bodega ubicada en la delegación Iztacalco de la Ciudad de México, inmueble que había sido utilizado para tal fin desde 1992. Si bien el Ministerio Público de la Coordinación Territorial Iztacalco II inició la carpeta de investigación CI-FIZC/IZC-2/UI-2S/D/00484/04/2016 por la pérdida de 26 años de acervo documental de la dependencia, a la fecha no existen resultados.

Y ese mismo año, el 4 de julio, Diconsa ordenó una reserva parcial por cinco años al expediente denominado Grupo Drakir, S.A. de C.V. 2014 (Programas Especiales) para que nadie pueda consultarlo, argumentando que “la publicidad de la información relativa a los precios contenidos en los estudios de mercado pudiera perjudicar los intereses de Diconsa”. Cabe señalar que ocultaron específicamente las partes importantes del documento: “precios unitarios y volumen contratado”.

Cortita y al pie
Por lo demás, esos 19 millones 852 mil 500 pesos entregados a Elmeca, S.A. de C.V. sin justificación, sumados a los 208 millones 288 mil 413 pesos irregularmente a Grupo Drakir, S.A. de C.V., arrojan 228 millones 140 mil 913 pesos.

Como sucedió con funcionarios titulares de dependencias del Gobierno federal involucradas en la triangulación con universidades públicas en La Estafa Maestra, Viggiano también está protegida pues los ejecutores de transacciones irregulares son mandos medios de la dependencia que dirigió, y ella no firmó documento alguno que la incrimine directamente. Ahora bien, ¿cómo podría pasar desapercibido que cientos de millones de pesos desaparecieran de la oficina a su cargo?

La última y nos vamos
Rosario Robles, que tampoco rubricó ninguno de los convenios de Sedesol con empresas fantasmas, acaba de ser citada a comparecer en la Fiscalía General de la República y sus cuentas bancarias fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Voluntad política, se llama el juego: proceso penal para una, y Comité Directivo Nacional del PRI para otra.

De manera casual, así como que no quiere la cosa, aparentando tranquilidad para que la oposición (¿cuál?) no sospechase algo, el pasado 18 de julio el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local puso en la agenda legislativa un asunto trascendente para la vida pública de Coahuila que –sin querer– revela un interminable desaseo financiero: en los últimos 12 meses el Gobierno del Estado acumuló un adeudo en cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Eso significa que a la deuda bancaria (a corto y largo plazo) y no bancaria (proveedores y contratistas) existente habría que agregar ahora un nuevo problema. Más deuda, pues.

Las formas y los tiempos importan, por supuesto. El PRI no expuso el tema en periodo ordinario de sesiones, ante los 25 diputados que integran la Legislatura, sino en periodo extraordinario mientras la Diputación Permanente compuesta por 11 miembros está de guardia con menos reflectores apuntando a su labor, y a dos días del inicio de las vacaciones de verano. Es decir, cuando menos ruido genera.

A través de un punto de acuerdo para “exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado a que analice la posibilidad de suscribir un convenio de reconocimiento de adeudos y forma de pago de las cuotas y aportaciones omitidas ante el ISSSTE”, tramitado al final del orden del día, los representantes del PRI dejaron constancia del tema en el recinto legislativo. Horas después, en perfecta sincronía, la proposición se publicó en la edición del viernes 19 de julio del Periódico Oficial.

Pero hay un detalle: mientras en el Congreso los 10 legisladores priistas mencionaron el caso en un solo párrafo, en el Periódico Oficial publicaron seis cuartillas con la exposición de motivos. Y en ésta consignan el trasfondo del asunto: afirman que “en lo que va de la presente Administración pública estatal se han realizado los pagos enteros al ISSSTE”, aunque también reconocen que “existía un rezago cuyos periodos recaen en administraciones anteriores”. Así, sin detallar el monto ni responsabilizar a nadie por nombre y apellido.

Sin embargo la realidad es distinta. Quien no pagó las cuotas y aportaciones no fue Moreira I ni Moreira II; ni siquiera el hoy presidiario Jorge Torres López, eslabón entre ambos hermanos, sino la administración actual en su primer año de ejercicio.

