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Lulú De Koster.
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Lulú De Koster es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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04 Diciembre 2019 04:00:00
Plataforma digital
La Plataforma Nacional Digital aún está en proceso. Y aunque los insumos principales como los datos de servidores públicos sancionados a nivel federal y en las entidades, las declaraciones patrimoniales, fiscalización, contrataciones, etcétera, no terminan de integrarse a esta herramienta de consulta y seguimiento, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, establece la creación de la Plataforma Nacional Digital como un mecanismo con capacidad de conectar datos e información contenida por diferentes sistemas electrónicos para prevenir, sancionar y alertar sobre posibles actos de corrupción.

Las características sobresalientes de esta plataforma digital son, entre otras, la integración de datos que estarán protegidos para evitar la alteración de contenidos, además de que se trata de un sistema electrónico construido para la colaboración con diversas instituciones gubernamentales.

A través del sitio plataformadigitalnacional.org, que aún está a prueba, se advierte que este tipo de recursos tecnológicos son de suma importancia para la sociedad, porque se ha dicho en las reuniones del Comité Coordinador (CC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que la propuesta facilitará el seguimiento y cruce de datos de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos en los estados y en el país. Al menos es lo que se ha planteado desde el mes de marzo, cuando se aprobó un ajuste en la presentación de los nuevos formatos de las declaraciones patrimoniales que entrarán en vigor en unas semanas.

En la primera sesión extraordinaria del 21 de marzo de este año, los integrantes del Comité Coordinador del SNA aprobaron la modificación al Artículo Segundo Transitorio del acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses, y expide las normas para su llenado y presentación.

Por lo que el CC determinó que los formatos aprobados serán obligatorios para las y los servidores públicos al momento de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, una vez que se encuentren debidamente integrados y segmentados, que estén plenamente adecuados al marco jurídico y “que se garantice la interoperabilidad con el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses de la plataforma digital a que hace referencia la fracción I del Artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción”.

Y para lograr este objetivo, la presentación e implementación de los nuevos formatos para la rendición de declaración patrimonial y de no conflicto de intereses, no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019. Así dicta el acuerdo.

La información de las declaraciones será pública a través de la Plataforma Digital del SNA. A partir del funcionamiento de este esquema –que se ve lento por parte de la Secretaría Ejecutiva Nacional –se podrán conocer versiones públicas de las declaraciones presentadas y se podrá detectar posibles irregularidades en el desempeño público.
27 Noviembre 2019 04:05:00
Buenas prácticas
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés USAID, y el proyecto Promoviendo la Transparencia en México presentaron una radiografía que desarrollaron las investigadoras Carmen Menéndez e Isabel Alduenda, sobre las buenas prácticas en la implementación y operación del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales.

El texto fue circulado a los integrantes de los consejos y comités ciudadanos de los sistemas nacional y locales anticorrupción, durante la Reunión Nacional de Consejeros Anticorrupción que se llevó a cabo hace unos días en la capital del país y en la que aproximadamente un centenar de ciudadanos estuvieron en esta jornada.

El estudio analiza desde los procesos de designación en el marco de los sistemas locales, los comités coordinadores, las secretarías ejecutivas, las comisiones de selección y las designaciones de las y los consejeros ciudadanos, hasta los reglamentos internos, de operación, así como los contenidos de legislaciones locales y sus reformas más recientes.

Agrega rubros como la toma de decisiones al interior de los CPC, las minutas, planes de trabajo, lineamientos internos, distribución de tareas por medio de comisiones, transparencia de las sesiones, esquemas de trabajo, mecanismos de vinculación con sociedad civil, sector empresarial y academia, por citar algunos puntos que abarca el escrito.

Del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila sobresalen temas como la recepción de documentación vía electrónica de las y los aspirantes a integrarse al CPC por parte de la Comisión de Selección, pues no todos los estados impulsan esta práctica; las reformas aprobadas en julio de 2019 en el Congreso de Coahuila, que garantizan la integración paritaria del Consejo de Participación Ciudadana; así como la transparencia en las actuaciones de los comités coordinadores de los SEA como requisito esencial para demostrar congruencia con los objetivos del Sistema Anticorrupción, lo que además de Coahuila ponen en práctica algunas entidades del país, al difundir en tiempo real las sesiones ordinarias y extraordinarias en su página de redes sociales.

Uno de los temas que subraya el estudio es la vinculación lograda con el Sistema Estatal Anticorrupción, la ciudadanía, academia y empresarios a través del desarrollo e implementación de la metodología del Reto de los 100 Días, donde por medio de USAID, el Instituto de Resultados Rápidos y las instancias que integran el SEA Coahuila, se lograron objetivos relevantes, tangibles y en corto plazo por medio de un trabajo interinstitucional y coordinado para el cumplimiento de metas planteadas desde una visión de sistema.

Otra buena práctica es someter la propuesta de Plan de Trabajo anual del Consejo de Participación Ciudadana, al escrutinio de las organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales, sector académico y personas interesadas en el tema. La meta es que se conozca el primer texto antes de su discusión y aprobación en el CPC, para ajustar las propuestas y acciones bajo las cuales se generarán agendas en un año, a fín de que estas sean medibles y sus resultados presentados a través de plataformas y medios electrónicos del colegiado. Y es en esta fase en la que se encuentra ahora mismo el CPC de Coahuila, que ha tenido y tendrá reuniones con estos segmentos de la población de las regiones en el estado, antes de someter a la aprobación del Consejo, el Plan de Trabajo del año entrante.


20 Noviembre 2019 04:00:00
Artículo 6 constitucional
Artículo 6: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se agrega en este mismo articulado, que “Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información”.

Es importante que como ciudadanos estemos enterados de que preguntar es un derecho, y la divulgación o publicidad de las respuestas en una garantía plasmada en la Carta Magna, pues ninguna autoridad puede negar información sobre la forma y los mecanismos que usa cada oficina de cualquiera de los tres niveles de Gobierno, para utilizar los impuestos, ya que finalmente se trata del ejercicio de dinero público.

Hoy en día es cada vez más fácil acceder a datos, resultados, planes, procesos, investigaciones y proyectos o todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas de las y los servidores públicos, aunque claro está, sería importante revisar los estándares bajo los cuales las instancias de Gobierno diseñan y colocan a la vista del ciudadano, la información que es pública, siempre bajo un diseño que permita proteger los datos personales y la vida privada de quienes fornan parte de la estructura de Gobierno.

La transparencia y la labor de los órganos garantes –como el ICAI, en el caso de Coahuila, entidad que además forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción– está respaldada por el Artículo 6 constitucional y es considerada como parte de un derecho humano.

Ahora mismo, es más difícil que una dependencia federal, estatal o municipal niegue o matice datos que deben estar a la vista. Aunque por ejemplo, en el caso de las leyes locales que alcanzan a partidos políticos, sindicatos, universidades y otras instancias clasificadas como sujetos obligados, la transparencia debiera ser prioritaria para tener un gasto escrupuloso y abierto, bajo el cual se realice una correcta y eficiente distribución del dinero que llega a través del pago de impuestos.
13 Noviembre 2019 04:05:00
Rendir cuentas del fondo minero
En su sitio web, Fundar, que es un centro de análisis e investigación, junto a colectivos como Oxfam y CartoCrítica publicaron un documento -de recomendable lectura -que describe el origen y las consecuencias de las reformas propuestas por el Ejecutivo federal y aprobadas por el Congreso, a la Ley Federal de Derechos, con lo que cambió la naturaleza del Fondo Minero, que dejará de ser en 2020, un aporte para mejorar la vida de las comunidades y municipios mineros en México y en Coahuila que es una de las entidades con impacto negativo, por esta disposición federal.

La reforma limita, y en algunos casos elimina, las buenas prácticas como la participación ciudadana o de quienes habitan en municipios como Ramos Arizpe, San Juan de Sabinas, Sabinas, Ocampo, Castaños, Múzquiz, Progreso o Sierra Mojada, donde a partir del año entrante, no quedará garantizado el retorno del impuesto que aportan estas regiones de Coahuila y otras más en el país.

“El objetivo del fondo, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), es elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera”. Así se consigna en los textos que dieron inicio al fondo en las reglas de operación puestas en marcha para impulsar el ordenamiento en los años 2014 a 2018.

No obstante, con las reformas a la Ley Federal de Derechos, en 2020 se eliminará la disposición que vincula la aplicación del recurso generado por la minería a comunidades y municipios donde hay extracción, y se transforma de nueva cuenta el mecanismo para su ejecución con una aplicación sin transparencia o certeza sobre los criterios de asignación, los esquemas de participación en la asignación y monitoreo de los recursos, según lo menciona el análisis de Fundar.

La distribución del ingreso por este concepto fue del 77.5% que era asignado al Fondo Minero, se destinaba el 62.5% a los municipios que desarrollan la actividad y el 37.5% a la entidad federativa de la que se tratara.

Con la guía en web
https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/Fondo-Minero_Posicionamiento_Nov04.pdf se pude acceder a un tema de relevancia, porque habla de las reglas de operación y del estatus de incumplimiento y/o de la poca o escasa transparencia en el ejercicio de los montos, que por años llegaron a Coahuila y a los municipios con vocación minera en el estado.

La organización subraya, que para inicios de 2019 las entidades federativas Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Sonora y Durango, y sus municipios dedicados a la extracción minera, habían reportado en promedio el ejercicio del 66% de los recursos recibidos, pero aún queda pendiente saber o tener información del destino del 34% de ingresos del fondo, esto es, alrededor de 3 mil 17 millones de pesos otorgados, en promedio, durante los cuatro años de ejercicio del fondo.

Con todo y esto, la falta de regulación y transparencia en la aplicación del dinero que llegó a las zonas mineras en los últimos años, Coahuila registraría en 2020 un impacto negativo en la economía de estas regiones que fueron beneficiadas con estos montos, debido a los cambios en la legislación federal.
06 Noviembre 2019 04:00:00
#EsJustoQueLoSepas
Si bien algunos especialistas opinan que la transparencia no es un elemento crucial para erradicar la corrupción en el país, sí debe considerarse como uno de los ingredientes primordiales para inhibir y detectar hechos o posibles actos ilegales en el servicio público, principalmente.

Hace algunos meses, en el Senado de la República, el colectivo #EsJustoQueLoSepas colocó una propuesta de reforma a la Ley General de Transparencia que implica obligar a los poderes judiciales a publicar todas sus sentencias. Pero ¿cómo determinar el alcance de esta iniciativa?, ¿la protección a los datos personales? o ¿cuál sería la narrativa que determine si la sentencia es o no de interés público?

Actualmente los portales de las instancias encargadas de la impartición de justicia en Coahuila publican el número de expediente, la sentencia o el acuerdo y los nombres (no en todos los casos) de las partes interesadas o implicadas en juicios penales, familiares, mercantiles, etcétera.

México Evalúa publicó en su sitio web, esta reflexión con un ejemplo relacionado con un caso en el que el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción ha venido trabajando en los últimos meses, como lo es la construcción de una redacción con la que sea posible definir detalles de cómo se fue articulando lo que podría ser una red de corrupción: el caso Infonavit Coahuila.

México Evalúa, que es un centro de análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental, describió que el caso Infonavit afectó a más de 160 mil derechohabientes en distintos estados de la República, “según reconoció el propio director general del Infonavit. Reportes de prensa mencionan que se identificaron víctimas en Baja California, Chihuahua, la Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas”.

Los hechos fueron denunciados públicamente en Chihuahua en octubre de 2017, pero fue en diciembre por los xonsejos de la Judicatura de los poderes judiciales de Nayarit y Coahuila dieron a conocer que estaban investigando y habían suspendido a algunos funcionarios judiciales por la aparente participación en casos de despojos fraudulentos de viviendas, por medio de la Estrategia DAVI, que en resumen afectó a la parte más vulnerable del Instituto de Fomento Nacional a la Vivienda: sus derechohabientes.

A partir de esta reforma al Artículo 73 de la Ley General de Transparencia, la apertura llegará a los asuntos judicializados. Los colectivos en el país y en Coahuila han marcado una ruta que obliga a desplegar acciones bajo el principio de máxima transparencia, a operar los programas a la vista de todas y todos, a involucrar a la ciudadanía en el ejercicio del gasto público y los programas de beneficio colectivo, lo mismo que en contrataciones y compras a proveedores, etcétera. La cultura de la transparencia incide en el quehacer público. De eso no hay duda.
30 Octubre 2019 04:06:00
Consejeros ciudadanos no son policías
Los consejeros de participación ciudadana de los sistemas nacional y local anticorrupción no tienen función de policías. La preocupación principal de un colegiado en esta materia no debería estar sobre la carrera de ir por el reo de turno ni los escándalos mediáticos, sino en hacer prioritario el incidir en políticas públicas, impulsar acciones que en el sector público y el privado propicien incentivos para revertir las malas prácticas, incluso encaminados hacia la construcción de una narrativa de la eficacia que busca el conjunto de instituciones que son parte del comité coordinador.

Para el doctor Mauricio Merino Huerta, coordinador general de la Comunidad PIRC y la Red por la Rendición de Cuentas, el sistema nacional y los sistemas estatales no acaban de funcionar porque, contra toda lógica, no terminan de entender que su función no es de policías porque son instituciones que son parte de los sistemas y que poseen piezas clave de información respecto de la manera en que opera el conjunto del sistema de gestión pública.

Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación ha hecho miles de recomendaciones concretamente sustentadas en los resultados de los procesos de fiscalización, en las que ha detectado oportunidades de desvío o para que las faltas se cometan, pero las tiene la ASF.

Es importante disponer de mapas de riesgo y de información que se pueda compartir u obtener a partir de los resultados del trabajo de órganos internos de control y de las resoluciones de juicios administrativos, de nulidad administrativa, que se llevan a cabo desde los tribunales de justicia administrativa, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la Guardería ABC, cuando el entonces ministro Arturo Saldívar (antes de ser presidente de la SCJN) realizó una “radiografía” de cada una las fallas que habían recorrido desde la concepción misma de las guarderías, los permisos, las revisiones, la instalación, etcétera, en una obra maestra de la descripción de las condiciones en las que se van fraguando hechos de corrupción y que pueden llegar, incluso, a la pérdida de vidas, como pasó el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora.

Igual ocurre con las fiscalías especializadas y los órganos garantes de información que, con los datos que tienen, se puede organizar el material de análisis de riesgo para tener un mapeo y detectar los puntos de mejora y corrección en las áreas de Gobierno.

Merino fue enfático en su aporte durante el Octavo Seminario Democracias Capturadas, Desafíos para América Latina, que hace unos días se llevó a cabo en las instalaciones del CIDE, en la Ciudad de México. “Estos hechos, la obsesión por perseguir al corrupto de la semana, ha permitido que nos concentremos en casos específicos. Veamos a países en Latinoamérica cómo han caído jefes de Estado, estos países no están mejor que antes porque el castigo al corrupto no erradica el problema de corrupción que existe”. De ahí la importancia de saber qué es y qué alcance tienen los integrantes de la parte ciudadana de los sistemas locales anticorrupción. Están definidas en la Ley y tienen una función establecida para conservar su independencia y autonomía en la toma de decisiones. No es la de ser policías, la atribución de un CPC.
16 Octubre 2019 03:58:00
Función pública
No ir tapando pozos a “niño ahogado”, y priorizar las acciones preventivas en la ruta de anticorrupción es lo que marcó el discurso de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, durante su comparecencia ante senadores de la República, el lunes pasado.

Fue clara cuando dijo que “había dudas sobre la funcionalidad de la coordinación en el SNA”, al referirse al Sistema Nacional Anticorrupción que no termina de embonar en la 4T en el control, prevención y sanción de la corrupción como un asunto sistémico en el país. Porque quizá, y como lo han dicho los expertos, se piensa en la antigua figura de un zar anticorrupción o en una súper secretaria, que era lo que precisamente buscaron evitar quienes impulsaron la idea de que un ciudadano estuviera al frente de la coordinación entre las instancias obligadas a atender el tema en los estados, en un afán de evitar la captura, el goce de privilegios, la subordinación y la operatividad del esquema con tintes de persecución política.

De no ser por el senador tapatío Clemente Castañeda Hoeflich, la secretaria de la Función Pública se habría desmarcado del SNA y los sistemas locales. El legislador fue enfático al hablar de la coordinación que requiere el Sistema Nacional Anticorrupción del que es parte y en donde ocupa una posición la Función Pública.

La comparecencia de la doctora Sandoval Ballesteros sirvió también para saber que la ruta de la Política Nacional Anticorrupción está más bien la trazada desde el Programa Nacional de Desarrollo y no tanto desde el aporte de ciudadanos y de centros de investigación y de docencia, donde se delineó la propuesta de Política Nacional.

Ya lo decía Max Kaiser, quien hace un par de meses fue designado como presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex, los sistemas locales anticorrupción deben fortalecerse y desde la sociedad civil, los sectores y la academia, es importante contribuir para los sistemas sigan adelante y no retroceder en el avance de lo que ya se tiene.

De ahí la importancia de que los consejos ciudadanos anticorrupción en las entidades incluyan en su agenda a los grupos de la sociedad civil, a integrantes de la iniciativa privada, académicos, legisladores y a quienes buscan fortalecer y abonarle a esta fase en la que se encuentran estados como Coahuila que, en el ranking nacional, observa importantes avances.

Es evidente la apertura y coordinación de los integrantes del Comité Coordinador del SEA Coahuila: el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI); del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción; la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefric).
09 Octubre 2019 04:00:00
Política estatal
La semana pasada escuchábamos en Saltillo, en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la ponencia que ofreció la doctora Lourdes Morales Canales, quien es profesora asociada al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde actualmente coordina la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), quien habló sobre el aporte ciudadano en los sistemas nacional y los locales, que luego suelen ser blanco de crítica constante de quienes no quieren que avance y se consolide la lucha contra la corrupción.

Lourdes Morales estuvo en la ciudad junto a la doctora Ana Elena Fierro Ferráez, quien es investigadora y coordinadora del Programa de Análisis Regulatorio del CIDE y Jaime Hernández Colorado, investigador del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC), quienes propusieron la ruta en la construcción de lo que será la Política Estatal Anticorrupción abarcando aspectos importantes para la entidad.

La metodología y los instrumentos de medición se explicaron en un taller que inicialmente impartió Hernández Colorado para las y los integrantes de las entidades que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción, así como a miembros de la sociedad civil, académicos y de la Iniciativa Privada.

En el intercambio de ideas durante esta jornada, surgieron propuestas interesantes que irán delineando los ejes de la política estatal, que permitirá una medición de los objetivos que inhiban y prevengan este fenómeno, el de la corrupción, pues es indispensable ir a las causas del problema y no solo paliar las consecuencias, priorizando los actos punitivos como resolución del tema.

El objetivo de la medición será evaluar diferentes rubros, la existencia de elementos normativos, institucionales y de profesionalización en diferentes instituciones del ámbito estatal. Además, la meta es conocer las condiciones básicas para la rendición de cuentas y en otras áreas comentadas en estos talleres para la construcción de la política estatal anticorrupción.

El instrumento contempla indicadores que, por su especialidad temática, tienen variables que evaluarán condiciones específicas de las entidades estatales y los componentes normativos, los institucionales y los técnicos.

Es de subrayar que la estrategia tiene relación con la propuesta de Mauricio Merino, que dice que “la corrupción es la captura de puestos, presupuestos y decisiones públicas”.

02 Octubre 2019 04:00:00
Minería y corrupción
El lunes 23 y martes 24 de septiembre de 2019, estuvo en Torreón y en Saltillo, el investigador y académico Jesús Espinal Enríquez, quien participó en un panel en el campus de la Universidad Iberoamericana Torreón, junto a Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones de la Laguna, y Ana Yuri Solís, presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción (Sea).

En Saltillo, Espinal impartió una conferencia sobre las redes de corrupción, las técnicas para el cruce de datos, enlaces científicos y estudios de largo plazo para detectarlas y desarticularlas.

En su ponencia en esta capital, el doctor Espinal Enríquez, quien aceptó la invitación del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, dejó en claro que la investigación académica sobre los nodos de corrupción en la administración pública y que puede o no involucrar capital privado, lleva tiempo y se requiere obtener información verificable para advertir sobre el involucramiento de varias personas para planear y consumar hechos de este tipo.

Espinal Enríquez dijo en su presentación en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que ahora mismo participa como parte de un grupo de expertos que recaban información de la operación de las minas en Coahuila, los servidores que aparecen en la línea de tiempo en fideicomisos y oficinas públicas, los empresarios y grupos que estudian y financian la extracción del carbón, para la obtención de datos oficiales y académicos relacionadas con el tema.

Frente a representantes del Centro Cívico de las Instituciones de Coahuila, del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la UAdeC, profesores, alumnos de universidades, abogados y servidores públicos de las instancias del Comité Coordinador del Sea, reveló que en las primeras investigaciones se determinó que las organizaciones delictivas supuestamente actúan dentro de una red de complicidad con beneficios grupales.

Se trata de un estudio realizado por colaboradores del Observatorio de la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en colaboración con la Fundación Heinrich Böll y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), y ésta última será la encargada de publicar en algunos meses un texto con el compendio de resultados de lo estudiado bajo una metodología científica de redes de corrupción en la Región Carbonífera de Coahuila.

Jesús Espinal Enríquez, colaborador del Observatorio de la Corrupción y la Impunidad de la UNAM, fue claro en dar a conocer que empresarios mineros, autoridades de los niveles de Gobierno y grupos delictivos, operan en red en esta problemática de corrupción que desde años enfrenta la industria del carbón y de la que mucho se ha documentado y sobre la que poco se hace para revertir lo que evidencia el estudio científico que elaboran investigadores foráneos bajo una visión de redes.
25 Septiembre 2019 04:01:00
Propuestas innovadoras
La selección de los tres primeros lugares del Segundo Concurso de Ensayo: “Justicia Administrativa y el Sistema Estatal Anticorrupción”, organizado por el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila y el Consejo de Participación Ciudadana, fue difícil frente a impecables textos con propuestas fundamentadas, serias y con sendos respaldos bibliográficos que advierten del interés y compromiso de la ciudadanía, académicos y servidores públicos locales y de entidades del país, por aportarle a la consolidación del sistema local anticorrupción.

Problemáticas como las debilidades en el acceso a la justicia administrativa, la necesidad de ampliar los mecanismos de control y profesionalización de las y los servidores públicos, el uso de las nuevas tecnologías para el acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos desde una visión de combate a la corrupción y justicia administrativa, fortalecimiento del esquema de denuncia y la protección al denunciante, el resguardo y la protección de archivos, entre otros, fueron parte de los temas enlistados por los participantes que atendieron la convocatoria que fue abierta y ampliamente difundida en redes sociales y medios de comunicación.

Además de los autores locales, es importante decir que el TJA, recibió propuestas de residentes en la Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Durango y Guanajuato, lo que habla de la importancia de este Segundo Concurso de Ensayo que ha cobrado relevancia a nivel nacional y que sin duda es una buena práctica que incentiva al ciudadano para conocer e informarse sobre estos temas.

Fui invitada como parte del jurado calificador este año y la realidad es que los trabajos que me tocó leer son muy interesantes. Incluyeron datos estadísticos y fuentes que respaldaron la propuesta de mejora para inhibir actos de corrupción en el servicio público e incluso hubo quienes fueron más allá, proponiendo revisión y reformas al Código Penal de Coahuila, en el apartado que investiga y sanciona hechos de corrupción.

Abogados, ingenieros, integrantes de colectivos, docentes, colaboradores en salas penales y administrativas en los estados del país, fueron parte de las profesiones de quienes enviaron sus trabajos. en el jurado calificador estuvimos periodistas, integrantes de la sociedad civil organizada, representantes del Congreso local y universidades. La deliberación fue amplia, pero los ganadores fueron los que, a votación del jurado calificador, resultaron entregas más completas, innovadoras y bien redactadas.

La premiación será en unos días. Es significativa la iniciativa del concurso y se demuestra porque hubo quienes a través de redes sociales y desde diferentes regiones de México, se entesaron y decidieron escribir sobre justicia fiscal y administrativa y de hechos de corrupción.

Enhorabuena a los organizadores y a quienes se interesaron y enviaron su propuesta.
18 Septiembre 2019 04:01:00
Nodos de corrupción, casos emblemáticos
En la llamada “gran corrupción” pueden estar involucradas autoridades de primer nivel en los gobiernos federal, estatal o en los municipios. Y lo mismo puede ocurrir con integrantes de la iniciativa privada para la asignación de contratos, renta de inmuebles, equipos, etcétera, que no deberían ser discrecionales o para los “amigos”.

Pero, ¿cómo definir la cuantía de la gran corrupción, las redes de corrupción y los beneficiarios finales, frente a casos emblemáticos en Coahuila, por ejemplo? Como la contratación ilegal de deuda pública, la inversión en obra sin procesos de licitación y a través de la adjudicación directa o invitación restringida, las compras que luego son observadas por el órgano fiscalizador del Congreso local y quedan con sanciones mínimas o perdones administrativos.

Ahí están las supuestas irregularidades en favor de líderes sindicales y fallas en los esquemas de pensiones, simulación de contratos; o la construcción y rehabilitación de inmuebles en favor de instituciones de educación superior bajo esquemas poco transparentes y alejados de la ética universitaria; aunque también están hechos señalados en medios de comunicación como el de la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) o la compra, venta y remate de casas de interés social y a través de despachos externos y empresarios desde programas como el DAVI, de viviendas Deshabitadas, Abandonadas, Vandalizadas o Invadidas, que operó el Infonavit principalmente en Coahuila y en Nayarit, que habría involucrado a jueces y funcionarios del Poder Judicial en la entidad.

En este último caso, el de Infonavit, el Consejo de Participación Ciudadana solicitó y logró hace unas semanas, una reunión con la presidenta del Consejo de la Judicatura, la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, con el objetivo de conocer el estatus de los servidores o exservidores públicos sancionados o separados del cargo, para continuar con lo que podría ser la desarticulación de una aparente red de corrupción en Coahuila.

Una más: El próximo lunes 23 de septiembre en Torreón, el Consejo de Participación Ciudadana del SEA Coahuila, llevará a cabo el panel Redes y Nodos de Corrupción en Coahuila: Casos Emblemáticos, estará Ana Yuri Solís, presidenta del CPC y del Sistema Estatal Anticorrupción (moderadora); Marco Antonio Zamarripa, director del CCI Laguna y Jesús Espinal Enríquez, del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) del área de Genómica Computacional y colaborador del OCI-UNAM.

En Saltillo, el martes 24 de septiembre, el doctor Jesús Espinal Enríquez impartirá la conferencia Redes Complejas de Corrupción ¿Cómo Prevenirlas?, en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del SEA, a las 11:00 horas, ambos son eventos abiertos y gratuitos.

11 Septiembre 2019 04:01:00
Declaración Patrimonial
Juan Pardinas, en el libro “La Sociedad Civil vs La Corrupción” de Alejandra Lajos, en la Editorial Grijalbo, habla de la renuencia de la clase política para adoptar con honestidad y bajo completo apego a la ley, a la obligación de rendir la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, en lo que se conoce como la Ley 3de3, promovidas en el sitio http://www.3de3.mx y desde hace algunos años, entre candidatos, gobernadores y otras instancias.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila contempla sanciones a quien o quienes no cumplan con su declaración, ya sea inicial, por conclusión del cargo o la declaración anual.

Pero ¿cómo saber si la o el servidor público está diciendo la verdad en lo que envía a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas? Porque qué tal y que hace su declaración patrimonial a tiempo, pero en unos días recuerda que olvidó declarar algún ingreso extra, un terreno a nombre de su cónyugue, o una empresa en la que tiene invertido algún capital, y entrega un anexo.

Casos mediatizados en las últimas semanas en la prensa nacional y que ha puesto en jaque a titulares de la Función Pública federal, llaman a la reflexión de lo que debe o no debe ser la ruta de la transparencia y de rendición de cuentas de quienes ocupan una posición en la nómina del Estado, la Federación o los municipios.

Estos hechos, obligan a revisar los formatos que se tienen para la presentación de la declaración patrimonial que tienen los estados y contrastarlos con los propuestos por el IMCO y Transparencia Mexicana, por ejemplo.

La apertura de la Plataforma Digital Nacional, a la que le falta mucho para ser una herramienta de consulta y que opera en el sitio https://plataformadigitalnacional.org es una buena propuesta porque entre otros datos, se podrán conocer los registros de servidores públicos sancionados, las declaraciones patrimoniales (en cuando quede definido el nuevo formato), servidores públicos en contrataciones, etcétera.

Sin duda las declaraciones patrimoniales requieren formatos que permitan el cruce de información con datos almacenados por ejemplo en el Registro Público federal o de los estados, el Servicio de Administración Tributaria o Hacienda, incluso en la Comisión Nacional Bancaria, es decir que la declaración facilite el monitoreo de la evolución del patrimonio de las y los funcionarios. Es el ideal de los nuevos formatos, que en teoría y por acuerdo del SNA, deberían quedar listos para el 31 de diciembre de este año.

El entorno de lo público no se puede permitir la discrecionalidad o la opacidad, pues conduce a posibles deficiencias en el gasto y hacia una corrupción estructural.

Antes de cerrar su artículo, en este libro de muy recomendable lectura, Pardinas plantea una frase que en esta editorial retomo: “Como tantas cosas que pasan en este país, la sociedad civil ha llenado, de una manera constructiva, lo que debería haber hecho el Estado, como los formatos para la declaración patrimonial, de interés y la constancia de pago de impuestos”.
04 Septiembre 2019 04:01:00
Convocatoria abierta
Está abierta la convocatoria de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, integrada por nueve ciudadanos y ciudadanas. La convocatoria es para ciudadanos, en lo individual, así como a las instituciones y organizaciones públicas, privadas, sociales, académicas, empresariales, sindicales, profesionales y demás organizaciones de la sociedad civil, para postular candidatos a integrar el Consejo de Participación Ciudadana, órgano rector del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila.

El proceso es para elegir al nuevo Consejero Anticorrupción y está abierto hasta el próximo 9 de septiembre de 2019. Con base en los acuerdos publicados en el sitio web de la Comisión de Selección y a los que se puede acceder fácilmente
https://www.comisionseacoahuila.mx/index.html#calendario la agenda inició el 29 de julio con reuniones de la Comisión, con integrantes de la sociedad civil en el estado, para luego comenzar con la recepción de documentos de los interesados y digo de los interesados, porque hay que recordar que la Comisión formalizó un acuerdo que garantiza la integración paritaria del colegiado y dicha publicación aparece en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 15 de junio de 2018.

Lo anterior, además de la reforma al Artículo 17 de la Ley del Sistema Anticorrupción que fue publicada en el Periódico Oficial, el 12 de julio de 2019 y que va en la misma ruta visualizada inicialmente por la Comisión de Selección.

En la base novena de la convocatoria para el nuevo CPC, se establece que la presentación de candidaturas será del 14 de agosto al 9 de septiembre de 2019, y del 10 al 13 de septiembre de 2019 se llevará a cabo la revisión y evaluación de expedientes; en tanto que el 17 de septiembre de 2019, será publicado el calendario de entrevistas y, en su caso, la emisión del dictamen de rechazo de los expedientes que no hubiesen cumplido los requisitos que marca la convocatoria.

El 18 de septiembre se hará la invitación para el Foro de Consulta Ciudadana en el cual se escucharán a las y los representantes de la sociedad civil que deseen aportar información respecto de los candidatos a ocupar el cargo de consejero del CPC, y del 23 al 25 de septiembre, serán las entrevistas de los candidatos a ocupar una posición en el colegiado.
El 27 de septiembre habrá el foro de consulta para escuchar a la sociedad civil en relación con los perfiles de los candidatos a CPC, y la publicación de la terna para seleccionar al nuevo integrante del Consejo.

Finalmente, el 30 de septiembre será la sesión pública para seleccionar al nuevo integrante del CPC de entre quienes integren la terna final y se discutirá la fecha en la cual se tomará protesta al nuevo integrante, que será a más tardar el 5 de octubre y quien llegue será consejero por cinco años.
28 Agosto 2019 03:50:00
Órdenes, costumbres y caprichos
La discrecionalidad en el manejo de la nómina magisterial, el uso y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) son asuntos pendientes por atender y de regular de forma escrupulosa en el sistema educativo en el país y en Coahuila, que en la última medición de México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey aparece entre las tres entidades donde se destinaron las mayores cantidades de dinero a comisionados sindicales.

México Evalúa en su sitio
http://www.mexicoevalua.org describe en una muy completa infografía, lo que ocurre en el país y en cada estado que recibe ingreso federal a través del FONE, sin que a la fecha se hable del monto de aplicación, destino de los recursos, los beneficiarios y la regulación o recuperación de cantidades de dinero que se han entregado bajo mínimas condiciones de transparencia y en favor de los líderes gremiales.

http://www.escuelatransparente.gob.mx por ejemplo no permite una búsqueda de este tipo y aunque la secretaria del ramo en Coahuila tiene habilitado http://www.seducoahuila.gob.mx tampoco hay manera de conocer la ruta que sigue la distribución del FONE.

El informe nos advierte de la necesidad de revertir los índices de opacidad del presupuesto para educación en Coahuila, y es que la inversión en infraestructura y la cobertura en la entidad es un tema que no es cuestionable, no al menos en los niveles que lo está, por ejemplo, el aporte económico que llega, sin claridad alguna, a líderes y exlíderes magisteriales, que según el estudio de México Evalúa, aunque ha mejorado el uso de los recursos, aún se identifican irregularidades de comisionados sindicales que recibieron 137.6 millones entre 2015 y 2017.

Si bien en 2015, según lo menciona dicho compendio, la Federación ordenó centralizar una buena parte del pago de la nómina magisterial de Coahuila, para que el recurso no llegara al Gobierno estatal en un afán de regular la entrega de los montos, a casi cinco años de la disposición, la discrecionalidad en este rubro y el beneficio para secretarios generales y sus colaboradores cercanos, sigue así, sin cambios reales, sin que se tomen acciones de fondo o de largo alcance –como dicen los especialistas–.

A unos días del inicio del ciclo escolar 2019-2020, la agenda pendiente está en el gasto magisterial, en el pago de nóminas, pensiones y prestaciones para las y los profesores en Coahuila y en algunas regiones del país como Chihuahua y Aguascalientes que comparten con el estado, el liderazgo en el gasto poco transparente y sin apego a las reglas de operación de programas como el FONE.

Y solo para considerar. México Evalúa revela en este estudio, que además fue replicado por centros de investigación como el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., que de 2008 a 2019, las 125 denuncias presentadas por aparentes irregularidades en el uso de los recursos educativos del país siguen en proceso de investigación y “actualmente se sigue sin poder recuperar tres de cada 10 pesos usados irregularmente a través de este fondo”.


21 Agosto 2019 03:56:00
Municipios y el combate a la corrupción
Los municipios tienen obligaciones relativamente nuevas como la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. La responsabilidad de los 38 municipios en Coahuila implica el desarrollo de mecanismos que busquen prevenir, detectar y sancionar la corrupción, entendiendo este problema como un fenómeno complejo.

Será una estrategia que tome en cuenta las particularidades y necesidades de los ayuntamientos, cuya ruta deberá construirse en base a la cantidad de presupuesto anual que maneja, nómina, compras, número habitantes, contrataciones que realiza, ingresos propios, etcétera, para diseñar la integración al sistema.

Habrá que dotar de herramientas para que los responsables de ejercer el gasto en los municipios de Coahuila, puedan hacerlo con apego a la ley y evitar que por falta de equipos, personal capacitado y entendimiento de las nuevas responsabilidades municipales relacionadas con el Sistema Anticorrupción, esta parte se convierta en un mecanismo que no lleve a nada y que por el contrario, se agudicen los problemas que tienen y que han sido observados por el órgano de fiscalización del Congreso del Estado.

Utilizando la información que la Auditoria Superior del Estado ofrece a través del Informe Anual de Resultados y los avances de gestión, es posible identificar el grado de complejidad que se tiene en los municipios en cuanto a la aplicación del presupuesto.

A nivel nacional, los consejos y comités de participación ciudadana de los sistemas anticorrupción han abierto un debate sobre lo que es conveniente para involucrar a los municipios en el Sistema Estatal Anticorrupción. Se puede analizar la experiencia en el Estado de México donde se impulsó la instalación de los sistemas municipales que avanzan en sus procesos y operación.

Pero algunas entidades ponderan la geografía del estado, la cantidad de ayuntamientos o si se rigen bajo un esquema de usos y costumbres, para decidir la procedencia de instalar sistemas municipales anticorrupción, que incluirían un consejo municipal de participación ciudadana, por ejemplo. Pero el debate está abierto y lo cierto es que las legislaciones, incluyendo la de Coahuila, mencionan que los municipios deberán integrarse a las acciones del SEA.

Freddy Mariñez Navarro, del Colegio de Jalisco, señala en su aporte para el estudio “Gobierno local y combate a la corrupción, un nuevo diseño municipal en México”, auspiciado por el CIDE, la Comunidad PIRC y CONACYT, que para llevar a cabo este tipo de gestiones, los ayuntamientos requieren funcionarios públicos profesionalizados para un buen ejercicio de los recursos públicos, criterios de rendimientos bien sustentados, eliminar las fallas institucionales y administrativas como la opacidad, la corrupción, el conflicto de interés y los servicios inestables. Difícil cumplir con estos parámetros en los municipios de Coahuila, ¿no?
14 Agosto 2019 03:50:00
Corrupción que no se ve
Datos del Diagnóstico Estadístico de la Corrupción desarrollado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) señalan que una de las causas por las que una persona incurre en actos ilegales o de corrupción tiene que ver con la agilización de trámites en alguna dependencia u oficina pública.

Poco más de seis de cada 10 personas así lo advierten en la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (Encrige) 2016, cuyos datos aparecen en el estudio de la Sesea.

En la entidad, la obtención de licencias o permisos tiene 30.1% de incidencia y evitar la clausura de negocios tiene 28.2% de las menciones.

La corrupción de ventanilla es un problema grave en Coahuila. Es la corrupción que no se ve, en la que pueden intervenir pocas cantidades de dinero en operaciones difíciles de detectar y que representan sobornos y actos de simulación que afectan al ciudadano o al empresario.

Para especialistas en el tema, esto podría resolverse, o al menos disminuir, con la automatización de los sistemas para evitar el contacto de la o el ciudadano con el servidor público.

En Coahuila, el estudio menciona que, evitar las multas, pagar menos impuestos, obtener un servicio, evadir el cumplimiento de la ley o ganar contratos gubernamentales, son parte de las causas de corrupción en ventanilla propiciada por los requisitos y costos excesivos o por la restricción de horarios para realizar procedimientos en oficinas públicas estatales, municipales y federales.

La tendencia va rumbo a la implementación de nuevos esquemas de trabajo en oficinas públicas. Desarrollar procedimientos y plataformas para el inicio y la conclusión de peticiones o trámites ciudadanos, sin que sea necesario acudir a la dependencia indicada.

El objetivo es que no solamente se agilice la obtención de permisos o documentos, la realización de pagos, etcétera, en las dependencias de Gobierno, sino que el personal reciba capacitación en el uso de las tecnologías.

Pero, cómo lograr este cambio que le urge a Coahuila cuando, por ejemplo, para acceder a la licencia de conducir hay que hacer fila, cita y luego esperar una o dos semanas a que llegue el turno para obtener el documento o cómo llegar a un objetivo macro, si una revisión de un documento notarial o del Registro Civil puede llevar varios días o semanas.

El cambio de actitud y el compromiso con la legalidad es el ingrediente principal en el servicio público para revertir la percepción que señala la Encrige 2016. Pero es importante no generalizar, porque en honor a la verdad hay quienes están en la nómina de la Administración estatal o en los municipios y diariamente dan muestra de integridad y ética en el servicio público.
07 Agosto 2019 04:00:00
Maestros y alumnos honestos
En la antesala del ciclo escolar 2019-2020 en los niveles básico y universitario, lo mismo para investigadores y directivos de centros de enseñanza, no solamente en Coahuila, sino en el resto del país, más de un millón 100 mil alumnos, según el Concentrado del Sistema Educativo Coahuilense publicado por la Secretaría de Educación Pública, comenzarán una nueva etapa. La educación, la lectura, el conocimiento, la investigación y la información nos hace mejores personas y mejores ciudadanos (as).

Aunque en este nuevo ciclo escolar y nuevo semestre, para el caso de universidades y centros de investigación superior, habrá que preguntar, ¿cuál es la estrategia que implementará el Gobierno del Estado y en específico la Secretaría de Educación para garantizar un estándar ético y de honestidad entre estudiantes, maestros y directivos de los planteles, ya sean públicos o privados?

En Coahuila, los medios de comunicación han dado cuenta del aparente tráfico de plazas y ascensos en el sistema educativo promovido desde los sindicatos magisteriales, el supuesto cobro ilegal por dualidad de plazas en escuelas de nivel superior y violación a los derechos de niños y niñas en primarias, por citar algunos hechos que sin duda tienen origen en la falta de ética y de conductas honestas e íntegras.

El presidente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) José Octavio López Presa, compartió a los colegiados del país una propuesta por demás interesante que ofrece la posibilidad de transitar en una ruta que permita la implementación de un modelo de Estándar Ético, que recoja valores que deben observar directivos, administrativos, investigadores, maestros y alumnos de las universidades y centros de enseñanza superior en México.

“Formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos de excelencia e integridad académica, útiles a la sociedad, con conciencia crítica, ética, social y ambiental, y comprometidos con la justicia, la cooperación y la solidaridad humana, así como contribuir con racionalidad, objetividad y veracidad en la generación y transmisión del conocimiento científico, también como al estudio de las condiciones y la solución de los problemas nacionales o globales, y difundir con mayor amplitud los beneficios del conocimiento científico y humanístico, y de la cultura en general, con responsabilidad social”, plantea la propuesta hecha por López Presa, a los Consejos y Comités de Participación Ciudadana en el país.

“La integridad y la honestidad universitaria implican citar las fuentes de ideas, textos, imágenes, gráficos u obras artísticas que se empleen en el trabajo universitario y no sustraer o tomar la información generada por otros o por sí mismo, sin señalar la cita correspondiente u obtener su consentimiento y acuerdo.

No falsificar, alterar, manipular, fabricar, inventar o fingir la autenticidad de datos, resultados, imágenes o información en los trabajos académicos, proyectos de investigación, exámenes, ensayos, informes, reportes, tesis, audiencias, procedimientos de orden disciplinario o en cualquier documento inherente a la vida académica universitaria”. Es promover la legalidad y no ser parte de la corrupción.
31 Julio 2019 04:03:00
Delatores
Relevante para el país resulta el incentivar la denuncia y más, bajo mecanismos de protección para quienes se atreven a decir: “aquí las cosas andan mal”.

Y mucho más importante para revertir los índices de corrupción, abusos de autoridad o actos ilegales en oficinas públicas, compras fuera de lo que marca la reglamentación, nóminas ocultas en sindicatos, partidos políticos o municipios, actos que se han denunciado desde diferentes plataformas, incluyendo claro, a los medios de comunicación que sin duda han influido sobre casos reveladores como la Estafa Maestra o el escándalo de Odebrecht.

El Sistema de Alertadores de la Corrupción que ha dado a conocer la Secretaría de la Función Pública federal es un esquema completo y novedoso que se puede consultar en el sitio alertadores.funcionpublica.gob.mx

La plataforma ofrece un espacio para denunciar actos de corrupción, bajo una suerte que incluso, algunos expertos han calificado como whistleblowers o “delatores”. Sobre la propuesta, agrupaciones de la sociedad civil han señalado que si bien es un mecanismo detonante para aumentar la denuncia, no queda claro el acompañamiento legal o de protección jurídica para quien decida alertar sobre posibles hechos de corrupción en las oficinas públicas de los tres niveles de Gobierno.

La Ley Nacional de Alertadores es un tema que agrupaciones civiles están impulsando en un afán de aportar medidas de protección para quienes denuncien. Asunto que seguro estará en la agenda de legisladores federales de la fracción mayoritaria en el Congreso federal.

No obstante, en Coahuila los ciudadanos disponen de espacios para enviar reportes y quejas por la vía electrónica, telefónica y anónima. Como la que se promueve desde el Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila junto con el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila (CCIC), en el programa de formación y canalización de reportes de posibles hechos de corrupción que puede seguir en este sitio: anticorrupcion.ccic.org.mx/

O también está la propuesta que surgió del Reto de los 100 Días, el mes pasado, impulsado por el Sistema Estatal Anticorrupción e instituciones como USAID y el Instituto de Resultados Rápidos, que derivó en una campaña de promoción de denuncia de faltas administrativas contra servidores públicos y delitos graves por hechos de corrupción, que incluyó la divulgación de infografías con datos y detalles para denunciar, con la advertencia de que en Coahuila existen mecanismos de protección al denunciante.

El Código Penal de Coahuila, en su artículo 365, señala que: “Se impondrá de ocho a doce años de prisión y de mil a dos mil días multa, a quien: ejerza represalia mediante violencia física o de cualquier otro modo, contra una persona o contra otra persona vinculada con aquella, porque la primera formuló una denuncia o querella”.

Pero lo censurable aquí es que, aunque la Secretaría de la Función Pública federal tiene un lugar en el Sistema Nacional Anticorrupción, ni una señal de inclusión o aporte le hizo al resto de los que integran el SNA y ya no digamos a la parte ciudadana del Sistema para conocer, colaborar y replicar la interesante propuesta. En resumen: ni volteó a ver al SNA.
24 Julio 2019 04:00:00
Corrupción en ministerios públicos
Hace unos días recibí algunos cuadernillos de la Guía Contra la Violencia de Género en Ministerios Públicos, y uno por demás interesante: Guía Contra la Corrupción en los Ministerios Públicos, que advierte que cada Fiscalía cuenta –en Coahuila desde hace unas semanas luego de los acuerdos del Congreso local –con una contraloría para sancionar a los MP corruptos o negligentes.

Impunidad Cero y Estrategia contra la Impunidad TOJIL coordinaron la elaboración de la Guía Contra la Violencia que se puede descargar y leer en la liga
http://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/107/contenido/1554241183B93.pdf

En 28 páginas las coordinadoras del proyecto: Adriana Greaves, Estefanía Medina e Irene Tello Arista, describen las principales causas por las cuales las mujeres no denuncian agresiones físicas o sexuales de la actual pareja, novio, etcétera y entre los motivos están: por miedo a las consecuencias, por vergüenza, porque no saben ni dónde o cómo denunciar, por sus hijos, porque no querían que su familia se enterara, no confían en las autoridades, ni en el Gobierno y piensan que su pareja o cónyuge ya no va a cambiar.

De los principales delitos cometidos contra las mujeres del país y de Coahuila, Impunidad Cero y TOJIL mencionan en primer lugar la violencia familiar, las lesiones, hostigamiento sexual, abuso sexual, violación, homicidio y feminicidio.

Pero ¿cuándo se considera una muerte violenta por razones o condición de género?

Es cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo; a la víctima se le hayan realizado lesiones o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida; existan antecedentes de cualquier tipo de violencia en cualquier ámbito: el familiar, laboral o escolar entre el agresor y la víctima; que haya existido entre el agresor y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público, por citar algunas características que obligan a las autoridades a clasificar este tipo de hechos como feminicidios.

Aunque la percepción es que no siempre quieren cumplir con esta fase de la investigación, porque luego el Estado evita ser boletinado o señalado con alerta de género.

Sin embargo, y el propio cuadernillo lo dice, existen instancias y leyes que en teoría deben procurar la atención oportuna y ágil de las mujeres que denuncian violencia familiar o agresiones de cualquier tipo.

Pero como muchas veces ocurre –y no quiero generalizar –resulta que desde policías, hasta los legistas o Ministerios Públicos revictimizan a la afectada: “Usted se lo buscó”, “¿Está segura de que quiere denunciar?”, “Para qué quiere la orden de restricción si luego lo va a perdonar”, pregunta el MP viendo los moretones, raspones y sangre en la cara de quien pretende poner un hasta aquí y romper el vínculo con la pareja, esposo o novio.

Hay que recordar que cuando un servidor público –incluyendo a los o las agentes del MP –incurre en una mala práctica o negligencia en sus obligaciones, se puede acudir a la Contraloría Interna de la Fiscalía General, en el caso de Coahuila. Los trámites deben ser gratuitos y sin contratiempos o burocratismos que terminan por desanimar a cualquiera.
17 Julio 2019 04:00:00
¿Transparencia suficiente?
Los resultados de la evaluación trimestral que presentó el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), revela que entidades que observan un 100% de cumplimiento en sus obligaciones en esta materia no se libran de los cuestionamientos de la sociedad y la opinión pública frente a casos que sobrepasan los escándalos mediáticos y que ponen en evidencia, un tema que hace días colocaba sobre la mesa la doctora Lourdes Morales Canales, profesora asociada del CIDE y coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC).

La doctora Morales comentaba en una de sus ponencias que no siempre el nivel de excelencia y cumplimiento de las reglas para combatir la opacidad, garantiza que en las entidades no existan problemas relacionados con compras o inversiones irregulares hechas con dinero público, contrataciones ilegales de personal o nóminas ocultas y gastos que no se llegan a comprobar en las revisiones o auditorías.