De acuerdo con el “reporte de adeudos registrados por concepto de cuotas, aportaciones y préstamos relativo a los seguros de salud, invalidez y vida, riesgos de trabajo y servicios sociales y culturales”, con corte al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Coahuila debía 64 millones 17 mil 679 pesos al ISSSTE.

Y aquí viene lo interesante: el periodo adeudado comprende 10 quincenas (de la 15 a la 24) del 2018. Dicho de otra forma: de agosto a diciembre la Secretaría de Finanzas a cargo de Blas Flores Dávila dejó de pagar lo que le correspondía.

Lo anterior se puede comprobar pues al 31 de agosto de 2018 la Administración estatal debía sólo tres quincenas (de la 14 a la 16), mismas que representaban 943 mil 641 pesos, como consta en la “publicación de adeudo” de la Dirección de Finanzas del ISSSTE, elaborada por la Tesorería General.

Si el adeudo de Coahuila fuese anterior a noviembre de 2017, como dicen los diputados del PRI a nombre del Gobernador, el ISSSTE no tendría problema en señalarlo. En su reporte, por ejemplo, identifica pasivos que datan de 2005 (los más antiguos de todos) en el Gobierno del Distrito Federal.

Ahora bien, considerando que las finanzas de los primeros ocho meses de 2019 se verán reflejadas hasta el próximo corte del 31 de agosto, se prevé haya aumentado más la deuda de Coahuila con el ISSSTE.



Cortita y al pie

Para dimensionar: solo la Ciudad de México y los gobiernos estatales de Guerrero, Michoacán, Nayarit y Oaxaca deben más que Coahuila, quien ocupa la quinta posición de 32 en el deshonroso ranking.

Es verdad que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en el artículo Décimo Segundo Transitorio, faculta al ISSSTE para suscribir convenios con las entidades a fin de regularizar adeudos en parcialidades por un plazo máximo de 10 años, incluyendo descuentos en los recargos generados.

Por lo demás, no hay que perder de vista un detalle: el PRI-Gobierno de Coahuila dejó de cumplir con sus obligaciones a partir de que Andrés Manuel López Obrador recibió la constancia que lo acredita como Presidente electo. ¿El fenómeno tiene dedicatoria? ¿Lleva un mensaje implícito?



La última y nos vamos

Pese a que Gobierno de Coahuila pidió un crédito por 550 millones de pesos el 7 de diciembre de 2018 y otro el 7 de febrero de 2019 por 200 millones más, ambos con Multiva, adicionales al presupuesto de egresos anual de 50 mil millones que recibe, no ha tenido recursos para pagar al ISSSTE.

Pero claro, #TodoEsCulpaDeLayún. Digo de AMLO. Hay que ser miope para no ver quién es quién, y dónde estamos parados en realidad.

Aprovechando el reemplacamiento que debe realizarse cada tres años por ley, el Gobierno de Coahuila pagó el primer bimestre del año láminas con sobrecosto a un proveedor cuestionado por sus negocios previos: 25 millones 416 mil 984 pesos de más, por las mismas placas troqueladas que vende a otros estados.

Tres facturas en poder de quien esto escribe, emitidas el 11 de enero y el 12 y 14 de febrero de 2019, la primera por 59 millones 919 mil 411 pesos y las otras dos por 48 millones 175 mil 327 pesos cada una, suman 156 millones 270 mil 065 pesos en total a favor de la razón social Lazos Internacionales, S.A. de C.V.

Se trata de una sociedad mercantil constituida durante 1998 en Puebla, la cual anteriormente tenía un objeto distinto y permaneció más de una década inactiva (de 2002 a 2013), aunque con domicilio fiscal en la Ciudad de México. Pertenece a Carlos Antonio González Ortiz Mena, hermano del exdirector de Banobras y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) en el Gobierno Federal 2012-2018, Francisco Antonio González Ortiz Mena.

A dicha empresa la Secretaría de Finanzas compró 626 mil 691 juegos de láminas a 215 pesos el par. Así, considerando que al contribuyente se venden a 765 pesos, por cada unidad hay una ganancia neta de 550 pesos para la administración estatal. Otro ingreso adicional proviene de su disposición final: el reciclaje, sin embargo esa es otra historia.