Sin embargo, no se puede negar que se trata de una buena práctica que regulan los órganos garantes y que de alguna manera inhibe y representa un mecanismo de prevención de posibles hechos fuera de la legalidad en dependencias estatales, municipales o federales. Pero la transparencia no lo es todo.

Basta con revisar los resultados del ICAI en su sitio
http://www.icai.org.mx/transparencia/19-articulos/articulo-36/100-vii-resultados-de-evaluacion con fecha de actualización del 5 de julio de este año, donde entidades como el Poder Judicial aparecen con una calificación máxima, lo mismo que otras oficinas estatales como la Secretaría de Finanzas, de Infraestructura o de Salud que se acercan al 100% de la excelencia en cuanto a la transparencia que exige la legislación local.

El 100 de calificación no empata con los cuestionamientos que aparecen en medios de comunicación impresa en Coahuila y la Región Sureste del estado, por la aparente falla en los procesos sancionatorios contra servidores o exservidores públicos, el estatus del proceso de modernización y automatización de los sistemas de impartición de justicia y prestación de servicios cuando se habla del Poder Judicial.

En las últimas semanas, temas como lo que podría ser una red de corrupción en el caso de Infonavit o las inversiones en la desaparecida financiera Ficrea, siguen en la agenda pública y contrastando las cifras o las buenas calificaciones que obtuvo el Poder Judicial en transparencia. Si bien hay esfuerzos por mejorar y capacitar a quienes forman parte del Tribunal Superior de Justicia, falta por hacer en cuanto a la apertura y rendición de cuentas, incluyendo la mejora de mecanismos que logren prevenir nuevos casos como los que aquí he mencionado.

No es suficiente ser gobierno trasparente, abierto y dispuesto a mostrar todos y cada uno de los estados financieros, cuentas por cobrar o las compras y licitaciones que se hacen, sino que habría que estar dispuestos a ir más allá y permitir sin resistencias, que la ciudadanía logre involucrarse en serio en estos temas para devolver la credibilidad en las instituciones frente a los índices de impunidad y la falta de sanciones contra quienes cometen actos de corrupción en la entidad. Esto último es realmente lo más preocupante.
10 Julio 2019 04:05:00
Aceptar el reto
Fue una experiencia enriquecedora la coordinación de uno de los dos equipos del Reto de los 100 Días, como integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

El objetivo propuesto a principios de 2019 en el grupo fue “incrementar la resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa del SEA Coahuila”.

La semana pasada concluimos los trabajos. Cada viernes nos reuníamos en diferentes espacios que ofrecieron quienes integraron el equipo. Sesionamos en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del SEA, en la Auditoría Superior del Estado, el Poder Judicial, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila y el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la UAdeC.

En cada reunión estuvieron representadas las siete instancias del Sistema Anticorrupción, lo fortaleció el debate y las aportaciones para detonar procedimientos, metodologías e innovaciones, a la par del cumplimiento de las metas principales que recaían en la Secretaría de Fiscalización y en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Coahuila.

Las dos metas fueron rebasadas en el tiempo planteado por el proyecto Promoviendo la Transparencia; de USAID, y por el Instituto de Resultados Rápidos.

La Sefirc se propuso en 100 días resolver 35 procedimientos de responsabilidad administrativa, mientras que el Poder Judicial se fijó como meta resolver 48 casos, incluyendo seis procedimientos de alto impacto. En ambas instancias se superó la cifra, puesto que la Secretaría de Fiscalización alcanzó 50 resoluciones, contra 22 expedientes que resolvió en el mismo periodo, pero de 2018.

El Poder Judicial registró 66 resoluciones hasta el cierre del Reto de los 100 Días, que vale la pena decir, es el primero en anticorrupción que se concluye en México, ya que en este momento Jalisco es otro de los estados que desarrollan el mismo esquema de trabajo.

Además, las innovaciones que surgieron como parte de las minimetas del Reto, como lo son la creación de la Unidad de Notificación en el Poder Judicial, la oralidad en el desahogo de pruebas, la recepción de queja anónima y la Unidad Investigadora de Responsabilidades Administrativas y por parte de Sefirc están los exhortos derivados de prescripciones y la plataforma de seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en los OIC, este último un mecanismo en el que el personal de la Secretaría Ejecutiva jugó un papel importante para concretar esta parte de los procesos.

Esto, al mismo tiempo del lanzamiento de infografías que fueron socializadas junto a una campaña en medios electrónicos, sobre la ruta que puede seguir un ciudadano para denunciar a un servidor o exservidor público por faltas administrativas y/o delitosgraves.

Debo reconocer el compromiso de los integrantes del equipo, en el Reto Anticorrupción: César Revilla, Reynaldo Rosas, Francisco Rangel, Rodolfo Gutiérrez, David Gil, Larissa Esparza, Perla Nájera, Sandra Pérez, Ely Reyes, Mariana Pechir, Héctor Nájera, Beatriz García, Alejandro García, Lorena Ramos Valdés, David Franco Chichao, Ludivina Leija e Isidro Cruz.
03 Julio 2019 04:04:00
Fiscalizar el dinero público
La alternativa más consolidada para la detección, control y sanción de la corrupción no solo en Coahuila, sino en el país, es el fortalecimiento de las entidades que integran el Sistema Nacional y los sistemas locales anticorrupción, que en su configuración incorporan la figura ciudadana como el eje central de la coordinación de esfuerzos de las instancias que son parte del Sistema.

Como lo son, en el caso de Coahuila, la Auditoría Superior del Estado (ASE); el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI); la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción; el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirc) y el Consejo de Participación Ciudadana (CPC).

En su libro “Visión Integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción”, el abogado y especialista en temas de fiscalización, Alejandro Romero Gudiño, detalla la función específica del papel que juegan las auditorías superiores en los estados, como instancias de control del gasto público y la detección de posibles irregularidades que de no ser solventadas, derivan en denuncias o sanciones penales contra colaboradores o excolaboradores de las administraciones municipales y estatales.

En el texto de 615 páginas –una lectura altamente recomendable –en uno de sus capítulos retrata muy bien los objetivos de los órganos internos de control y la responsabilidad que recae en la Auditoría Superior del Estado.

Romero detalla que “el control interno tiene más que ofrecer que un predecible y obligado esquema de confrontas, es una herramienta que permite la rendición de cuentas del sector público. El control interno es la parte esencial o el sinónimo de gobierno del Gobierno”.

El poder, si es controlado, deja de ser absoluto.

El poder controlado está intrínsecamente sometido a la obligación de rendir cuentas, de justificarse y de establecer un diálogo frente a otro poder que lo limita. Es ahí donde los ciudadanos pueden ejercer ciertos medios de control del poder, de manera directa y por medio del cauce legal.

“Visión Integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción”, es una obra que describe técnicamente los tratados internacionales, legislaciones y rutas por las que puede transitar la consolidación de los sistemas anticorrupción en los estados.

Porque incluso, explica los tipos de sanciones que existen frente a una falta administrativa documentada y denunciada, o una falta grave que es sustentada e investigada por una fiscalía especializada.

Deontología (ciencia del origen y fin del ser), ética profesional y códigos de honestidad, son parte de lo que enlista el también académico de la Universidad Anáhuac y Panamericana, quien asegura que la capacitación y evaluación constante de quienes integran el servicio público municipal, estatal o federal, debe estar regulado para evitar situaciones como las redes de corrupción que han salido a flote gracias al trabajo e investigaciones de medios de comunicación.

Finalmente ¿Qué puede contribuir a reducir la corrupción? El autor asegura que: 1.-Participación ciudadana; 2.- Auditorías eficientes; 3.- Modernización administrativa; 4.- Generar una cultura de transparencia y 5.- La rendición de cuentas.
26 Junio 2019 04:03:00
Van contra cancelación de obra
En ruta con la postura de Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Coparmex, contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, empresarios de Coahuila, especialmente de Torreón, junto con un grupo de abogados en la Comarca Lagunera, analizan ahora mismo los pros y contras de la promoción de amparos por el ajuste en la propuesta original del Metrobús.

Los inversionistas reconocen que al igual que en la capital del país, si comienzan los señalamientos o advertencias contra los dueños del capital en la zona de La Laguna que involucra a Coahuila y a Durango, los colegios, barras, grupos y colectivos de abogados entrarán al quite, frente al antecedente que existe y que ha trazado en la última semana la Barra Mexicana y Colegio de Abogados A.C. en el país.

La decisión de cancelar una obra que facilitará la movilidad de las personas en Torreón y municipios de Durango, no es asunto menor. Y en eso reflexionan empresarios locales, que saben que al ampararse podrían ser blanco del escarnio de grupos que apoyan las decisiones presidenciales.

Hay que recordar que en Gómez Palacio, Durango, hace unos días se sometió a votación a mano alzada la posibilidad de cancelar o continuar con el proyecto del Metrobús para las ciudades de Gómez Palacio y Lerdo, Durango. Al pedir que los que estuvieran a favor de anular el proyecto levantaran la mano; resultó que la mayoría hizo lo propio y ganó esa opción.

Lo anterior, luego de manifestaciones en contra de la inversión que ya está en marcha en Torreón.

La determinación propició que abogados analicen la posibilidad de ir al amparo, incluso hay quienes estiman necesario recurrir a instancias internacionales para frenar esta postura que a decir de líderes de cámaras empresariales, representará pérdidas por varios millones de pesos que en nada le abonan al desarrollo en la Región Laguna de Coahuila y Durango.

Sin embargo, es importante mencionar que luego de que se diera a conocer la decisión de la encuesta a mano alzada, el Gobierno de Coahuila difundió un comunicado en el que revela que el proyecto en lo que respecta a la entidad, sigue en firme.

Pero lo que calculan quienes analizan la ruta legal para revertir la medida que podría limitar el desarrollo de una inversión de largo aliento y con objetivos específicos en materia de movilidad urbana y crecimiento económico, son los señalamientos que pueden surgir desde la capital del país en contra de quien o quienes se oponen a lo ya evaluado.

Aunque como dicen “el que nada debe, nada teme”. Y como lo ha venido aclarando el empresario De Hoyos Walter: “insisto categóricamente y digo que no tengo ningún interés económico ni tampoco político, es simplemente mi deber ciudadano de hacer valer el estado de derecho”.

Así lo ha dicho al hablar de que lo obligó a buscar detener la construcción en Santa Lucía.

19 Junio 2019 04:01:00
¿Por qué no denuncia?
El 16 de marzo de 2018, el doctorante David Franco Chichao presentó un avance de su tesis “Efectos de la Corrupción en la Economía Mexicana”. Y en este mismo mes, estará ofreciendo nuevos hallazgos de su tesis doctoral. La investigación y su enfoque, permite conocer a detalle la situación y la problemática propiciada por hechos de corrupción de la que se conoce como “de ventanilla”, en la que se ven inmersos servidores públicos en municipios, la Administración estatal y la federal.

Franco Chichao, quien por cierto ha estado trabajando y aportando su visión como académico del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en las sesiones de avance a las que ha convocado el Sistema Estatal Anticorrupción dentro del plan de acción para concretar el Reto de 100 Días, ha dicho que el abrir canales para que la ciudadanía denuncie, señale, cuestione y aporte para revertir los índices de corrupción e impunidad, es toral cuando se busca trazar una ruta en favor de las mayorías, de largo alcance y como sistema.

Las acciones en conjunto y coordinadas, son las que propician un mayor impacto social y más aun cuando se trata de un esfuerzo por tener espacios que faciliten e informen sobre los alcances y los mecanismos para denunciar o señalar un acto ilegal, relacionado con supuestos actos de corrupción en la función pública.

En una hipótesis del doctorante, refiere las causas primordiales por las cuales no denuncia el ciudadano, la o el servidor público, un particular o colaborador en una empresa proveedora de cualquier oficina estatal, municipal o federal, etcétera. Y es básicamente por tres razones: 1).- Considera que es un procedimiento inútil; 2).- No sabe dónde, cómo o ante quién denunciar y 3).- No tiene tiempo para dar seguimiento al hecho denunciado.

La ubicación de las oficinas involucradas en la prevención, detección, control o sanción de la corrupción en Coahuila, es importante que se conozca o al menos saber que se cuenta con una línea telefónica o dirección en Internet para acceder a más datos. Así como las leyes y el alcance que tienen, cuando se habla de delitos graves o faltas administrativas de servidores públicos y excolaboradores de áreas de Gobierno, e incluso del sector privado que también está observado por la legislación estatal en esta materia.

Informar es el objetivo de una primera campaña que en conjunto se impulsó esta semana y como Sistema Estatal Anticorrupción. Con infografías que facilitan al ciudadano el acceso a información sobre las formas de denuncia, los delitos y la explicación resumida de lo que es una falta administrativa o un delito por hechos de corrupción.

Es una actividad importante cuando se señala la necesidad de informar sobre los cómo y a quién o a quiénes se puede señalar por este tipo de ilícitos y los mecanismos de protección que existen para el denunciante.

Es una estrategia inicial de socialización sobre la denuncia, para saber cómo se configuran los delitos, quién recibe la denuncia o documentos, las faltas administrativas y quién o quiénes las investigan o sancionan, además de que explican de manera concreta las rutas disponibles para sustentar lo que se señala.
12 Junio 2019 03:55:00
Gasto en nómina contra inversión
En la Jornada de Monitoreo y Evaluación para el Combate a la Corrupción en Coahuila, Lourdes Morales Canales, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y directora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), habló en Saltillo de un tema que refleja la posible falta de regulación en municipios y que tiene que ver con el gasto en servicios personales y la inversión pública que cada año reportan ayuntamientos en el país y en Coahuila.

En su ponencia y como parte de la agenda desplegada desde la Auditoría Superior del Estado, Lourdes Morales mencionó lo que llamó el abuso del lenguaje legalista en los discursos y políticas tendientes a prevenir o controlar la corrupción en México.

Ya que se piensa que la arbitrariedad en la interpretación de la ley es un factor que incentiva la corrupción y “¿qué pasa cuando las leyes están mal hechas, cuando las leyes son diseñadas a modo?… es cuando ese discurso se acota, porque hay un tipo de corrupción que se llama corrupción legal y que son espacios que permite la ley para el abuso de la discrecionalidad o para el uso del recurso público, eso nos preocupa”.

La investigadora del CIDE colocó otro asunto que incluso en este mismo espacio editorial, habíamos comentado. Y es el manejo de los recursos y el “desorden” en el gasto que observan rubros como el de servicios personales en las ciudades, que tiene que ver con la nómina y contratación de colaboradores, y la disminución en la inversión de obra pública municipal.

Y es que basta con revisar por ejemplo, el más reciente Informe Anual de Resultados, el que corresponde al 2017 –que es un documento público –presentado por la Auditoría Superior del Estado (Coahuila), en donde se puede acceder al Informe de Resultados de la Gestión Financiera de los Municipios, que detalla aspectos como la necesidad de que algunos municipios implementen acciones de austeridad y ahorro en su burocracia.

De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2017, se puede señalar que el municipio de Progreso es el que tiene menor proporción de gasto destinado a servicios personales, con 13 por ciento. Mientras que en Sacramento el 67% del gasto es para sueldos. En total, los 38 municipios gastan 33 pesos de cada 100 en este rubro.

Un tema complejo y en el que habría que trabajar una estrategia conjunta para revertir estos índices que pueden o no ser una limitante para obras como la pavimentación de calles, introducción de servicios de agua potable, seguridad, energía eléctrica, bacheo, etcétera.

La plataforma incluye indicadores como el presupuesto municipal en infraestructura. En el Informe y de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública del mismo año, se observa que el Municipio de Progreso es el que más gastó en obra pública con un 73 por ciento. Pero, en Lamadrid, el 2% del gasto se fue para servicios que requieren los habitantes de esta localidad. La cifra global en municipios es del 25%. Menos obra pública, más gasto en servicios personales.
05 Junio 2019 03:45:00
Amnistía o perdón fiscal
Recientemente Fundar, que es un Centro de Análisis e Investigación creado en enero de 1999 con el objetivo de desarrollar mecanismos para la participación ciudadana, publicó en su portal un análisis en el que explica los alcances y el impacto de los impuestos condonados por el SAT, en los últimos años a empresarios de diferentes regiones del país. Fundar revela que de 2007 al 2018 fueron cancelados poco más de 400 mil millones de pesos a 153 mil contribuyentes.

Y de este grupo, 45 concentran 33% del total del monto que fue “perdonado” y los nombres no pueden ser revelados por haber promovido juicios de amparo, lo que supone que los principales beneficiarios de este tipo de acuerdos, son grandes empresas y consorcios.

En el sitio
http://privilegiosfiscales.fundar.org.mx es posible acceder a nombres y datos, montos y estatus de quienes obtuvieron la anuencia de la autoridad federal, para no pagar una parte o el monto total de sus obligaciones con el fisco. Y es que como lo consigna esta misma publicación, “en México el sistema fiscal es utilizado para dar más beneficios a las personas y empresas que más tienen”. Pero, ¿qué es la amnistía fiscal? Se trata de uno o varios programas oficiales que no tienen una larga duración, pero que ofrecen diversos incentivos para quienes presentan rezago en el pago de impuestos, con el fin de que se pongan al corriente y regularicen su situación.

Pero para que este esquema sea efectivo, este tipo de condonaciones debe hacerse de manera esporádica, pues de otra manera los efectos tendrían un efecto contrario y discrecional.

Sin embargo, al cancelar adeudos fiscales, el SAT suspenderá los cobros a quien se logre acoger a este programa de condonación que no elimina la deuda de los contribuyentes principalmente de empresas o grandes firmas, porque en cuanto tengan dinero las autoridades volverán a cobrar, pero en la práctica esto casi nunca ocurre. Fundar pone sobre la mesa un tema que involucra la ética, la integridad y la honestidad de quienes aportan el capital y las grandes inversiones –detonadoras de economía en las regiones de los estados–. Pero deja en claro que algunas personas y empresas inexplicablemente o porque así lo establecen los mismos decretos y legislaciones federales, han logrado acceder en varias ocasiones a los programas de amnistía fiscal para evitar el cobro de impuestos, no por atravesar por una crisis o estar en quiebra.

Y lo criticable es que no se conozcan los detalles de estos esquemas porque particulares recurrieron al amparo para evitar que la autoridad federal o del propio SAT revelara sus nombres y el monto de lo condonado.

Hay que resaltar que si bien en el estado como en otras entidades, la vocación es industrial, comercial, ganadera o enfocada a manufactura automotriz, los beneficios de los gobiernos pueden o no ser permanentes para garantizar la estadía de las compañías por el crecimiento económico que le imprimen a la zona y a los municipios. Lo ideal será transitar hacia un nivel máximo de transparencia tanto de los montos, el beneficio y la temporalidad de los mismos.

Es crucial la existencia regulada y abierta de programas de atracción de empresas y nuevas inversiones en cualquier entidad o desde la Federación, puesto que ahí estriba el desarrollo y la posibilidad de acceso a una mejor calidad de vida de las y los mexicanos.
29 Mayo 2019 03:50:00
Beneficiario final y redes de corrupción
El sistema bancario en el país es considerado por especialistas el principal protector de empresas y emporios vinculados con temas de corrupción y lavado de dinero en el país. Entre el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria está la información que podría detectar a tiempo operaciones ilícitas que involucran dinero público antes de que todo acabe en un escándalo mediático, enmarcado por la estridente solución que ofrecen quienes quieren seguir en la política a costa de lo que sea.

Los datos sobre la constitución de una empresa, nombres de los accionistas, el monto de las acciones aportadas por cada uno, si están dentro o no de un fideicomiso y sus beneficiarios, además de quienes ejercen el control de la persona jurídica, mandatos, capital y nombre de la empresa, así como el país donde se constituyó, domicilio social, razón social y capital social en relación con las entidades que conforman al grupo empresarial, nombres de quienes integran el Consejo de Administración –no sus representantes–, gerente, libros contables, notarios, son parte de los requisitos que las leyes mexicanas exigen a las empresas al constituirse, para facilitar el rastreo del beneficiario final.

Pero, tal parece y luego de acontecimientos que incluso en días recientes habrían alcanzado a exfuncionarios de Coahuila, la ley –como casi siempre pasa– es letra muerta. Porque para dar con el nombre de quién o quiénes realmente operan –por ejemplo –una empresa “fachada” o una compañía en donde quien se lleva la mayor ganancia es un servidor o exservidor público de cualquiera de los tres niveles de Gobierno, es una labor titánica, marcada por la resistencia, la protección y discrecionalidad de quienes son parte de la red que gana con actos ilícitos, que siempre llevan a un mismo destinatario.

Para el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, el 14 de septiembre de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo sobre el Análisis para la Identificación y Transparencia del Beneficiario Final en México, que se rige bajo ciertos principios entre los que sobresalen el de identificación, colaboración, transparencia, veracidad en la información y prevención, por citar algunos que están en dicho texto.

Dato interesante es que este tema el del “beneficiario final”, se torna relevante porque hacia allá irá la estrategia de la 4T. Basta con dar una leída a las notas que dieron cuenta de la crónica y las declaraciones de Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales en el sexenio pasado y actual director de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien amagó sobre este asunto durante la presentación del libro Sin Filias ni Fobias, Memorias de un Fiscal Incómodo, que presentó el lunes en Monterrey.

Nieto, en su visita a Nuevo León, recordó el caso Odebrecht y su beneficiario final: “habíamos detectado operaciones de empresas ‘fachada’ en Poza Rica, donde recibían recursos en Panamá; este caso era muy bonito porque los dueños de la sociedad mercantil eran un vendedor de seguros y un despachador de gasolinera, ninguno tenía pasaportes, pero recibieron un millón de dólares en Panamá, la búsqueda del beneficiario final es cuando se generan los mecanismos para encontrar la red de corrupción y el apoderado que movía los recursos, esa persona se llama Emilio Lozoya (exdirector de Pemex)”, (Milenio, 27/05/2019).
22 Mayo 2019 03:02:00
Los abogados y su ética
Los abogados en México juegan un papel importante a la hora de garantizar el estado de derecho en este país. Según datos del Inegi, la mayoría de los egresados de las escuelas de Leyes colaboran en áreas de Gobierno, imparten cátedra, asesoran negocios y comercios o se dedican al litigio y por lo tanto, entran en contacto constante con servidores públicos principalmente en áreas de impartición de justicia, como juzgados, agencias del Ministerio Público, fiscalías, policías municipales, por citar algunas.

Pero, ¿Qué ocurre cuando un jurisconsulto ofrece y entrega un soborno a un funcionario público para que le agilice el trámite, la audiencia, la sentencia, la autorización y ya no digamos, que favorezca a una de las partes sin que la decisión sea necesariamente apegada a derecho? Se configura entonces un acto ilegal, un acto de corrupción.

Hace unos días, en su visita a Coahuila, el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, José Octavio López Presa, habló del tema y en su discurso en Saltillo, reconoció que la abogacía es una de las profesiones que tiene o puede tener, al menos a nivel de percepción, una clara tendencia a participar o incentivar actos de corrupción. Por lo que López Presa llamó a iniciar una cruzada para registrar en una plataforma digital y de fácil acceso, a los licenciados en derecho en México, para que firmen y se adhieran al acuerdo de cumplimiento de un Estándar Ético para Ejercer la Abogacía.

En cuanto la o el abogado ingresa su nombre, número de cédula profesional, la universidad en la que estudió, donde radica, etcétera, en automático el sitio
https://abogacia.firmamex.com, los conduce hacia un apartado que señala “…me comprometo a desempeñar mi profesión en estricto cumplimiento a los principios fundamentales de la ética e integridad: diligencia, probidad, buena fe, libertad, independencia, justicia, lealtad, honradez, dignidad, respeto, legalidad, transparencia, honestidad y profesionalismo”.

Abogacia.firmamex.com es un sitio abierto, gratuito y que permite al ciudadano o ciudadana, acceder a una base de datos y verificar si el abogado que ha contratado para algún servicio, o si el nombre de un litigante que conoce está o no en este registro que incorpora y compromete a este segmento de profesionistas, a ceñirse a lo que manda la Ley e impulsar las buenas prácticas.

Ahora mismo, si usted que lee estas líneas desea saber si tal o cual abogado litigante, representante en una empresa o servidor público está inscrito en la plataforma, puede acceder desde su equipo móvil a https://abogacia.firmamex.com

Y si es que no aparece el nombre de su abogado o abogada, puede sugerirle que haga patente su compromiso contra la corrupción, firmando dicha carta compromiso. La suma de este tipo de esfuerzos dará como resultado el impulso de una cultura de integridad, de honestidad y ética en todas las profesiones. La página que anunció José Octavio López Presa en Saltillo, es una muestra de que el Sistema Nacional Anticorrupción busca disminuir al máximo las prácticas que fomenten la ilegalidad en la actividad pública y el sector privado en el país.

15 Mayo 2019 03:12:00
¿Gobierno eficiente?
“…Sin estadística eficiente no puede haber gobierno eficiente, puesto que no sería posible dictar medidas justas e inteligentes sin conocer la situación real del país”, Jesús Silva Herzog, I Reunión Nacional de Estadística (año de 1927).

En el Taller para la Construcción de Indicadores de Gestión que se desarrolla en Saltillo por parte del personal del Inegi del Estado de México y que esta tarde concluye con el cierre oficial que hará el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, José Octavio López Presa, uno de los temas torales es el análisis y las propuestas de metodologías para proponer objetivos medibles, en el diseño de las políticas anticorrupción en Coahuila.

Pero ¿para qué sirven las estadísticas oficiales?, ¿en qué pueden facilitar el combate o como dicen los expertos, el control de la corrupción en la entidad o en el país?

Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática y proporcionan al Gobierno de sus tres niveles, a la iniciativa privada y al público, datos acerca de la situación económica, democrática, social, ambiental, laboral, de percepción de la corrupción, etcétera. Y en ello, en fuentes oficiales, es posible sostener estudios y metas que puedan ser cuantificables y evitar dar cifras “alegres” de temas complejos, pero sin una base metodológica que sustente los discursos que luego suelen tener fines mediáticos y políticos.

Jaime Hernández, Ivonne Arzate y Arnulfo García, integrantes de la Coordinación Estatal México-Poniente del Inegi en el Estado de México, hablaron de estos temas a funcionarias y funcionarios de las oficinas que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, en una agenda que inició el lunes 13 de mayo y que termina esta tarde. Cabe mencionar que es la primera ocasión que el Inegi imparte un taller de este tipo, con enfoque sistémico y con referencia en temas anticorrupción en el país.

Parece simple. Pero los indicadores de gestión facilitan y sustentan el acceso a una administración estratégica y a modelos que garantizan que el gasto y los impuestos, se destinan a obras que realmente se necesitan, y para tener inversiones que incluso, traspasan la barrera del populismo y los sexenios de colores distintos.

De ahí la importancia de las áreas generadoras de políticas públicas en las oficinas gubernamentales en temas anticorrupción, en un sistema que comienza a delinear lo que será la Política Estatal Anticorrupción que le dará rumbo a la exigencia de los últimos años: que se acabe o al menos, se controlen los índices de corrupción en las entidades y en Coahuila, donde los escándalos mediáticos están a la vista y con el riego de ser interminables si es que no se cuenta con esquemas de control que interactúen coordinados, no aislados y sin el celo de compartir información.

Algunas reflexiones a la hora de diseñar indicadores de gestión y recomendadas por el Inegi: 1.-Es necesario estimular la comprensión y el uso de indicadores; 2.- Mostrar los indicadores de manera atractiva al usuario y 3.- Cuidar el lenguaje que se presenta en los indicadores, ya que debe socializarse de manera clara y sencilla para su fácil comprensión.

08 Mayo 2019 03:34:00
298 menciones
En la Gaceta Parlamentaria del martes 30 de abril de 2019, quedó publicada la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El documento de 225 hojas, describe los ejes principales y las acciones que marcarán la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El texto menciona 298 veces la palabra corrupción. Un asunto que desde la campaña el año pasado, de López Obrador, fue la principal oferta política de lo que sería su Gobierno.

Ganó en las urnas, obtuvo la mayoría de votos. Los ciudadanos le dieron el triunfo, con mayoría en ambas cámaras de legisladores federales. Ganó porque las acciones para erradicar, o como dicen los especialistas para controlar, prevenir y sancionar la corrupción, fueron planteadas para revertir las malas prácticas y desvíos del dinero público, sin un borrón y cuenta nueva.

Hoy la propuesta está en análisis. Esto, luego de los Foros de Consulta que alcanzaron a los estados del país, que llevaron a una conclusión que advierte del grado de la problemática que urge de apoyo y voluntad de los gobiernos, para impulsar políticas públicas que verdaderamente, y alejadas de simulaciones, hagan que este problema, el de la corrupción, se revierta en la Federación, los estados y
municipios.

En la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo se lee: “cuando el acceso a la justicia y la posibilidad de incumplir la ley con impunidad se convierten en un privilegio basado en el poder, se devasta el pacto social y se destruyen las bases de la gobernabilidad democrática”.

De ahí que el reclamo social y de los sectores sea una constante. Un discurso ácido y sin cortapisas frente a la decepción de las administraciones que no pusieron freno a las irregularidades que se iban detectando y frente a las que se guardó “prudencia”.

Y cómo no escuchar en esa tónica los discursos de activistas, de la sociedad y de empresarios frente a la evidente crisis presupuestal que se vive en los estados, que en buena medida podrían tener su origen en préstamos millonarios solicitados echando mano de trámites supuestamente ilegales y discrecionales; a las contrataciones de obra pública, compras y asignaciones directas “a los amigos”, conocidos, cercanos al grupo político en el poder.

Y no me refiero solamente a entidades como Coahuila, porque esta situación afecta a la mayoría de los estados y claro está, a las instancias que dependen de los gobiernos federal y los municipales.

No es posible impulsar iniciativas articuladas en un Plan Nacional de Desarrollo, si antes no se evidencia que existe congruencia y voluntad política para legitimar las acciones citadas en los ejes torales del texto que se publicó en la Gaceta Parlamentaria.

Y cerraría con una de las frases que sentencia este texto (página 25), “estamos empeñados, en primer lugar, en acabar con la corrupción en toda la administración pública, no sólo la corrupción monetaria sino la que conlleva la simulación y la mentira”.

Creo que la expectativa de quienes en el país forman parte de los consejos y comités de participación y de los propios sistemas locales anticorrupción, es que esa sea la ruta y que exista, insisto, congruencia plena.
01 Mayo 2019 03:55:00
Agenda pendiente
La designación de los titulares de los órganos internos de control (OIC) de organismos constitucionales autónomos sigue sin concretarse. Desde el 30 de octubre de 2018 se tomó un acuerdo por parte de diputados integrantes de la comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso del Estado para seleccionar los perfiles idóneos de entre quienes cumplieron los requisitos marcados en la convocatoria para ocupar alguna de las posiciones que siguen vacantes.

Con base en lo que establece la Constitución Política del Estado de Coahuila, los organismos dotados de autonomía que deben contar con sus respectivos órganos internos de control son los siguientes: el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, la Comisión de los Derechos Humanos, la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, así como el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, el Tribunal Electoral de Coahuila y la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, y luego de diversos y variados argumentos legales, en el dictamen llevado al Pleno del Legislativo se señala que “los titulares de los órganos internos de control que procede designar corresponden a las siguientes instituciones: Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Electoral de Coahuila y Fiscalía General del Estado”.

El acuerdo menciona que en el análisis de los documentos de quienes atendieron la convocatoria abierta están nueve personas que cumplieron con los requisitos para el perfil de contralor del ICAI; 14 para el Tribunal de Justicia Administrativa; cinco para el Tribunal Electoral y cuatro ciudadanos para el desempeño en el órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado.

No obstante, la propuesta inicialmente “empujada” por grupos de la sociedad civil, especialmente de la Comarca Lagunera y del propio Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, sigue sin avance y aunque el rezago en las designaciones no ha causado efectos negativos principalmente en las instancias que integran el Sistema Anticorrupción, sí conviene hacer un apunte en este sentido puesto que incluso el tema es de importante relevancia, tan así que es parte del análisis en las metas propuestas en uno de los equipos que son parte del programa que impulsa el propio Sistema Anticorrupción, organizaciones de la sociedad civil, USAID y el Instituto de Resultados Rápidos, en el Reto de los 100 Días que se desarrolla ahora mismo y desde hace varias semanas en Coahuila.

Mucho se ha dicho de la necesidad de que los responsables de las contralorías sean designados bajo procesos abiertos, de competencia y transparentes. No que llegue el amigo del secretario en turno, el compadre del alcalde o el vecino de toda la vida de quien está al frente de una entidad autónoma.

Creo que el Congreso de Coahuila tiene una gran oportunidad en sus manos, la de tomar decisiones de largo alcance y que verdaderamente le abonan al combate a la corrupción en el estado.
24 Abril 2019 03:20:00
Activos recuperados por corrupción
En el Foro La Fiscalización Pública desde la Óptica de las Organizaciones de la Sociedad Civil, organizado por la Subcomisión de Análisis Jurídico de las Auditorias Superiores Locales de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Eduardo Bohórquez fue claro en insistir en el desmantelamiento de redes de corrupción como acciones cruciales para el control de un problema que preocupa a los ciudadanos.

¿Cuántas redes de corrupción han sido desmanteladas?, ¿Cómo saber cómo y quiénes operan las redes?, ¿Quiénes están involucrados?, ¿Quiénes se benefician?, ¿El que sabe y omite denunciar la corrupción, también es parte de la misma red?, etcétera.

Hay muchas preguntas cuando vemos o escuchamos en los medios de comunicación, en la portada de un periódico, un escándalo que inicialmente parece que incluye a una sola persona, al que se benefició y está a la vista, cuando en realidad existen o pueden existir más implicados, servidores públicos o particulares que son parte de un supuesto daño al erario.

Más aún, Bohórquez, quien es director de Transparencia Mexicana, ofreció una ponencia en Puebla, frente a auditores, funcionarios públicos, activistas, integrantes de los sistemas locales Anticorrupción, legisladores locales y federales, empresarios, por citar algunos, y habló de la importancia del valor de que se conozcan los activos recuperados por casos de corrupción ya investigados y sancionados, bajo la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.

Porque luego de las auditorías, las revisiones, notificaciones, investigación y sanción de hechos de corrupción, ¿qué sigue? Lo que sigue es decirle al ciudadano cuánto o qué se ha logrado devolver al erario por este combate a la corrupción dentro de la legalidad, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos que todas y todos en una defensa a situaciones que se señalan o a la réplica de las acusaciones.

“¿Qué queremos que produzcan estas auditorías? Lo que importa es cómo cambia la vida a nivel per cápita en el país, estas auditorías o la investigación y sanción de la corrupción”, resaltó Bohórquez en su participación de hace unos días. Por cierto que ya en una charla al final de su ponencia, y junto a los integrantes del CPC de Puebla, Carmen Leyva y Alejandro Guillén, la coincidencia de Bohórquez fue que más allá de ir por indicadores y cifras, la parte ciudadana de los sistemas locales debiera impulsar el desmantelamiento de nodos de corrupción y decir al ciudadano cómo operan estas redes.

Decir cómo es que desde altos mandos, directivos, responsables de compras, egresos, designaciones, encargados de áreas de control, abogados, contadores o particulares, pueden o no estar relacionados para operar temas que luego redundan en grandes escándalos y ponen a prueba los mecanismos de revisión y la legalidad en cada oficina del Gobierno federal, estatal o los municipios, tal como ocurre con el caso de Infonavit que no solamente está siendo investigado por las autoridades de Coahuila, sino que abarca varios estados del país.

No hay pecado original en la corrupción. No es culpa de la población, es un problema político, de voluntades y omisiones graves, que tampoco se cura con la obtención de buenas calificaciones en estándares de transparencia.

Es más bien ir por una transparencia efectiva, reguladora de procesos, de compromisos y de una mayor participación ciudadana.
17 Abril 2019 03:35:00
‘Captura’ de instituciones
La corrupción es el principal problema del país y de la mayoría de los estados. Su persistencia merma la credibilidad de la sociedad en las instituciones y ha derivado en la falta de inversión, opacidad y discrecionalidad en el manejo presupuestal, asignación de puestos de toma de decisiones y en lo más grave, en la percepción de impunidad en los asuntos que mediáticamente han sido expuestos y de los que poco o nada se sabe sobre su resolución judicial.

Hace unos días, el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentó el Libro Blanco de la Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción, un compendio que resume las deliberaciones sostenidas por investigadores, académicos, empresarios, sociedad civil, que fueron convocados en 12 foros realizados por la Comunidad PIRC, entre septiembre y octubre de 2018.

De esta consulta, y como lo dijo Mauricio Merino en la presentación del Libro Blanco, lo que se busca es la reivindicación con la honestidad del país, con eficacia y con resultados que la sociedad espera de las instituciones públicas nacionales, estatales o locales. “Este es un ejercicio político, la consulta y este compendio que entregamos es de gran relevancia. Pero nos preocupa una doble tendencia que se ha venido configurando en el escenario nacional, nos preocupa la presión para insistir en que el combate a la corrupción equivale a meter a la cárcel a los corruptos y que no funciona el combate a la corrupción en la cárcel, es como si se buscara al corrupto de la semana, con nombre y apellido y ahí no está el verdadero combate a la corrupción, esa no debe ser la tendencia”.

Y es que la prevención, control y sanción de la corrupción, va más allá de tener al “corrupto de la semana”. La corrupción es un problema relacionado con la captura de instituciones, recursos y la toma de decisiones del Estado con fines particulares.

De las consultas que dieron origen al Libro Blanco se derivan cinco vertientes de investigación del problema: 1.- La corrupción en puntos de contacto e intermediarios (trámites de ventanilla); 2.-Profesionalización de puestos (asignación de cargos a “compadres”, amigos de partido, etc.); 3.- Responsabilidad pública, control interno y áreas de riesgo (generar sistemas de alertas); 4.- Redes de corrupción (interacción planeada de un grupo de servidores públicos y/o particulares), y 5.- Participación ciudadana y derechos humanos (incorporar a ciudadanos en la toma de decisiones).

La rendición de cuentas de la Presidencia de la República, gobernadores y alcaldes, es el eje principal de una política anticorrupción real y efectiva, porque el problema de la corrupción se manifiesta en la toma de decisiones discrecionales y sin control, lo que incentiva la captura del Estado.

El problema es grave y hay muchas resistencias, algunas sutiles, para iniciar el cambio y el control de la corrupción. Pero no crea, los gobiernos locales tampoco saltan de gusto con la implementación del Sistema Anticorrupción. Hay quienes le apuestan a la debacle del Sistema Nacional y de los sistemas locales para seguir operando presupuestos y programas con fines partidistas, para seguir colocando a “compadres” en puestos clave o para mantener una vida llena de lujos a costa del erario.
10 Abril 2019 03:20:00
Ir contra el sistema
Parece que la Presidencia de la República tiene serias, muy serias intenciones, de cambiar la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción y por ende, el impacto de lo que para algunos expertos es inminente, alcanzaría a los sistemas locales que no terminan de configurarse.

Las declaraciones del coordinador de los senadores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, sobre las designaciones de los magistrados especializados en materia anticorrupción, obligan a una profunda reflexión. Porque si bien es cierto, y a principios de esta misma semana lo declaraba el presidente del Comité de Participación Ciudadana nacional, José Octavio López Presa, es necesario y urgen las designaciones de los integrantes de sala especializada porque además, así se concibió el Sistema Anticorrupción. Pero se mediatizó la idea de que este grupo de magistrados serían designados a conveniencia del Presidente y esto le restaría credibilidad a la encomienda que llevarían quienes serían (porque además, sigue siendo propuesta) los nuevos integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa federal.

Entre sus declaraciones, el también abogado zacatecano, hizo hincapié en algo que me parece grave y que no es la primera ocasión que se escucha en voz de los afines a la Presidencia de la República. Son los calificativos que le dejan ir al Sistema Anticorrupción, que insisto, no termina de configurarse en el país.

“El Sistema Nacional Anticorrupción no funcionó. Es una iniciativa con mucha burocracia. Hubo una gran expectativa, lo cierto es que no funcionó”, así lo declaró a un medio de circulación nacional, quien también es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Me parece que de entrada, el modelo aporta un ingrediente que no se tenía ni en las propuestas iniciales de crear una súper secretaría, por ejemplo. Es la parte toral del SNA, es la participación de los ciudadanos que presiden el Sistema desde el nacional, hasta los estados de la República donde ya se tienen avances como en Coahuila, que es referente nacional por el alcance de proyectos como el que desde hace semanas se desarrolla en un esquema de coordinación entre los integrantes del Comité Coordinador, sociedad civil y organizaciones internacionales como Usaid y el Instituto de Resultados Rápidos, cuyos integrantes, por cierto, participarán esta misma semana en una reunión de evaluación “de medio término” del Reto de 100 Días.

Pero lo ideal es que si ambas cámaras del Congreso de la Unión quieren abonarle en serio a la erradicación o control de la corrupción en el país, pueden estudiar la oportunidad de dar mayores facultades al Comité de Participación Ciudadana, o involucrar a la ciudadanía en los procesos de asignación de contratos o licitaciones e integrar al SAT o a la Comisión Nacional Bancaria para que alcancen una posición en el Comité Coordinador, por ejemplo.

Hay mucho por hacer en un Sistema que va iniciando y que apenas está consolidándose, como para echar por tierra los avances que se ven en este rubro. Hay tantos intereses ocultos, políticos, económicos y algunos que no se alcanzan a percibir, que “meter reversa” a lo que ya se tiene es riesgoso frente al grave problema de corrupción que se vive a diario en el país, y en Coahuila.
03 Abril 2019 03:51:00
Entender qué es el sistema
La capacitación y la divulgación de lo que es, y de los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción y por ende, los sistemas locales, es una labor titánica y que llevará muchos años para conocer el detalle la ya de por sí es compleja configuración del nuevo ente público.

Por ello es importante difundir los espacios abiertos y gratuitos, las plataformas, asesorías, cursos o diplomados que expertos en el país tienen habilitados y que se tienen disponibles, para conocer sobre el Sistema Nacional y los sistemas locales Anticorrupción.

Una de las opciones de capacitación vía internet, a la que por cierto me inscribí hace unos días y que recomiendo ampliamente, es el curso gratuito “on line” sobre el Sistema Nacional Anticorrupción que ofrece el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a través de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), con el apoyo del proyecto Promoviendo la Transparencia en México de USAID y que va dirigido a la ciudadanía, a periodistas, académicos, empresarios, investigadores, sociedad civil organizada, titulares de área, servidores públicos, etcétera.

La liga en internet es
http://mooc.rendiciondecuentas.org.mx/, ahí se puede hacer el registro, que es fácil y que cuyos módulos no le implican –durante todo el curso– unas cinco horas máximo, incluyendo el repaso y las evaluaciones que aplican, para entregar la constancia avalada por la Red por la Rendición de Cuentas.

Por cierto que platicando hace unos días con la experta en el tema anticorrupción, Liliana Veloz Martínez, quien es directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, comentaba que Coahuila tiene varias oficinas inscritas y cuyos colaboradores, en su plantilla completa, accedieron a la plataforma y por lo tanto se hicieron acreedores a una certificación que respalda los conocimientos adquiridos en voz de los expositores de los módulos: Lourdes Morales Canales, Ana Elena Fiero Ferráez y José Roldán Xopa.

Los módulos permiten entender las implicaciones que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas en los estados, además de las nuevas responsabilidades de los servidores públicos, además se aprende a identificar los retos que deben enfrentarse para poder implementar el Sistema Anticorrupción de manera efectiva en cualquiera de los tres niveles de gobierno.

La plataforma tiene contenidos audiovisuales y escritos para comprender el tema, de manera didáctica y asesorada. Es una herramienta digital y de educación totalmente gratuita y que no tiene fecha de cierre para que cualquier persona pueda acceder y entender un poco más sobre la integración del Sistema, los consejeros ciudadanos, el Comité Coordinador, las agendas y las metas del Sistema construido e impulsado por grupos de la sociedad civil en el país.

La idea es conocer el Sistema, lo que se espera y su operatividad, además de revertir los niveles de impunidad que son parte del trabajo que falta por hacer. Pero lo importante es que todos nos involucremos y conozcamos en voz de expertos, los conceptos básicos de la operación del Sistema Anticorrupción. Recuerde inscribirse al curso gratuito y de fácil acceso en el sitio http://mooc.rendiciondecuentas.org.mx/.
27 Marzo 2019 03:40:00
Regalo envenenado
En la sesión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al que asistieron los siete integrantes y por primera vez desde la instalación del SNA, estuvo ocupada la silla de la Fiscalía Anticorrupción, se prorrogó la entrada en vigor del acuerdo para cambiar el formato de las declaraciones patrimoniales, que se aplazó por ocho meses más.

El 31 de diciembre, no sé si antes, el Sistema Nacional tendrá el nuevo mecanismo mediante el cual, más de 2 millones de servidoras y servidores públicos tendrán que ceñirse a la nueva disposición, y pasar de informar 216 datos, a llenar 781 campos con información que incluye desde bienes muebles e inmuebles, negocios, empresas, casas en el extranjero, pinturas, cuentas en banco, por citar algunos puntos que permitirán a las autoridades de la Función Pública en el país y en las entidades, monitorear de manera certera la evolución patrimonial de quienes están en la nómina de la Federación, los estados y municipios.

Algo que actualmente no ocurre con el formato que se tiene en la red, y que deben llenar quienes ingresan o terminan un puesto o encargo en el ámbito público.

El acuerdo al que llegó el Comité Coordinador formado por el Consejo de Participación Ciudadana; Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Instituto Nacional de Transparencia; Auditoría Superior de la Federación; Consejo Federal de la Judicatura; Fiscalía Especializada y Secretaría de la Función Pública, fue aprobado por unanimidad el viernes pasado e incluye la modificación del segundo transitorio del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2018.

Así quedó: “se determina que los formatos aprobados en el presente acuerdo, serán obligatorios para los servidores públicos al momento de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, una vez que se encuentren debidamente integrados y correctamente segmentados y estén plenamente adecuados a las directrices establecidas en el marco jurídico aplicable y se garantice la interoperabilidad con los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses de la Plataforma Digital Nacional a que hace referencia la fracción I del Artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, situación que será formalmente informada a los involucrados mediante el acuerdo correspondiente que, para tal efecto, emita el Comité Coordinador del SNA y publique en el Diario Oficial de la Federación para su aplicación y observancia obligatoria, lo que no podrá exceder del 31 de diciembre del año 2019”.

En un tris se le dio marcha atrás a una propuesta importante para el Sistema, para avanzar en la regulación y detección de quienes hacen uso ilegal del recurso público de cualquiera de los tres niveles de la administración.

Era un buen inicio para generar incentivos que eviten que la corrupción sea el problema que más preocupa a los mexicanos, a los coahuilenses.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval planteó la propuesta del Gobierno federal, por las condiciones en que la administración pasada planteó los formatos 3de3, que definió como “un regalo envenenado” y heredado.
20 Marzo 2019 03:16:00
¿Sistemitas locales?
El 14 de julio de 2017 en Coahuila fue publicada la Ley del Sistema Anticorrupción, que dio origen al Sistema Estatal que coordina esfuerzos entre sociedad y Gobierno para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en la entidad.

Coahuila es uno de los estados con mayor avance en el diseño, evaluación e implementación de políticas públicas para que instancias encargadas de controlar y sancionar irregularidades de este tipo, logren el objetivo de disminuir la impunidad.

No es discurso vano o estéril, ni es gasto inútil para echar a andar el Sistema en su conjunto, para dar cumplimiento al ordenamiento federal que obliga a los 32 estados.

No se trata de desmantelar lo que ya hecho solo porque el Gobierno que lo impulsó no es del mismo color.

Y tal parece que sería la ruta de la Presidencia de la República, al menos es la señal enviada a los consejos y comités estatales anticorrupción o “sistemitas locales”, como les llamó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en una entrevista para un diario nacional.

Los mensajes comenzaron a llegar. El 3 de octubre de 2018, cuando la ahora integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) dijo a la reportera Ariadna Ortega, de ADN Político, que la propuesta para el Sistema Nacional iría encaminada a proponer una revisión a profundidad del modelo de designación de las cabezas institucionales del Sistema, para asegurar verdadera independencia política y jurídica. Y eso está bien, por el tema de la regulación en las designaciones que ello implica.

El 18 de diciembre, en el portal de noticias Televisa News y durante la presentación de la Propuesta de Política Nacional Anticorrupción, Sandoval Ballesteros dijo que el Sistema Anticorrupción carece de una real coordinación.

Por lo cual, advirtió, se corre el riesgo de que se convierta en un aparato burocrático, en un “elefante blanco”.

Y este fin de semana remató: “para que no sean ‘sistemitas’ locales anticorrupción, onerosos, burocráticos y que nada más estén emulando un sistema nacional, el SNA tendría que haberse diseñado con el espíritu federalista que nos caracteriza en la Constitución”.