En el caso que nos ocupa se trata de impuestos estatales. Aquí se cobran y aquí se quedan. No financian al sur del país y no aplica, por tanto, la falacia del “a Coahuila lo que le corresponde”, utilizada para ocultar la incompetencia administrativa propia, argumentando una falsa redistribución de ingresos a través de la Federación.

Pero vayamos al punto. ¿Acaso grabarles la leyenda “MágiCoahuila” (o como se escriba) y pintarles un dinosaurio y un teleférico sale más caro?

Falso. Se trata de las mismas láminas troqueladas. Si bien cada entidad federativa elige los motivos que le plazcan, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 éstas deben pasar un control de calidad uniforme a los 32 estados del país, además de incluir especificaciones técnicas y números de serie aprobados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para ello se revisan, y autorizan, las instalaciones de los fabricantes de placas metálicas y calcomanías. Lazos Internacionales, S.A. de C.V. por ejemplo, fue aprobado apenas en 2014 y está inscrito en el padrón de proveedores de Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Jalisco, Baja California y Baja California Sur, Tamaulipas, Michoacán, Aguascalientes, Quintana Roo, Durango, Ciudad de México, Campeche, Puebla, Chihuahua, Nuevo León, Hidalgo, Tabasco, Guerrero y Sinaloa.

Y aquí viene lo interesante: el 19 de febrero de 2018, es decir un año antes de la compra que realizó el Gobierno de Coahuila, la referida persona moral vendió unas placas similares al Gobierno de la Ciudad de México en 180 pesos, como consta en el contrato “tipo 180013”. Si a Coahuila le hubiesen ofrecido ese precio en total habría desembolsado 130 millones 853 mil 080 pesos y no los 156 millones 270 mil 065 pesos que pagó. De la comparativa resulta, por tanto, un sobreprecio de 25 millones 416 mil 984 pesos en nuestra contra.



Cortita y al pie

Las contribuciones no son opcionales; de acuerdo. Todos deberíamos aportar la parte que nos corresponde; correcto. Pero entre mayor sea la percepción de corrupción en el Gobierno, menor será la recaudación que este haga de sus ciudadanos. Desincentiva, pues. Y no lo digo yo, sino un informe del Fondo Monetario Internacional (Fiscal Monitor: Curbing Corruption, 04/04/19).

Si el ciudadano no ve obra pública de calidad y servicios públicos eficientes, dejará de pagar impuestos bajo la premisa –o pretexto, según se vea– de que los roban quienes gobiernan. Para qué contribuir si no se invierten ésas contribuciones. Serpiente que muerde su cola. Se puede verificar en la realidad.

Al cierre de mayo, para dimensionar, el Gobierno de Coahuila llevaba cobrado sólo 54% del padrón vehicular que asciende, según sus datos, a 850 mil unidades. Y aquí cabe señalar un fenómeno: la Administración Fiscal General cuenta sólo a los empadronados. Es decir, en la estadística no existen quienes mantienen su residencia habitual en el estado y circulan por él con matrículas de Durango (en La Laguna), de Nuevo León (en la Región Sureste), y de la Onappafa (en las regiones Centro, Carbonífera y Norte) que se cuentan por miles.

A la fecha de corte había 300 mil remisos con adeudos de 2017 a la fecha. Debido a lo anterior Recaudación de Rentas estableció retenes operativos con el apoyo de Fuerza Coahuila. El proceso es sencillo: habrá notificación, multas y eventualmente retiro de la circulación.



La última y nos vamos

Todo está mal. Unos no aportan lo que deberían, y otros compran caro -lo que supone hacer negocio privado con bienes públicos-. Así nos va.

Desde que presentó su renuncia como delegado de la Fiscalía General de Justicia en La Laguna, el 24 de febrero de 2019, las columnas de trascendidos y
filtraciones oficiales en los medios de comunicación lo dieron por hecho: el torreonense Hugo Morales Valdés sería el próximo presidente de la Comisión de

Derechos Humanos en el Estado de Coahuila (CDHEC). Avisados por el grupo en el poder que paga esos espacios estábamos. Ya nomás faltaba legitimarlo.