El Sistema Nacional puede necesitar reformas o el otorgamiento de mayores facultades, especialmente para el Comité de Participación Ciudadana y sus pares en el país. Pero por qué mejor no impulsar una ruta que permita colaborar con los estados que no han configurado sus sistemas locales. Por qué no incidir en cambios, para incluir al SAT, o la Comisión Nacional Bancaria en el Comité Coordinador.

Por qué no apoyar el nuevo formato para la rendición de declaración patrimonial que podría mejorar el cruce de información que reportan servidores públicos, para quizá detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito en lugar de ver a los “sistemitas locales”, sin avances y a la deriva, sin tomar en cuenta el trabajo y lo que ya se tiene en entidades donde va en serio la lucha contra la corrupción.
13 Marzo 2019 03:17:00
Plan Nacional sin mujeres
Hace menos de una semana, los mensajes de inclusión de la mujer en la toma de decisiones en el país –por lo menos en el sector público y en los tres niveles de gobierno– eran “el top” en las manifestaciones de respaldo a la equidad, por el Día Internacional de la Mujer.

Ayer en Ciudad Universitaria, en Arteaga, Coahuila, ocurrió todo lo contrario durante el inicio de los Foros de Consulta del Plan Nacional de Desarrollo, donde los nueve lugares del presídium fueron ocupados por hombres. Funcionarios públicos que en sus intervenciones y frente a un auditorio lleno de académicos y académicas, exrectores, integrantes del gabinete estatal, activistas, alcaldes y alcaldesas, empresarios y empresarias, miembros de la sociedad civil y órganos autónomos, hablaron de los derechos de equidad y de inclusión de la mujer, sin que esa postura permeara en la integración del grupo que encabezaría el arranque del intercambio de ideas y propuestas, para delinear lo que será el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

En varias ocasiones, el secretario de Agricultura federal, Víctor Villalobos Arámbula quien abrió las intervenciones, teniendo como sede un recinto de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), se refirió al apoyo hacia las mujeres y el derecho a la inclusión que contempla en Plan Nacional, que guiará las políticas públicas de la Presidencia de la República en este sexenio. Qué lástima que en el acto inaugural a ni una mujer se le cedió la palabra. Ni una mujer habló de los ejes transversales y de igualdad, de la no discriminación e inclusión y perspectiva de género que adelanta la tan llevada y traída Cuarta Transformación.

Pero no basta con cuidar la logística en los eventos de este calado, que pretende recoger las inquietudes y las ideas de la población abierta, que además ha sido el tenor de la actual Administración federal. El tema es ir más allá de permitir a las mujeres ocupar, al menos, un lugar en el presídium, de mandar un mensaje de verdadera inclusión, justicia y participación de este segmento en la toma de decisiones de las autoridades.

Es ir más allá. Propiciar espacios de expresión abierta, en donde las mujeres y hombres puedan aportar su experiencia, su visión, sus problemas y soluciones, en los proyectos de gobierno, en las iniciativas de ley, en los cambios que le urgen a las legislaciones locales para dar respuesta real y concreta a las féminas coahuilenses.

Es un detalle que Alejandro Cubí, un gran activista y defensor de los derechos de las mujeres, impulsor de la iniciativa #NoSinMujeresMx –y quien por cierto estuvo en Saltillo hace algunos meses– habría censurado abiertamente.

Pero insisto no es solamente un detalle, un desliz en la organización de un evento, en la designación de un presídium sin una sola mujer, es más bien reflexionar sobre la urgencia de garantizar lugares a las mujeres, no solo en el ámbito público sino también en el sector privado. En el evento inicial faltó la voz de una mujer, la postura de una académica, de una empresaria, de una integrante del Gobierno estatal o de una activista que hubiera dado su punto de vista sobre lo que hace falta integrar al Plan Nacional de Desarrollo, que regirá las acciones de la Administración federal en los próximos seis años.
06 Marzo 2019 03:38:00
Redes de poder:  amigos, grupos políticos
En una colaboración del doctor Vicente Humberto Monteverde, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Morón, en Argentina, señala que el fenómeno de las redes de corrupción tiene antecedentes históricos y de varios siglos atrás. En el caso de redes, dice, se trata de mundos pequeños de corrupción.

Una red de corrupción incluye, según Monteverde, nodos que relacionan a personas, organizaciones nacionales e internacionales, bancos y empresas privadas con enlaces que son parte de las operaciones financieras, llamadas, mensajes e intercambios de información privilegiada que regularmente viene de entidades de cualquiera de los tres niveles de gobierno, relaciones de amistad, afiliaciones partidistas, intereses de grupos políticos y personas con objetivos afines.

Científicamente, el estudio de una red de corrupción requiere de un análisis con datos certeros, resultados de investigaciones y explicaciones de quienes han llevado las indagatorias. Pero, ¿Cuál es el valor de una red? Su alcance y el número de integrantes que se ha beneficiado con la estrategia financiera o fiscal, para erosionar las finanzas públicas. Es por tanto, un sistema complejo de plantear, pero no imposible en un afán de socializar la forma de operar de estas redes que han alterado el curso del dinero que es de todos.

En la publicación del doctor Monteverde, en la Revista Internacional Transparencia e Integridad, menciona que en el tema de corrupción se pueden suponer teorías, pensar en delitos, advertir sobre el fenómeno, pero tener la posibilidad de formular una teoría, en base a elementos de la realidad, es tristemente un milagro. Y claro que así es. Llegar a desarticular una red de corrupción como en el caso de Coahuila, es todo un reto. Aquí, autoridades judiciales han señalado supuestos vínculos de servidores públicos, por aparentes irregularidades en asignación fraudulenta de créditos de Infonavit.

Sobornos, sobreprecios, costo de trámites, tráfico de influencias, abuso de poder, son los ingredientes que rodean esta red de corrupción que como ya lo decía Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, es un tema que las autoridades anticorrupción deben capitalizar, pero no para ir por nombres, grupos, etcétera, sino para explicar a la ciudadanía cómo operan las redes, cómo se van configurando o cuál es la forma de detectar la articulación de redes.

Pero el doctor Monteverde va más allá. Habla de quienes van entrelazándose para hacer de una red de corrupción, la principal fuente de ingreso de quienes ejercen una función pública o empresarial, al margen de la ley.

Está por ejemplo el apoderado de la empresa, el cobrador, el defraudador, el especialista, el familiar o amigo del político, el funcionario público, el integrante del Poder Judicial, el perito, la institución bancaria, el negociador, el empresario, el fedatario, el abogado y un contador. Básicamente así lo describe Monteverde en su investigación.

En Coahuila el caso Infonavit es parte de la agenda del Sistema Anticorrupción, que son prioritarios de resolver porque es una exigencia de la sociedad, de los beneficiarios y de quienes desean que la impunidad deje de ser el común, en cada investigación que inician las autoridades.
27 Febrero 2019 03:37:00
Agenda ciudadana
Para qué nos sirven las detenciones espectaculares?, ¿servidores o exservidores públicos esposados o ingresando a un penal y posando para la foto?, ¿o corruptos tras las rejas? Si las estrategias de largo alcance, las que pueden prevenir y erradicar actos ilegales en oficinas públicas y con dinero que es producto de los impuestos, no se implementan, ni se ponen en marcha, no se debaten o no se actualizan frente a las exigencias actuales.

Hacer “sistema” –como dice una excolega de Puebla– y refiriéndose a las acciones que incluyen el desarrollo de gestiones desde el Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, va más allá de ir por los nombres, apellidos, los grupos, los políticos emanados de tal o cual partido, o los empresarios y socios que podrían prestan sus nombres para colaborar en este tejido de redes de corrupción.

Hay un claro y hasta justificado –diría yo– malestar entre la ciudadanía, porque la corrupción ha ido muy de la mano de la impunidad en las últimas décadas, y no solamente en Coahuila, sino en el país ha sido un reclamo generalizado. Los casos sin resolver, los expedientes de los que poco se sabe el avance y que dejan a la imaginación lo que ocurre en el estado en esta materia, es lo que más se cuestiona.

El Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Coahuila tiene en claro el objetivo de su creación, de los temas torales que irán consolidando al propio Sistema.

El CPC ha propuesto proyectos y esquemas de trabajo a partir de encuentros con grupos de la sociedad civil, activistas, empresarios, académicos, periodistas, autoridades, y claro está, bajo la coordinación de esfuerzos desde quienes integran el Comité Coordinador del que forman parte: el Poder Judicial del Estado, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (Icai), el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción.

Una de las agendas a las que se ha sumado el Consejo Ciudadano es la colaboración en el Reto de los 100 Días, que será una actividad en la que esta misma semana se estará trabajando para delinear los alcances de la propuesta con “plazo fatal”, y que por primera ocasión se pone en marcha en alguna entidad del país, hablando de temas anticorrupción y en un esfuerzo conjunto con el Instituto de Resultados Rápidos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, también conocida por sus siglas en inglés, USAID.

Esto, a la par de una agenda con integrantes del cuerpo edilicio de Torreón, donde en un primer acercamiento miembros del CPC sostuvieron hace días una sesión de trabajo sobre la ventanilla universal, además de las reuniones con responsables de la Embajada Británica en Monterrey, para explorar la posibilidad de acceder a proyectos y propuestas en materia de anticorrupción, para lo que se encontró una buena disposición de las autoridades consulares de dicho país.

20 Febrero 2019 03:38:00
¿Redes de corrupción?
Un tema que va más allá de nombres de políticos, gobernantes, líderes sindicales, jefes de área, etcétera, que se ven inmersos en escándalos por supuestos hechos de corrupción, es la forma en la que operan las redes de protección a la ilegalidad en el servicio público que puede, o no, alcanzar a los dueños del capital privado.

Pero ¿cómo explicar el tejido, el entramado, la ruta, los enlaces, el silencio, las “ingenierías fiscales”…? Es un asunto primordial para detectar a quien o quienes están fuera de la ley, afectando al erario e involucrando a quienes no actúan en solitario.

Los compromisos de grupo, la secrecía, los “valores entendidos”, son parte del fortalecimiento de una red, como la que menciona Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, en una muy reciente entrevista para un medio de circulación nacional.

Las redes de corrupción en México han sido bien explicadas por periodistas y medios de comunicación impresa en casos como el de la firma brasileña Odebrecht o la investigación ganadora del premio Ortega y Gasset, la Estafa Maestra, que de forma gráfica y de manera muy concreta advierten de la colaboración de servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de Gobierno, profesionistas, fiscalistas, expertos en temas de administración y en algunos casos, a empresarios de renombre.

En el último resultado del Índice de Percepción de la Corrupción 2018, dado a conocer por Transparencia Internacional, México volvió a ubicarse entre las naciones más corruptas en el mundo, al pasar del lugar 138 al 180.

Eduardo Bohórquez ha insistido en que para revertir esta tendencia en el país, es necesario lograr fallos, recuperar activos económicos y desmantelar redes de corrupción.

Bohórquez asegura que es labor de todos, ciudadanos y autoridades, detectar y denunciar actos ilegales en el uso del recurso público.

El impulsor de la declaración #3de3, dice que no es solamente tarea del Gobierno desmantelar las redes, pero es importante saber cuáles hechos enmarcan en la configuración de un entramado de este tipo, en una protección real y entre sí de un selecto grupo de servidores públicos, como de la que habla el director de Transparencia Mexicana e impulsor de las reformas a la ley que dieron paso al Sistema Nacional y los sistemas locales anticorrupción.

Un ejemplo de red y su “modus operandi”, señalada por el propio Bohórquez en una plática que hace unos días sostuve con él, podría ser lo que ocurrió con el caso de Infonavit en Coahuila, que involucró supuestamente a servidores públicos en esta entidad, pero en el que insisto, habría que ver más allá de nombres, de los implicados o sancionados.

Es una oportunidad para explicar los cómos, la forma en la que se integran y se van afianzando las redes de corrupción de las que tanto se exige su desmantelamiento, y que son el más complejo problema en la erradicación o control de la corrupción en los estados y la Federación.
13 Febrero 2019 03:38:00
Los 4 ejes de José Octavio
Hace unos días, José Octavio López Presa llegó a la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana (CPC) Nacional, cargo en el que estará hasta febrero de 2020.

Es el tercero en ocupar la titularidad del Sistema Nacional Anticorrupción y es el primero que fija una postura sólida, que busca impedir que el Gobierno federal se apodere de las decisiones de la parte ciudadana, como lo han dejado entrever quienes llegaron el 1 de diciembre a la Presidencia de la República.

José Octavio López Presa, desde el viernes 8 de febrero es presidente del CPC y en su primer discurso trazó la ruta del órgano colegiado, que actualmente tiene tres de cinco integrantes, ante la renuncia de Luis Manuel Pérez de Acha y de lo entrampado que tiene un amparo, el procedimiento de designación del nuevo o la nueva integrante.

Junto a miembros del Comité Coordinador, consejeros de sistemas locales, representantes de la academia como Mauricio Merino, Eduardo Bohórquez, María Amparo Casar, María Elena Morera, por citar algunos de los liderazgos que ni accedieron hasta el recinto, porque estaba repleto de periodistas y uno que otro integrante de agrupaciones extranjeras y de la Secretaría Ejecutiva del SNA, que lo mismo escuchaban desde la puerta del reducido salón en la capital del país, el mensaje del excomisionado del INAI.

En uno de los cuatro ejes planteados por López Presa estima ir por la acreditación de los servidores públicos a través de esquemas como el Servicio Civil de Carrera, por lo que tendrá en la mira la medición del grado de independencia que tienen las Secretarias de Contraloría, las Fiscalías Anticorrupción, los Órganos Garantes de Transparencia, los Tribunales Administrativos, los Poderes Judiciales y las Auditorías Superiores, a nivel federal y estatal.

En un segundo eje, el nuevo presidente del CPC Nacional fue enfático, al señalar que el control de pares ha sido el mejor método para impulsar la ética entre los profesionistas, porque en los países que más avances han logrado en el combate a la corrupción, los abogados y los contadores han sido punta de lanza en este empeño.

tercer eje considera que para que las instituciones que conforman el SNA funcionen como un sistema sólido y bien coordinado, es indispensable trabajar en la revisión de los procesos internos de cada institución para simplificarlos.

Además, el uso de tecnologías de la información y las firmas electrónicas con validez legal para eliminar el papel y asegurar el registro, la trazabilidad y dejar huella electrónica de los actos de gobierno y de autoridad permitiendo que queden testados de forma inviolable.

Finalmente, José Octavio López Presa, quien por cierto ha pedido estar presente en alguna de las reuniones del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Coahuila, igual que otras entidades del país, busca fomentar la competencia de empresas certificadas, que estén al corriente en sus obligaciones fiscales y reglamentarias. Pero, “no bastan las buenas intenciones; es momento de darle a los ciudadanos los resultados que esperan en el combate de la corrupción…”, dijo.
06 Febrero 2019 03:40:00
Semana de relevo
La configuración del Sistema Nacional Anticorrupción establece cambios cada año en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana Nacional, que igual que en Coahuila y el resto de las entidades donde ya se designó al CPC, está integrado por cinco personas seleccionadas por medio de un proceso abierto, ciudadano y transparente.

Este viernes, en la Ciudad de México y luego del cierre de los trabajos de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana que iniciarán hoy, esta tarde, y que cierran con un informe de la presidenta saliente, la activista Mariclaire Acosta Urquidi, llegará a la presidencia del CPC Nacional, José Octavio López Presa.

José Octavio fue designado por la Comisión de Selección Nacional, para integrar el Comité de Participación Nacional, por tres años. Tiene maestría en Ciencias por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (1988) y la licenciatura en Actuaría, por la Universidad Anáhuac (1985).

En su activismo, López Presa, quien a partir de este viernes por la mañana se convierte en el tercer ciudadano en liderar los esfuerzos del Sistema Nacional Anticorrupción, sobresale su paso por la agrupación Causa en Común del año 2009 al 2017, además fue el primer Director de Transparencia Internacional Capítulo México de 1999 al 2002.

Es importante comentar que fue comisionado del IFAI de 2002 al año 2005, periodo en el que José Octavio López Presa impulsó el desarrollo del Sistema Infomex. Además, en su semblanza se menciona su aportación para la implementación de mecanismos de control de compras del Estado y de la vigilancia de la evolución patrimonial de los servidores públicos, con esquemas como CompraNet y DeclaraNet.

Será una jornada importante para el Sistema Nacional Anticorrupción y sin duda, para el avance y consolidación de los sistemas locales. Aquí vale la pena hacer una reflexión sobre el procedimiento de designación de la nueva o nuevo consejero nacional que actualmente sigue en pausa gracias a un amparo promovido por uno de los inscritos. Otro punto, es que luego de la renuncia de Luis Manuel Pérez de Acha, quien a mediados del mes de enero renunció al CPC, tras su registro como aspirante a fiscal general de la República, dejó acéfala la posición. Es decir, en este momento el Comité Nacional tiene tres, de cinco integrantes. Vaya crisis en el Comité de Participación y la Comisión de Selección.

Es el tercer año del Comité Nacional. Es la primera fase de una nueva administración federal, de un nuevo Congreso de la Unión desde donde, al menos la bancada del partido Morena, han propuesto ajustes importantes y que quizá sean necesarios para llegar a la meta: la erradicación –o como dicen algunos– al control de la corrupción en el país y en los estados de la República, pero no solamente atendiendo a intereses de grupos que piden y exigen a gritos “meter” a la cárcel a los corruptos.

Es más bien, para promover reales y aplicables políticas públicas, iniciativas, mecanismos de control, investigación, sanción y más facultades al CPC. Medidas que nos adviertan que las actividades ilícitas relacionadas al servicio público y las empresas, se quieren revertir.
30 Enero 2019 03:54:00
Con los municipios
Integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción estuvieron en una jornada importante, cuando se busca coordinar acciones para impulsar políticas públicas que permitan prevenir, detectar y sancionar la corrupción en las oficinas estatales, empresas locales y municipios de Coahuila.

Esto, durante la agenda de trabajo con alcaldes y alcaldesas que estuvieron en Saltillo, a finales de la semana pasada.

Los y las munícipes visitaron esta capital y en un encuentro con quienes a partir del 1 de enero están a cargo de los 38 ayuntamientos, la Auditoría Superior del Estado (ASE), en una ponencia que ofreció Armando Plata Sandoval, titular de la ASE, dio a conocer detalles del Informe Anual de Resultados 2017, cuyo documento recientemente fue entregado al Congreso del Estado y en el que aparece una lista de observaciones hechas a servidores públicos y excolaboradores municipales, que estuvieron en funciones en 2017.

Plata explicó a las y los presidentes municipales, a tesoreros y tesoreras, temas torales que se enmarcan en la importancia de respetar la legislación en materia de fiscalización, puesto que cuando se incumple con la ley para adquirir bienes, contratar personal o establecer topes de sueldos para quienes son incluidos en la nómina, pueden generarse observaciones y sanciones para los responsables del ejercicio presupuestal.

En la reunión también estuvo la magistrada Sandra Rodríguez Wong, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, quien igualmente habló de los alcances de la instancia autónoma a su cargo. La magistrada además dio a conocer datos de la estadística jurisdiccional del 2018, que involucró actos referidos contra autoridades municipales.

Una explicación muy completa sobre las tareas del Tribunal, incluyendo los procedimientos de Fiscalización y Administrativos, así como procedimientos de Responsabilidad Administrativa (2017-2018), ofreció Rodríguez Wong a los servidoras y servidores públicos municipales.

El Fiscal Especializado en Delitos por Hechos de Corrupción, Jesús Flores Mier, presentó información sobre las responsabilidades de alcaldesas y alcaldes, y sus colaboradores.

Habló además del Código Penal, las denuncias y las instancias que están colaborando en la integración de las carpetas de investigación. Ana Yuri Solís, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) y Manuel Gil Navarro, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, hicieron una muy detallada presentación de las funciones del CPC y sus cinco integrantes ciudadanos, y de la propia Secretaría Ejecutiva.

Solís y Gil hablaron a los alcaldes de la conformación del Sistema Anticorrupción, las sesiones, lo que marca la ley y el trabajo coordinado con municipios que se estará desplegando tanto el CPC, como la Secretaría Ejecutiva en los próximos meses de este 2019.
23 Enero 2019 03:56:00
No a las compras directas
La adquisición de 500 pipas para la distribución de combustible en el país, como una estrategia para acabar o minimizar la crisis que en esta materia prevalece en México y que se agudiza frente al desabasto de gasolina que registraron ciudades de Coahuila, o incidentes como lo ocurrido en el estado de Hidalgo, que cobró varias decenas de víctimas, advierten un riesgo inminente de la actual administración federal: el caer en los mismos vicios que la pasada administración peñista, calderonista o foxista.

El peligro es comprar de manera directa, opaca y bajo el discurso de la emergencia, alejarse de la necesidad imperiosa de hacer visible a quién, cómo, a qué costo, forma de pago y dónde se hará el contrato de los auto-tanques para la distribución de carburantes y la justificación legal o científica para desdeñar el uso de ductos para garantizar el abasto.

Además, la pregunta obligada radica en la estrategia de combate a la corrupción en Pemex, que debe ir más allá de proteger los ductos y de comprar 500 pipas o contratar operadores a los que se les pagarán casi 30 mil pesos mensuales. ¿Cómo echar de la empresa a los directivos, operadores o sindicato enquistado en una red de poder y operación de miles de pesos, bajo ninguna forma de regulación?

Porque en uno de los discursos de la secretaria de la Función Pública e integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Irma Eréndira Sandoval, el pasado 7 de diciembre de 2018, al participar en la Reunión del Grupo de Trabajo de América Latina, organizado por Diálogo Interamericano que preside Michael Shifter, dijo que el relanzamiento de la secretaría a su cargo, estaría basado en acabar con los conflictos de interés, en estrechar el diálogo con la sociedad y en la promoción decidida de contratos y compras consolidadas, para lo cual se contemplan medidas para impedir conductas corruptas de los sectores fiscal y financiero.

Ahora, a menos de seis semanas el escenario cambió. Se aproxima una compra, la de las 500 pipas para atender una emergencia, pero de la que nadie o pocos saben el mecanismo de dicha adquisición.

Es obligación de los gobiernos estatales, como el de Coahuila –donde falta mucha voluntad política y jurídica para tener un eficiente esquema de compras con dinero estatal– como el federal y los municipios, que cada peso que se eroga para tener obra pública, rehabilitar escuelas, surtir medicamento en hospitales o rentar computadoras, se haga bajo parámetros de máxima transparencia para evitar el conflicto de interés o las empresas “fantasma”.

En el Artículo 134, de la Constitución Política de México, señala que “los recursos económicos de que dispongan el Gobierno federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez.

“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública”. Pero, ¿en verdad se cumplirá con lo que dice la ley?
16 Enero 2019 03:57:00
¿Dónde hay gasolina?
En la última semana la pregunta constante en los grupos de WhatsApp de la escuela, del trabajo, o de compañeros de maestría y de vecinos de la colonia, ha sido: ¿alguien sabe dónde hay gasolina?

Ayer un tráiler se quedó sin diésel cuando circulaba por la carretera 57, en el tramo conocido como Los Chorros, en el municipio de Arteaga –que es parte de la Región Sureste de Coahuila–, y varado, ocupando los dos carriles de circulación, dificultando el tránsito de una ambulancia, un tráiler cargado con medicamentos e insumos para hospitales y decenas de vehículos particulares y de carga que se dirigían a diferentes destinos en esta zona del estado.

En tanto, madres de familia que compartimos información de la escuela y las actividades de nuestros hijos –vía WhatsApp– preguntábamos entre sí, ¿dónde hay gasolina?, mientras las autoridades anunciaban que el ducto que abastece a Saltillo era reabierto.

Y bueno, gracias al uso de la tecnología y con apoyo de usuarios en Coahuila y en el país, por medio de herramientas que ofrece Google Maps, se generaron guías de ubicación de sitios de abasto de combustible, pero está claro que no todos los propietarios de vehículos tienen acceso para este tipo de plataformas.

Si bien el Gobierno federal ha lanzado una campaña de “resistan” a la población –a través de un esquema mediático agresivo y constante– las quejas han sido mínimas entre los que hacen filas en las gasolineras, que incluso advierten estar dispuestos a esperar horas para surtir combustible con tal que Andrés Manuel López Obrador acabe con la corrupción en Pemex y el huachicoleo, a través del cierre de ductos y por medio de transporte terrestre de la gasolina.

Los afines a la medida y a la administración del tabasqueño celebran la orden dada por el Presidente. La oposición mejor ni asoman la cabeza, pues cualquier cosa que critiquen es motivo de censura y ataques en redes sociales o en cualquier medio que se atreva a sancionar la crisis en la distribución de gasolina que en Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe sigue agudizándose.