Por supuesto: la Fiscalía es “autónoma” en el papel y la CDHEC también. No hace falta recordarlo. Sus decisiones gozan de independencia. Ajá. Por tanto si un empleado de la primera renuncia para estar en condiciones legales (elegibilidad) de aspirar a la segunda, sería un caso personal y de mérito. Pero el asunto no es tan diáfano ni tan virtuoso en la realidad.

Como se dijo al principio, entre la renuncia del delegado en La Laguna y el proceso de designación de ombudsman restaban cuatro meses. Se debía simular entonces un proceso a través del Poder Legislativo, autoridad en la materia. Simular; ese verbo que describe la vida política y social en la entidad como ningún otro.


Y sabe qué pasó en ese tiempo: nadie opuso resistencia.

En una Legislatura de mayoría distinta al partido gobernante (15 supuestos opositores contra 10 priistas) y por consecuencia, al grupo en el poder, el resultado de la votación fue 18 papeletas a favor de Hugo Morales Valdés y tres en contra, por cuatro ausentes.

Y como la elección del pasado 26 de junio fue por cédula, es decir, en secreto (o a escondidas, según se vea), no puede saberse quiénes fueron los diputados que fungieron de comparsa. De los cuatro diputados faltistas a la sesión, el representante de Morena, Benito Ramírez, convalecía de las lesiones que le provocó un accidente automovilístico días atrás. ¿Y los otros tres? Se trata de María Eugenia Cázares (PAN), de Torreón; Esperanza Chapa (PRI), de Piedras
Negras; y Graciela Fernández (PRI), de Matamoros.

Por lo demás, cómo se explica que siendo mayoría en el Congreso, los 15 presuntos opositores cedieran a las pretensiones de un bloque minoritario. Porque hay acuerdos, responderán. Porque el trabajo parlamentario es básicamente negociación, argumentarán en su defensa. De ser así, qué ganaron a cambio quienes respaldaron la propuesta que no era suya ni de su Grupo Parlamentario. ¿Lo podrían explicar en público?

Ahora bien, como a una semana del cierre de la convocatoria para inscribirse como aspirante a dirigir la CEDHC no había quórum suficiente, aparecieron entonces dos “Juanitas” emergentes para dar legitimación al proceso, pertenecientes al “Sindicato Luis Efrén Ríos de Trabajadores al Servicio del Estado”. Con ellas, y un par de despistados, se logró una presunta representatividad y pluralidad de voces, inexistente en la práctica.

Es verdad: aunque son públicas, las convocatorias para renovar posiciones de poder que por ley corresponde ocupar con ciudadanos, no se difunden. Son solo para iniciados y un círculo rojo. Y si bien se requerían para el cargo unas características y habilidades en específico que no todo mundo posee, ¿no le resulta por lo menos curioso que de 3 millones de habitantes en Coahuila solo se hayan apuntado ocho personas? ¿No le parece inquietante el nulo interés de los ciudadanos por participar en la vida pública, así sea solo por el salario de 90 mil pesos mensuales más
prestaciones?

¿No le parece terrorífico que no haya humanos derechos para Derechos Humanos?


Cortita y al pie

La realidad es que la Comisión Estatal es un órgano apocado. Su existencia en 2019 es irrelevante, por políticamente incorrecto que parezca ponerlo por escrito. ¿O acaso era irrelevante porque su titular anterior, que permaneció seis años en el cargo, no pertenecía al círculo de preferencia del poder en turno y relegaban su actuación?

Inclusive la CEDHC recibe menos presupuesto anual que la Academia Interamericana de Derechos Humanos, pese a que esta última no atiende personas ni emite recomendaciones a entes públicos. Se dedica, simplemente, a teorizar y organizar eventos intrascendentes. No emprende acciones ejecutivas.


La última y nos vamos

Con cuatro meses de anticipación se nos advirtió: será él, y no otro. La mano que ordena las publicaciones, sin pudor alguno, a ojos vistos, se preciaba de imponerlo (“suena”, “se perfila”, “lo ven con buenos ojos”, “tiene ventaja”). Sería él con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Y a nadie le importó. No hubo interés en el tema, ni participación y mucho menos oposición real.

Finalmente, con una naturalidad asombrosa, se terminó conquistando una silla para los próximos seis años.
¿Por qué eres así, Coahuila? ¿Quién te hizo tanto daño?