Ayer leía un análisis de la consultora británica Oxford Analytica –publicada en un periódico de circulación nacional– que señala que el combate al saqueo de combustible de los ductos de Pemex por medio del cierre de tuberías sería una estrategia insostenible.

Y lo que recomienda esta consultora de estudios geopolíticos –con oficinas en Nueva York, Oxford y París– es “buscar una solución a largo plazo que permita efectivamente revertir los efectos del robo de gasolina y diésel en México, por medio de una ruta que garantice la seguridad física de los ductos, medidas anticorrupción y esfuerzos para cambiar la percepción de la población hacia la compra y uso de combustible en el mercado negro”.

El objetivo es ir contra los corruptos. Con el diseño de políticas públicas que garanticen ir contra quienes por años o décadas, se hicieron de la “vista gorda” para no delatar a los que del huachicoleo hacían el negocio de sus vidas, a quienes encabezan grupos, políticos, empleados, sindicatos, etcétera, “metidos” en estas poderosas redes de corrupción que supuestamente están incrustadas en casi todos los niveles de Petróleos Mexicanos.
09 Enero 2019 03:55:00
Presidentas o presidentes del DIF
Desde hace años en los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia en los municipios, se acostumbra que la presidencia sea ocupada por un familiar del alcalde o la alcaldesa en turno, para representar al munícipe en el despliegue de apoyos a las familias o grupos vulnerables en cada municipio de Coahuila.

Aunque casi siempre es la esposa o esposo del o la alcaldesa quien lleva la agenda del DIF municipal. Y para que no represente un conflicto de interés –por el parentesco con el alcalde –la Ley de Asistencia Social vigente en el estado, establece que el puesto sea honorario, es decir sin recibir pago alguno por los servicios que se prestan al frente del DIF municipal.

La Ley señala que el Estado está obligado a proveer los servicios de asistencia social a través de un organismo denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza (DIF Coahuila), que tiene el carácter de organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Aunque según el último Informe de Resultados 2017, presentado en diciembre pasado por la Auditoría Superior del Estado al Congreso local –y que está publicado en la plataforma en internet de la ASE– surge la problemática de interpretación de la Ley, pues por la palabra “honorario” en términos generales se entiende como un cargo que no amerita una percepción económica.

Con base a los hallazgos de la Auditoría Superior del Estado y dentro de sus facultades de fiscalización se ha detectado como una práctica común el que se otorgue un salario o remuneración a quien hace las veces de presidente o presidenta honorario (a) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, lo que es contrario a la norma por lo que al otorgar una remuneración se ocasiona un daño a la Hacienda Pública Municipal. Así lo consigna la ASE en su Informe de

Resultados 2017.

La Auditoría explica los alcances de este incumplimiento de los municipios con la disposición en esta materia. Es una práctica común el que se reciba un pago por ser presidenta o titular del DIF municipal, ¿pero para quién puede ser atractivo prestar su tiempo y esfuerzo por un trabajo que no tendrá paga? O ¿cómo cubrir los costos de traslados, alimentación o uso de telefonía, equipos o internet, para la gestión de apoyos a estos grupos de la sociedad?

No es que defienda el pago o remuneración a las presidentas o presidentes de los DIF municipales, pero debiera implementarse una política que permita garantizar la eficiencia en el desempeño de estas actividades, que favorecen a grupos que tienen necesidades específicas en la sociedad, principalmente para que “la tentación” del pago de honorarios a las esposas de los alcaldes no sea una actividad común y sancionada cada año por el órgano fiscalizador del Congreso del Estado.
02 Enero 2019 04:05:00
A la baja presupuesto anticorrupción
La reducción presupuestal aprobada el lunes 31 de diciembre por legisladores del Congreso local es una muestra de que viene un año difícil en la inversión e impulso de programas prioritarios para la entidad y para la garantía de operatividad en secretarÍas, organismos autónomos, descentralizados, fideicomisos, el Poder Judicial y otras instancias del Ejecutivo.

La baja en el presupuesto federal está replicando en Coahuila, un esquema que advierte que la austeridad en el 2019 será el ingrediente principal en la inversión en vialidades y carreteras, proyectos educativos, mantenimiento de instalaciones y hospitales, abasto de insumos, gasto municipal, el aporte a sistemas pensionarios que involucran recurso estatal, políticas públicas destinadas a regular y controlar la operatividad de la estructura gubernamental y otros rubros.

49 mil 369 millones 566 mil 358 pesos es el monto que ejercerá el Estado en este año que está iniciando. Las principales reducciones están en los rubros de remuneraciones al personal que registró una baja de 230 millones, así como en renglones como el de servicios profesionales, científicos, técnicos, que se redujo en 50 millones de pesos y en comunicación social donde se redujo 25 millones de pesos.

En el caso de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el presupuesto pasó de 35 millones 468 mil aprobados para el 2018, a 28 millones 374 mil pesos, es decir, 7 millones 94 mil pesos menos para ejercer en este 2019.

Este recorte en el presupuesto a la Secretaría Ejecutiva sin duda obligará a tener una mayor austeridad en el gasto –que ya de por sí se tenía –. La planeación como hasta ahora se ha hecho, tanto en las acciones que realiza la SEA como las que impulsa el Consejo de Participación Ciudadana, están basadas en el Plan de Trabajo y en las atribuciones que marca la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila.

En el artículo 24 de la citada legislación, señala que “la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en la Ciudad de Saltillo, Coahuila. Contará con una estructura operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines” y entre los objetivos señala el fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para proveer la asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.

El Sistema Anticorrupción garantiza el impulso de políticas que permitan prevenir, detectar y sancionar actividades ilícitas que involucran a servidores públicos o integrantes de la iniciativa privada que se prestan a hechos irregulares que afectan al erario.

El Sistema Anticorrupción no puede ni debe estar sujeto a los vaivenes presupuestales si es que en verdad y sin escamoteos se quiere erradicar esta práctica que tanto daño le causó a Coahuila y a otras entidades del país, donde las redes de corrupción siguen enquistadas y sin la intención de ser erradicadas o sancionadas. Así seguirá pues, la impunidad y la corrupción como parte de un estridente discurso mediático.

26 Diciembre 2018 04:04:00
Capítulo 1000 y deuda pública
En el Informe Anual de Resultados 2017, que recientemente publicó en el sitio en internet la Auditoría Superior del Estado (Coahuila) incluye un apartado de “Estudios Especiales” con más de mil 400 páginas, en donde analiza un tema importante para las administraciones municipales. Se trata del Capítulo 1000 en los 38 municipios de esta entidad, que describe el impacto financiero registrado debido a la contratación de personal y al incremento de la burocracia en los ayuntamientos durante 2017, que es el período que abarca la documentación presentada por la ASE ante el Legislativo.

El Capítulo 1000, de Servicios Personales –como se le llama a este bloque– comprende “los recursos destinados a las remuneraciones del personal que está al servicio de los entes públicos. Son los sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral, estos pueden ser de carácter permanente o transitorio” (ASE, Informe Anual 2017).

La austeridad en el gasto, principalmente en la contratación de personal y la apertura de nuevas plazas, con ingresos que se apeguen a la tabulación de sueldos, permitirá disminuir el gasto en este rubro para tener una mayor disposición de ingresos, y así financiar programas e incentivar la inversión pública, de la que adolecen la mayor parte de los ayuntamientos como se vio al menos en este 2018, año en el que los proyectos de infraestructura de alto impacto para la población, fueron prácticamente nulos en los 38 municipios.

En las recomendaciones que hace la Auditoría Superior del Estado en este Informe Anual de 2017, incluye la necesidad de mantener un monitoreo permanente sobre el gasto que hacen los ayuntamientos al personal en áreas administrativas y operativas, porque al reconocer que entre más se destine al pago de trabajadores, tácitamente se limita el uso de dinero para obra pública como pavimentación de calles, mejora en el servicio de recolección de basura, equipamiento de los cuerpos de seguridad, por citar algunos servicios que deberían dotar estas autoridades de primer contacto.

Aunque mucho de la baja inversión pública, y ni cómo negarlo, tiene su origen en la deuda pública estatal, de la que igualmente informa la ASE en este apartado de “Estudios Especiales”, donde advierte de la evolución mínima en el pago de la deuda pública estatal, los bancos con los que se tiene la contratación de créditos hasta 2017 (que abarca el Informe ASE 2017), el lugar que ocupa Coahuila en este rubro y los comparativos con otras entidades del país.

La Auditoría Superior del Estado, señala además que de acuerdo con indicadores de solvencia, las entidades que tienen mayor capacidad para hacer frente a sus obligaciones son: Querétaro, Hidalgo, Guanajuato y San Luis Potosí. En tanto que aquellos estados con menor capacidad son Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo.

Y agrega que “para el caso de Coahuila, su deuda se vio disminuida en 0.62%, pasó de 36, 494.0 a 36, 270.2 millones de pesos (Informe Anual 2017). Además, mantuvo su posición de endeudamiento en observación en el Sistema de Alertas de la SHCP, así como su situación crediticia, manteniendo su nivel de estabilidad”.
12 Diciembre 2018 04:03:00
México, ¿de los más corruptos?
Hace unos días estuve en el Coloquio de Economía Regional en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en la Unidad Camporredondo en Saltillo, donde un grupo de aspirantes al grado doctoral presentaron avances de investigaciones principalmente vinculadas con temas económicos y de impacto en la Región Sureste del estado.

Uno de estos temas es especialmente interesante porque estudia la corrupción desde un enfoque económico y social, sobre los efectos en el índice presupuestal y los ciudadanos.

La tesis sobre el modelo de crecimiento del gasto público y las consecuencias de la corrupción en Coahuila, analiza desde un punto de vista científico y meramente académico, una problemática que el Inegi advierte como grave o como la principal preocupación de los mexicanos y de los coahuilenses, incluso sobre los índices de inseguridad o falta de inversión en infraestructura.

El catedrático David Franco Chichao ofreció una ponencia frente a sus asesores y coordinadores del CISE, entre ellos Gilberto Aboites Manrique y Gustavo Félix Verduzco. En su propuesta, Franco Chichao advierte una hipótesis que tiene relación con la corrupción y las pérdidas que esta práctica ocasiona al gasto público. Además, maneja las estadísticas de percepción de la corrupción que ha dado a conocer el Inegi, a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig 2017).

Entre las frases de su exposición, debo resaltar algunas como esta que dejó ir Franco Chichao: “mientras la corrupción sea más alta en una ciudad o entidad, en el país, será mayor el impacto negativo en la economía y el gasto público, porque los efectos de la corrupción pueden ser medibles y atacables”.

Reconoció que la corrupción, por tratarse de una actividad ilícita, es difícil de medir con valores exactos, pero sí es posible detectar y revertir efectos en áreas de prevalencia de posibles actos ilegales, relacionados con la falta de honestidad, integridad y ética de los servidores públicos, ciudadanos, empresarios, etcétera.

Existe argumentación entre la percepción de corrupción en instituciones dependiendo también de la forma y la calidad del servicio público que se ofrece en el estado y los municipios, porque en trámites como la emisión de una licencia de conducir, un permiso para instalar un negocio, la atención médica en hospitales de Gobierno, en la dotación de servicios como el de seguridad pública o de recolección de basura, es común que la corrupción afecte los estándares de calidad que exigen quienes pagan sus impuestos.

Los asesores de David Franco Chichao, investigador del CISE, hablaron también del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, reconocen los esfuerzos para controlar e inhibir los actos de ilegalidad que merman las finanzas públicas.

Es importante reconocer el trabajo permanente de investigadores de la UAdeC, quienes aportan meses y años de análisis, hipótesis, textos con proyección a futuro, contenidos y propuestas sustentadas científicamente sobre uno de los problemas más graves para los mexicanos y coahuilenses: la corrupción.



05 Diciembre 2018 04:04:00
Acabar con la corrupción: AMLO
En el cambio de Administración federal, el 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador vació un discurso a tope de calificativos negativos, que evidencian lo mal que está el país cuando se habla de enriquecimiento ilícito, compras a modo, redes de complicidades o influyentes que se hacen y que se hicieron ricos, de la noche a la mañana.

Y sí, el tabasqueño apeló al hartazgo de los mexicanos. Y lo hizo bien. Pero acabar o controlar –como dicen los especialistas –con la corrupción en este país, no es un tema que tendrá resultados en el corto plazo, no al menos si lo que en realidad se busca son soluciones a gran escala, de políticas públicas de consenso, desmantelando redes de corrupción y poniendo el ejemplo, porque como el mismo Andrés Manuel López Obrador lo dijo en su discurso de toma de protesta: “El buen juez, por su casa empieza”.

Se escucha implacable eso de que ni a su familia, amigos o a los que integran su círculo de colaboradores en la Presidencia de la República, les permitirá un sólo desliz.

Él está seguro que llegó al Ejecutivo para iniciar un cambio de fondo, erradicar problemas que tienen al pueblo de México en esta desigualdad que existe y que lastima a cualquiera que vive en esta Nación. Pero, ¿cómo hacer para que sus cercanos, los que llegaron con evidente sed de venganza, de riqueza, de hacer lo que otros hicieron bajo la premisa de que “al cabo todos robaron”, no caigan en las mismas prácticas?

Los cambios estructurales, los de largo aliento, los que ejecutan acciones apegadas a la ley no se alcanzan en un abrir y cerrar de ojos. Hace falta hacerse a un lado y evitar la tentación de empujar temas bajo la mirada frívola de un escándalo mediático, con tintes partidistas o iniciando lo que algunos llaman “una cacería de brujas” para recluir en la cárcel a personajes opositores, de partidos que ahora son oposición y sin tener en cuenta que eso no resuelve el problema de fondo, el problema que está enraizado.

Hizo falta escuchar más del plan contra la corrupción que impulsará el Gobierno federal. En San Lázaro, la advertencia fue acabar con la corrupción y la red de complicidades hechas al amparo del poder, dijo no al fracking y habló de no apostarle al circo y a la simulación para concretar todos estos ajustes. Pero ¿cuál es la estrategia, por dónde empezar, qué leyes habrá de implementar o reformar para cumplir el anhelado cambio?

El Presidente López Obrador tiene todo para alcanzar los objetivos que se ha propuesto. Con mayoría en el Legislativo federal, un pueblo que cree en él y un grupo de colaboradores con experiencia, AMLO comenzó a cumplir los ofrecimientos de campaña, como poner en venta el avión presidencial y abrir a los ciudadanos la residencia oficial de Los Pinos.

Por ahora, el peso frente al dólar se estabilizó y los cambios en las delegaciones federales, al menos en Coahuila, empezaron a trascender en esta misma semana. Que sea para bien de los mexicanos.
28 Noviembre 2018 04:00:00
1 de diciembre
Con el cambio en la Presidencia de la República vendrán también –al menos eso afirman los especialistas– ajustes en las legislaciones federales que sin duda, impactarán en los estados.

Uno de los asuntos que podría resentir los cambios, si es que así se decide desde la Presidencia de la República y que a partir del 1 de diciembre estará a cargo Andrés Manuel López Obrador, sería la reconfiguración del Sistema Nacional Anticorrupción, pues incluso en algunas intervenciones públicas, en eventos estatales o conferencias magistrales, Irma Eréndira Sandoval, quien ocuparía la titularidad de la Función Pública federal, ha dejado entrever que el SNA tendría que registrar algunos cambios. ¿Cuáles?, aún no se saben, al menos, no a detalle.

No obstante, en pláticas con consejeros y consejeras anticorrupción de entidades del país, durante el Foro Regional Ciudadano Anticorrupción que se levó a cabo hace unos días en el estado de Durango, la postura fue la misma: los cambios al Sistema Nacional podrían darse desde el primer período de la administración morenita, porque el combate o –como dicen algunos analistas– el control de la corrupción en el país, es parte de la agenda prioritaria que ha marcado Andrés Manuel López
Obrador.

Desde la reforma a la Constitución que dio paso al Sistema Nacional, hace poco más de dos años y en Coahuila hace poco más de un año, la percepción de avance, es mínima. Y eso se entiende cuando hay que tomar en cuenta lo complejo de la configuración del Sistema Nacional y los sistemas locales, porque en el caso de los estados y no en todos, por cierto, se puede hablar de una instalación completa o en funciones del propio sistema.

Además de los conflictos al interior de los consejos o comités de participación ciudadana en algunas entidades, de las limitantes presupuestales o de resistencias de las administraciones para apoyar los cambios que buscan impulsar ciudadanos y ciudadanas, y la sociedad civil organizada desde los CPC´s, los consejeros y las consejeras advierten que la nueva administración implementará esquemas que quizá puedan o no, dar mayores facultades o fortalezas a la figura ciudadana desde el SNA, o llegar a la reforma legal que permita u obligue a que entre los integrantes del Comité Coordinador (CC), se incluya –además del Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa, INAI, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y el CPC– a un representante de la Comisión Nacional Bancaria y de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo que le daría mayor certeza y agilidad en la implementación de los acuerdos del CC.

La expectativa es mucha. En el primer trimestre del año 2019, se estará implementando un nuevo esquema de declaración patrimonial para la totalidad de los servidores públicos en el país, además, los y las consejeras del país buscarán cambios en las atribuciones de los propios CPC´s, para que sus exhortos dejen de tener carácter de no vinculantes, como actualmente ocurre en Coahuila. Al menos así ha trascendido en las últimas reuniones.
21 Noviembre 2018 04:04:00
No exagere
Hace unos días, platicando con un grupo de personas y luego de una charla sobre agenda de género y las agrupaciones de la sociedad civil que buscan incidir en la generación de políticas públicas para garantizar más espacios en la toma de decisiones para las mujeres coahuilenses, un padre de familia me dijo que parecía una exageración que las féminas quisieran más espacios de los que ya ocupan en las áreas del sector público y privado en esta entidad.

El comentario del ciudadano, no fue cosa menor. En el diálogo le expliqué de las acciones que tienen un fin específico y colectivo. Que por ejemplo, desde la red Más Mujeres Coahuila… Cambiando Paradigmas, se han venido impulsando posturas sobre determinadas designaciones o decisiones que se toman en congresos locales y federales. Mujeres que expresan sus puntos de vista a través de acuerdos, asambleas, comunicados y visiones del más de un centenar que integran el grupo de activistas, profesionistas, funcionarias de gobiernos estatales, municipales, militantes y representantes de partidos políticos, etcétera.

No logré convencerlo de que las mujeres estamos en una ruta de derechos, de garantías individuales y de grupo, lógicas, de unidad, de exigencia por ser incluidas en los planes y en las decisiones, en la integración de rutas de trabajo, de metas a corto y largo plazo, en la designación de grupos, consejos, comisiones, en el Legislativo, Ejecutivo y el Poder Judicial, en el sector empresarial, en los partidos políticos, en sindicatos, universidades, etcétera.

“Pero, creo que las mujeres están exagerando”, insistía el padre de familia.

Y es que la agenda de género y así mismo lo describe Ana Linda Solano, en una de sus más recientes publicaciones, establece la urgencia de generar políticas con enfoque a favor de la mujer y más aún, con la meta de garantizar y aumentar espacios ocupados por féminas, además de erradicar la corrupción que afecta a este segmento de la población, no sólo en México, sino en América Latina.

La autora explica que la corrupción impacta de manera diferenciada al hombre y a la mujer, dado que afecta mayormente a los grupos vulnerables, “mujeres y niñas se ven más afectadas, pues representan la mayor proporción de la población en situación de pobreza. De ahí que la corrupción se convierta en un impedimento para la igualdad de género y el empoderamiento femenino”.

En su texto, “Las mujeres sufren doblemente la corrupción en América Latina”, Solano describe casos de corrupción contra las mujeres, “imagine a un profesor de universidad pública acusado de pedir favores sexuales a cambio de aprobar a una alumna. O la imagen de una mujer que denuncia a un juez que le solicitó relaciones sexuales a cambio de favorecer a su marido, procesado por dicho magistrado. También se puede visualizar a un policía que captura a una mujer en flagrancia y le dice que no reportará el hurto del que es presuntamente autora, si mantienen relaciones”.

Drástico ¿no?
14 Noviembre 2018 04:00:00
Agenda anticorrupción
Para establecer los retos del combate o control –como le llaman algunos autores– de la corrupción en Coahuila y en las entidades del país, es necesaria la vinculación permanente con agrupaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas, empresarios y activistas que han desarrollado estudios o metodologías para establecer los índices de prevalencia de posibles actos de corrupción, desplegar actividades de capacitación, elaboración de fichas e indicadores, por citar algunos rubros.

Esto, claro, con el trabajo permanente que desde el Consejo de Participación Ciudadana y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), en coordinación de estrategias aprobadas por el Comité Coordinador (CC), del SEA, del que forman parte el Tribunal de Justicia Administrativa, a cargo de la magistrada Sandra Rodríguez Wong; la Auditoría Superior del Estado, cuyo titular es Armando Plata Sandoval; el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, a cargo de la magistrada Miriam Cárdenas Cantú; el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, que preside Luis González Briseño; la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, que está a cargo de Jesús Flores Mier y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas en Coahuila, cuya titular es Teresa Guajardo Berlanga.

Dentro de los proyectos planteados en la agenda 2030 para el Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la ONU y a la que México está suscrito, contempla el establecimiento de tareas específicas para detectar, sancionar y prevenir hechos de corrupción en las ciudades del país. Coahuila, y los estados de la República, son parte de estas propuestas como las que se estarán desplegado en una agenda para esta misma semana, y que coordinarán en Saltillo integrantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en inglés: United States Agency for International Development), conocida por sus siglas en inglés como USAID.

Es importante que estos esfuerzos que llevan un objetivo específico, integración, orden y una metodología de trabajo, sean parte de la agenda del CPC y de la propia Secretaría Ejecutiva, e incluso del CC. Porque además representa una propuesta exigente de resultados, en fechas y pautas muy claras, como el ejercicio que hace algunos meses impulsó USAID en el estado de Chihuahua, que tal como lo consignó el Observatorio Nacional Ciudadano en una nota periodística, tuvo como principal meta el llamado Reto de los 100 Días. Se desarrolló en un esquema completo y estructurado para el trabajo de grupos de especialistas, en una mecánica que facilita la medición del cumplimiento de metas establecidas, en poco más de tres meses.

La agenda está basada en tres preguntas básicas para iniciar este reto, el de los 100 días: ¿Qué debemos dejar de hacer?, ¿Qué debemos seguir probando? Y ¿Qué nos faltó por hacer?

De este primer análisis de grupo, en los equipos de trabajo surgirán sin duda temas estratégicos desde Saltillo, con las metas por cumplir en plazos ya marcados y en materia de generación de políticas para erradicar y sancionar la corrupción en la entidad.
07 Noviembre 2018 04:00:00
Reportar posibles actos de corrupción
La plataforma digital elaborada por el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila A.C. (CCIC) permite recibir reportes ciudadanos de posibles actos de corrupción e impunidad, además de fomentar la cultura de la denuncia y la clasificación de hechos que puedan representar actos ilegales en la administración pública, porque incluye un catálogo con la clasificación de hechos ilícitos o faltas administrativas contempladas en las legislaciones locales.

En la dirección en internet (anticorrupcion.ccic.org.mx) es posible conocer detalles de esta propuesta que desde hace algunas semanas impulsa tanto el Consejo Cívico de las Instituciones en la Región Sureste, como el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Fiscalía Anticorrupción y Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

Se trata del Programa de Formación y Canalización de Reportes sobre Posibles Hechos de Corrupción donde además se promueve la participación ciudadana para la detección, sanción y combate de la corrupción y de la impunidad en la entidad. El uso de tecnologías como ésta, facilita el monitoreo y mapeo del lugar o municipio desde donde se están enviando el o los reportes ciudadanos de hechos que pueden o tener relación con posibles actos de corrupción.

De ahí la importancia de que en el sitio anticorrupcion.ccic.org.mx se incluya la definición de delitos como: ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, intimidación, cohecho, tráfico de influencias, peculado o enriquecimiento ilícito. Cada uno de estos conceptos incluye el significado y el artículo de la ley que sanciona cada uno de los ilícitos ya citados.

Además se puede tener a la mano una biblioteca con más de una veintena de legislaciones federales o locales que aplican contra posibles hechos de corrupción. Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que pueden ubicar en este apartado de fácil y gratuito acceso.

Este tipo de ejercicios, propician espacios de recepción de quejas anónimas con garantía de protección a quien está señalando hechos que pueden constituir un delito o falta administrativa. El Programa de Formación y Canalización de Reportes sobre Posibles Hechos de Corrupción es sin duda un avance en la recepción, canalización, monitoreo y seguimiento de reportes ciudadanos. Es una ruta que incentive a los y las ciudadanas a señalar hechos ilegales.

Cada reporte es analizado por expertos y canalizado a la autoridad para que con base a lo que señala el o la ciudadana, a las pruebas aportadas e incluidas en el mismo link, y por supuesto a la voluntad de quien envía la queja, determinar si desea o no interponer una denuncia penal contra los o el servidor público o empresario que aparentemente está involucrado en los hechos señalados.
31 Octubre 2018 04:00:00
Agenda de género
La semana pasada en el estado de Puebla, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, Karen Berlanga Valdés presentó el informe de trabajo del primer año de actividades del CPC de Puebla.

En esta jornada resaltó avances importantes en la integración de la agenda del Sistema Anticorrupción, donde ella misma resaltó que los políticos y quienes intentan cometer actos ilegales o de corrupción “no tienen llenadera (sic)” y por eso es importante delinear acciones que inhiban la problemática que afecta al país.

Berlanga es la primera en presidir el CPC de Puebla. De ahí la importancia de impulsar una agenda de género inicialmente desde una plataforma respaldada por las mujeres que integran los comités o consejos de participación ciudadana de los sistemas anticorrupción en los estados.

Existe un absoluto y justificado interés de integrantes de los CPC’s, como el de Karen Berlanga, María del Carmen Leyva, Catalina Aguilar (Puebla), Damiana Herrera y Penélope Picazo (Morelos), Alma Delia Hernández (Veracruz), María Isabel Chagoya (Oaxaca), por citar algunas de las ciudadanas que actualmente participan en la generación de indicadores y políticas públicas en materia de anticorrupción.

Entre otros temas a promover desde los estados, incluyendo Coahuila, son las convocatorias con enfoque de género como ocurrió en la última y más reciente selección de consejera en esta entidad. El objetivo es replicar estas prácticas en las comisiones de selección en los estados, tal como pasó en Coahuila, donde efectivamente se garantiza la conformación de un consejo paritario.

Porque por ejemplo, Oaxaca actualmente tiene una sola integrante mujer en su CPC, lo mismo que en el CPC de Durango. Por eso es que en esta agenda de género que provoca Coahuila, hay temas interesantes como el planteado por magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa en Puebla, que advierten de la necesidad de contar con un protocolo de atención y de mantener un bloque sólido de mujeres que actualmente integran los CPC locales, con planes compartidos y una agenda común a favor del género.

En este sentido, Coahuila es referente en la conformación de una propuesta de este calado. Ayer leía un comunicado respaldado por una docena de grupos de la sociedad civil, en el que piden respetuosamente al Congreso local se respalden iniciativas como la integración de un gabinete paritario, acciones afirmativas de género, sanciones contra la discriminación laboral por cuestiones de género, uso de lenguaje paritario, así como la garantía de proporcionalidad en la integración de la Comisión de Selección del SEA.

Éste último, un asunto que por cierto, fue llevado a la Comisión de Igualdad en una propuesta desplegada por integrantes de la red Más Mujeres Coahuila.
24 Octubre 2018 04:00:00
Palabra clave: tolerancia cero
El informe Efectos de la Corrupción en los Contratos de Asociaciones Público-Privadas, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que fue presentado hace unos días, advierte de los riesgos de corrupción en las asignaciones de obra pública y de contratos a proveedores de entidades en México y Latinoamérica, pero a partir de escándalos como el de la firma Odebrecht, constructora que reconoció haber pagado una serie de sobornos a altos funcionarios de más de una docena de países en América Latina.

En especial, este reporte resalta la necesidad de desarrollar herramientas que sancionen la corrupción en este tipo de operaciones con dinero público, pero que al mismo tiempo llama a que los estados garanticen la continuidad de proyectos de infraestructura bajo condiciones de calidad y estándares de compra con altos niveles de transparencia y legalidad.

El Banco Interamericano de Desarrollo señala especialmente algunas medidas que podrían evitar la corrupción en las contrataciones o asignaciones de obra pública de los gobiernos federal y los estatales. Una de las recomendaciones más sobresalientes de este reporte es el establecer mecanismos de control y reformar –si así fuera el caso –la legislación o legislaciones locales para sancionar con mayor severidad actos ilegales, y de esta forma evitar la tan señalada impunidad en estas erogaciones millonarias que realizan las autoridades al momento de impulsar la obra pública.

Incluso, la propuesta va más allá. Advierte de la necesidad de imponer sanciones ejemplares a empresas que incurran en actos de corrupción, sobornos o tráfico de influencias. En estos casos, el BID en su reporte menciona que debe aplicarse la nulidad del contrato a estos empresarios de la construcción o proveedores.

En Coahuila, y lo leíamos hace unos cuantos años, las reformas a la Ley de Obra Pública y Adquisiciones citaban algunos ajustes precisamente para evitar actos ilegales o compras “a modo”, principalmente en materia de obra pública, como puede ser la pavimentación de calles, construcción de hospitales o estaciones de policía, el mantenimiento de caminos rurales o la edificación de nuevas oficinas gubernamentales. Aunque según agrupaciones y activistas, estas medidas han sido insuficientes, no solamente para asegurar el cumplimiento en tiempo y la calidad del proyecto para el que se contrató a una empresa, sino también para que la asignación se realice sin cuestionamientos o dudas sobre la propuesta ganadora de tal o cual licitación.

La georreferenciación de obra, el usuario “encubierto” y la instalación de observatorios ciudadanos fueron parte de esta estrategia. La vigilancia en las asignaciones y el padrón de proveedores en Coahuila son prioridad para los grupos de la sociedad civil y los especialistas en el tema, el sector empresarial y los académicos que frente a la exposición mediática de asuntos relacionados a contrataciones poco transparentes se muestran escépticos ante los avances y la regulación estricta que las autoridades locales le puedan aportar a este tema.
17 Octubre 2018 04:00:00
Foros y propuestas ciudadanas
En los foros regionales que están desplegando el Comité de Participación Ciudadana Nacional (CPC) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) los consejeros anticorrupción y los relatores recogerán temas y propuestas de especialistas, universitarios, académicos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y Gobierno, en materia de prevención, detección y sanción de la corrupción en el país, para delinear lo que será la Política Nacional Anticorrupción.

Saltillo será sede de uno de estos ocho encuentros en los que, según el calendario que circuló la Secretaría Ejecutiva, estarán integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción de los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y, claro está, de Coahuila.

Para las mesas de trabajo, que serán cinco y con temas relacionados con el problema de corrupción que tiene prevalencia en las entidades de esta región del país estarán, además de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana de los cuatro estados, los secretarios técnicos, así como los responsables de las unidades de riesgos y políticas públicas; la invitación también estará abierta para que las instancias que forman el Comité Coordinador de las entidades que participarán en Saltillo puedan aportar en este trabajo abierto, que buscará alinear esfuerzos para erradicar uno de los problemas más graves para los mexicanos, como lo es la corrupción.

Entre los ejes identificados como detonantes para la discusión y el aporte en las mesas de trabajo que se llevarán a cabo a finales de este mismo mes sobresalen el servicio profesional de carrera, quejas y denuncias, conflicto de interés, inteligencia y redes, detección de riesgos, difusión y promoción, integridad y corrupción política, así como compras públicas y licitaciones.

Los ejes transversales incluyen la participación de los ciudadanos, la transparencia y los derechos humanos, que sin duda le abonarán al compendio estadístico y de planeación que desarrolla el Comité Nacional Anticorrupción, cuyos integrantes estarán interactuando en las mesas de trabajo y conociendo el detalle de las propuestas que tienen no solamente los coahuilenses que han estudiado el tema, sino expertos de Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas que estarán en esta capital.

En esta agenda es fundamental el aporte de los ciudadanos. De las agrupaciones civiles que han venido señalando casos de corrupción y opacidad en la asignación de presupuestos, de los activistas que reclaman por actos de deshonestidad en la impartición de justicia o por la escasa e incorrecta asignación de recursos con enfoque de género o que señalan irregularidades para evitar la protección al medio ambiente. Es un conjunto de opiniones que tendrán un espacio para ser escuchadas desde el Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila.
10 Octubre 2018 04:05:00
Volver a los agravios
El lunes estuve en la presentación de un libro, aquí en Saltillo, donde uno de los ponentes hizo una reflexión que me dejó preocupada, pues desde mi óptica la protección a los defensores de derechos humanos, activistas, periodistas, etcétera, debería ser prioritaria en la política nacional, en los planes, presupuestos y proyectos de la administración federal que entrará en funciones el 1 de diciembre. Porque definitivamente esta administración federal que está por terminar, dejará una larga lista de pendientes en materia de garantías individuales de los mexicanos.

La reflexión se inició cuando se comenzó a hablar del derecho a la libre expresión, de la protección a los periodistas que sigue acotada por las decisiones del Estado, cuyos protocolos de seguridad y garantías son incipientes para quienes generan contenidos, reportean, fotografían, documentan o trabajan en los medios de comunicación.

Quienes han vivido situaciones de crisis, privación ilegal de la libertad, o agravios por el simple hecho de escribir, de reportear la nota diaria, saben que el apoyo llega a cuentagotas, o simplemente nunca llega la protección a los hogares donde se viven eventos dolorosos, porque uno de sus integrantes tuvo la idea de dedicarse al periodismo.

Este tema lo menciono porque ahí mismo, en la presentación de este libro, escuché lo que el martes fue nota de portada en algunos diarios bajo este encabezado: “CNDH demanda recursos para mecanismos en favor de periodistas”. Y es que en un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que solicitó medidas cautelares a favor de 727 personas beneficiadas y amparadas por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Algunos oficios fueron enviados a la Secretaría de Gobernación y de Hacienda, para impedir que el ajuste presupuestal, disminuya el recurso financiero destinado para garantizar la seguridad y las garantías de los defensores de derechos humanos y periodistas. La exigencia de la CNDH es que se asignen los 75 millones de pesos para mantener estos protocolos en el país.

La libre expresión es un derecho indispensable en una sociedad democrática y justa, donde todas las voces pueden y deben ser escuchadas. Donde los medios de comunicación, los periodistas independientes y la información que se produce en el día a día, permiten generar opinión pública, incidir en las políticas de Gobierno y en la educación de las personas.

Grave, muy grave que el Gobierno federal le apueste al recorte del recurso económico en una clara afrenta contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas. El fenómeno de la violencia no ha frenado nunca el ejercicio de la libre expresión, sin embargo, nadie puede escribir o hacer lo que más le apasiona, como la labor de informar, bajo condiciones como las que propone el Estado Mexicano. ¿Es justo?, ¡claro que no!
03 Octubre 2018 04:00:00
Retos que vienen
En mayo de 2015 se concretaron las reformas a la Constitución y con la aprobación del primer bloque de leyes federales que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), quedaron las bases de lo que se ha ido replicando en entidades, siendo Coahuila uno de los que mayor avance observa en esta materia.

Desde el impulso que el Sistema Anticorrupción de Coahuila le ha dado propuestas hechas ante el Congreso del Estado y en conjunto con agrupaciones de la sociedad civil para generar un mecanismo de designación de órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos y la Auditoría Superior del Estado, hasta la reciente firma de convenio para impulsar el Programa de Formación y Canalización de Reportes y Posibles Hechos de Corrupción en Coahuila y el acompañamiento con agrupaciones civiles para atender problemáticas relacionadas con la corrupción y los derechos humanos, han sido parte de la agenda del Consejo de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema en la entidad.

El esfuerzo y aporte de la sociedad civil, la academia y el sector empresarial en Coahuila han sido constantes para buscar controlar –como lo dicen algunos autores– o inhibir los actos de corrupción principalmente en la esfera pública, donde el erario debiera gastarse en lo que la sociedad requiere y demanda, con total apego a la transparencia, pero sobre todo a la legalidad en el ejercicio de cada peso que llega a las arcas municipales, estatales o federales.

La normativa que rige al sistema local anticorrupción, incluye el enlace con integrantes del Comité Coordinador, desde la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana –que también encabeza el Sistema –para el diseño e implementación de políticas públicas en conjunto con la Auditoría Superior del Estado, el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información.

Uno de los temas que especialistas han señalado como prioritarios es la captura de puestos públicos.

Y sin que esto sea una estridencia mediática, tal parece que hay mucho de cierto y que esta situación permea en Coahuila, donde se requieren mecanismos que garanticen: 1) esquemas transparentes y abiertos de selección de quienes desean integrarse al servicio público y 2) alinear el servicio civil de carrera, para erradicar el particularismo que luego da pie a la comisión de actos de corrupción o a la formación de redes de este tipo.

Sin duda, este asunto es toral para el Sistema Local Anticorrupción, cuyo CPC cumple un año. Esta semana rinde protesta una nueva consejera y cambia la presidencia que desde este 5 de octubre estará a cargo de la consejera Ana Yuri Solís Gaona, quien cuenta con una amplia experiencia en la materia, una economista profesional y dedicada, con toda la solvencia para el desempeño.

Segura estoy de que hará un excelente papel al frente del Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila.
26 Septiembre 2018 04:00:00
Proceso transparente
Representantes de diferentes agrupaciones de la sociedad civil y en un comunicado conjunto de la Alianza Anticorrupción, hicieron planteamientos a la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción para impulsar un ejercicio abierto y transparente en la designación de la consejera que ocupará la vacante que el 5 de octubre dejará el presidente del CPC, Manuel Gil Navarro.

El activismo de la sociedad definitivamente permite que los procesos mejoren y se perfeccionen, como ha sido el caso de la Alianza Anticorrupción que reúne colectivos de las regiones en la entidad y quienes hicieron propuestas sobre el método de selección de quién formará parte del CPC durante los próximos cinco años.

Esto, para garantizar el principio de máxima publicidad en cada una de las mediciones para determinar quién pasa a la siguiente fase rumbo a la designación. La documentación y trayectoria fueron calificadas y el puntaje se dio a conocer desde la propia Comisión de Selección, claro está, en los casos en los que las participantes autorizaron hacer pública esta información.

En los acuerdos de septiembre de la Comisión de Selección y los integrantes de la Alianza Anticorrupción, sobresale la propuesta de que sea quien obtenga la calificación más alta, quien sea designada integrante del Consejo de Participación Ciudadana de SEA. Pero los activistas también pidieron conocer el criterio que aplicará la Comisión de Selección para determinar quién cumple con los principios de independencia, autonomía y objetividad.

La vigilancia por parte de las agrupaciones civiles y las acciones propositivas permiten la mejora del quehacer público, la correcta aplicación del recurso y el impulso de una mejor calidad de vida para los y las coahuilenses.

Depende de la tolerancia y la capacidad de escuchar de los actores políticos o de quienes deciden, para tomar en cuenta las iniciativas y la crítica que es parte del reclamo que hace la población, en medio de la decepción social que no ve reflejados sus intereses en quienes están al frente de la toma de decisiones.

En esta ocasión las peticiones de la Alianza Anticorrupción fueron tomadas en cuenta e impulsaron el perfeccionamiento del método para la designación de quien será la nueva consejera anticorrupción.

Las entrevistas de las 12 ciudadanas que calificaron para la siguiente etapa serán trasmitidas en vivo y comenzarán a partir de mañana jueves 27 de septiembre a las 9:00 de la mañana, en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del SEA y estarán abiertas al público previo registro. La máxima calificación posible es de 54 puntos.

Enhorabuena para las 12 ciudadanas que estarán en esta última etapa que definirá el nombre de la integrante del Consejo de Participación Ciudadana.
19 Septiembre 2018 04:00:00
Una nueva consejera en el CPC
Celebro que la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila emitiera una convocatoria con enfoque de género para renovar la primera posición en el Consejo de Participación Ciudadana (CPC), que el próximo 5 de octubre cambia su presidencia e integrará a la profesionista que resulte con la mejor puntuación en las evaluaciones que harán los siete notables que actualmente integran la Comisión de Selección.

La convocatoria se cerró el sábado 15 de septiembre y se inscribieron 22 ciudadanas. De acuerdo con el orden que dio a conocer la Comisión de Selección, enviaron su documentación: Karla Yolanda Chío Posada, licenciada en Administración de Empresas; Karla Ivonne Natividad González, licenciada en Comercio Internacional; María del Carmen Rocamontes Ramos, licenciada en Psicología; Norma Mercedes Herrera de Hoyos, contadora pública, así como Leonor Adriana Gómez Barreiro, licenciada en Comunicación y Periodismo.

También se registraron: Diana María Medina Álvarez, licenciada en Administración de Empresas; Karla Gabriela Ramírez Borjón, licenciada en Derecho; María Eugenia Villarreal Abusaíd, licenciada en Derecho; Lydia Pérez González, licenciada en Economía; Abdelali Soto Vázquez, licenciada en Economía; Jafia Pacheco Valtierra, licenciada en Derecho; Laura Karyna López de la Torre; licenciada en Derecho.

Igualmente: Ana Olga Rodríguez Betancourt, licenciada en Economía; Alejandra Wade Villanueva, contadora pública; Yvonne Corona Muñiz, médica cirujana/licenciada en Derecho; Cecilia Rendón Isunza, licenciada en Ciencias de la Comunicación, lo mismo que Leticia Bravo Ostos, licenciada en Derecho.

En esta lista y de entre quienes saldrá el nombre de quien suplirá al consejero Manuel Gil Navarro en el primer cambio del CPC están también María Verónica Garza Vara, licenciada en Derecho; Érika Paloma Muñoz Hernández, licenciada en Comercio Internacional/Educación Preescolar, así como María Inés Garza Orta, contadora pública; Cecilia del Carmen Cardiel Escamilla, licenciada en Diseño Gráfico, y Dulce Marcela de Jesús Mendoza Camero, licenciada en Derecho.

Aunque la entrega de documentación no implica que las 22 ciudadanas cumplieran con los requisitos, ya de entrada es un número importante de mujeres que decidieron inscribirse para la selección de la nueva integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, y más aún, yo resaltaría el interés de ser parte de la consolidación de un sistema, de la generación de políticas públicas para el combate de la corrupción, de aportar sus conocimientos y de sumarse a los esfuerzos no solo de un cuerpo colegiado, sino del Sistema Anticorrupción en el estado.
12 Septiembre 2018 04:00:00
Corrupción y derechos humanos
Hace unos días leía un apunte de Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, que decía que “una política anticorrupción efectiva debe incorporar la perspectiva de derechos humanos. La corrupción no debe ser freno del ejercicio de los derechos que la propia Constitución contempla: educación, salud, seguridad, entre otros”.

En esta misma ruta, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclaire Acosta Urquidi, quien es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de posgrado sobre Política y Gobierno, ha insistido en que las agendas de los sistemas locales impulsen políticas públicas relacionadas con la defensa de las garantías individuales.

Porque la corrupción hace que la vida sea más cara y merma la confianza del consumidor y la credibilidad de los inversionistas que deben pagar sumas de dinero para conseguir permisos de instalación en entidades de este país. Además, la corrupción agota los fondos públicos y destruye las expectativas de una sociedad justa.

La corrupción facilita otros delitos, incluyendo el tráfico ilegal de vida silvestre, el terrorismo, las desapariciones de personas o la falta de medicamentos en los hospitales evitando que quede plenamente garantizado el derecho a la salud.

De ahí que el Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila iniciara una agenda en este sentido y junto a colectivos y grupos de la sociedad civil que han solicitado el acompañamiento ciudadano, buscar soluciones de fondo y no solamente sanciones a culpables, en un afán de lograr que el Estado implemente políticas públicas y mecanismos para revertir actos ilegales que eviten que los presupuestos lleguen a los hospitales públicos o que la inversión sea limitada en este sector, o bien incidir en la integración de los cuerpos policiacos estatales y municipales, en la designación de funcionarios del sistema judicial, o en una ruta que permita evitar que por intereses de particulares se afecte la flora y fauna en valles, ríos o zonas serranas del estado.

De este tema habla el Proyecto de Nación 2018-2024 que desplegará el nuevo gobierno federal a partir del 1 de diciembre y menciona que México tiene el mayor porcentaje en América Latina de personas que afirman que en el último año pagaron un soborno para acceder a servicios básicos y públicos de salud o seguridad, a un trámite oficial, para acceder a un programa de beneficio social o para la inscripción de un hijo en una escuela pública, porque de acuerdo con cifras de Transparencia Mexicana, 14 de cada 100 pesos del ingreso promedio anual de los hogares en el país se destina a pagos extraoficiales.

La corrupción y su afectación en rubros como los derechos humanos son altamente sensibles y es un tema delicado para la sociedad cuando se habla del abuso de autoridad en una corporación o de malas prácticas entre quienes deben garantizar la aplicación de la justicia en Coahuila.
05 Septiembre 2018 04:00:00
Ética entre universitarios
Ser universitario no es solamente llenarse de orgullo por su alma mater, porque también implica ser un ciudadano honesto.

La honradez, la transparencia y el profesionalismo entre los estudiantes es un tema que interesa a los que dirigen las políticas internas en las escuelas de nivel superior y posgrado, ya sea instituciones públicas o privadas en Coahuila.

¿Cuántas veces ha escuchado que un alumno ofreció un obsequio a un maestro o maestra para alcanzar el puntaje y evitar un examen extraordinario? ¿O que directivos de universidades buscan concretar convenios o firmar fideicomisos de obra pública o ampliación de inmuebles en el plantel con intención de desviar recursos públicos?

La transparencia y, claro está, la designación por competencias en áreas como contralorías, las tesorerías, la oficina de compras, etcétera, en las universidades, evitarán de alguna manera que el dinero que recibe un plantel sea utilizado con fines ilegales o de franca corrupción, como en el más reciente escándalo en México conocido como “La Estafa Maestra”, que involucró dinero público que fue supuestamente desviado a través de 11 dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Social y Petróleos Mexicanos, así como universidades que cumplieron un rol determinante en este, que fue señalado por los medios de comunicación como un evidente acto de deshonestidad que aparentemente sigue impune.

Los y las alumnas de nivel superior en Coahuila y en el país representan una gran oportunidad para erradicar o controlar la corrupción –como lo señalan algunos especialistas– y de fomentar las buenas prácticas en las escuelas, así como de la implementación de una contraloría social, ser alumnos “vigilantes”, promotores de la honestidad e incentivar el desarrollo de mecanismos para dejar de normalizar la corrupción desde las aulas en esta entidad.

Y ni qué decir de una crisis de ética que permiten maestros en universidades, como lo señala en su artículo Conductas no Éticas en el Ámbito Universitario su autora, la doctora Ana Hirsch Adler, investigadora de la UNAM, que advierte que en el caso de los profesores: “…no tratan con respeto a las personas que participan en sus investigaciones, alteran los datos, obligan a investigar algo sólo porque a ellos les servirá para aumentar su prestigio profesional, no dan el crédito correspondiente a los alumnos que participan en la investigación, se aprovechan de los alumnos para hacer sus investigaciones (sic)”.

No basta con que los titulares de área o directores y rectores hagan pública su declaración patrimonial, de no conflicto de interés o su declaración fiscal, sino que vayan más allá. Incidir con el claustro de maestros, alumnos y personal administrativo y/o sindicalizado para impulsar códigos de ética y honestidad, y aumentar el lenguaje en positivo que revierta actos de corrupción o abuso en las escuelas y campus universitarios.
29 Agosto 2018 04:07:00
No sin las mujeres
La mitad de la población en Coahuila son mujeres. Académicas, amas de casa, operarias, directoras de área en el servicio público, maestras en escuelas, activistas, promotoras de la igualdad, madres de familia, líderes empresariales… desafortunadamente, los espacios son limitados para este segmento de la población que puede pasar inadvertido en la agenda pública, en eventos, actos protocolarios o reuniones de especialistas para definir el rumbo que seguirá la entidad en temas que nos atañen a todas y a todos.

Es difícil de entender. Pero basta con hacer un conteo de los lugares que ocupan mujeres, por ejemplo, en el Gabinete estatal, en administraciones municipales, en cúpulas empresariales en regiones de Coahuila, dirigencias sindicales o titulares de centros de investigación y docencia.

Más allá de las posturas por la defensa de espacios para las mujeres o de la cuota de género en temas electorales, es necesario visibilizar a las féminas en foros donde participan profesionistas o académicos y quienes se dedican al servicio público e inciden en la toma de decisiones. El objetivo: apoyar a las mujeres para hacerse notar y dar sus puntos de vista, su aporte y experiencia en cualquier rama de la ciencia.

Un tema en la agenda pública y que han venido impulsando desde el centro del país personajes como el ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío Díaz, y el propio Alejandro Cubí Sánchez-Guijaldo, director de la editorial Tirant lo Blanch para México y el Caribe, es la iniciativa @NoSinMujeresMx que busca que académicos y profesionistas de diferentes áreas, principalmente en las ciencias sociales, asuman el compromiso de no participar como ponentes en ningún evento donde no haya al menos una mujer en calidad de experta y en el mismo presídium.