En pleno proceso para elegir al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Coahuila ha sido centro de polémica en dos ocasiones. La primera, luego de la renuncia del saltillense José Narro Robles al partido entre acusaciones de fraude y simulación, y la segunda gracias a que Ivonne Ortega hizo pública su decisión de no visitar el estado por temor a las amenazas del exmandatario, Rubén Moreira. Inseguridad y cacicazgo, pues.

Por separado, el PRI Coahuila realiza domingo a domingo desde hace un mes la renovación de sus mil 688 comités seccionales con la intención de generar en la opinión pública una imagen de fortaleza y movimiento. Sin embargo la realidad es distinta. El 26 de febrero de 2017, al término de la jornada estatal para seleccionar y postular candidato a Gobernador, el entonces presidente del CEN, Enrique Ochoa Reza, aseguró en Saltillo que “más de 500 mil militantes y simpatizantes” habían votado entre Miguel Ángel Riquelme y Jesús Berino Granados para elegir a su representante, lo cual consideró una “participación histórica” en su elección interna.

Tomando como punto de referencia esa declaración, y particularmente la cifra, en la entidad el PRI ha perdido 250 mil adeptos en los últimos 28 meses, equivalentes a una baja de casi 50% en su padrón. Una desbandada silenciosa.

Me explico. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral señaló a través del oficio UT/19/1437, dirigido a quien esto escribe, que hay 328 mil 806 ciudadanos empadronados por el tricolor en el estado, de los cuales 259 mil 788 se consideran “válidos” al contar con la documentación que lo acredita. El resto, 69 mil 18 personas, están “en reserva” por no existir elementos que confirmen su manifestación de voluntad para afiliarse. Son fantasmas, dicho de otra forma.

Pese a que empleados de distintas áreas correspondientes al Poder Ejecutivo expusieron a quien esto escribe presiones para acudir a afiliarse al PRI durante la primera quincena de junio, y a que el exaspirante a la presidencia del CEN, José Narro Robles, acusó el 20 de junio que el partido “triplicó su padrón” en Coahuila registrándose –dicho de manera irónica– “una epidemia de ansia priista”, actualmente el INE desarrolla un procedimiento excepcional de revisión, actualización y sistematización de los afiliados a los organismos políticos nacionales, implementado por su Consejo General a través del acuerdo INE/CG33/2019.

Es decir, no hay “más de 500 mil” priistas en Coahuila como se presumía en 2017, si es que un día los hubo, sino 259 mil 788 al 1 de julio de 2019. Con esa cantidad, suponiendo que votasen todos de forma unánime por el emblema que los representa, no les alcanzaría para ganar una eventual contienda estatal tomando en cuenta que hay 2 millones 148 mil ciudadanos en la lista nominal al día de hoy.

No es casualidad que hayan perdido la fórmula para el Senado en 2018, y cinco de siete diputaciones federales en la entidad. Tampoco lo es que durante su acto inicial de campaña el pasado 30 de junio, en Saltillo, la fórmula de Alejandro Cárdenas y Carolina Viggiano haya sido acompañada por no más de 500 simpatizantes en la explanada del “mejor PRI de México”, a diferencia de procesos electorales anteriores donde la concurrencia en ese mismo sitio era 10 veces mayor.

Cortita y al pie

Pero no se emocione ya que tampoco hay oposición ni contrapesos en Coahuila.

Morena en la entidad es una franquicia que se agenció hace años un franquiciatario y ahora que tiene la oportunidad le intenta sacar el mayor dividendo posible. Nada más. No ha generado estructura territorial a un año de su triunfo ni tiene la intención de hacerlo. No avanza, encasillado en la eterna disputa por su Comité Directivo Estatal que lo ha dejado ya sin prerrogativas.

Y el PAN… el PAN es un partido estéril y apocado que no gana ni ganando. Demostrado y comprobado.

La última y nos vamos

Por lo demás, ¿qué ha pasado en los últimos 2 años –plazo que coincide con la Administración estatal actual– para que 250 mil ciudadanos de Coahuila le diesen la espalda al PRI pese a que lleva gobernando 90 años de manera consecutiva e ininterrumpida?

Desafección política, se llama el juego. Y nadie lo está sabiendo interpretar con claridad.