En México, la propuesta incluye algunos puntos más. La idea, dijo Cubí en una charla telefónica, es que cuando no se cuente con una mujer entre los ponentes, en un debate o conferencia, será importante ofrecer propuestas o una terna de mujeres con trayectoria y experiencia a quienes organizan estos eventos académicos o que tienen que ver con temas relacionados con las ciencias sociales, humanidades, investigación, políticas públicas, docencia, leyes, etcétera, para garantizar el espacio a las féminas.

Cubí Sánchez-Guijaldo dijo que Coahuila estaría en esta ruta para firmar un compromiso e impulsar la iniciativa que, además, sugiere a los hombres ceder espacios en donde no se tenga considerada al menos una mujer en el presídium.

El seguimiento de esta iniciativa, @NoSinMujeresMx lo hará cada ciudadano, cada mujer, los medios de comunicación y la sociedad. Pronto Cubí estará en Saltillo para firmar un acuerdo en Coahuila, que sería el primer estado en sumarse a esta causa.
22 Agosto 2018 04:08:00
Austeridad al máximo
La estrategia de austeridad planteada por el Gobierno federal entrante, exige un nivel de ahorro que obliga a redimensionar la política nacional en materia de generación de programas sociales, de inversión en infraestructura carretera, hospitalaria, educativa, de telecomunicaciones, por citar algunos puntos prioritarios para la población.

En un par de semanas, en cuanto queden renovadas ambas cámaras del Congreso de la Unión, comenzarán la negoción del presupuesto para el ejercicio el 2019 y con ello la distribución del pago de servicios personales y gasto corriente, que de seguir con la inercia que ha mantenido el reparto de la bolsa en los últimos años, de cada peso 45 centavos se irán para este rubro; mientras que para el pago de la deuda y subsidio de los estados de la República destinarán 28 centavos y el resto para inversión pública.

Los equipos de transición sostuvieron una reunión importante y para algunos inédita, en la que por cierto estuvieron el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y a partir de estos acuerdos comenzará el rediseño de las políticas públicas, la Administración federal, los cambios de nombre de programas sociales, los ahorros y la planeación de obra que será prioritaria para la Presidencia a partir del 1 de diciembre.

En Coahuila, los legisladores federales estarán en la negociación del presupuesto para el año entrante, que sin duda incluirá el desarrollo de obra hospitalaria y carretera, además de construcción de tramos de drenaje pluvial en ciudades como Saltillo y Torreón, donde las lluvias desquician el tráfico vehicular y ponen en riesgo a ciudadanos.

Una obra que fue promesa de campaña y que en mayo de 2012 se ofreció a los saltillenses, fue la construcción de un puente vehicular en la prolongación del bulevar Antonio Cárdenas (o Abasolo) y el Periférico Luis Echeverría, que nunca se concretó y que ahora es una sentida demanda para quienes viven o trabajan al sur de la ciudad, esto sin contar con la urgente ampliación de la carretera a Zacatecas en su tramo Saltillo-Derramadero.

Lo importante en el ejercicio presupuestal será la forma en la que se aplique y los mecanismos que sean utilizados para garantizar que cada peso destinado a la compra de medicinas para hospitales, a la construcción de un puente vehicular o al despliegue de programas sociales, lleguen realmente a la ciudadanía.

Erradicar las compras “a modo”, las licitaciones opacas, evitar las listas de beneficiarios que son afines a un grupo político, será el gran reto. La profesionalización de los servidores públicos y la transparencia valdrán más que la reducción de los sueldos o la desaparición de oficinas o dependencias públicas en el país.
15 Agosto 2018 04:08:00
Gasto municipal
En el Primer Informe Individual de Resultados 2017, la Auditoría Superior del Estado (ASE), en los Indicadores Básicos y de Gestión al Desempeño, documento que es público, analiza un punto importante en la administración de los recursos municipales en Coahuila. El equilibrio presupuestal es sin duda una parte fundamental en el ejercicio del gasto público que garantiza la regulación y el control del dinero municipal.

El equilibrio presupuestal es la igualdad entre el total de ingresos recaudados y el total de gastos.

La ASE menciona que es importante medir esta situación financiera, porque es una de las bases que garantiza tener finanzas sanas. Además, este indicador permite verificar y evitar incurrir en déficit, que ocurre cuando los egresos sobrepasan los ingresos.

Aunque esto no quiere decir que todo ingreso que llega a las arcas municipales deba ser gastado, porque es importante generar superávit, que puede ser destinado hacia una cuenta de efectivo y equivalentes para que el Municipio mantenga una disposición inmediata de efectivo, o bien, se utilicen para disminuir los pasivos circulantes que se tengan contratados.

El control del gasto municipal, la correcta regulación y supervisión de las finanzas evitarán endeudamiento a corto o mediano plazo. En total 17 ayuntamientos obtuvieron un superávit, cinco de ellos localizados en el parámetro alto. Saltillo y Torreón presentaron el mayor superávit en el ejercicio 2017, ambos municipios cambiaron de posición en comparación con el año anterior, en dicho ejercicio Torreón era el mejor evaluado.

Asimismo, dentro de este intervalo se encuentran los municipios de Monclova, Acuña y Frontera y dentro del rango superior al promedio se localiza Francisco I. Madero, el cual mejoró sus finanzas y por tanto, su liquidez.

Sin embargo, 21 municipios incurrieron en déficit, es decir, su gasto superó la cantidad de ingresos obtenidos, por lo que deben ajustar las finanzas para que el gasto disminuya y así contar con una liquidez para enfrentar sus obligaciones.

El control del gasto municipal, la regulación financiera en los 38 municipios, representa un nicho de oportunidad para revertir el endeudamiento en los ayuntamientos por falta de liquidez, principalmente hacia el cierre de las administraciones.

Es importante que los 38 alcaldes y alcaldesas conozcan a fondo la operación del presupuesto, con indicadores que incluyan el equilibrio presupuestal, la liquidez, autonomía y capacidad financiera, la inversión pública, por citar algunos rubros que seguramente serán tema en los eventos con autoridades municipales y estatales, que tendrán sede en Saltillo, este mismo fin de semana.
08 Agosto 2018 04:00:00
Poner orden
Escuchaba una entrevista con Mauricio Merino, doctor en Ciencia Política, integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y miembro del Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas, en la que explicaba los objetivos del Sistema Nacional (SNA) y los sistemas locales Anticorrupción, y decía claramente que la urgencia es poner orden. Poner orden y establecer métodos de control en compras, asignaciones, gasto público, etcétera. Es decir, orden para revertir la problemática que ha dejado la corrupción no solamente en Coahuila, sino en el país.

Merino advierte que la articulación de estrategias entre las dependencias encargadas de fiscalizar y vigilar que los impuestos se gasten conforme a lo planeado y bajo un esquema de legalidad es lo esencial. Para Merino, el orden comienza en el trabajo conjunto entre los integrantes del Comité Coordinador que encabeza el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y del que forman parte el Consejo de la Judicatura, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Recordemos que las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicadas en julio de 2016, han sido la de dar forma, a partir de lo planteado en la Constitución Mexicana, al SNA. Es un diseño normativo complejo, pues la coordinación entre instituciones está en el centro del propio sistema.

Entre las líneas de acción que incluso, resalta Mauricio Merino en su ensayo: Opacidad y Corrupción: las Huellas de la Captura, está la creación del SNA, como una instancia de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Además, entre las líneas de acción del SNA y los sistemas locales, está la concentración de capacidad de investigar y sustanciar las faltas administrativas en las áreas de control interno, llevando a los tribunales de justicia administrativa la atribución de conocer y resolver casos de corrupción, así como aumentar las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado e incrementar la vigilancia sobre los servidores públicos en una ruta de incrementar sanciones por delitos de corrupción y la obligación de presentar declaración patrimonial en el formato que, por cierto, está por definir el SNA y que replicarán los estados.

La única vía para atajar la corrupción es llevar a las instancias públicas al ideal de la “caja de cristal”, bajo principios de máxima transparencia, rendición y control del gasto, en aspectos que incluyen desde la designación de funcionarios, hasta la sanción por sus acciones pasando por el examen minucioso en la toma de decisiones y el manejo del dinero público.
01 Agosto 2018 04:00:00
Contratos de obra pública
México, y Coahuila obviamente, requieren de una profunda regulación de inversión en obra pública, desde la planificación, la justificación, el promedio de gasto anual en esta materia, la medición de niveles de cumplimiento del programa de obra y esquemas de contratación que garanticen la transparencia y aplicación real del gasto en este rubro. Y habría que añadir la vigilancia en la asignación de contratos para erradicar las asignaciones “a modo”.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en México, los estados realizan obra pública con una planeación y seguimiento deficientes, lo que deriva en una discrepancia evidente entre lo presupuestado anualmente y lo ejercido en obra e infraestructura.

En un estudio realizado por el Imco, en el 2016 cinco entidades de la República excedieron su presupuesto en más del 100%, mientras que siete entidades recortaron su gasto en más del 50%, entre este último grupo está Coahuila.

El Índice Legal de Obra Pública que generó el Imco tiene 24 indicadores que se desagregan en 144 criterios para regular el desarrollo de obra pública en los estados. Criterios como libre competencia y no hacer “trajes a la medida”; autorización de recursos para proyectos planeados y necesarios; compras sujetas a un procedimiento de auditoría; contemplar sanciones y aplicarlas contra quien o quienes incurran en actos ilegales durante el proceso, por ejemplo, de asignación de contrato, incluyendo a servidores públicos y particulares y claro está, procedimientos abiertos y bajo el esquema de máxima publicidad.

Uno de los estados evaluados fue Coahuila. Entre lo que el Imco llama “las malas prácticas” detectadas en la adquisición de obra, sobresale la falta del reglamento de la Ley de Obra estatal, lo que propicia una regulación poco eficiente en esta materia, evidenciando que tampoco se tiene un estudio del mercado previo al concurso de obra, ni se incorporan prácticas que generen competencia, por lo que sin leyes claras y completas, siempre habrá espacio para la discrecionalidad en la asignación de contratos en este tipo de inversiones que se hacen con dinero público.

Sin embargo, Coahuila tiene algunos avances, como el uso de medios electrónicos para desarrollar procedimientos, lo que favorece la transparencia, evita la interacción entre los que están concursando por la inversión y hace más sencillos los procesos de auditoría.

En resumen: urge mayor rigor en la planeación y asignación de contratos de obra pública en la entidad. Imco concluye la ficha técnica del análisis en Coahuila (2016), que prevalece la opacidad, la falta de documentos de soporte y el desfase entre lo presupuestado para infraestructura y la inversión asignada para este rubro.
25 Julio 2018 04:00:00
El reclamo es generalizado
Para expertos e integrantes de la sociedad civil, el Sistema Nacional Anticorrupción debería tener ajustes importantes en su integración, como lo es la inclusión del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y de la Comisión Nacional Bancaria en el Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno del Sistema Nacional.

Es lo que llaman la Reforma 2.0, que serviría para modificar incluso los alcances de las decisiones que se toman en cada reunión del Comité Coordinador, del que forman parte, en el caso del nacional, la presidencia del Comité de Participación Ciudadana, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia y el Tribunal de Justicia Administrativa. Son siete entidades vinculadas para garantizar la prevención, detección y sanción de la corrupción en un esquema que se replica en los estados.

Esta Reforma 2.0 podría permitir que además del SAT y de la Comisión Nacional Bancaria, en el Comité Coordinador se incluyan actores que permitan la regulación y transparencia de operaciones en el Registro Público de la Propiedad, el Registro Mercantil y otras instancias que, al igual que en Coahuila, han sido señaladas por grupos de abogados como áreas susceptibles y de alta prevalencia de hechos de corrupción.

El mapa o atlas de riesgo está en proceso y es un trabajo del que también conoce Usaid, que ha estado trabajando en Coahuila con los integrantes del Comité Coordinador. El mapeo permitirá tener estos datos para focalizar las acciones y erradicar estos ilícitos en oficinas o entidades públicas donde las quejas están a la orden del día.

En Coahuila, el 5 de octubre de 2017, rindió protesta el Primer Consejo de Participación Ciudadana y, posterior a la designación de la secretaria técnica, iniciaron los trabajos de planeación y el trazo de la ruta del Sistema Estatal Anticorrupción, desde donde se han impulsado propuestas de políticas públicas para la designación de titulares de órganos internos de control en entidades descentralizadas, que permitirá dar certeza a los nombramientos de contralores.

La participación de agrupaciones de la sociedad civil es importante para la toma de decisiones en el propio sistema estatal. El trabajo y sus propuestas han llegado al Comité Coordinador, donde los integrantes han conocido los detalles de esta exigencia y las iniciativas de los grupos de la sociedad civil.

El reclamo es generalizado: la corrupción debe castigarse en Coahuila, la desarticulación de las redes de corrupción es uno de los temas torales para el Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila.
18 Julio 2018 04:00:00
Ajustes en la política anticorrupción
La participación ciudadana es la pieza toral de los sistemas locales anticorrupción y para la implementación de estrategias que detecten, prevengan y sancionen los actos de deshonestidad no solamente entre servidores públicos, sino también en acciones que involucran al sector empresarial, como lo han considerado especialistas que impulsaron la creación del SNA.

El lunes 16 de julio de 2018, en un conversatorio organizado por Felipe de Jesús Coria Quiñones, presidente entrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Durango, uno de los temas en los que coincidimos integrantes de consejos ciudadanos de entidades como Puebla, Durango, Zacatecas y Coahuila es el cambio de planes anticorrupción desde el Sistema Nacional, que buscará quien podría ser la nueva secretaria de la Función Pública en el país, Irma Eréndira Sandoval, y quien tendría una posición en el Comité Coordinador y Órgano de Gobierno del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Esto porque al “ajustar” el esquema con el que ya opera poco más de una veintena de entidades que tienen consejos de Participación Ciudadana, se iniciará un cambio sustancial que nadie está seguro de cómo impactaría en la metodología, los planes, la generación del mapa de riesgo, de la política anticorrupción, las formas de selección de los CPC, entre otros puntos que son dignos de un profundo análisis.

Si bien hay estados donde no se tienen homologadas las leyes y tampoco se ha integrado el sistema anticorrupción, incluyendo la designación del fiscal especializado o magistrados en materia de justicia administrativa, en donde se tiene este avance hay marcada incertidumbre desde la visión de los CPC, sobre lo que pasará a partir del 1 de diciembre.

Otro de los asuntos planteados en el segundo conversatorio a iniciativa de integrantes de consejos de participación en el país, y este lunes luego de la toma de protesta de Felipe de Jesús Coria como presidente del CPC de Durango, es la vinculación entre las secretarías técnicas –en los estados donde ya opera el sistema completo– y los consejos o comités de participación ciudadana, frente a conflictos o fricciones internas que han trascendido en algunos estados y que limitan el avance coordinado en el desarrollo de políticas públicas, mecanismos de control o plataformas que ayuden al ciudadano a denunciar hechos que considera pueden ser actos de corrupción en cualquiera de los niveles del servicio público.

Estos encuentros vis a vis permiten a los consejeros ampliar su visión de lo que están haciendo en sus estados, y evidentemente facilitan el intercambio de experiencias y de preocupaciones, porque las discusiones así, cara a cara, son el mejor termómetro para saber si lo que se ha hecho hasta ahora en Coahuila está en la ruta correcta.
11 Julio 2018 04:00:00
Fiscalía contra la impunidad
En las propuestas registradas ante la instancia electoral federal por parte de la coalición Juntos Haremos Historia, abanderada por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anticipa la terna de quienes podrían ocupar el cargo de fiscal Anticorrupción y cuyo nombramiento deberá ser avalado por las dos terceras partes del Senado de la República, pero sin involucrar a la sociedad civil, asunto que ha generado incertidumbre entre los grupos organizados e incluso, entre algunos integrantes del Comité de Participación Ciudadana nacional y en los estados.

En 81 páginas, el documento que fija el Proyecto de Nación, menciona que actualmente la Constitución faculta a la Fiscalía General de la República para nombrar a los titulares de las fiscalías especializadas para delitos electorales y de combate a la corrupción.

Sin embargo, López Obrador ha dado a conocer la terna para las fiscalías especializadas y para Fiscalía General, aunque aún están pendientes los cambios a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que requiere definir temas como el centro, el modelo de investigación criminal, la profesionalización de sus servidores, así como la previsión de controles y contrapesos.

La terna con los perfiles que hasta ahora se manejan para ser sometidos al escrutinio de la Cámara alta y a propuesta del presidente electo, menciona a María de la Luz Mijangos, quien se ha desempeñado como integrante de la Contaduría Mayor de Hacienda en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ha sido directora de la Unidad de Enlace en la Cámara de Diputados y fue subdirectora jurídica de la Lotería Nacional, así como asesora del Consejo General del INE. Por cierto, Mijangos estuvo en Saltillo hace unos días, en el Primer Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas Nacionales Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia.

También se da a conocer el nombre de Diana Álvarez Maury, catedrática con más de 15 años de experiencia en la impartición de clases en universidades del país y consultora jurídica independiente.

Y Ricardo Peralta Saucedo, quien participó el año pasado en el proceso de selección y como aspirante a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, ha sido secretario técnico de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, fue agente del Ministerio Público y director de Operaciones Policía Ministerial del Estado de México.

La terna está configurada. Aquí lo importante, es que alguno de estos perfiles garantice imparcialidad, apartidismo, autonomía, profesionalismo y solvencia técnica, además de mostrar capacidades para adoptar esquemas locales e internacionales, que permitan transitar hacia a la erradicación de la impunidad en casos de corrupción, en cualquiera de los niveles de Gobierno, la sociedad e iniciativa privada.
04 Julio 2018 04:00:00
Refundar los partidos
Los resultados electorales del 1 de julio dejaron en claro dos cosas: la muy amplia participación ciudadana y la necesidad de reflexionar sobre la configuración de los partidos políticos, en su aporte a la democracia del país.

En Coahuila, poco más de seis de cada 10 ciudadanos, acudieron a las urnas para ejercer este derecho constitucional. La movilización durante la jornada inició desde temprano y el conteo de votos transcurrió sin contratiempos en la entidad. Atrás quedó el fantasma de las confusas y abrumadoras actas de escrutinio y cómputo que debieron llenar los integrantes de las mesas receptoras de votos, en la elección de 2017.

El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Coahuila dieron cuenta de los primeros resultados que advertían de la sobresaliente participación de los votantes y fueron difundiendo los resultados de una elección que reflejó lo que las mayorías quieren: un cambio.

La estructura de los partidos tradicionales, los que durante décadas llevaron mayoría de votos, los que habían gobernado esta entidad, no alcanzó los niveles esperados y la gente decidió por nuevas tendencias, nuevos perfiles. Quizá fue la inercia de la candidatura presidencial en la figura de Andrés Manuel López Obrador, quizá el desgaste de las propuestas que aparecieron en las boletas, o quizá los ideales partidistas que ya no cumplen con la expectativa del electorado.

En su Artículo 41, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los partidos políticos son entidades de interés público y que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos...”

Agrega que la ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, es decir, garantiza el acceso al financiamiento público, a la entrega de prerrogativas.

La refundación de partidos será, sin duda, un tema de análisis de las agrupaciones políticas que mantienen registro nacional o local. La ciudadanía ya decidió por el cambio y eso amerita una reflexión profunda al interior de los partidos, de sus perfiles, de su forma de hacer política, de la necesidad de incluir nuevas propuestas, de atender a sectores que seguramente no han sido incluidos en las decisiones.

Los comicios del domingo pasado dejan importantes lecciones. No sólo del hartazgo del que tanto se habla por los malos manejos del recurso público, la impunidad, la pobreza, etcétera, porque la ciudadanía fue más allá, se organizó y participó para ser tomada en cuenta en la estrategia de gobierno que requiere este país.
27 Junio 2018 04:00:00
¿Controlar o erradicar la corrupción?
Durante el cierre del diplomado Ética Pública y Corrupción, que se desarrolló en Saltillo, Eduardo Bohórquez, desde 1999 director de Transparencia Mexicana capítulo México, habló de la manera en la que se puede medir qué tanto ha avanzado el sistema anticorrupción en el país y en los estados. Y la respuesta fue que la medición se hará con base en el desmantelamiento de las redes de corrupción en escándalos como Odebrecht, la “casa blanca” o “La Estafa Maestra”.

Bohórquez, quien es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, dejó en claro que es necesario debilitar la red de protección para actuar contra quienes son parte de los nodos de poder que se encubren para seguir desviando recursos públicos o incurriendo en actos que dañan a los ciudadanos, porque finalmente, cuando se viene abajo un puente vial o un hospital no funciona como estaba planeado debido a la falta de recursos por el desfalco al erario, se afecta directamente a la comunidad.

La discusión de la reparación del daño causado al presupuesto o la recuperación de activos son temas para someterse a discusión en las legislaciones locales. Bohórquez dijo el viernes pasado que la multa o sanción administrativa contra quienes hacen mal uso del dinero público no evita que sigan incurriendo en actos de corrupción. Un sistema anticorrupción es aquel que es capaz de detectar y desmantelar redes de corrupción, como sería si realmente se procede, por ejemplo, contra quien o quienes estuvieron involucrados en asuntos que marcan la agenda nacional como Odebrecht. Es ahí donde se verá el avance.

Pero ¿cómo se eligen los casos a investigar en las entidades o el país? Eduardo Bohórquez fue enfático al decir que los casos de corrupción escogen a los propios sistemas. No se trata de investigar solamente los escándalos, a los exgobernadores, empresarios, servidores públicos o tener expedientes de grandes volúmenes e indagatorias, porque lo importante es detectar e inhibir los casos de corrupción a cualquier nivel. Los delitos financieros deberían ser prioritarios en las investigaciones relacionadas con daño al patrimonio público. Entender los delitos económicos y los alcances de la investigación penal es una de las agendas más importantes en anticorrupción.

Eduardo Bohórquez viajó exclusivamente para el cierre de este diplomado y reiteró que los actores involucrados en redes de corrupción son difíciles de detectar y de descubrir porque se protegen de cualquier sospecha. Siempre habrá un agente público y uno privado para consumar un acto ilegal que afecte al recurso público, no es un burócrata involucrado en este tipo de hechos, porque empresas, notarios, fiscalistas o administradores suelen estar entre las profesiones que facilitan los nodos de los que habló Bohórquez en Saltillo.
20 Junio 2018 04:00:00
Bienes públicos,  beneficio privado
Uno de los temas que abordaron integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas en la presentación de la propuesta de Política Nacional Anticorrupción, que a principios de semana fue entregada al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, sugiere abrir a debate cómo se enfrentará el problema de la corrupción en el país.

Mauricio Merino, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), y Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, hablaron de temas que son cruciales para prevenir, detectar y sancionar los hechos ilegales que involucran actos de deshonestidad de servidores públicos, profesionistas, particulares, ciudadanos y empresarios.

El documento proyecta acciones que deben ser vistas como una política de Estado, con capacidad de modificar comportamientos institucionales en el país desde los tres niveles de Gobierno, con objetivos definidos a corto, mediano y largo plazo. Además, debe incluir mecanismos de medición que permitan la corrección de acciones, en una estrategia coordinada y que ayude a la adecuada implementación de una política, en el ámbito nacional y para los sistemas locales.

Uno de los puntos de esta propuesta hecha por académicos y activistas es la profesionalización de quienes ocupan un cargo público en el país, en los estados y municipios, porque se trata de una ruta para la generación de capacidades de quienes acceden al servicio público y erradicar las relaciones o compadrazgos que dañan la figura del burócrata.

Otro de los ejes de la Política Nacional Anticorrupción que será parte del debate nacional, busca evitar la llamada corrupción de ventanilla, por medio de incentivos que desanimen la opacidad e impulsen la mejora de procesos.

Erradicar la impunidad y aquellos casos de corrupción que sean detectados sean efectivamente sancionados, es otro de los elementos que contiene la propuesta enviada por la Red por la Rendición de Cuentas al CPC Nacional.

Los académicos y activistas sugieren identificar y desarticular las redes de corrupción a través de las modificaciones normativas, además de propiciar el efectivo control de los procesos donde existe prevalencia de actos de corrupción en las actividades del servicio público y en su relación con el sector empresarial, con ciudadanos o profesionistas.

La propuesta tiene puntos sobresalientes, que, sin duda, marcarán la agenda del Sistema Nacional y de los sistemas locales, porque hay temas de coincidencia que lastiman no solo la calidad de vida de los habitantes, sino que afectan al erario. Llevará años, varios años, lograr avances tangibles y comenzar a revertir y erradicar las redes de corrupción.

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